Canarias quiere devolver al Estado la competencia sobre niños 'sin papeles'

El Parlamento de Canarias debatirá hoy una comunicación del Gobierno autónomo por la que éste pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas). La petición del Ejecutivo, integrado por Coalición Canaria (CC) y el PP, supone la renuncia a una de las competencias que le atribuye el Estatuto de Canarias. Es la primera vez que una comunidad autónoma intenta devolver una de sus atribuciones al Estado, según ha confirmado el Ministerio de Administraciones Públicas.

Para lograr su objetivo, el Gobierno regional, presidido por Paulino Rivero (CC), plantea una modificación en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que será debatido por las Cortes en los próximos meses. Su estrategia consiste en establecer una diferencia legal entre los menores residentes en el archipiélago bajo protección pública (generalmente españoles) y los menores extranjeros no acompañados (todos ellos inmigrantes).

La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, lo explica así: "A problemas distintos, soluciones diferentes. Los menores inmigrantes deben tener un estatuto diferenciado y creemos que el marco adecuado es la Ley de Extranjería". La comunicación que discutirá hoy el Parlamento intenta que el Estado asuma la tutela de los muchachos extranjeros, pero que su guardia y custodia queden en manos de las comunidades autónomas.

Para justificar la polémica medida, el Gobierno de Paulino Rivero argumenta que los recursos de acogida para los inmigrantes están desbordados tras la llegada de cayucos en los últimos tres años. También señala que ha fracasado reiteradamente en sus intentos para que el Estado se encargue de repartir a los menores por otras comunidades.

No menciona, en cambio, que hace dos años el Gobierno central logró trasladar a 510 niños extranjeros a la Península, y tampoco hace referencia a que en los dos últimos años ha entregado al Ejecutivo canario un total de 19 millones de euros para mantener a los muchachos acogidos en las islas. Asimismo, no explica que el impedimento para que se produzcan más traslados es el rechazo de muchas autonomías (en su mayoría gobernadas por el PP, socio de Rivero en el Ejecutivo de las islas) a hacerse cargo de ellos.

A juicio del Gobierno canario, la asunción de la tutela legal por el Estado supondría que el Gobierno central tendría en sus manos la decisión de enviar a los menores a las comunidades que quisiera. Aunque, precisa, "todo ello en el marco de una política global de cooperación entre las Administraciones".

Pero el planteamiento del Ejecutivo de las islas implica la renuncia a una de las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 30.14 señala: "La Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene competencia en las siguientes materias: (...) Instituciones públicas de protección y tutela de menores de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado". Y esa renuncia evidencia, en opinión de algunas ONG, un fracaso en la gestión del problema. Un alto cargo de la Administración central ilustraba la situación con el siguiente ejemplo: "Es como si la Generalitat de Cataluña renunciara a las atribuciones de orden público porque se ve incapaz de afrontar una ola de delincuencia".

A pesar de ello, los dos socios del Gobierno canario, CC y PP, están de acuerdo en esa iniciativa. De hecho, el portavoz de Inmigración del PP canario, Carlos Esther, aseguró ayer que "es lo mejor para los propios menores porque ya son muchos y estamos desbordados. Si el Estado asume la tutela y los reparte por España tendrán más posibilidades para integrarse".

Por el contrario, los socialistas ya han anticipado su rechazo a la medida, que consideran "moralmente ominosa y detestable". El presidente de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, afirma que "a este Gobierno pseudosoberanista sólo le interesa lo que huele a negocio. En cuanto a la gente que sufre, su respuesta es siempre la misma: 'Zapatero, llévatelos".

En la actualidad, en Canarias hay unos 1.400 menores inmigrantes.

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Se busca extranjeros en paro

La creatividad fluye en tiempo crisis y las oportunidades también. La Diputación de Lleida ha puesto en marcha un programa de 'cazatalentos' y busca inmigrantes parados. Su intención es convertirlos en agentes comerciales, que apoyen a las compañías españolas que busquen hacer negocios en los países de origen de la inmigración.

Esto es un experimento, por ahora sólo participan seis empresas, que han decidido invertir fuera de España y buscan interlocutores para pisar en firme cuando aterricen en suelo extranjero.

Los inmigrantes recibirán 500 horas de formación, repartidas en 350 horas teóricas y 150 prácticas. El programa se llama "Puentes para el Empleo" y la inscripción está abierta hasta el 9 de febrero. ¿Se te ocurren más formas de espantar el desempleo?

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El voto inmigrante

En esta semana ha trascendido que la llegada de extranjeros se frenará, según la proyección del INE, pero poco se ha dicho de que los inmigrantes asentados en España podrán votar en las elecciones del 2011. Eso de los derechos políticos será una realidad finalmente. La Embajada de Colombia hizo el primer anuncio de que los inmigrantes con residencia permanente (permiso otorgado tras 5 años de residencia legal) podrán participar en las elecciones locales.

Esta noticia me llevó a recordar la noticia del nombramiento, de parte del gobierno de Zapatero, de un embajador en misión especial para conseguir acuerdos de reciprocidad. Su nombre no trascendió porque no fue mediático y tampoco sabemos qué hizo para conseguir el voto de los inmigrantes. Lo cierto es que en el 2011, por lo menos 300 mil personas extranjeras podrán votar. La mayoría son latinoamericanas. ¿Será cierto que vamos a lograr eso del poder del voto latino?

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La cifra de inmigrantes que llegan a España se reducirá a más de la mitad en tres años

El Pais.com
A uno de enero de 2008, la población residente en España era de 45,2 millones de personas. En 2018, lo será de 49 millones, pese a que habrá una desaceleración del crecimiento demográfico, según las proyecciones hechas públicas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De los 45,2 millones de habitantes que había a principios del año pasado, el 10% eran inmigrantes. Precisamente, si la inmigración ha sido el factor clave del crecimiento económico español en los últimos años, el INE estima que el número de extranjeros que llegan a España se reducirá a más de la mitad en tres años, pasando de los 958.000 inmigrantes de 2007 a 442.000 en 2010.

Si durante el periodo 2002-2008 la población española creció a un ritmo medio anual de 720.000 habitantes, en los próximos diez años se prevé un incremento medio en torno a los 380.000. Además, los nacimientos alcanzarán en 2009 su tasa más alta desde 1983, por encima del medio millón anual, y a partir de 2010 se prevé un descenso paulatino del índice de natalidad.

Por edades, el mayor incremento de la población se producirá entre los mayores de 64 años, un 19,2% en la próxima década, seguido de los menores de 15 años (un 13,1%), mientras que la población de entre 16 y 64 años lo hará un 4,7%. Ante esta evolución, la tasa de dependencia (entendida como la relación entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) continuará su tendencia ascendente y pasará del 47% a cerca del 53%.

Respecto al número medio de hijos por mujer, se mantiene el ritmo de crecimiento, pasando de los 1,39 en 2007 a los 1,46 en 2017, y se estabiliza la edad media a la hora de tener el primer hijo, en torno a los 31 años, por la aportación de las mujeres inmigrantes. Se supone que la esperanza de vida se incrementará casi dos años en los varones y 1,5 años en las mujeres.

Más defunciones que nacimientos

Las comunidades autónomas que experimentarán un mayor crecimiento demográfico relativo serán Castilla-La Mancha (17,5%), Murcia (16,6%), Baleares (15,9%) y Comunidad Valenciana (14,4%). Por el contrario, la población decrecerá en Asturias (1,7%), País Vasco (1,3%) y Galicia (1,2%), donde el saldo vegetativo negativo (saldo que resulta de calcular la diferencia entre los nacimientos y las defunciones) no se vería compensado por las migraciones tanto interiores como exteriores. Además, en los próximos diez años, las defunciones excederán a los nacimientos en siete comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Extremadura, Aragón y Cantabria.

De todos modos, la inmigración continuará teniendo un impacto positivo en todas las comunidades durante la próxima década, sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

Se trata de la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística difunde proyecciones de población en España a corto plazo. Tales estimaciones se publicarán cada año y, según el organismo público, permitirán el seguimiento de la cambiante coyuntura demográfica española.

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El número de inmigrantes que regresó a casa aumentó un 54 por ciento en 2008

2008 no fue buen año para los españoles, tampoco para los inmigrantes. En concreto, un 54 por ciento más respecto a 2007 decidieron volver a sus países de origen, acogiéndose al plan de retorno voluntario. El plan, que arrancó hace seis años, está financiado por la Secretaria de Estado de Inmigración y no tiene ninguna relación con el programa de retorno para trabajadores extranjeros en paro, puesto en marcha por el Gobierno dos meses atrás.

La situación económica, fundamentalmente, está detrás del aumento de beneficiarios registrado en 2008, y podría haber sido aún mayor ya que la lista de espera se sitúa en torno a las dos mil personas. En 2008 se acogieron al retorno voluntario más de 1.800 inmigrantes, frente a los 1.184 del año anterior.

La cifra apenas alcanzó los seiscientos inmigrantes durante el primer año de funcionamiento del programa, cuya ejecución corre a cargo de distintas organizaciones humanitarias y no gubernamentales. Los únicos requisitos exigidos a los inmigrantes son encontrarse en una situación de carencia y vulnerabilidad social y haber permanecido en España durante un periodo mínimo de seis meses.

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¿Somos racistas los españoles?

Más de la mitad de los españoles, un 54%, reconoce que España existe discriminación por razones étnicas o raciales, pero no la percibe con otros factores como el sexo, la religión, la orientación sexual o la edad, según los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre.

En cuanto al tipo de sociedad en la que les gustaría vivir, los españoles se encuentran divididos a la mitad. Así, un 44,7% quiere una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión, al tiempo que el 43% desea una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión. Por otra parte, la mitad de los españoles asegura tener amigos de diferentes creencias, origen y orientación sexual a la suya.

La encuesta pone de manifiesto, asimismo, que la práctica totalidad de los españoles no se ha sentido, en los últimos doce meses, discriminado por algún motivo en el trabajo (87%), en su barrio (96%), en algún servicio público (92%) o al utilizar algún servicio prestado por empresas o particulares (95%). Los españoles consideran, en su mayoría, que es poco frecuente la discriminación por orientación sexual (42%), edad (43%), creencias o religión (41%), aspecto físico (39%) o sexo (44%).

DESIGUALDADES ENTRE HOMBRE Y MUJER

El estudio, realizado a partir de 2.500 entrevistas, destaca también que el 52% de los españoles cree que existen desigualdades bastantes o muy grandes entre hombres y mujeres, frente a un 45% que las ve pequeñas o inexistentes. En cualquier caso, seis de cada diez encuestados aseguran que las desigualdades entre sexos han disminuido en los últimos cinco años.

Así, tres de cada cuatro españoles consideran que las mujeres tienen peor salario que los hombres y la mitad las ve con mayor inestabilidad laboral y menos oportunidades para encontrar un empleo y promocionar profesionalmente, al mismo tiempo que una mayoría denuncia que cargan con la mayor parte de las tareas del hogar.

La encuesta refleja igualmente que la inmensa mayoría de los españoles cree que las mujeres en España tienen el mismo acceso a la educación que los hombres (85%) y que los encuestados se encuentran divididos a la mitad entre los que opinan que la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política es la igual (43,2%) o inferior (43.6%) a la de los hombres.

Cuatro de cada diez entrevistados opina que España hace pocos esfuerzos por luchar contra toda forma de discriminación, frente al 36% que asegura que este país realiza bastantes esfuerzos. De este modo, los españoles apuestan por tomar medidas concretas para fomentar la contratación de personas mayores (93%), personas menores de 30 años (96%), mujeres (96%) y, en menor medida, de personas de origen étnico o racial distinto al de la mayoría (73%).

Preguntados por el grado de satisfacción con las vidas que llevan, seis de cada diez entrevistas dos se declara bastante satisfecho, el 13 por ciento muy satisfecho, el 14 por ciento ni satisfecho ni insatisfecho y uno de cada diez bastante o muy insatisfecho.

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La rebelión en Grecia y los migrantes

Matteo Dean
La Jornada

Entre tanta rabia desahogada en las ciudades griegas en las últimas semanas, todos nos hemos concentrado en mirar –y en ocasiones, admirar– a estos jóvenes que no se rinden y no aceptan la negación del futuro que el moribundo sistema neoliberal en Grecia y en otros lugares de este mundo trata de imponerles. Jóvenes estudiantes, pero también jóvenes precarios, trabajadores atípicos, subcontratados y muchas más definiciones para tratar de ubicar a estas rebeliones que pusieron en jaque mate al gobierno de Atenas y quitaron el sueño a los gobiernos italiano y francés –por no mencionar a los demás–, que tuvieron el miedo de un contagio continental.

Y sin embargo pocos observamos la presencia de una componente migrante en el interior de la protesta helénica. El Foro griego de las Migraciones, en un comunicado de prensa que emitió hace algunas semanas, trató de poner énfasis en la conexión entre la brutalidad policiaca y la migración. En efecto, si la revuelta griega se desata por el homicidio de un joven estudiante –afirma la organización helénica–, hay que recordar que los migrantes esa misma violencia la sufren a diario: sólo dos semanas antes del estallido griego, un ciudadano paquistaní que estaba esperando respuesta a su petición de refugio –obviamente efectuaba la espera como "huésped" de un centro de identificación y expulsión– fue asesinado por un policía a golpes. Es por eso que la red migrante que se encuentra reunida en el mencionado foro se ha dedicado a llevar a cabo manifestaciones antirracistas de manera coordinada con la protesta juvenil. Y poco importa si los medios de comunicación oficialistas hicieron de toda demostración la misma sopa: en las calles de Atenas, las demostraciones eran en contra de la brutalidad de la policía, mas también en contra de su naturaleza racista y discriminante.

Por el otro lado, sería una limitación pensar la participación migrante solamente a través de la vía institucionalizada del foro migrante griego, pues en las calles de Atenas numerosos colectivos atestiguan la presencia espontánea de grupos migrantes que de forma natural se juntaron a los jóvenes helénicos: son los hijos de migrantes, los llamados "migrantes de segunda generación", que antes que muchos otros ciudadanos griegos sufren las razones de la protesta: precariedad laboral, cerrazón frente al sistema educativo nacional, represión y discriminación, ausencia de perspectivas futuras, "boletinaje" social. De tal manera que las rebeliones en Grecia están hoy representando la complejidad de las relaciones del nuevo y hasta hace poco invisible mestizaje social. A través de la mezcla espontánea de estos dos –y muchos más en realidad– rastros de la protesta, el juvenil y el migrante, los migrantes bajan a la calle en ocasiones compactos, mas en muchos más casos mezclados y dispersos en el interior de la revuelta generalizada. Una muestra más de que las diferencias puede que residan en los orígenes individuales, y quizás de grupo de pertenencia, pero desaparecen inmediatamente frente al común destino pensado por los de arriba: el racismo es parte integrante del contexto de disciplina de la educación y de la precariedad laboral, borrando cualquier distinción entre ciudadanos y extranjeros.

La muerte del joven Alexis Grigoropoulos, estudiante de clase media, de una escuela privada, que vivía en uno de los barrios más acomodados de la capital griega, deja de ser un episodio aislado. Al contrario, los nuevos rebeldes griegos la asimilan y le asignan el mismo valor que la muerte del migrante paquistaní que peleaba por que se le reconociera el estatus de refugiado, y de todos los migrantes que a diario mueren en las difíciles fronteras helénicas.

Este aspecto queda claro al leer el comunicado emitido por la organización de migrantes albaneses. En él se lee claramente la reivindicación de esa segunda generación de migrantes que, a diferencia de sus padres, que "llegaron con la cabeza agachada a pedir un espacio en la sociedad griega", hoy se sienten parte de esa sociedad y en ella reivindican igualdad de derechos. Se asimilan a la sociedad griega y manejan el horizonte común de los migrantes de segunda generación que en años recientes se rebelaron en las calles de París. Pero al mismo tiempo, con gran agudeza, miran hacia atrás los que acaban de llegar desde "afuera" del país. No quieren ser integrados, sino que quieren existir ellos junto a los jóvenes griegos y junto a los que piden una oportunidad nueva que en su país de origen no tuvieron. Dicen: "Igualdad de derechos, en las calles, en los sueños, para todos". Y terminan su comunicado: "Estos días son también nuestros". Explican que estos días son también para todos aquellos asesinados en las fronteras griegas y europeas, en los centros de identificación y expulsión y en los centros de trabajo. Estos días, dicen, son también para Gramos Palusi, Luan Bertelina, Edison Yahai, Tony Onuoha, Abdurahim Edriz, Modaser Mohamed Ashtraf y muchos más que han sido olvidados. Son días que se deben dedicar a la violencia diaria de la policía, misma que no ha recibido castigo o respuesta alguna.

La reivindicación que la componente migrante hace de estas protestas no deja de sorprender y regresa la esperanza a quienes desde hace años auspician el protagonismo migrante como solución no única ni mejor, pero sí necesaria, para que esta sociedad en la que vivimos deje de ser multiétnica y se convierta definitivamente en una sociedad mestiza.

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Casi un millón de búlgaros y rumanos podrán trabajar como asalariados en España

La moratoria laboral que permite al resto de países miembros de la UE aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena, ha terminado en diciembre por lo que cerca de un millón de búlgaros y rumanos, residentes en España, podrán solicitar trabajo por cuenta ajena.

Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en España viven 143.035 búlgaros y unos 130.000 tienen entre 16 y 65 años de edad. Asimismo, el Gobierno ha computado 715.750 rumanos, de los que son unos 650.000 los que se encuentran en disposición de trabajar, conforme los cálculos de la embajada de Rumanía en España.

Fuentes consulares explicaron que el 20 por ciento de los inmigrantes rumanos está ya trabajando en calidad de autónomos y son "bastantes" los que tienen formalizado un contrato por cuenta ajena. Asimismo, la Embajada afirma que son numerosos los ciudadanos que han pedido información sobre la posibilidad de volver a Rumanía, dado el crecimiento económico que experimenta el país.

Este crecimiento fue la razón que impulsó al Gobierno de España a no renovar la moratoria laboral pues según explicó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, "atendiendo a la situación en que se encuentra Rumanía y Bulgaría, los flujos migratorios es probable que a medio plazo se den un poco al revés".

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