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27/02/09

El Ayuntamiento pone en marcha un centro guía para inmigrantes.

El alcalde, Pedro Antonio Sánchez, firmó ayer un convenio de colaboración con el secretario regional de UGT, Antonio Jiménez, para la puesta en marcha de un Centro Guía para inmigrantes.

El nuevo centro se ubicará en la nueva sede de UGT, en la Plaza de la Constitución, y estará abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, para lo que el Ayuntamiento ha subvencionado a UGT la cantidad de 6.000 euros.

El Centro desarrollará una actividad dirigida, fundamentalmente, a facilitar a este colectivo información y apoyo jurídico para gestionar todos los trámites administrativos necesarios para la legalización de su trabajo y estancia en España, además de ofrecer apoyo social para facilitar su integración socio-laboral información sobre servicios sociales, vivienda,servicios sanitarios, escolarización de menores, educación de adultos,cursos de español para extranjeros y cursos de formación ocupacional y de reciclaje.

Entre los principales objetivos de la puesta en marcha de este nuevo centro están favorecer la integración social y laboral de los inmigrantes en el municipio, así como eliminar las barreras que dificultan el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales.

Entre la crisis y los principios

"Señor Olabarria, usted pertenece a un partido que gobierna en una comunidad próspera, con una renta per cápita alta [...]. Yo soy muy respetuoso, yo entiendo que el País Vasco y su Gobierno no tengan problema con la inmigración. Podrá tener opinión, pero no la responsabilidad de gobernar [en España]". "[Les pido que] reflexionen sobre este gesto que algunos de ustedes hacen muchas veces de estar por encima del bien y del mal y dar lecciones". Así de rotundo se mostró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cuando el diputado peneuvista Emilio Olabarria le interpeló en una sesión de la comisión correspondiente en el Congreso en julio pasado, acusando al Gobierno central de endurecer su discurso migratorio al apoyar la directiva de Retorno Europea y al plantear restricciones al reagrupamiento familiar. [Leer más...]
Sergio Primiani

El Gobierno cierra en falso la polémica de las detenciones de inmigrantes

soitu.es

Interior sigue sin aclara quién "ha hecho mal su trabajo". Nadie aclara quién dictó la instrucción para detener indocumentados masivamente. Tampoco muestran los datos de detenciones que arrojarían luz sobre el caso

El Gobierno ha querido zanjar la polémica suscitada por el documento que revela prácticas dudosas en una Comisaría madrileña en la aplicación de la Ley de Extranjería. Con la comparecencia ayer del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha dado carpetazo a un asunto en el que la única certeza es que el documento es verdadero. El propio ministro lo ratificó. "Es evidente que esa hoja existe. Alguien no ha hecho las cosas bien y punto", sentenció. Begoña Moreno, del Sindicato Unificado de la Policía, cree que "se le veía nervioso" y acorralado dando explicaciones sobre el caso, pero con este "y punto", zanja una polémica de la que sólo conocemos la punta del iceberg. Además, deja tres preguntas cruciales sin contestar. ¿Eran ilegales o no estas prácticas? ¿Quién las ejecutaba? Y sobre todo ¿quién las ordenaba? (EFE)

Rubalcaba no aclara el asunto de las detenciones de inmigrantes. ¿Eran ilegales o no estas prácticas?

Sólo hay que juzgar las reacciones suscitadas entre los sindicatos policiales, los grupos parlamentarios y las ONGs para darse cuenta de que el asunto reviste más gravedad y tiene más importancia que la que se le está dando desde las instancias políticas. En concreto, los puntos peliagudos son tres:

* Los cupos: aunque desde Interior reconocen que se utilizan criterios cuantitativos en la lucha contra la inmigración ilegal, no les ha debido hacer mucha gracia eso de que se establezcan cupos, o al menos que se hable del tema públicamente. Algunos parlamentarios han recordado a Rubalcaba la existencia de los 'palotes' (en referencia a las marcas que supuestamente hacen los policías cuando cumplen un objetivo, en este caso las detenciones de indocumentados). El concepto de 'palotes' no es del todo desconocido para las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, ya en 1999 se contempló eliminar esta práctica, aunque se ha arraigado en el argot policial. De este escándalo sacamos una conclusión: a partir de ahora, los cupos están prohibidos. "Para que quede claro, estos cupos no pueden establecerse", ha sentenciado Rubalcaba.

* Redadas masivas: se ha llegado a decir que se detenían a personas indocumentadas cuando llevaban a sus hijos al instituto. El Ministro cree que ha habido un desafortunado malentendido. "No hay redadas en las puertas de los institutos sino un plan para evitar el menudeo de drogas", explicaba Rubalcaba, quien cree que esto "se ha podido confundir" con un plan de detención de ilegales. Sin embargo, él mismo resta intensidad a su argumento asegurando que ésa es "la a única explicación que se le ocurre", ya que en su fuero interno, está convencido de que nadie tiene esa "mala fe". También ha aclarado que las redadas masivas para detener a extranjeros indocumentados "son ilegales".

* Marroquíes prioritarios: se ha hablado mucho de los cupos, pero si hay algo que chirría en el polémico documento, es la instrucción de dar prioridad a la detención de ciudadanos marroquíes, "más baratos de repatriar" (la deshumanización de estas palabras ha puesto los pelos de punta a las asociaciones de inmigrantes de este país), frente a otros colectivos como los bolivianos. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos, así como los letrados consultados sólo tienen un calificativo para estas afirmaciones: "racistas". Para más inri, se trataría de racismo institucional, echando más leña al fuego de la polémica. Rubalcaba sólo ha podido decir de esta información que "es muy mala y muy falsa" y, —primera laguna— "no sabemos de dónde sale". Para demostrar su falsedad, el Ministro se apoya en las cifras que demuestran que el año pasado se detuvieron a "menos ciudadanos marroquíes". Esas cifras han servido también para dar explicaciones al Gobierno marroquí que, por supuesto, las ha pedido. Son los únicos que han tenido acceso a estos datos.

¿Se llegaron a ejecutar estas directrices?

Una de las principales bazas del Ministerio para quitarle hierro al asunto es que no se sabe "si la policía ha llegado a cumplir esas directrices". Tanto los principales sindicatos del cuerpo, como el Partido Popular, han pedido cifras que puedan clarificar este asunto, ya que podrían demostrar si ha aumentado el número de detenciones, en qué distrito y de qué nacionalidad son. El último comunicado del Sindicato Unificado de la Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de la Policía y el Sindicato Profesional de Policía es rotundo. "Con estos datos se comprenderá la aberración y absoluta inutilidad que supone usar a los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión que es meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este Ministerio", aseguran.

El ministro se opone a dar las cifras "porque nunca se han dado", pero defiende a capa y espada que las detenciones a indocumentados han bajado significativamente en los últimos meses. "Pocos palotes se han hecho este año", aseguraba con sorna en su comparecencia en la Comisión de Inmigración. Rafael Hernando, portavoz del PP le contradice escudándose en los datos del primer trimestre de 2008 —los últimos que se conocen—, que evidencian un crecimiento exponencial de los arrestos. Otras cifras más recientes apuntan a un crecimiento de más del 140% en las detenciones a personas indocumentadas. Según unos datos oficiales a los que han tenido acceso el ABC, entre diciembre y la primera mitad de enero, se produjeron 4.015 arrestos por infracción de la Ley de Extranjería, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.667.

¿Quién ha sido?

Y si los datos son un enigma, más aún lo es la autoría de la orden que recoge el documento que ha dado lugar a todo este embrollo. A modo de cuestionario, hemos acotado a tres las posibilidades:

a) La orden, directamente del Ministerio y la Dirección General de la Policía

Esto es lo que mantienen los sindicatos policiales. Según ellos, "las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los responsables políticos". El Ministerio no asume ninguna responsabilidad al respecto y echa balones fuera. Las últimas declaraciones de Rubalcaba son muy ilustrativas.

Quiero decir con toda rotundidad que no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Por tanto, no se ha procedido a ninguna rectificación, ya que no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente.

Interpretando sus palabras al pie de la letra, sólo niega con "rotundidad" que exista una instrucción "dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo". Así, deja abierta la posibilidad de que se trate de un caso de mala praxis por parte del propio cuerpo de Policía. De hecho, el Ministerio sí reconoce una instrucción referida a la inmigración. "Lo que yo he dicho es que hay que priorizarse en inmigrantes indocumentados que cometen delitos. Es la única instrucción que he dado a la Policía", asegura Rubalcaba, dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Una mala interpretación de esa instrucción, quizás?

b) Los funcionarios interpretaron mal la ley

Precisamente la primera reacción del ministro fue alegar que alguien pudo interpretar mal las instrucciones de Interior al aplicar la Ley de Extranjería. Apenas 24 horas después reconocía que "se lució" dando estas declaraciones, y hacía una férrea defensa de la educación democrática de la Policía en nuestro país. Eso sí, una defensa aderezada con frases de amplia interpretación como "yo no lo he ordenado, pero aunque lo hubiera hecho, ningún policía está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales", o "estoy seguro de que la Policía habría incumplido esta instrucción". ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Por si acaso, el titular de Interior deja claro que "se ha cortado".

El Sindicato Unificado de la Policía cree que no es descabellada una mala interpretación de la ley por parte de los funcionarios del cuerpo. "No se sabía como hacerlo y ahora se sabe", sostiene su portavoz, Begoña Moreno, que se queja de la falta de personal cualificado para llevar a cabo este trabajo. Con todo, los sindicatos sostienen en un comunicado que "alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el ministerio".

c) Un alto mando de la propia comisaría de Villa de Vallecas

De acuerdo con las explicaciones del Ministerio, ningún responsable político está detrás de las directrices dadas a algunos policías, como a los de la comisaría de Villa de Vallecas. La Policía también está limpia, cree el Ministro, ¿entonces quién? Recordemos que, según sus palabras, "alguien ha hecho mal su trabajo", pero no hay nombres ni intención de depurar responsabilidades. Tan sólo una "instrucción para que no haya malentendidos". Según Rubalcaba, "parece que hay algunos comisarios que han incorporado esta práctica". También reconoce que "es verdad que puede haber una comisaría que se hayan puesto cupos, pero eso lo hemos eliminado", pero del quién, cómo, el cuándo y el dónde, ni una sola palabra.

Para leer la noticia: http://www.soitu.es/soitu/2009/02/17/actualidad/1234889066_555298.htm

26/02/09

El Gobierno pretende multar con hasta 10.000 euros a quien cobije a 'sin papeles'

El Gobierno pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quienes den cobijo a inmigrantes en situación administrativa irregular, conforme recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave "promover la permanencia irregular en España de un extranjero".

El texto de modificación aprobado en Consejo de Ministros y que está en ciernes de iniciar su tramitación parlamentaria, entiende que se promueve la permanencia irregular "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y de prolongue la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto".

Se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares a la hora de proponer la sanción

Las sanciones para las infracciones graves en la Ley de Extranjería conllevan una multa de entre 501 y 10.000 euros, aunque en este caso "se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares" a la hora de proponer la sanción por cobijar a un inmigrante.

En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación.

Libertad sin papeles ni trabajo

Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes que llegaron a España de forma clandestina cuando aún no habían cumplido los 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.

20/02/09

Bolivia denuncia que se 'allanan viviendas' para detener a 'sin papeles'

La embajadora de Bolivia, Carmen Almendras Camargo, ha asegurado que las legaciones diplomáticas de su país en España han recibido quejas por el aumento de detenciones de bolivianos indocumentados y por las "condiciones" en que se están realizando los arrestos, en algunos casos, denunció, incluso "allanando domicilios".

En rueda de prensa, la embajadora boliviana explicó que coincidiendo con las informaciones sobre el establecimiento de un cupo de detenidos en las comisarías de Madrid, los consulados bolivianos han registrado un incremento de quejas.

"En algunos casos, las detenciones se han realizado en las puertas, en las cercanías de las oficinas consulares, como en Madrid y en Murcia, y en otros casos como en Valencia, según las informaciones de los ciudadanos bolivianos y las asociaciones de inmigrantes, incluso allanando domicilios", explicó la embajadora.

Almendras Camargo expresó la "preocupación" de su país por las informaciones publicadas en los últimos días y explicó que estas medidas afectan de manera especial a sus compatriotas, ya que el 70% de los alrededor de 250.000 inmigrantes bolivianos que se encuentran en España no tienen documentos.

Además, rechazó que, de esta manera, se esté vinculando la delincuencia con "una infracción administrativa", derivada de no tener la documentación exigida, y subrayó que el boliviano es un colectivo "pacífico".

Por todo ello, Almendras Camargo aseguró que la Embajada "no puede renunciar a la defensa de sus ciudadanos, acudiendo a cualquier mecanismo que corresponda". De momento, explicó, el Ministerio español de Asuntos Exteriores, ya "tiene conocimiento de la posición de preocupación" de Bolivia por este asunto a través de "notas verbales" y, además, se están "gestionando" reuniones para "conversar directamente, de manera que, si es necesario, "se depuren las responsabilidades" pertinentes.

Asimismo, la embajadora afirmó que se ha hecho llegar al Defensor del Pueblo denuncias de casos concretos de detenciones, que se están realizando en unas condiciones de "atropello" que "antes no se registraban".

La representante diplomática no tiene datos oficiales de este aumento, pero aseguró que cuando se puedan comparar con los registrados hasta 2008 -que hablan de 1.200 expediente de expulsión abiertos al mes y 800 deportaciones anuales- se podrá constatar "un incremento notable" de los expedientes de expulsión. No obstante, especificó, el número de bolivianos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no ha aumentado.

En cualquier caso, se mostró confiada en que la situación se reconduzca y el Gobierno español cumpla "su compromiso" de ejecutar sus normas de control de la inmigración con "todas las garantías de respeto escrupuloso de los Derechos Humanos".

Además, la embajadora explicó que este momento sería bueno también para "profundizar" en el debate de la inmigración y sus causas, que, dijo, derivan de las "asimetrías" entre las sociedades. Preguntada por cómo está afectando la crisis en España a sus compatriotas, Almendras Camargo indicó que por las informaciones que dispone de las aerolíneas, de personas que compran sólo billete de ida para el país latinoamericano, desde que la situación económica empeoró de manera considerable están regresando unos 60 bolivianos a la semana, es decir, unos 240 al mes.

Un 25 % de jóvenes ve con recelo a la inmigración

Los jóvenes españoles (de 15 a 29 años) se muestran más tolerantes hacia la inmigración que la población en general, pero un 25 % ve negativa la llegada de extranjeros. Ambos datos son recogidos en el informe del Instituto de la Juventud (Injuve), presentado ayer.
En lo positivo, un 48 % ve con buenos ojos a la inmigración, un 69 % tiene amigos foráneos (sobre todo marroquíes, colombianos, ecuatorianos y argentinos) y un 42 % aboga por dar papeles a las personas con trabajo.
Más posturas radicales
Sobre los que ven negativa la entrada de extranjeros, el estudio destaca que la percepción de este flujo no responde a la realidad (creen que hay un 26 % y es un 11%). Además, un 31% vincula inmigración con amenaza laboral y el 14 % votaría a un partido racista.
Gabriel Alconchel, director del Injuve, señaló que estamos lejos de "las cifras de Austria" (50%), aunque reconoció que se están polarizando las posturas hacia la izquierda y la derecha. Además, achacó a los más jóvenes (15 a 17 años) respuestas más irreflexivas.

19/02/09

El 66% de los jóvenes cree que hay demasiados inmigrantes en España

La mayoría de los jóvenes españoles considera que la inmigración es un fenómeno positivo y enriquecedor para el país aunque un 30% opina que los extranjeros quitan puestos de trabajo y provocan delincuencia e inseguridad. Estas son algunas de las conclusiones que revela un estudio del Instituto de la Juventud (Injuve) sobre "Jóvenes e Inmigración" para el que 1.436 jóvenes de entre 15 y 29 años respondieron el pasado mes de julio a preguntas sobre sus percepciones y relaciones con inmigrantes.

La mayoría de los jóvenes apunta que es necesrio controlar los flujos migratorios

Según el informe presentado este miércoles, el 48% de los jóvenes considera "positiva" la inmigración y el 69% asegura tener algún inmigrante en su grupo de amigos. Además, la mayoría tampoco muestra inconvenientes a convivir, trabajar o relacionarse con inmigrantes. "Esto denota madurez en la juventud española", argumentaba el director general de Injuve, Gabriel Alconchel.

Sin embargo, dos terceras partes de los jóvenes (66%) considera que el número de inmigrantes en España es excesivo y que es preciso controlar los flujos migratorios. También es significativo que, al ser preguntados por cómo tratan los jóvenes españoles a los inmigrantes, el 30% dice que con desconfianza; el 19% con desprecio y el 16% con indiferencia.

Sobre este parte del estudio, Alconchel ha explicado que las opiniones más radicales corresponden a los más jóvenes, de entre 15 y 18 años, mientras que los "jóvenes maduros" tienen opiniones algo más moderadas. Así, preguntados por la aparición de grupos racistas o xenófobos el 71% "desaprueba completamente" sus acciones y un 15% desaprueba pero sólo "hasta cierto punto". Y sólo un 11% votaría a un grupo político de ideología racista o xenófoba "sólo si aumenta el asentamiento de inmigrantes", revela el informe.

La inseguridad

En términos generales, el 44% de los jóvenes cree que la inmigración tiene más ventajas que inconvenientes, mientras que el 25% considera lo contrario. Entre los "inconvenientes" de la presencia de inmigrantes, el 31% señala que "quitan puestos de trabajo" y el 23% que "provocan delincuencia e inseguridad ciudadana; el tercer gran inconveniente según los jóvenes es que "hay demasiados".

Así pues, el 72% considera que se debe permitir la entrada a España sólo de quienes tengan un contrato de trabajo y sólo el 7% cree que hay que "hacer difícil la entrada poniendo muchos obstáculos".

18/02/09

Del papeles para todos a 'ilegales' en la diana

EL MINISTRO del Interior fue ayer irresponsablemente desacertado cuando, para intentar justificar la directriz que obliga a la Policía de Madrid a detener un cupo mínimo de inmigrantes irregulares a la semana, admitió la existencia de «objetivos cuantitativos en la lucha contra la delincuencia». Tan desafortunado resultó Rubalcaba que, a las pocas horas de estas declaraciones, dictó e hizo pública una «instrucción clarificadora de la actuación policial en la aplicación de la Ley de Extranjería» que, si bien bendice los «objetivos numéricos» como metodología, corrige la discrecionalidad con que se han venido practicando los arrestos e identificaciones desde hace seis meses, al imponer un «criterio delincuencial». Es decir, la Policía seguirá marcándose cupos de detenciones de delincuentes en situación ilegal, pero no acosará sin más a la población inmigrante en busca de sin papeles. Este zigzag entre la primera intervención del ministro y su posterior orden de clarificación ilustra lo errático y contradictorio de una gestión migratoria en la que el Gobierno se ve ahora abocado a corregir con urgencia las nefastas consecuencias de la política de puertas abiertas de la anterior legislatura.

Las declaraciones de Rubalcaba en su primera comparecencia no dejan lugar a dudas del espíritu que ha guiado la actuación de la policía ante la orden de cumplir sus objetivos numéricos.Si el máximo responsable del funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad pretendía presentar como lógica la metodología de los cupos, cuya puesta en práctica se ha saldado con redadas indiscriminadas de inmigrantes en el metro y en las puertas de los colegios, y con identificaciones masivas de viandantes sin otro criterio de sospecha que el de sus rasgos físicos, lo cierto es que consiguió todo lo contrario.

Al equiparar la actuación policial contra la inmigración ilegal con la actuación policial contra los delincuentes en situación irregular, Rubalcaba hacía suyos los clichés xenófobos con que tantas veces la izquierda ha intentado atacar al PP. Con sus declaraciones el ministro contribuía a criminalizar la inmigración, al identificar como delito lo que no es más que una falta administrativa: carecer de papeles. Aunque había explicado que la prioridad de la Policía es «detener ilegales cuando estos inmigrantes están vinculados a la delincuencia», su ejemplo sobre lo habitual que resulta que en una comisaría «se pida un mayor esfuerzo a los agentes cuando se incrementa el número de robos» abundaba en una asociación peligrosa y contraproducente.

No se trata de sacar de quicio las declaraciones de Rubalcaba, sino de exigirle el máximo de sensibilidad y rigor a la hora de valorar la oportunidad de una consigna política que ha levantado ampollas entre las asociaciones de inmigrantes, y que llevó a cuatro sindicatos policiales a reclamar al Defensor del Pueblo una «clarificación legal» para determinar cuándo, en qué supuestos y por cuánto tiempo se puede impedir la libre circulación de un ciudadano, ante el temor de que la orden interna del Ministerio, tal como ha estado siendo trasladada hasta ahora por los mandos policiales, pudiese vulnerar la legislación vigente. Cabe recordar que los agentes eran incluso premiados o castigados en función de que cumpliesen o no sus cupos.

No podemos sino apoyar que la policía haga cumplir la Ley de Extranjería y localice a los inmigrantes en situación irregular en España para proceder a su extradición. Pero ello no puede servir de pretexto para justificar una instrucción interna que convertía en potencial delincuente a cualquier extranjero y que empujaba a las Fuerzas de Seguridad a asumir procedimientos rayanos en la ilegalidad.

17/02/09

Los abogados, contra la 'caza' del inmigrante 'sin papeles'

El Consejo General de la Abogacía ha emitido un duro comunicado contra la 'caza' al inmigrante 'sin papeles' emprendida por la Policía Nacional en algunas calles de Madrid. A su juicio, las medidas emprendidas por el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba violan claramente el artículo 17 de la la Constitución.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid han recibido órdenes de sus superiores de detener un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que se ha marcado a la Policía Nacional "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia", aunque luego dio marcha atrás y hoy ha negado la existencia de dichos cupos, como se refleja en una nota interna de la Policía.

Los abogados consideran que, con estas iniciativas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando y criminalizando "a las personas por la mera situación de su irregularidad administrativa".

Además, el texto asegura que las expulsiones masivas están prohibidas por las normas internacionales. El Consejo General de la Abogacía recuerda que "el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas", incluidos, los inmigrantes aunque estén en situación irregular.

Advierten de que la 'caza' del inmigrante en locutorios o la cola del paro va contra el artículo 17 de la Constitución

En el comunicado, los abogados dejan claro que "las redadas policiales masivas, la caza del 'migrante' en locutorios, en las filas del paro en busca de personas en situación irregular para cumplir unas determinadas cuotas no resultan conformes con el artículo 17 de nuestra Constitución".

Los letrados de la Subcomisión de Extranjería opinan que este tipo de medidas convierten al inmigrante en un "sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización".

"Esta tendencia a la criminalización ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas", explica el escrito.

El Consejo General de la Abogacía exige que estas órdenes, como la de la comisaría de Vallecas, sean revocadas y se felicita de la rectificación final del ministro del Interior.

Asociaciones de inmigrantes piden a Interior que explique las redadas masivas

La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) ha expresado su repulsa por las detenciones arbitrarias de inmigrantes sin papeles y ha pedido que el Ministerio de Interior dé explicaciones y depure responsabilidades por estas "actuaciones intolerables en un Estado de Derecho como es el español".

Por medio de un comunicado, ATIME ha reaccionado así tras conocer la publicación de un documento interno de una comisaría de Madrid en el que se fija como objetivo un cupo mínimo de arrestos y se especifica la preferencia de detenciones de marroquíes por ser "más baratos" de deportar.

Para la asociación de marroquíes, este tipo de detenciones resultan especialmente repulsivas cuando provienen de instituciones como el Cuerpo Nacional de Policía, cuya obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos y no perseguirlos de manera indiscriminada.

Además, insta a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad y exijan conocer "los verdaderos objetivos de esas operaciones, cuánto tiempo llevan funcionando estas medidas y en qué otros puntos de España se están realizando".

A estos efectos, ATIME ha recordado que la propia organización ha denunciado este tipo de hechos desde el pasado mes de julio en otros puntos de España y en especial en la localidad de Torre-Pacheco, Murcia.
Agresiones racistas

Por otra parte, la Federación Panafricanista de España asegura que el 67% de los últimos inmigrantes expulsados de España son de raza negra. La asociación relaciona este hecho con el interés "del actual gobierno de relacionar inmigración con delincuencia e ir a la caza del negro, aún a pesar de que es el colectivo social que menos delinque y el más pacífico", apuntó en un comunicado.

Además, denunció las agresiones racistas que se producen en España, así como las redadas "sin ningún tipo de excusa" en sus locales del centro de Madrid. "La comunidad negra nos vemos sometidos a un acoso policial constante, sobre todo, en las zonas de Vallecas, Usera, Aluche y Cuatro Caminos", señaló hoy el portavoz de la asociación, Luis Alberto Alarcón, en declaraciones a Europa Press.

Así, esta organización, que agrupa a 78 asociaciones de la comunidad negra y descendientes afincados en España, también acusó a las instituciones de que mientras "los negros reciben palizas y agresiones racistas y segregacionistas, las organizaciones de los blancos reciben las subvenciones". Además aseguran que si los afroamericanos "se atreven" a denunciar las agresiones, se les considera "racistas, radicales y resentidos".

También la ONG Movimiento contra la Intolerancia ha pedido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que investiguen si son ciertas las redadas indiscriminadas contra inmigrantes sin papeles: "La democracia no puede dar carta de legalidad a la cacería de sin papeles", sostiene.
Preocupación de Amnistía Internacional

La responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, Ángela Iranzo, considera que, si bien el Gobierno tiene un "derecho legítimo a tener políticas de control migratorio, éstas no deben suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas migrantes".

Iranzo ha manifestado la "preocupación" de Amnistía por la utilización de "criterios raciales" para la realización de identificaciones, lo que implica "un elemento claramente discriminatorio" porque los policías se guían por la apariencia física de las personas para dar el alto.

Este tipo de prácticas, según AI, "estableden una relación directa entre personas de determinadas nacionalidades y la inseguridad o la delincuencia en España", lo que puede llevar a reforzar "actitudes machistas o xenófobas" en lugar de fomentar "una España democrática y pluralista".

Interior rectifica y da nuevas instrucciones sobre cómo aplicar la Ley de Extranjería

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha ordenado este lunes a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que dicte las instrucciones oportunas a la Policía Nacional con el fin de clarificar el marco de actuación policial a la hora de aplicar la Ley de Extranjería.

Esta decisión se produce después de que se difundiera un documento interno de una comisaría de Madrid en el que supuestamente se establecían "cupos" de detención de extranjeros irregulares. Asimismo, Rubalcaba aseguró que es posible que se hayan producido "malentendidos" en la aplicación policial de la Ley de Extranjería.

La nueva instrucción dictada por el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, establece que en lo referente a la inmigración ilegal se establezcan únicamente objetivos "cualitativos" atendiendo prioritariamente a los problemas delictivos que se produzcan en determinadas zonas y periodos de tiempo.

En todo caso, la orden advierte además que los procedimientos de identificación y detención se llevarán a cabo garantizando en todo momento los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial.
Se mantienen los 'objetivos numéricos'

No obstante, la orden emitida por el Ministerio del Interior insiste en la plena validez de los objetivos numéricos para mejorar la eficacia de la actuación policial y elevar los niveles de seguridad ciudadana.

"Los objetivos numéricos se establecerán, como se viene haciendo hasta ahora, con el fin de llevar a cabo los objetivos estratégicos fijados en los distintos Planes Operativos y siempre en función de criterios delincuenciales y poblacionales; y se aplicarán específicamente en el ámbito de las infracciones penales", añade la instrucción.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ha trasladado esta instrucción a los diferentes órganos directivos de la Policía Nacional para que se aplique de inmediato.
Rajoy critica 'las cacerías' en las calles de Madrid

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha criticado "las cacerías que se han organizado en las calles de Madrid" en relación a las detenciones y expulsiones de inmigrantes.

En una entrevista en Antena 3 Televisión, Rajoy ha dicho que "el PSOE se inventó aquello de 'papeles para todos', que está muy bien, pero que dio lugar a que España se convirtiese en el país de la Unión Europea donde más inmigrantes ilegales entraron".

Tras considerar que hay que cumplir siempre la ley y, a las personas que estén en situación de ilegalidad, hay que repatriarlas, Rajoy ha criticado "las cacerías que se han organizado en las calles de Madrid".

16/02/09

Los inmigrantes piden al Gobierno terminar con las 'políticas represivas'

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) insta al Gobierno a terminar con las "políticas represivas y discriminatorias" de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Se refiere a las actuaciones llevadas a cabo por los policías madrileños, que, según ha podido ver Europa Press en una nota interna, están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros en situación irregular.

Al parecer, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, deben cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.

Esta denuncia muestra, según el FERINE, que "el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, o falta a la verdad o no se entera lo que hacen sus subordinados".

Para las asociaciones de inmigrantes "los centenares de personas detenidas en los dos últimos meses, han creado una sensación de temor generalizado dentro del colectivo de inmigrantes".

En su opinión, estas órdenes recibidas por los policías por parte de sus superiores ratifican las denuncias hechas por la Federación y la Red de derechos de los Inmigrantes (REDI), "acerca del aumento del acoso policial".

Madrid: La Policía reconoce "directrices" para detener un cupo de 'sin papeles' según la población y la delincuencia en cada zona

La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil hizo público un comunicado a última hora de esta tarde en el que admitía que existen "directrices" para efectuar un número de detenciones de extranjeros en situación irregular, en función de la población de cada distrito y sus niveles delincuenciales.

Según una orden interna a la que tuvo acceso Europa Press, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.

De acuerdo a esta orden, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos. El comunicado difundido hoy por la Dirección de la Policía y la Guardia Civil no hace ninguna referencia a esta última instrucción.

"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción.

Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008. En la nota interna, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recoge el documento.

Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.

RESPUESTA DE LA POLICÍA.

Según la versión del Ministerio del Interior, el equipo directivo de la Policía Nacional se reúne "semanalmente" para evaluar los resultados de un "plan por objetivos marcado por la Jefatura Superior de la Policía de Madrid". "A cada distrito se le marcan unos objetivos mensuales en todas las áreas de actuación policial y que comprenden todas las infracciones recogidas en la legislación", se detalla en el comunicado, que añade que la Policía Nacional "fija unas directrices que sirven exclusivamente para aplicar la Ley de Extranjería".

"Estas directrices --continúa el comunicado en referencia al área de extranjería-- se determinan en función de las circunstancias poblaciones y delincuenciales de cada zona, y de acuerdo con el cumplimiento estricto de los distintos apartados de la Ley de Extranjería, que impone a las fuerzas de seguridad la obligación de incoar expedientes sancionadores ante la detección de inmigrantes en situación irregular".

MARROQUÍES, CON PRIORIDAD PARA INGRESAR EN EL CIE.

La nota interna recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley --el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60--, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento. En el comunicado de esta tarde, la Policía Nacional no hace ninguna referencia a esta orden.

Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".

"MAQUILLAJE" DE LAS CIFRAS DE DELINCUENCIA.

Igualmente, los sindicatos policiales se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia".

"Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario", declaró a Europa Press.

Rubalcaba admite cupos en detenciones de inmigrantes

En el texto, fechado el pasado 12 de noviembre, se impone a la comisaría madrileña de Villa de Vallecas un cupo de 35 inmigrantes ilegales a detener en los próximos días. Es uno de los objetivos que dicto el jefe superior de Madrid en una reunión de control. Hoy el ministro ha admitido que esas indicaciones existen. La nota interna de la Policía, en poder de la COPE, pide que se detenga prioritariamente a los marroquíes porque son más fáciles de expulsar. Más complicada –dice- es la expulsión de los bolivianos. La Confederación Española de Policía acaba de decir que esas órdenes responden a la presión estadística asfixiante que Interior impone a la Policía.

Rubalcaba quiere más detenidos porque pretende mejorar unos números de los que tendrá que dar cuenta mañana mismo en el Congreso. Recuerda el sindicato que hemos pasado del “papeles para todos de 2005” a la actual política de dureza. Y todo sin una reflexión serena y por intereses coyunturales.

Un documento interno ordena a policías detener a un cupo semanal de 'sin papeles'


Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.

Según una nota interna a la que ha tenido acceso Europa Press, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.
Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción
"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre.

Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción. Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008.

En la nota, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recoge el documento.

Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.

Prioridad a marroquíes

En este sentido, la nota citada recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley --el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60--, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera.

"Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.

Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".

"Maquillaje de las cifras"

Igualmente, los sindicatos policiales se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia".

"Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario", declaró a Europa Press.
Esto es sumamente grave...

Los policías de Madrid, ordenados a detener a un cupo semanal de extranjeros 'sin papeles'

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.

Según una nota interna, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.

"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales han confirmado que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción.

Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008. En la nota, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recoge el documento.

Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.

Los marroquíes, prioridad

En este sentido, la nota citada recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.

Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".

"Maquillaje" de las cifras de delincuencia

Igualmente, los sindicatos policiales se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, ha afirmado que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia".

"Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario", ha declarado.

Maltrato a inmigrantes en Madrid

'Nos desnudan, nos insultan y nos dicen que somos basura de fuera'

Maltrato a inmigrantes en Madrid
'Nos desnudan, nos insultan y nos dicen que somos basura de fuera'

* Les gritan 'gilipollas', 'moros' o 'sucios', mientras golpean el mobiliario
Entran gritando en la celda de noche, con porras y atuendos de antidisturbios. A los sin papeles que comparten habitación les gritan "gilipollas", "moros" o "sucios", mientras golpean el exiguo mobiliario y encienden una algazara desquiciante de brazos que caen a oscuras.

"A un compañero al que le encontraron un rollo de papel higiénico [material prohibido] le hicieron poner las manos a la vista y simularon que se las iban a aporrear", cuenta a EL MUNDO un ex interno. "Dan golpizas, nos insultan, nos vejan... Yo no soy ningún delincuente. Soy un obrero de la construcción que no tengo papeles. Pero jamás he recibido un maltrato similar".

La última incursión tuvo lugar en el módulo uno entre la noche del 1 de febrero y las dos de la madrugada del día 2. Hubo una discusión porque uno de los confinados fumaba. Al interno número 21, el argelino Alí Khamel, los policías le rompieron el brazo, otro sufrió lesiones en la mano y varios acabaron con policontusiones.

Lo suscriben 85 inmigrantes clandestinos retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, que hace un par de semanas consiguieron sacar al exterior, por un conducto poco ortodoxo que no viene al caso, un manuscrito de seis folios pidiendo auxilio.

"Nos desnudan y tiran nuestras cosas al suelo, desarman nuestras camas, nos insultan y nos humillan con sus amenazas. Nos recuerdan que somos basura que ha llegado de otros pueblos", denuncian.

El mensaje de dentro de la botella ha llegado al otro lado de la valla. La Fiscalía de Madrid investiga ya la denuncia de los sin papeles y el delegado de Extranjería de la institución, Salvador Ortolá, tiene previsto acudir esta semana al CIE para indagar sobre lo ocurrido. El Defensor del Pueblo ha abierto un expediente para conocer el funcionamiento de un centro de internamiento con capacidad para unas 250 personas. Varias ONG empiezan a hacer preguntas. ¿Qué está pasando intramuros?

15/02/09

Xenofobia con y sin papeles

La xenofobia (odio u hostilidad hacia los extranjeros), que entronca como fenó- meno antropológico con el racismo y el etnocentrismo, ataca ahora al núcleo duro de las esencias europeas: la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. El mercado común se basa, entre otros factores, en la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Pues bien, la reciente escalada de protestas laborales en el Reino Unido, calificadas de xenófobas, tiene su origen en el hecho de que la petrolera francesa Total encargó a una empresa italiana la construcción de una refinería, para la que fueron contratados obreros italianos y portugueses.
Frente a esto, la consigna de las protestas ha sido "el empleo británico, para trabajadores británicos". En resumen: la movilidad de la mano de obra comunitaria está siendo cuestionada y, con ella, la libre circulación y, finalmente, también el mercado común europeo. Es notorio también que no ha tardado en tildarse estas protestas de xenófobas.

ES ASÍ COMO la civilizada Europa, que se autoproclama antixenófoba solo cuando le conviene, muestra uno de sus puntos débiles. Y, para muestra, un botón: las alarmas europeas antixenófobas saltan, como en el caso británico, cuando los extranjeros discriminados son nativos de países comunitarios. La razón es obvia: tolerar esta discriminación liquidaría de raíz el mismo mercado común y, con él, la piedra angular de la política comunitaria. Ello contrasta con la actitud comunitaria y de cada uno de los países miembros frente a los inmigrantes de países terceros, de fuera de la Unión Europea. A estos, ni agua. De los intentos administrativos de contención de la inmigración, el control de fronteras o las patrullas mixtas en aguas de la costa africana hemos pasado directamente a un nuevo concepto: se- gún el ministro italiano del Interior, la Administración tiene que ser "mala" con los inmigrantes ilegales y aplicarles todo el rigor de la ley.
Más recientemente aún, el Senado italiano pretende suprimir la prohibición al personal sanitario de denunciar a los pacientes en situación irregular o, lo que es lo mismo, se pretende que los médicos denuncien a sus pacientes inmigrantes en situación irregular. De este modo se criminaliza lo que debería ser en principio una irregularidad administrativa, se convierte al médico en policía y se inculca el miedo en el paciente inmigrante irregular equiparándole a un delincuente.

ESTA xenofobia, como la que se ejerce en otros países comunitarios (España no es una excepción: a pesar de la regularización, recordemos el trato a los aún sin papeles, las pateras, las retenciones administrativas o los traslados aéreos de subsaharianos a países de origen) no es reconocida en Europa como tal y se la tolera simplemente porque no cuestiona ni el mercado único ni sus bases económicas, como tampoco las cuestiona, por ejemplo, la milenaria y vergonzante xenofobia contra los gitanos. Parece, pues, que en Europa existen dos categorías de xenofobia en función de si la víctima es europea o no: la primera es condenable, la segunda es política de Estado bendecida incluso por algunos parlamentos democráticos. Así, el cosmopolitismo europeo se basa en buena medida en el etnocentrismo, esto es, en nuestro cosmopolitismo.
Ambas xenofobias tienen la misma base: la crisis económica y el riesgo de exclusión social. El mismísimo John Monks (secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos) afirmaba recientemente a raíz de los referidos sucesos en el Reino Unido: "Necesitamos una nueva ley europea de migración ya que las normas actuales son insuficientes. En épocas en las que el desempleo crece, esas normas no bastan como garantía de que la mano de obra barata no será importada en masa, en detrimento de determinados colectivos".
Es la acumulación de riesgos que generan exclusión social la que prende la mecha del conflicto: si a la diferencia cultural le sumamos la crisis económica y de los servicios sociales en el país de acogida y, finalmente, la debacle del mercado laboral --tanto para los oriundos como para los recién llegados--, tenemos el caldo servido: xenofobia, exclusión y conflicto social son distintas caras del mismo problema. Los conflictos por la instalación de equipamientos religiosos, por la celebración de determinados festejos étnicos o por los distintos horarios comerciales de establecimientos regentados por inmigrantes esconden en realidad una alarmante pérdida de la cohesión social que amenaza con extender el conflicto.

FRENTE A ELLO, se hace imprescindible dar potestad con urgencia al poder local --los ayuntamientos y los distritos de nuestras ciudades-- con el fin de que pueda intervenir para suturar las heridas intentando restablecer la cohesión social. Para ello es imprescindible invertir en tecnología social, más compleja, también más eficaz que la simple inversión en infraestructuras de ladrillo. A esta conclusión ha llegado incluso el Foro Económico de Davos, que advierte de que, de no mediar acciones coordinadas a escala mundial, también en este campo, pronto se propagarán "drásticos conflictos sociales". Conflictos agravados por la xenofobia, sea esta contra inmigrantes con o sin papeles.

*Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC).

¿Esto sirve para conseguir papeles?

"¿El cursillo sirve para conseguir papeles?". La versión diluida del contrato de inmigrantes echó a andar ayer bajo el programa Escuelas de Acogida entre las preguntas de los asistentes sobre su utilidad. El proyecto inicial del consejero de Inmigración, Rafael Blasco lanzado hace casi un año, fue rebajado a un compromiso que, finalmente, ha acabado siendo un cursillo voluntario "de comprensión de la sociedad valenciana".

Bajo esta fórmula se estrenó ayer, con la presencia del consejero, la primera experiencia piloto que Inmigración ha puesto en marcha junto a la asociación de colombianos Aculco de Valencia. En este ensayo participan 40 alumnos, algunos de los cuales no tenían muy claro para qué servirá el título que recibirán el 14 de marzo al término de las 40 horas de clase. El objetivo de estas clases es, en teoría, transmitir "al nuevo ciudadano" el conocimiento de "los valores y reglas de convivencia democrática, los derechos y deberes, la estructura política, la cultura y los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana y las implicaciones de la diversidad cultural". Para ello se impartirán lecciones de castellano, valenciano, geografía, historia y legislación básica del modelo del Estado autonómico y los valores democráticos.

Pero en la práctica, ¿en qué se traduce todo ello? Hay apartados de servicios útiles como participación ciudadana, medidas de formación laboral, derechos sanitarios, educativos o incluso sobre el procedimiento de retorno voluntario. Pero, además de ello, ¿sirve para regularizar la situación de aquellos que estén sin papeles?, como preguntó una de las alumnas en cuanto se abrió el turno de preguntas tras el acto oficial de presentación de los cursos. "Para el proceso de arraigo sí", respondió una asesora de la Consejería de Inmigración, algo que responde a la verdad, aunque sólo si además se reúnen otras condiciones.

Es cierto que el arraigo social es una puerta de acceso a la regularización de personas sin papeles. Pero para beneficiarse de esta opción es necesaria una estancia mínima en España de tres años, carecer de antecedentes penales tanto aquí como en el país de origen y contar con un contrato de trabajo. Además, hace falta demostrar el arraigo. Y aquí es donde se puede aportar el diploma de integración del Consell, "pero igual que se pueden presentar cursos de formación laboral, certificados de pertenencia a ONG, asociaciones de inmigrantes, de asociaciones de vecinos o centros deportivos", comenta un especialista en trámites de regularización. Es decir, es un documento más para justificar la integración del inmigrante.

Pese a ello, buena parte de los alumnos acuden por este motivo. "Más que nada estamos por los papeles", comentaba Marcela, una boliviana de 22 años que se ha apuntado al curso con su novio Juan Pablo, de 26. "Lo hacemos por integrarnos, para tener más cursos del arraigo, y así tenemos una ayudita más para los papeles". Igual que Juan Carlos, de 27 años, también boliviano. "Él hoy no ha podido venir, como era la inauguración, estoy yo en su nombre", comentaba su novia. "¿Por qué se ha apuntado?, por integrarse, y por los papeles".

13/02/09

Ourensanos con acento venezolano

Con el objetivo de favorecer la integración sociolaboral de los venezolanos en Galicia y para superar el fenónemo de la despoblación en la provincia, favoreciendo el regreso de los emigrantes, nace la Federación de Venezolanos en Galicia (FEVEGA), que agrupa a las siete asociaciones existentes en A Estrada, Lalín, A Coruña, Santiago, Vigo, Vilagarcía y Ourense. La entidad, que integra a 1.268 socios, será presidida por Sonia Sánchez, presidenta también de la Asociación Venezolana Ourensá ‘Alma Llanera’.

Los miembros de la juntas directivas y socios de las siete asociaciones culturales y deportivas de emigrantes retornados y residentes venezolanos que existen en Galicia, distribuidas en Vigo, A Coruña, A Estrada, Villagarcía, Lalín, Santiago y Ourense, se reunieron el pasado domingo en la Casa Rural Val Fresco de A Estrada, para constituir la primera Federación de Venezolanos en Galicia (FEVEGA). La entidad nace con el fin de unir esfuerzos y apoyar las iniciativas que cada asociación tome dentro de su ámbito de acción local, así como para conseguir la integración y atención directa de los emigrantes retornados e inmigrantes.

Uno de los objetivos específicos que la Federación llevará a cabo en la provincia, según explica la presidenta de la Asociación Venezolana Ourensá ‘Alma Llanera’, Sonia Sánchez, es la ‘de luchar contra la constante pérdida de población en la provincia’, favoreciendo el retorno de emigrantes venezolanos, ‘pues la comunidad ourensana es una de las más importantes y numerosas en América’.

La presidenta del colectivo ourensano y también de la nueva Federación situó en una media de 100 retornados venezolanos al año en Ourense y puntualizó que si no fuera por la llegada de éstos, la perdida de población hubiera sido ‘más notoria’.

Aclaró además que el mecanismo de ayudas a retornados que el gobierno socialista ha puesto en marcha en España, en especial el programa del ayudas económicas por un importe de 400 euros mensuales a cada retornado, ‘ha favorecido notablemente el regreso de muchos ourensanos’ de Caracas. Sin embargo puntualiza que existe un ‘grave problema de desinformación’ sobre los trámites que se deben hacer para obtener la ayuda, por lo que la asociación, desde que vio la luz en 2006, trabaja de la mano con el Consulado de Venezuela en Vigo y con la ONG Terra de Acollida para dirigir a estos organismos todas las dudas que los emigrantes puedan tener.

Tras haber redactado los estatutos federativos, la Federación quedó compuesta por 1.268 socios, de los que 350 pertenecen a la Asociación Socio-Cultural Deportiva Amigos de Venezuela, en Vigo, 50 a la entidad coruñesa ‘El Turpial’, 180 a la de A Estrada, 150 a la de Villagarcía de Arousa, 180 a la de Lalín, 108 a la asociación ‘Avesanti’ de Santiago, y 250 a la de Ourense.

Entre las primeras actividades que podría organizar la recién creada federación venezolana se encuentra su participación en la Feira do Cocido de Lalín.

’Difícil inserción en la vida laboral’

En la provincia residen 700 venezolanos, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, publicado en enero del 2007, de los que el 60% viven en la ciudad. Sin embargo, la presidenta de la Federación Fevega, Sonia Sánchez, explica que en realidad ‘seremos unas 2.000 personas’, pues el estudio no toma en cuenta los venezolanos nacionalizados españoles, ni los hijos nacidos en Galicia’.

En cuanto a su forma de vida en Ourense, Sánchez aclara que trabajan principalmente como autónomos, en la creación de Pymes dedicadas al comercio local de productos extranjeros y a la hostelería, aunque aclara que existe una minoría ‘con más nivel adquisitivo que ha decidido invertir su dinero en grandes empresas dedicadas a la construcción’.

Por otro lado, señala que el mayor problema al que se enfrentan los retornados emigrantes y los extranjeros venezolanos es ‘la convalidación de títulos oficiales universitarios y la difícil inserción profesional motivada principalmente por la falta de empresas en la provincia’.

En cuanto a las ventajas y bondades que pueden obtener de la provincia, destaca ‘la seguridad en las calles, el alto nivel educativo a nivel infantil y los valores familiares y cívicos de la sociedad’.

Londres pedirá visa desde mayo...

El Gobierno de Londres decidió exigir visa desde mayo de 2009 a los bolivianos que viajen a Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), así sea en calidad de turistas. Mientras tanto, las agencias de viajes en Cochabamba continúan ofertando paquetes en los que figura como único requisito el pasaporte. Los administradores de estas agencias respondieron que hasta ahora no recibieron un comunicado oficial sobre las nuevas exigencias.

El Ministerio del Interior de Reino Unido explicó, según un despacho de la agencia de noticias EFE, que los bolivianos que vayan a esa región europea tendrán que solicitar "a partir de ahora" un visado, como resultado de las nuevas políticas migratorias que aplica el Reino Unido a un grupo de cinco países: Bolivia, Venezuela, Lesoto, Sudáfrica y Suazilandia.

Sin embargo, la Embajada Británica en La Paz aclaró mediante comunicado de prensa que la disposición "entrará en vigencia desde mayo de 2009". El comunicado también recomienda visitar la página www.visainfoservices.com para obtener el detalle de los requisitos para la adquisición del nuevo documento. La Embajada, que anunció ampliar la información este jueves en La Paz, adelantó que esta oficina es la única que puede extender el documento, aunque las solicitudes y pagos pueden hacerse por Internet. Eso sí, los solicitantes deben apersonarse a La Paz para solicitar información biométrica.

Hasta ahora, los bolivianos podían ir en busca de "sueño europeo" a Londres como turistas sólo con el pasaporte. Cada viajero debía invertir entre 2.500 y 3 mil dólares para financiar el viaje. Una agencia de viajes indicó que cada mes envía unos 10 migrantes simulando ser turistas.

El pasaporte incluso les servía para estar en tránsito en España. La ruta más usada por los viajeros hasta ahora era: Cochabamba, Santa Cruz, Sao Paolo (Brasil), Madrid (España) y Londres (Inglaterra). El idioma no era una barrera para pasar el control migratorio, debido a que las oficinas de migración en Londres ponían a disposición de los turistas un intérprete.

Para ir como turistas, los viajeros debían reunir seis requisitos: tener el pasaporte vigente, el boleto aéreo de ida y vuelta, una solvencia económica de 2 mil a 3 mil dólares en efectivo o su equivalente en euros, pagar su reserva de hotel por toda su permanencia, la vacuna contra la fiebre amarilla y un seguro médico por 50 dólares, según una céntrica agencia de viajes.

Los migrantes, además, requerían de una carta de invitación. Con el documento aseguraban su entrada a Londres, donde por lo general buscan trabajo en el sector informal, como la construcción y los trabajos domésticos.

Aunque el flujo de viajeros es regular, Londres se convirtió en una alternativa para los migrantes, después de que España endureciera su control migratorio pidiendo visa a los migrantes, además de un contrato de trabajo.

COMUNICADO

Según el comunicado del Ministerio del Interior de Reino Unido difundido por EFE:“Hasta ahora los bolivianos y venezolanos necesitaban un visado para trabajar o establecerse en el Reino Unido, pero a partir de este momento también tendrán que recibir el visto bueno de las autoridades británicas para las estancias inferiores a seis meses”.

La medida se extiende para los viajeros en tránsito. “Los bolivianos y venezolanos tendrán que tener en cuenta también que necesitarán un visado de tránsito”.

El secretario de Estado de Fronteras e Inmigración, Phil Woolas, dijo también a EFE que: “el Gobierno dijo que sería duro y lo decía en serio”.

Región de tránsito

Aunque Londres (capital de Inglaterra) no es un destino con alta demanda en las agencias de viaje de Cochabamba, en el último tiempo fue una alternativa para los migrantes que van en busca de su “sueño europeo”, sobre todo porque se constituye en una vía para entrar a otros países de la Unión Europea, como Finlandia y España, según una agencia de viajes consultada.

Los viajeros optaban por esta vía, pero, para garantizar su ingreso como turistas, acompañaban su entrada con una carta de invitación, generalmente enviada por un familiar establecido en Inglaterra o un país vecino.

Las agencias de viaje en la ciudad de Cochabamba informaron que se mantienen al margen de este trámite y se limitan a facilitar los pasajes.

Sólo en ocasiones preparan al viajero para su entrevista con los agentes de control migratorio, por lo que conocen que cuando los viajeros son latinos se les facilita un traductor.

Por ahora, las agencias que ofertan viajes a Londres desconocen las nuevas medidas de seguridad.

Manteros libertad

Bajo el lema 'Sobrevivir no es delito' y al grito de 'Manteros libertad', alrededor de un centenar de manteros se han manifestado en el centro de Madrid en protesta por la criminalización de la inmigración ilegal asociada a la venta ambulante conocida como "top-manta" y por el indulto de los encarcelados por este motivo.

La movilización, que ha sido organizada por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y la Red Apoyo del Ferrocarril Clandestino, ha congregado, además de a inmigrantes ilegales, en su mayoría africanos, a ciudadanos españoles que se han solidarizado con la causa, en un recorrido que ha partido de la Plaza de Lavapiés hasta la Puerta del Sol.

El portavoz de la Asociación Sin Papeles, Ramó, un inmigrante africano que se gana la vida vendiendo copias de CDs, ha recordado que el top-manta no es lo que esperaban de España, pero que es su única forma de subsistir.

"Muchos llegan aquí con las manos vacías, pero con la cabeza llena de cosas, lo que pasa es que no tenemos oportunidad de enseñar lo que sabemos", ha subrayado Ramó.

En la actualidad hay 63 presos en España y más de 100 causas abiertas por reproducción, plagio o distribución de obras con autoría registrada, delito que según el Código Penal español, puede suponer entre 6 meses y 2 años de prisión y de 12 a 24 meses de multa.

Sobre la percepción del top-manta como delito, el abogado de Ferrocarril Clandestino, Miguel Ángel Muga, ha apuntado que la sociedad no lo considera como tal y, a su juicio, "en el Código Penal solo deberían aparecer las conductas que la sociedad considere reprobables, como un robo o una violación, pero en ningún caso la supervivencia".

En referencia a la propiedad intelectual, Muga ha señalado que los defensores de ésta "se equivocan" al acusar a los manteros de ser bandas organizadas que se lucran con su trabajo.

Con estas iniciativas, lo que se pretende es cambiar la imagen de indefensión y miseria de los inmigrantes, ya que según el portavoz de Ferrocarril Clandestino, Pepe Ema, este colectivo se está organizando con el pago de pequeñas cuotas y la venta de camisetas para pagar las multas de sus compañeros.

Lo más preocupante es que la opinión negativa de la inmigración comienza a ser un hecho normal

Interesados en buscar nuevas formas de generar consciencia entre los adolescentes sobre el controvertido tema de la inmigración, voluntarios de la Asociación Santa Bárbara de Onda estrenan Ecuapop, un documental que narra el viaje de Cristian. Este joven ecuatoriano debe abandonar su país para reagruparse con su familia que lleva varios años en España. Codirector de la asociación y realizador del documental, Alfredo Llopico, asegura que la inmigración no sólo acarrea penas para los recién llegados y prejuicios para los que acogen, sino que también puede aportar mucha riqueza, tanto para unos como para otros.

¿Sigue existiendo rechazo entre los jóvenes españoles y los inmigrantes?

Lo más preocupante es que la opinión negativa sobre la inmigración comienza a ser un hecho normal y por eso sentimos la necesidad de reivindicar un punto de vista diferente a la visión colectiva pesimista de los estudiantes. La asociación se constituyó con el objetivo de llevar a cabo proyectos de desarrollo en Ecuador pero, España ha cambiado y nos dimos cuenta de que los ecuatorianos de aquí necesitaban también nuestra ayuda.

Se trata de un viaje sentimental, a diferencia de la mayoría de los inmigrantes que vienen por dinero o por trabajo. Él viene por la reagrupación familiar, ya que una parte muy importante de su familia lleva viviendo en España varios años. El documental muestra lo que significa dejar toda tu vida, tus amigos, tu novia, para emigrar a otro país y construir una vida nueva. En determinados momentos, Cristian siente que no es una persona bienvenida.

En la cinta observamos dos partes de la historia, la de Ecuador y la de España.
Ecuapop es una historia de aquí y de allí. Por esto, viajamos a Ecuador para conocer bien la realidad. Hicimos todo el recorrido de Cristian desde su país hasta España. Queríamos mostrar las dos caras de la moneda: lo doloroso que es dejarlo todo y lo precaria que es la situación en el país natal. Pero por otro lado, las oportunidades y posibilidades que puede ofrecer Europa: escolarización, sanidad, prestaciones, etc. Cualquier persona elegiría emigrar para mejorar su vida y la de sus hijos.

El nombre del documental delata las intenciones de dirigirse a un público joven.
Nuestra intención es conseguir que los adolescentes, que tienen la opinión más virgen, reflexionen en torno a la inmigración y creen su propia opinión. A un adulto es más difícil hacerle ver que ese juicio que emite no se ajusta a la realidad. De nuestras visitas a los institutos para mostrar el documental hemos aprendido que las voces intolerantes son la minoría, aunque son las más formadas y las que más se escuchan. Todo el documental tiene una estética muy joven, desde los graffiti, a la música hip-hop, Cristian como protagonista, etc.

¿Con qué problemas se enfrenta Cristian durante todo su viaje?
Muchas veces no nos detenemos a reflexionar sobre el drama que supone un viaje como el de la inmigración. Para Cristina, llegar a España es doloroso porque ha dejado atrás a parte de su familia, amigos y a su novia. Aquí se siente como en un extraño.

¿De qué manera es acogido?
Los españoles nos guiamos por tópicos: "vienen a sacarnos el trabajo", "son unos ladrones", etc. Generalizamos y luego estas difamaciones se escampan por la sociedad. La experiencia del documental puede ser muy útil para frenar esos prejuicios.

Y sobre la crisis financiera ¿de qué manera afecta a la inmigración?
La crisis es algo que no existía hace un año cuando comenzamos a grabar el documental. Cristian no deja de repetir que España tiene muy buena economía y que abunda la oportunidad de conseguir un trabajo. Ahora, cuando vemos el documental, pensamos que las cosas han cambiado muy rápido en muy poco tiempo. La crisis hace que muchos inmigrantes se planteen volver pero también que muchos españoles se sientan porque les vayan a quitar sus trabajos.

¿Ha habido una mayor acogida a la ley de retorno?

Precisamente nuestro próximo documental quiere centrarse en hablar de este hecho, también muy doloroso por la sensación de fracaso. Muchas familias vinieron hace 7 o 10 años buscando un futuro profesional y ahora que la situación económica ha cambiado, se plantean regresar. Vemos continuamente familias que vuelven.

Hábleme de la Asociación Santa Bárbara de Onda.
Nos constituimos en 2001 con el objetivo de tomar conciencia de las difíciles condiciones de vida que sufren muchas comunidades indígenas. Nos interesa ayudar a colectivos con menos posibilidades como los niños o las mujeres. Durante este periodo hemos visto como en España ha ido surgiendo esta nueva realidad de la inmigración y, poco a poco, nos hemos ido dedicando también a la sensibilización en torno a este fenómeno.

12/02/09

Pateras de La2 de TVE

Reportaje Ida y Vuelta: Pateras de La2 de TVE en la que trata el tema de la inmigración en España, con la canción Resistiré del duo dinámico

Bolivianos y argentinos, los que más regresaron a sus países

Bolivianos (516) y argentinos (313) fueron las nacionalidades más representativas entre los inmigrantes en España que más regresaron a sus países de origen a través del plan de retorno voluntario durante el 2008.

Más de 1.800 inmigrantes se acogieron al plan, financiado por la Secretaria de Estado de Inmigración, que funciona desde hace poco más de seis años. Dicha cifra, representa un aumento del 54% respecto del 2007.

Después de bolivianos y argentinos, fueron los brasileños (232), hondureños (96), ecuatorianos (72) y uruguayos (71) los latinoamericanos que decidieron regresar a sus países.

El programa de retorno asistido incluye, además de los tiquetes de avión, una ayuda de viaje de 50 euros por cada miembro de la familia, y una ayuda adicional para la reintegración en su país que puede llegar a los 400 euros por adulto y 150 euros por menor.

Algunos extranjeros se van y otros españoles vuelven

Para muchos extranjeros, la falta de empleo les ha llevado a vender todo lo que tienen en España y acogerse al plan de retorno voluntario ofrecido por el gobierno. La cifra de inmigrantes que han solicitado acogerse al retorno voluntario ha crecido a 2.213. La mayoría de los solicitantes (mas de la mitad) son ecuatoriano. Colombianos y argentinos son los otros grupos que más solicitudes han realizado.

Según los datos señalados por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la cifra de solicitudes se ha duplicado en solo un mes.

Frente al retorno voluntario de extranjeros a su país de origen, está el regreso de españoles a su tierra después de también vivir temporadas largas o cortas en el extranjero.

Según la Oficina Española del Retorno, integrada en la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, se ha recibido más de 500 fichas informativas de españoles que tienen la intención de vivir nuevamente en su país y se han registrado más de 2 mil consultas hasta el pasado mes de diciembre.

En el año 2008 regresaron a España un total de 40.035 españoles residentes en el exterior , mientras que en 2007 esta cifra se ubicó en 35.129 españoles, la mayoría con la intención de regresar a Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias.

Desde Argentina ha regresado la mayor cantidad de españoles. Seguidos de los españoles residentes en Brasil, Venezuela, Suiza, Francia y Holanda. Un gran número de ellos desean iniciar/continuar estudios o buscar un empleo en España, justamente cuando el país cuenta con un 47,12% más de desempleados que hace un año.

Corbacho dice que España no está "en condiciones" de acoger más inmigración

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró hoy que España no está "en condiciones de absorber más inmigración" debido a la actual situación del mercado laboral, aunque matizó que otros sectores con "déficit profesional" sí podrían necesitar trabajadores "cualificados".

En una entrevista en el periódico 'Público', Corbacho advirtió de que el mercado laboral podría "deteriorarse" en caso de producirse una "sobrecarga de población activa". No obstante, estimó que la inmigración en España tenderá en los próximos años a "estabilizarse o, incluso, reducirse".

Peticiones de retorno

Corbacho indicó que las previsiones del Gobierno respecto a la acogida de inmigrantes del Plan de Retorno Voluntario -cerca de 87.000 personas- aumentarán debido a la crisis económica. Así, afirmó que la cifra de peticiones de retorno, al que se acogieron 1.400 inmigrantes en los dos primeros meses, superarán finalmente las 100.000 personas.

Inmigración irregular

Por último, resaltó un "mayor compromiso" del resto de comunidades autónomas respecto a las Islas Canarias tras su reciente petición de solidaridad con el archipiélago. En este sentido, recordó que la inmigración irregular en las islas ha bajado en 2008 respecto al año anterior.

05/02/09

Se disparan las multas a los empresarios por abuso laboral a inmigrantes

Las empresas y familias declaradas en quiebra se triplican en un año... y que hace el Gobierno...?

02/02/09

Huelva requiere 35.000 inmigrantes para sacar adelante las campañas agrícolas

AGENCIAS. 02.02.2009
Huelva requiere 35.000 inmigrantes para sacar adelante las campañas agrícolas

* A pesar del desempleo, se sigue necesitando mano de obra foránea.
* Muchos de los trabajadores que vienen a España no regresan a su país.
* CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE HUELVA


La provincia de Huelva precisará contratar más de 35.000 inmigrantes en origen, que procederán principalmente de Marruecos y de los países del Este, para poder "sacar adelante" las campañas agrícolas, dado que con la mano de obra autóctona no puede hacerlo.

Así lo ha indicado hoy la directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Rocío Palacios, quien ha subrayado que, a pesar de la crisis y del crecimiento general del desempleo, las provincias andaluzas siguen necesitando la mano de obra inmigrante. Sobre la posible vuelta de estos trabajadores a su países de origen por las dificultades económicas españolas, ha dicho que no espera que el retorno sea importante porque la situación se está padeciendo a nivel global.
Los británicos son la comunidad más extendida en Andalucía

En este sentido, ha comentado que el Plan de Ayuda al Retorno Voluntario impulsado por el Gobierno central no está siendo utilizado "como se pensó en un principio" porque estas personas "han echado raíces" en España.

Además, la directora general ha ofrecido datos sobre la población inmigrante en Andalucía, de la que no se puede establecer un perfil definido -ha dicho- y supone un 7,60 del censo con 623.453 personas según el padrón de enero de 2008. Los británicos son la comunidad más extendida en la región, con más de 100.000 ciudadanos empadronados, seguidos de los marroquíes, con más de 94.000; los rumanos, con más de 79.600; los argentinos, con más 26.000; y los alemanes, con más de 24.000.
 

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