Participa en nuestro Blogroll

Si quieres formar parte de nuestro Blogroll, envíanos por correo el nombre de tu blog y la dirección web, y en breve te incluiremos en nuestra lista... Blogroll pincha Aquí
¡Participa en nuestro grupo en Facebook...!

31/03/09

El Congreso apoya ampliar el cheque-bebé a las madres inmigrantes con residencia legal

EFE.

El pleno del Congreso han coincidido este martes en la necesidad de extender el 'cheque-bebé' a las madres extranjeras que lleven menos de dos años en España y ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para modificar la Ley que regula estas deducciones por nacimiento o adopción en el IRPF.

Entre las condiciones que la Ley establece para percibir los 2.500 euros destaca la de que la madre extranjera debe llevar al menos dos años residiendo en España, condición que no aplica si el extranjero es el padre del bebé.

Tal y como está planteada, la ayuda "no es un cheque-bebé, sino un cheque a la madre"

Las parejas homosexuales no tienen este problema dado que pueden elegir cuál de los dos miembros será el receptor de la ayuda. "Esta discriminación no es de recibo", ha subrayado la diputada del PP Lourdes Méndez, quien ha apuntado que hay unas 30.000 familias afectadas cuyo caso se agrava dado que la creación del cheque-bebé ha supuesto la "desaparición de la casi totalidad de las ayudas a familias".

Como ha explicado la diputada de Nafarroa-Bai, Uxue Barrios, tal y como está planteada, la ayuda "no es un cheque-bebé, sino un cheque a la madre" que debe ser española o llevar más de dos años para poder beneficiarse.

Un carácter progresivo
Tras expresar su decisión de apoyar la moción, la mayoría de los grupos también ha coincidido en la necesidad de modificar el alcance de una ayuda que actualmente se concede de manera lineal y al margen del nivel de renta, cuando debería tener un carácter progresivo. "No es posible que reciban la misma ayuda Botín y su jardinero", ha argumentado en nombre del PNV Pedro Azpiazu, quien también ha hecho hincapié en que la norma es "claramente discriminatoria en contra de las parejas heterosexuales" que no pueden escoger cuál de los dos será receptor de la ayuda.

No es posible que reciban la misma ayuda Botín y su jardinero

También el diputado de ICV, Joan Herrera, ha coincidido en la necesidad de que "se acabe con una situación insólita, injusta y que no tiene sentido alguno".

Antes de anunciar su apoyo a la moción de toma en consideración de la propuesta de ley defendida por el PP, la diputada socialista María Soledad Pérez ha criticado "el absoluto cinismo, desfachatez y mucha caradura" de los populares, que ni votaron la Ley en 2007 ni señalaron el carácter discriminatorio de la misma.

El Gobierno ZP estudia ampliar la retención de inmigrantes hasta los 18 meses

(PL).- El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería permite encerrar a los inmigrantes hasta 18 meses en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) a la espera de su expulsión de España. Este plazo sobrepasa con creces la ampliación de 40 a 60 días que anunció el Gobierno el pasado 19 de diciembre.

Un grupo de juristas ha detectado tres grandes agujeros en el texto que baraja el Ejecutivo que lo permiten. Fuentes del Ministerio del Interior (el organismo del que depende la gestión de los CIE) reconocen que se trata de un "error" y que, si los órganos consultivos y el Gobierno lo creen oportuno, lo rectificarán antes de enviar el documento a las Cortes para su aprobación definitiva.

El Grupo Inmigración y Sistema Penal, autor del informe El Internamiento de Extranjeros en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería, que hará público la próxima semana, está formado por jueces, letrados y fiscales de la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, audiencias provinciales, abogados y catedráticos.

Según denuncia el informe, el artículo 62 de la nueva ley aumenta el internamiento de 40 a 60 días con carácter general, pero permite la suspensión de este plazo en tres posibles supuestos: durante la tramitación y resolución de procedimientos de asilo y habeas corpus, en caso de enfermedad del extranjero o "por causas no imputables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España".

Así, los extranjeros indocumentados, apátridas o ciudadanos de países que no reconocen o no admiten la repatriación de sus nacionales (como ocurre en algunos Estados africanos que carecen de registro civil) podrían continuar internados en el centro una vez vencidos los 60 días iniciales.

La directiva de la vergüenza

"El límite serían los 18 meses que marca la Directiva de Retorno que la UE estableció en 2008", denuncia Margarita Martínez Escamilla, una de las autoras del informe y catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. "Nuestro objetivo es que el anteproyecto no prospere en estas condiciones", añade.

La izquierda europea, las asociaciones de inmigrantes y las ONG bautizaron la norma europea como la directiva de la vergüenza, al considerar abusivo el internamiento de un año y medio. Dos diputados socialistas, Raimon Obiols y Josep Borrell, rompieron la disciplina de su partido y votaron en contra. Un tercero, Martí Grau, se abstuvo.

Recorte de derechos

Desde que España apoyó la directiva, el Gobierno ha reiterado que no se alcanzarán estos internamientos tan largos en el país. Tanto esta norma como la nueva Ley de Extranjería se presentaron como iniciativas "garantistas", que no supondrían un recorte en los derechos de los inmigrantes.

"La ausencia de documentación sólo es una falta administrativa [al igual que aparcar un vehículo en doble fila o no pagar un impuesto] y privar de libertad a un inmigrante por ello es una respuesta totalmente desproporcionada, que como Estado de Derecho nos deslegitima y que como sociedad debería avergonzarnos", critica Martínez Escamilla.

El informe de los juristas reivindica también al Gobierno que no amplíe el plazo de internamiento de extranjeros a 60 días. Además, pide que aproveche la reforma para mejorar las condiciones de encierro y "reconsidere la legitimidad de privar de libertad a una persona" con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.

De hecho, consideran que lo aconsejable sería reducir el internamiento a 10 días (ampliable otros 10 más, si un juez lo cree oportuno) y ordenarlo sólo si la ejecución de la expulsión está ya acordada. Jurídicamente, es una medida para asegurar que se cumpla la sanción, que en ocasiones es una simple multa. Los juristas consideran ilegítimo el encierro en los CIE actuales, donde "existen menos garantías para los internos que en las cárceles", apunta la catedrática.

Sin mejoras en las condiciones

Respecto a la mejora de las condiciones de internamiento que llevan varios años denunciando ONG, asociaciones de inmigrantes y el Defensor del Pueblo, el Gobierno no ha anunciado cambios significativos en el anteproyecto.

Durante el tiempo que el inmigrante está retenido, los juristas denuncian que no se garantiza un auténtico control judicial, que la custodia la ejercen funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía sin formación específica (a diferencia de los centros penitenciarios, donde trabajan funcionarios civiles especializados) y que no está suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de los centros.

"La situación actual es muy grave, según indican las denuncias por malas condiciones, abusos y críticos informes de acreditadas organizaciones e instituciones", añade Martínez Escamilla. No obstante, el informe no se centra en las posibles faltas de los trabajadores, sino en el punto de vista jurídico, "que potencia o facilita la arbitrariedad o el abuso, al no establecer la normativa las necesarias garantías e instrumentos de control", critica la catedrática.

"Son los agujeros negros del Estado de Derecho, donde no puede entrar la prensa y para las ONG es prácticamente imposible", añade.

30/03/09

Unos 50 detenidos en una operación contra el tráfico de personas en Barcelona

EFE. 30.03.2009

La Policía Nacional desarrolla desde primeras horas de este lunes una operación contra el tráfico de personas, al parecer de origen chino, en Barcelona, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona han informado de que en el marco de esta operación se están realizando varios registros domiciliarios, uno de ellos en la calle Saturno de Badalona.

Las mismas fuentes han indicado que los agentes han detenido, al menos, medio centenar de personas, a las que se acusaría de traficar con personas de origen chino y también de inmigración ilegal, entre otros delitos.

Máis de 6.000 firmas contra a reforma da lei de Estranxeiría

Esta plataforma, impulsora do manifesto ao que se uniron personalidades do mundo da cultura, xuristas, relixiosos, expertos en Estranxeiría, ONG's e particulares, pide a retirada do artigo 53 do borrador, presentado polo Goberno que considera infracción grave (con unha multa de 501 a 10.000 euros) promover a estancia irregular dun inmigrante, entendendo que isto sucede cando o estranxeiro depende economicamente do infractor.

O portavoz de 'Salvemos a Hospitalidade', o sacerdote, José Luis Segovia, cualificou de "auténtica barbaridade sancionar a persoas ou institucións que dan cobertura a persoas que se atopan en España en situación de irregularidade", ademais de "quebrar o deber de coidade e de comportarse fraternalmente recollido na Declaración Universal de Dereitos Humanos".

O manifesto destaca que se se aproba a lei nestes términos as "ONG, congregacións relixiosas e cidadáns que exercen o deber de acollida e solidariedade verían perseguida a súa actuación". Outro dos puntos polémicos do borrador da lei é que contempla a posibilidade de expulsión de inmigrantes en situación legal se acollen a estranxeiros irregulares.

FUENTE: ANOSATERRA DIARIO

Los inmigrantes rechazan el plan de retorno voluntario y optan por capear la crisis en Navarra

"Van a seguir adelante porque si aquí están mal, en sus países de origen la situación es peor. Es gente acostumbrada a situaciones de dificultad, precariedad, exclusión económica, residencial, política, y capacidad de flexibilidad", sentencia Eduardo Jiménez, de Anafe. En tiempos de ajuste económico, los inmigrantes aprovechan para formarse a través de entidades sociales y sindicales, centros de inserción y servicio público de empleo. "Llegaron a España en circunstancias difíciles como falsos turistas, aguantaron tres años para obtener el arraigo y el permiso de residencia, han trabajado en la economía sumergida, y han sido explotados por gente sin escrúpulos, se han adaptado a todo para enviar dinero a sus países", explica. No darán un paso atrás tan fácilmente.

Las cifras así lo demuestran. Apenas una treintena de extranjeros se han acogido a los planes estatales de retorno voluntario en toda Navarra entre los apenas 2.200 que han regresado por esta vía en el conjunto del país. La medida, que se aprobó en octubre del año pasado, permite capitalizar el desempleo y cobrar el 40% antes de regresar y el 60% en su país con el compromiso de no retornar en tres años, y sólo afecta a algunos países. "Era una manera de fomentar el desarrollo en esos país, de empezar de nuevo con unos recursos, pero no ha dado resultado", admite Jiménez. En Navarra han entrado entre 6.000 y 8.000 inmigrantes al año, ahora llegan muchos menos, pero también hay que tener en cuenta que muchos extranjeros eligen instalarse en su primera parada en grandes ciudades pero luego se reparten por otras comunidades y aquí la caída del empleo es menor.

La otra alternativa es el retorno humanitario donde el Estado paga el billete y el viaje. María Ezkurra, responsable de programa de atención a inmigrantes de Cruz Roja, afirma que apenas ocho personas se han marchado de Navarra a lo largo de este trimestre mientras que el año pasado fueron unos 40. "Es verdad que hemos recibido más peticiones de información, 190 en lo que va de año, pero no es un recurso mayoritario ni lo va a ser, regresar significa un fracaso mayor", admite.

Para Nadia Zakharova, del centro de la UGT, todavía es "pronto" para evaluar qué va a ocurrir, pero la "percepción es que no va a acogerse mucha gente". "Aunque la gente demanda información, a su vez aumenta el número de extranjeros que se interesan por programas de orientación sociolaboral, de lo que se deduce que están pensando más en quedarse y buscar otro trabajo", señala. Antes eran mujeres de escasa cualificación las que recurrían a estos servicios y ahora son hombres con formación que pretenden "reciclarse". "Si la gente tiene paro aguanta, se apunta al Inem y espera, mientras que aquel que no tiene derecho a desempleo es el que peor se encuentra por lo que tampoco decide irse ahora. Además, muchos inmigrantes apenas han cotizado unos meses por la precariedad y rotación de los trabajos. A ninguno le interesa volver", resume. Sin olvidar que para poder retornar en esas condiciones, además, hace falta estar en situación de legalidad.

"El ajuste económico es muy fuerte y mes a mes las cifras de parados van aumentando", precisa Jiménez. "A diferencia de los autóctonos, los trabajos son más precarios, hay mayor temporalidad y han cotizado menos, por lo que su cobertura social no supera cuatro o siete meses en muchos casos", indica.

20,47% de parados Navarra cuenta con 7.650 extranjeros parados, el 20,47% del total de desempleados según datos del SNE. Juan Ramón Ibáñez, de CCOO, destaca que la pérdida de empleo lleva aparejado en muchos casos la no renovación de permisos de residencia. Su evolución es la siguiente: de cobrar el desempleo para los que han cotizado pasan a recibir el subsidio y de ahí pueden acceder a la renta básica en último extremo. Las mujeres además resultan invisibles a muchos cómputos laborales ya que, en este momento, encuentran dificultades para insertarse en empleos como cuidadoras pero siguen cotizando a la Seguridad Social por el régimen general para "mantener" en muchos casos su permiso de residencia. La situación es muy diferente -y depende de países- para el inmigrante que lleva cinco años y tiene permiso de residencia permanente, que el que acaba de llegar o al que le han renovado los papeles inicialmente para un año. "Cada vez son menos colectivo porque la fragmentación es tremenda", admite. "La irregularidad entre los bolivianos que llegaron los últimos será del 40%". Los inmigrantes que están cobrando desempleo pueden renovar su residencia, incluso percibiendo la renta básica, pero los que no hayan cotizado seis meses en los últimos doce "pueden tener dificultades y son miles", añade.
Diariodenoticias

Sigue en declive envío de remesas a Latinoamérica: Western Union

La gente sigue enviando remesas, pero ahora el monto es menor y a veces más espaciado reconoce el director para América Latina de relaciones corporativas de Western Union

Miami, (Notimex).- La crisis económica mundial ha provocado que se estén reduciendo las cantidades de dinero que los inmigrantes envían a sus familiares en América Latina y el Caribe, de acuerdo con la empresa mundial de transferencias de dinero Western Union.

La gente sigue enviando remesas, pero ahora el monto es menor y a veces más espaciado, reconoce Raúl Duanny, director para América Latina de relaciones corporativas de Western Union, la mayor empresa de transferencias de dinero del mundo.

"Las personas en vez de enviar 200 dólares envían 150 y en vez de enviar todas las semanas envían dos veces al mes", dijo a Notimex Duanny, cuyas oficinas se encuentran en el sur de Florida.

Duanny no ofreció datos actualizados, pero en enero la compañía reportó una caída en sus ganancias del cuarto trimestre de 2008 para las Américas, que representa un tercio de sus ingresos globales, de 5.0 por ciento comparado con el mismo período del año previo.

El informe indicó que los resultados se vieron impactados por la recesión de la economía estadunidense.

Uno de sus mercados más importantes, el de México, que representa un 7.0 por ciento del negocio mundial de sus envíos de dinero, declinó 10 por ciento en ingresos y 3.0 por ciento en transacciones en el último cuarto del año pasado, según esos datos.

"Las remesas se han desacelerado en cuanto al crecimiento que estábamos experimentando año con año el cual no es el mismo que habíamos sostenido en los últimos cinco o diez años", explicó Duanny.

Duanny confía en que el negocio de la compañía se mantenga y no tenga que trabajar con "números rojos" gracias a la diversificación que tiene la compañía en otros mercados, como por ejemplo, Europa y Asia.

Pero la situación de las remesas podría empeorar, pues un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronostica un pronunciado desplome en la llegada de remesas a países latinoamericanos, luego de una década de crecimiento.

Según datos preliminares, en enero de este año algunos países tuvieron caídas de hasta 13 por ciento en la recepción de remesas, con respecto al mismo mes de 2008.

Con esto, según el BID, la situación se puede volver crítica en América Central y el Caribe, donde hay países donde las remesas representan hasta 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto aunado a que debido a la crisis la inversión foránea así como ganancias por exportaciones y turismo serán menores.

América Latina recibió 69 mil 200 millones de dólares en remesas enviadas principalmente desde Estados Unidos, España y Japón en 2008. México recibió 25 mil 145 millones de dólares y Brasil fue el segundo con siete mil 200 millones, según los datos del BID.
elporvenir.com

Retorno forzado

Los inmigrantes representan el colectivo más afectado por la crisis. Familias rotas porque no llegan a fin de mes, que se aferran a la esperanza de que el mercado laboral dé un vuelco y puedan recuperar la estabilidad y la calidad de vida que consiguieron al emigrar a España. Pero esta solución no llega. De hecho, el retorno masivo de ciudadanos rumanos se comprueba pasando una tarde en la estación de autobuses. Sólo este domingo partieron tres autocares destino a Targoviste. No pueden más y prefieren capear la crisis junto a los suyos. También son significativos los datos del Ministerio de Trabajo sobre las contrataciones a través de contingentes, la posibilidad del retorno voluntario o la reagrupación familiar.

De hecho, los expedientes de reagrupación han registrado un descenso significativo, casi del 50%. En 2007 se firmaron un total de 2.730 expedientes frente a los 1.483 de 2008. Pero la situación no mejorará este año, al contrario, se restringirá aún más al anunciar el Gobierno un anteproyecto de la Ley de Extranjería que endurecerá la norma sobre la reagrupación familiar. Las cifras de extranjeros contratados en su país de origen para trabajar en la provincia, lo que se conoce como contingente, también han bajado, sobre todo, los contratos de temporada. En total en 2007 se concertaron 19 contratos estables y 282 de temporada frente a los 56 estables y 132 de temporada del año pasado.

Por otro lado, el plan de retorno voluntario para extranjeros desempleados no comunitarios, que permite al beneficiado recibir la cuantía del paro en dos pagos, uno de ellos anticipado, no ha terminado de cuajar. O más bien, se está iniciando ahora. En Castellón, desde el pasado 12 de noviembre lo han solicitado 73 personas, de las que hasta el día 10 de marzo se habían resuelto positivamente 59 expedientes, quedando por resolver 14.

Informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2008”

www.apdha.org

20 años de muerte en las fronteras
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene realizando un seguimiento detallado desde el año 1997 de la evolución de los flujos migratorios que desde África se dirigen hacia España, las políticas que pretender afrontarlos y que obligan a una creciente clandestinización de los mismos al tiempo que provocan graves violaciones de los derechos humanos.
Desde que hace más de veinte años, el 1 de noviembre de 1988, aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, casi 21.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Es una estimación ajustada que hacemos desde la APDHA y que muestra con claridad la tragedia colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea y de España.

La imposible inmigración legal y ordenada
A lo largo de estos años se ha venido insistiendo desde la unión Europea en que se está a favor de una “migración legal y ordenada” frente a la “inmigración ilegal” y descontrolada.
¿Se puede emigrar de forma legal y ordenada? Es decir, ¿puede un joven africano emigrar a España de la forma legal que auspician los mandatarios europeos?
La respuesta es rotundamente negativa. A los datos nos remitimos: del incremento de casi medio millón (494.485) de extranjeros en España durante 2008, tan sólo 8.749 (un 1,8%) personas proceden del África Subsahariana. No es casual, se trata de una opción consciente y deliberada.
Como detallamos en este informe, es imposible emigrar “legalmente” a España. Por un lado el contingente ha resultado un fracaso como sistema de gestión de flujos lo que se ha venido a reconocer limitándolo prácticamente a cero. Pero a ello hay que sumar los obstáculos y restricciones de todo tipo para la reagrupación familiar. Y, sobre todo, el muro infranqueable de la normativa y muy particularmente de la red consular española, punta de lanza del sistema de bloqueo a las personas que desean emigrar legalmente.
La insistencia que desde gobierno, oposición y algunos sectores se hace en ese mito de la “inmigración legal y ordenada” esconde, en el fondo, un verdadero rechazo de la necesidad de afrontar la realidad de los flujos migratorios y las desigualdades económico-sociales entre Europa y África de una forma seria y certera.
Esconde también una visión extremadamente utilitarista de las migraciones: permitir que vengan tan sólo aquellas personas necesarias para nuestra economía. Es la inmigración “deseada”, frente a la inmigración “sufrida”, de la que habla el gobierno francés y practica el gobierno español y que oculta una carga ideológica que concibe a las personas desde su “utilidad” y no desde su dignidad y derechos.
Pero sobre todo este mito condena a miles de personas que se ven obligadas a emigrar, que emigran casi de forma forzada, a hacerlo clandestinamente. Por eso hablamos de migraciones clandestinizadas en el informe.
La lucha contra la “inmigración ilegal” se ha convertido así en el norte inspirador de todas las políticas de la Unión Europea y de España. Como explicó Zapatero en la última campaña electoral, la lucha contra esta inmigración, para nosotros obligada a circular clandestinamente, es el eje de las políticas migratorias de nuestro gobierno. Pese a quien pese, y por encima de cualesquiera otras consideraciones.
Se trata, Zapatero dixit, de que no salgan, si logran salir que sean interceptados y en caso de que logren llegar que sean expulsados lo antes posible.
Fruto de esa política durante el año 2008 se han incrementado los medios para el control de las migraciones, se generaliza el uso de la detención y el encierro de migrantes como forma de gestión de las mismas y se han consolidado las políticas de externalización, una de cuyas mejores expresiones es el Plan África.

El Plan África y la externalización
Tras su puesta en marcha durante el año 2006 y su renovación para el período 2009-2012, no podemos sino hacer una evaluación extremadamente negativa de dicho Plan África y sus consecuencias.
Pese a que se presenta bajo un ropaje que pretende ser expresión de la “vocación solidaria de la sociedad española”, el Plan África no ha tenido resultados concretos en términos de beneficio para las sociedades africanas.
Y ello no podía ser de otra manera en la medida en que el Plan África evidencia la prioridad de los objetivos de política exterior españoles sobre el interés solidario por el desarrollo del continente africano. El Plan África se puso en marcha principalmente para favorecer los intereses comerciales y económicos españoles en el continente, para dar cobertura a una política migratoria dirigida al control de los flujos migratorios y supeditando una supuesta agenda de democratización y pacificación de los países africanos a los objetivos de seguridad de España.
El Plan África, de esta forma, es un marco más del desarrollo e impulso a las políticas de externalización, cuyo objetivo principal no es sino desplazar hacia el Sur el control de fronteras, convirtiendo a países terceros, bien de tránsito, bien de origen de las migraciones, en verdaderos gendarmes de la Unión Europea.
En el informe se hace un amplio análisis de las relaciones libio-italianas para el control de migraciones como un espejo en el que nuestro país no debiera mirarse, pero que es un camino de externalización que ya se está lamentablemente recorriendo en España.
También con gravísimas consecuencias para los derechos humanos. Nos detenemos particularmente en dos zonas en las que nuestra Asociación durante el 2008 ha podido conocer sobre el terreno las consecuencias de estas políticas de externalización de España confiadas a Estados en los que los derechos humanos no llegan siquiera al nivel de la retórica.

Marruecos: estatuto de asociación avanzado a cambio de represión sobre las migraciones
El 13 de octubre de 2008 el Consejo de Luxemburgo aprobaba un estatuto de asociación avanzado entre la Unión Europea y Marruecos, lo que significa que este país pasará a disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales con la Unión, y tendrá acceso a determinados programas comunitarios. A cambio sin duda de una importante colaboración entre otras cuestiones en el control de las migraciones. Durante el año 2008, ha cumplido fielmente con su papel de gendarme europeo y ha ejercido la represión con empeño, también sobre sus nacionales que intentaron emigrar, pero especialmente sobre los inmigrantes subsaharianos en tránsito.
Hemos destacado como muestra las continuas redadas de inmigrantes subsaharianos que son deportados a la frontera argelina, en la zona de Oujda. Oujda, última ciudad marroquí al noreste del país, en la frontera con Argelia cerrada y militarizada desde 1995, es puerta de entrada en Marruecos de los inmigrantes que suben del desierto, y lugar de expulsión para la inmensa mayoría de los arrestados a lo largo de país. Allí la situación puede considerarse siempre de emergencia y las condiciones de las personas allí deportadas verdaderamente deplorables, en ocasiones infrahumanas para personas que sufren acoso y abuso de todo tipo por parte de las fuerzas policiales marroquíes.
También hemos destacado el hundimiento intencionado en las costas de Alhucemas en la noche del 28 de abril de una zodiac cargada de inmigrantes que fue pinchada por las fuerzas del orden marroquíes, provocando 36 muertos.
En agosto, 73 migrantes de Ghana, Burkina Faso y Sudán partieron en cayuco desde Nuadibú, Mauritania, rumbo a Canarias. Tras quince días a la deriva, en los que murieron 33 de ellos, las autoridades marroquíes los interceptaron en algún punto entre Marruecos y Sahara Occidental. Los 40 supervivientes fueron encarcelados una semana, tiempo durante el cual se les dio comida y agua, pero no se les suministraron medicamentos. Un grupo de 20 de ellos fueron abandonados en zona desértica y minada entre el Sahara Occidental y Mauritania, indicándoles con el dedo la dirección hacia Nuadibú.
De nuevo y de forma detenida analizamos la evolución en las fronteras de Ceuta y Melilla en las que continúan, como se detalla en el informe, las violaciones de derechos humanos y la muerte de personas.

Las violaciones de derechos humanos en la frontera mauritano-maliense
En un extenso análisis redactado a raíz de la misión sobre el terreno desarrollada por la APDHA en la frontera mauritano-maliense.
Desde que Mauritania se ha convertido en un punto de partida hacia España, las ciudades fronterizas de Nioro du Sahel y de Gogui en Malí se han transformado, al igual que Kidal y Tinzaouatine en la frontera argelina, en la puerta de entrada (candidatos a la emigración) y de salida (rechazados en frontera) de todos aquellos que sueñan con Europa y con una vida mejor.
Fruto de las presiones europeas para el control de fronteras dentro de la política de externalización, en esta zona se están produciendo graves violaciones silenciadas y desconocidas sobre los derechos humanos, como se ha podido recoger en la misión citada.
Se trata de que los nacionales del África subsahariana son detenidos arbitrariamente en la frontera Mauritania, sin control judicial ni asistencia jurídica, siendo a menudo desvalijados, sometidos a todo tipo de violencia policial y rechazados en la frontera maliense de forma colectiva. También numerosos migrantes detenidos en las costas mauritanos son llevados al Centro de detención de Nouabidú, donde el maltrato y las palizas son extraordinariamente frecuentes, y luego deportados a la frontera maliense en condiciones inhumanas.
Son expulsados por la frontera maliense en minibús en condiciones inhumanas y degradantes, sin que se les haya notificado esta medida de alejamiento, sin haber podido recurrirla y sin que las autoridades mauritanas hayan informado a sus homólogos malienses.
El trayecto Nuadibú-Gogui dura entre 3 y 4 días, durante los cuales unas 22 personas escoltadas por la policía mauritana permanecen encerradas en un mini-bus, sin descansos previstos para dormir, con una sola parada al día para descender del vehículo y recibiendo como comida una botella de agua, pan y, con suerte, galletas y/o sardinas.
Lamentablemente al llegar a la frontera maliense, no existe ningún sistema mínimo de acogida o de apoyo humanitario, ni en Nioro ni en Gogui. Debido a la ausencia de medidas efectivas para garantizar la acogida, protección y el seguimiento de los rechazados en fronteras, las autoridades locales abandonan literalmente a estas personas, dejándolas en la más absoluta de las precariedades y con un intenso trauma psicológico debido al fracaso de su proyecto migratorio.
Así pues, una vez en la frontera maliense en unas condiciones físicas y económicas peores que las de antes de su partida y sin haber cumplido con las expectativas suscitadas por su proyecto migratorio, la mayoría de los expulsados deciden no realizar el « viaje de la vergüenza », que consistiría en regresar a casa con las manos vacías y sin poder reembolsar la inversión realizada por la comunidad. Por ello lo vuelven a intentar una y otra vez. Hay personas que ya acumulan cinco intentos.
Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes recae en buen medida sobre España y la U.E., que delegan el control de sus fronteras externas a terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados por éstos para llevar sus órdenes a cabo en el más absoluto desprecio a sus compromisos internacionales, al igual que sobre aquellos terceros países que ejercen de guarda-fronteras.
Sobre el terreno, en este caso, en la frontera mauritano-maliense, se demuestra una vez mas que las políticas migratorias represivas, destinadas a “luchar contra la inmigración ilegal” son ineficaces y crueles, ya que no sólo no evitan  las migraciones al no resolver los motivos de partida, sino que bloquean las migraciones circulares y favorecen las violaciones de los derechos humanos contribuyendo al aumento del sufrimiento de los migrantes y del negocio de las rutas migratorias clandestinas.

Las políticas de represión sobre los flujos migratorios, en entredicho
En efecto esa es la conclusión que puede establecer del análisis sobre la evolución del control de flujos y sobre las víctimas “colaterales” que su aplicación provoca.
Como cada año el Ministerio del Interior, vuelve a hacer un balance triunfalista de la evolución de las detenciones y particularmente de la interpretación que se da a las mismas. De hecho se plantea que las 14. 635 detenciones efectuadas en 2008 suponen una disminución de un 25% respecto al 2007. En efecto, Rubalcaba celebraba que ya nos encontrábamos en una situación comparable a la de 2002.
Nada más lejos de la realidad. Sea de forma consciente o inconsciente los datos reflejan por el contrario incluso un incremento de intentos constatados de entrar en nuestro país durante el año 2008: Hemos pasado de 31.610 personas detenidas en el conjunto de las zonas (Canarias, Península, Baleares, Ceuta y Melilla y en las Costas Africanas) durante el año 2007, a las 35.642 detenidas durante el año 2008, según los datos que ha podido determinar la APDHA.
Las conclusiones están a la vista: salvando el pico excepcional del año 2006, lo cierto es que se mantienen los flujos migratorios hacia España desde África a niveles similares a los de hace una década, e incluso este año se han incrementado respecto a 2007. Sólo que efectivamente y de forma paulatina se ha conseguido desplazar buena parte del control de las migraciones hacia el sur y se ha logrado la colaboración de los países de partida de las embarcaciones que han aceptado su rol de policías de las fronteras de la Unión Europea, convirtiéndose en auténticos países tampón. Es la materialización de las políticas de externalización que se diseñaran ya en el lejano Consejo de la Unión celebrado en julio de 2002 en Sevilla y se concretaran en el Programa de La Haya de 2004.
Sólo que además, mirado desde una perspectiva europea, más amplia, las migraciones africanas hacia Europa no sólo no se han amortiguado sino que se han ampliado de forma considerable.
Unas cifras que demuestran como decíamos más arriba la ilusión de “migración legal y ordenada”. No sólo porque luego en la práctica y muy particularmente en lo que se refiere al África, esa migración “legal” es impedida por los propios mecanismos legales y administrativos como hemos dicho. Sino porque es obvio que el deseo de las personas de buscar una vida mejor, de labrarse un futuro distinto, de convertirse en protagonistas de su propia existencia, es imparable pese a los SIVES, los FRONTEX y la teórica e ilusoria impermeabilización de las fronteras.
Por otra parte, es preciso señalar de nuevo, la desproporción y el dislate de medios humanos y materiales empleados para impedir una migración que no llega ni al 2% del total de la inmigración recibida por España en 2008.

Los que quedaron en el intento. Las víctimas.
Naturalmente para nuestro gobierno, para los gobiernos de la UE, estas políticas de represión y control de flujos, son “políticas de estado”. Y sus consecuencias de violación de derechos humanos, no son sino “daños colaterales” inevitables que tenemos que asumir aunque se traten de mitigar.
Lo que no se mitiga es el sufrimiento y el dolor de los familiares de las centenares de víctimas de esta política. Lo que no es posible mitigar es la muerte de tantos inocentes, que han perdido la vida por atreverse a buscar un futuro con dignidad.
Durante 2008 la APDHA ha contrastado, como se documenta ampliamente en el informe, la muerte de 581 personas, de ellas 342 en el Mediterráneo frente a las 239 en el Atlántico.
Por primera vez en bastantes años el número de personas que han perdido la vida en el Mediterráneo ha superado  ampliamente a las que hemos podido detectar en el Atlántico.
En cuanto al origen de las personas muertas, más del 75% eran subsaharianas, siendo el resto del Norte de África o sin determinar.
Para la APDHA, teniendo en cuenta estos datos y el seguimiento que hacemos, no es nada exagerado estimar en 2.900 el número de personas que han podido perder la vida este año intentando llegar a nuestro país.

La necesidad de otro modelo de gestión de las migraciones
Como se puede constatar en el Informe, seguimos pensando que es imprescindible abordar el fenómeno de la gestión de los flujos migratorios desde otra óptica.
A partir de 1985, fecha en que entra en vigor la primera Ley de Extranjería (7/85) y particularmente a partir de 1991 con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de migraciones de España ha sido el intentar conseguir una “inmigración legal y ordenada”, desde una óptica exclusivamente utilitarista, lo que conllevaba una prioridad absoluta en la “lucha contra la inmigración ilegal”.
Para el desarrollo de este modelo, convertido ya en modelo de gestión para toda la Unión que cada vez más se intenta armonizar, se han realizado ingentes inversiones y se han desarrollado políticas  legislativas, de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización… siguiendo el modelo de la Europa Fortaleza. Desde el año 2006 esta política ha recibido un extraordinario impulso en España, con las consecuencias y los resultados señalados en el Informe.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, este modelo migratorio conlleva gravísimas violaciones de los mismos, provoca enormes sufrimientos para las personas que intentan ejercer el derecho a encontrar una vida más digna, incluso con el resultado de su muerte. Y condena a miles de inmigrantes “sin papeles” a la marginación y a la exclusión de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello una política inmoral e inhumana.
Esta política pone en cuestión todo el discurso universalista de los derechos humanos, rechazando el principio de igualdad y justificando la exclusión con razonamientos insostenibles acerca de la prioridad nacional, la seguridad y la lucha contra la delincuencia.
Pero, por otro lado, desde una óptica instrumental, este “modelo” migratorio no responde a la realidad, la cual niega y, por tanto, se muestra incapaz de gestionar el fenómeno migratorio.
Y es que es imposible abordar un fenómeno  de carácter social (éste como cualquier otro) mediante el recurso exclusivo a la represión y al control policial. Las migraciones son consustanciales a la humanidad, son un fenómeno estructural, que hoy hunde sus raíces en las profundas desigualdades del planeta. La política actual está condenada al fracaso, porque se asienta más en discursos ideológicos, demagógicos y xenófobos que en la propia realidad y en las necesidades sociales. Lo hemos dicho centenares de veces: la búsqueda de un futuro mejor no se pude cercenar con alambradas. Antes o después estas son desmanteladas por la propia vida.
Sin embargo, pese a esta evidencia, lo cierto es que es preciso poner sobre la mesa el debate. El actual “modelo migratorio” que se defiende desde España y la Unión Europea, está abocado al fracaso y además viola de forma grave los derechos humanos. Hay por tanto que empezar a reconsiderarlo, dejando de aceptarlo como un hecho dado, como una especie de tabú que no se puede cuestionar y que ha llegado a formar parte del pensamiento único.
Desde la APDHA no pretendemos ninguna fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar nuevos modelos de gestión que hagan del derecho a la movilidad la norma, y de sus limitaciones, excepciones especificadas, temporales, y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo único acorde con el cabal respeto a la misma.
Se trata en suma de la aplicación de otra política de asilo e inmigración en Europa, acogedora y respetuosa de la dignidad humana y de los derechos humanos.
El informe completo se podrá descargar de nuestra web
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=45
Andalucía, 26 de marzo de 2009

28/03/09

Mujeres e inmigrantes son los más castigados

Las mujeres y los inmigrantes son los sectores que más sufren en España las consecuencias de la depresión económica y financiera que castiga al mundo.

Las mujeres se ven afectadas sobre todo por las condiciones laborales que imponen las empresas y que son para muchas incompatibles con sus cargas de atención a las familias.
La población inmigrante, hombres o mujeres, soportan en gran medida el desempleo del sector informal de la economía, sobre todo en la construcción, y quienes no tienen papeles de residencia están impedidos de garantías como el subsidio por desempleo o la indemnización por despido improcedente.
Una investigación realizada por tres fundaciones apoyadas por el Ministerio de Educación concluye que el motivo principal por el que muchas mujeres no pueden ejercer una actividad remunerada es por no encontrar un empleo que les permita atender a sus familias.
La Unión Europea está estudiando una iniciativa legal que garantice un permiso por maternidad con al menos el cobro de 18 semanas de licencia y el mantenimiento del puesto de trabajo. El proyecto ya recibió el rechazo de las patronales del bloque, agrupadas en Business Europe, bajo el argumento de que retrasaría la salida de la crisis económica.
El secretario general de la española Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, dijo a IPS que es indispensable buscar procedimientos que garanticen un equilibrio razonable entre la flexibilidad demandada por los trabajadores y trabajadoras y las empresas.
Esa flexibilidad debe garantizar "la presencia sindical en la negociación de los tiempos de trabajo y promover la reducción de la jornada laboral respetando los derechos de los trabajadores", dijo.
En España, y en alguna medida en el resto de Europa, el crecimiento económico de las dos últimas décadas abrió puertas a la inmigración. En este país, los inmigrantes eran en 2008 seis por ciento de los 45 millones de habitantes, según un estudio del estatal Instituto de la Juventud (Injuve).
Ese informe, que incluye encuestas a jóvenes, señala también que los inmigrantes fueron un factor clave para el desarrollo económico.
Aunque dos terceras partes de los jóvenes encuestados por el Injuve consideraron que la cantidad de inmigrantes era excesiva, 70 por ciento aseguraron que en su grupo de amigos había alguna persona extranjera.
La paraguaya Lilia Noemí Villalba, quien reside y trabaja en España autorizada desde hace cuatro años por las autoridades, viajó a fines de febrero a su país y de regreso trajo consigo a uno de sus hijos, Guillermo, de 17 años, para que se quedase con ella unas semanas.
Al llegar al aeropuerto madrileño de Barajas, las autoridades migratorias impidieron el ingreso del joven, lo mantuvieron retenido durante unas horas y lo embarcaron de regreso a su país.
Villalba dijo a la prensa que ni siquiera le permitieron estar junto a su hijo, aunque es menor de edad, y se quejó por la pérdida del dinero que ahorró durante meses para poder tener un tiempo a Guillermo a su lado. Muchas otras personas han denunciado situaciones parecidas.
También son inmigrantes la mayoría de quienes hacen largas filas en busca de trabajo. Un ejemplo es la plaza Elíptica, de Madrid, donde centenares de personas, sobre todo sudafricanos, marroquíes y latinoamericanos, esperan la llegada de vehículos enviados por empresarios que buscan mano de obra barata.
IPS conversó allí con varios de los que esperan. Mariano García, por ejemplo, acaba de terminar dos meses y 17 días de labor con una empresa que lo contactó en ese mismo lugar. Al despedirlo sólo le pagó dos salarios mensuales, omitiendo los otros jornales y la indemnización.
"No pude denunciarlos porque no podía demostrar que tuviera un contrato ni que hubiera realizado el trabajo", dijo García, quien sin embargo tiene permiso de residencia.
La situación de los extranjeros indocumentados es aún peor. A fines de febrero se supo que una comisaría de Madrid había instruido por escrito a sus agentes para que arrestaran a todos los inmigrantes sin papeles, fijándoles un cupo mínimo por día.
Para cumplir la orden, los policías debían detener personas en la calle, guiándose por su apariencia, color de piel y forma de hablar, y pedirles sus documentos.
La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España repudió esa práctica y pidió al Ministerio del Interior que asumiera responsabilidades ante "actuaciones intolerables en un Estado de derecho como es el español". Pocos días después, el gobierno anuló la orden policial.
La Federación Panafricanista de España puntualizó que 67 por ciento de las personas inmigrantes expulsadas en los últimos años son negras y denunció que esa comunidad "está sometida a un acoso policial constante".
Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales reclaman que la reforma de la Ley de Extranjería, en trámite parlamentario, no incorpore nuevas restricciones, sino que elimine varias de las vigentes, y que establezca una protección eficaz a la violencia de género y la trata de seres humanos.
"La crisis económica no puede servir de excusa para dar un paso atrás en la protección de los derechos humanos", dijo a IPS, el dirigente de la filial española de Amnistía Internacional, Alberto Estévez.
Rebelion.org

27/03/09

Amnistía Internacional convoca una concentración en defensa de los inmigrantes

gentedigital.es/Sara España
27/3/2009 - 10:42

Habrá recogida de firmas, actuaciones y se contará con la presencia de representantes de algunos colectivos de inmigrantes. La concentración está convocada para el sábado 28 de marzo a las 12:00 horas en la Avenida de Colmenar Viejo y será una de las acciones de Amnistía Internacional por toda España.

Con esta iniciativa, la ONG quiere concienciar a ciudadanos y gobiernos para que la actual situación de crisis económica no sirva como excusa para recortar los derechos humanos de los inmigrantes. Reformas legislativas como la Ley de Asilo, la de Extranjería o la reforma del Código Penal, que están pendiente de desarrollo legislativo, podrían utilizarse por los Gobiernos, según Amnistía Internacional, como medidas "populistas" contra este colectivo como si fueran los culpables de la crisis y no sus primeras víctimas.

La represión contra los inmigrantes

A pesar de lo que diga el ministro del Interior, las redadas indiscriminadas contra los inmigrantes, siguen. He sido testigo de una de ellas a la salida de un metro de Barcelona y conozco a familias que ya están afectadas por esa caza que practica la policía. Me consta que no por voluntad propia, sino que responde a una política general, y esto es inhumano e injusto.

Aquí se ha pasado de un Gobierno que celebraba la inmigración, el “aquí caben todos” y se esforzaba en cantar todas sus ventajas,  a la persecución pura y dura. ¿Qué ha cambiado entre una y otra situación? La crisis económica, y para ser más exacto, el paro.

Ahora, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se da cuenta, porque ha chocado contra la crisis, que su política cortoplacista favorable a la entrada masiva de inmigrantes, que alimentaba las bases de un crecimiento basado en la construcción y el aumento del mercado interior, constituye un error. Una equivocación que viene de antes, al haber apostado por la continuidad más allá de lo razonable, por un modelo económico que jugaba simplemente al enriquecimiento desmesurado de unos pocos, y quien lo dude que recuerde la lista que sacó Forbes en 2007 (VER ENLACE), plagada de multimillonarios españoles que habían hecho su fortuna, la mayoría de ellos, negociando con una necesidad básica: la vivienda. 
Zapatero consiguió la medalla de latón al presentar importantes crecimientos del PIB, y así poder decir que sobrepasábamos a Italia y pronto lo haríamos con Francia. Pero al mismo tiempo el salario medio permanecía estancado y la pobreza relativa se situaba en un 19%, una cifra insólitamente alta después de tantos años de crecimiento económico.

La bienvenida entonces a los inmigrantes, revestida de falsa solidaridad, solamente obedecía a que el Gobierno servía así a determinados y muy concretos intereses económicos a quienes esta mano de obra barata favorecía. Ahora se intentan deshacer de ella por métodos policíacos, deteniendo gente en la calle e intentando expulsarla. Los inmigrantes son vistos, no como seres humanos, como fines, sino como simples medios, de usar y tirar.

Este es un indicador más de la miseria moral que poco a poco ha ido llenando los intersticios, el funcionamiento de buena parte de la sociedad, de sus instituciones, y que tiene no un único, pero sí, un responsable destacado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque sin él nada de todo esto podría haber alcanzado la dimensión que hoy posee.

Para acentuar más la presión, se intenta ahora forzar a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes, y que son en su inmensa mayoría católicas, a que se conviertan en una especie de controladores sobre la situación legal de las personas a quienes ayudan, ya que de lo contrario puede incurrir sobre ellas graves sanciones. Es un intento de apretar todavía más la tuerca, al que debemos oponernos con la misma fuerza y energía con la que nos oponemos a las restantes grandes rupturas morales.

El Gobierno da marcha atrás y restaura el fondo para inmigrantes

Apenas 13 días ha tardado el Ministerio de Trabajo e Inmigración en restablecer el Fondo de Integración a los Inmigrantes recortado en 59 millones de euros por el Consejo de Ministros del pasado día 13 . El titular de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció ayer en el Congreso que su departamento reestablecerá este fondo "en un mes o en mes y medio", por lo que actualmente están buscando distintas fórmulas para restaurar esta partida en colaboración con la Vicepresidencia Primera del Gobierno.
El ministro recordó ayer que "aunque la integración es una competencia directa de los ayuntamientos y comunidades autónomas" el Gobierno quiso implicarse con la creación de este fondo, que inicialmente fue de 100 millones de euros y luego pasó a 200 millones.
"Pero en estos momentos, el Gobierno tiene que tomar la decisión de recortar el gasto ordinario, que no así el recorte en políticas inversoras productivas para generar empleo", dijo Corbacho, quien detalló que de su Ministerio sólo se podía aplicar el recorte en esta partida. "Los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas pueden dormir tranquilos y usted también", respondió el ministro al diputado de ERC Joan Tardá.
La decisión de rebajar los fondos destinados a las comunidades autónomas para apoyar la integración de inmigrantes y el refuerzo educativo se ganó las críticas de ayuntamientos y ejecutivos autonómicos. La consejera andaluza de Gobernación, Clara Aguilera, consideró entonces "injusta" esta decisión por la que Andalucía pasaba a recibir 15,5 millones en lugar de los 21,6 previstos.
Aguilera valoró ayer positivamente esta rectificación ya que consideró estas partidas un "referente" del trabajo que desarrollan de manera conjunta el Estado, la comunidad autónoma y los municipios en materia de inmigración.
La consejera de Gobernación sí reclamó en un comunicado celeridad en el restablecimiento del Fondo ya que "las políticas sociales no pueden verse mermadas en época de crisis". Además, Clara Aguilera exigió que la cuantía prevista para 2009 no se reduzca "lo más mínimo".
La titular de Gobernación aseguró que los servicios básicos y las políticas de integración son "prioritarias para el Gobierno andaluz y afectan a toda la población por igual". Aguilera recordó así que la Junta contempla, por primera vez, en sus presupuestos para el presente año un Fondo Autonómico para la Integración de 1,4 millones de euros.

CC OO exige mayor cobertura social y formación para los inmigrantes parados

La secretaria confederal de Empleo e Inmigración de CCOO, Paloma López, exigió hoy en Murcia a las administraciones central y autonómicas que amplíen las medidas de cobertura social y los programas de formación para los inmigrantes parados, ya que es uno de los colectivos más vulnerables ante la crisis económica.

López, que presentó hoy en Murcia las propuestas que este sindicato va a hacer al Gobierno de España para el proyecto de Reforma de la Ley de Extranjería, incidió en la necesidad de mejorar y ampliar las medidas de protección social en el colectivo inmigrante ya que cuentan con unas prestaciones por desempleo más limitadas, porque la mayoría tenían contratos temporales.

Otro de los ejes que, según López, debe fortalecer el Gobierno de España es la mejora del sistema educativo para reducir el abandono escolar, pues este problema se acentúa en los hijos de trabajadores inmigrantes, quienes, ante la difícil situación familiar, pueden verse abocados a dejar los estudios para buscar un trabajo.

Por su parte, la secretaria de Inmigración de CCOO en la Región, Charo González, criticó que el Gobierno Central "haya quebrado la dinámica del diálogo social en el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, ya que no ha sido sometida a una votación de los agentes sociales sino a un proceso de consultas que limita la participación en su creación".

Además, consideró que la reforma debería haberse hecho en una situación de bonanza económica, ya que "la crisis puede afectar al papel que tiene el colectivo inmigrante en nuestra sociedad, tanto en la mejora de sus derechos laborales, como sociales".

González señaló algunos aspectos positivos de la reforma, como la incorporación plena de derechos fundamentales a este colectivo, suprimiéndose el requisito de autorización de estancia o residencia en España, o la inclusión de las uniones libres y las parejas de hecho en la reagrupación familiar.

Sin embargo, González cree que la ley debería eliminar el límite establecido para la reagrupación familiar de los ascendientes a personas menores de 65 años, así como unificar criterios para la revocación de las órdenes de expulsión, "ya que estas están a criterio diferente en las delegaciones de Gobierno de cada comunidad autónoma".

La representante sindical informó de que en la Región el 18 por ciento de los desempleados son inmigrantes, por lo que instó a este colectivo a reivindicar a las administraciones un empleo digno y mayores prestaciones sociales en la manifestación del próximo sábado en Murcia, convocada por CCOO y UGT.

Aspaym alerta de la triple discriminación hacia las inmigrantes discapacitadas

EFE

Valladolid.-  Las inmigrantes discapacitadas sufren una triple discriminación social por ser mujeres, discapacitadas y, además, inmigrantes, ha asegurado hoy el presidente de la Asociación de Parapléjicos y grandes Minusválidos de Castilla y León (Aspaym), Francisco Sardón.

El presidente de la Asociación de Parapléjicos y grandes Minusválidos de Castilla y León (Aspaym), Francisco Sardón. EFE/Archivo

"Las mujeres discapacitadas encuentran ya de por sí numerosas dificultades para desarrollar su vida diaria y si a eso le añadimos el hecho de ser inmigrante, los problemas para conseguir la igualdad aumentan aún más", ha dicho a EFE Sardón, tras la inauguración hoy en Valladolid de una jornada sobre esta problemática.

El encuentro, organizado por Aspaym y la Junta de Castilla y León con el título de "Mujer, discapacidad e inmigración", pretende servir para sensibilizar y concienciar a la sociedad acerca de las dificultades que este colectivo encuentra en ámbitos como el laboral y el social.

"La situación de las mujeres inmigrantes y discapacitadas es a día de hoy bastante desfavorable, porque se trata de un colectivo con muy poca visibilidad social y muchos problemas a la hora de, por ejemplo, encontrar empleo", ha indicado el presidente de Aspaym.

En España viven actualmente unos 250.000 inmigrantes con algún tipo de discapacidad y de ellos, el 45 por cierto se encuentra en situación irregular, lo que impide su acceso a los servicios sociales.

Asimismo, la tasa de desempleo de este colectivo triplica a la del resto de población, ha señalado Sardón, quien cree además que el porcentaje de inmigrantes discapacitados aumentará considerablemente en el futuro debido a la alta siniestralidad laboral que tiene uno de los sectores que más extranjeros emplea, el de la construcción.

"Muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo con un alto índice de siniestralidad laboral, por lo que el número de discapacitados puede llegarse a disparar en el futuro entre la población inmigrante", ha pronosticado Sardón.

Una de las mujeres que reúne esta doble condición de inmigrante y discapacitada es Brigitte Tiuso, una colombiana de 35 años que llegó hace nueve a España para cursar un doctorado en ingeniería química.

Tiuso, que sufre una minusvalía que le obliga a ir en silla de ruedas, ha denunciado a EFE que ser discapacitada y, además, inmigrante supone serias dificultades en ámbitos como, por ejemplo, el laboral.

Así, a las complicaciones para acceder a un empleo que conlleva ser inmigrante se unen, en el caso de esta joven, las dificultades para encontrar un lugar de trabajo adaptado a una minusvalía.

También hay problemas a la hora de alquilar un piso, ya que casi ningún arrendador está dispuesto a hacer las reformas necesarias para adaptar la vivienda, lamenta Tiuso.

"Si en cuestión de inserción laboral las mujeres tienen por el simple hecho de serlo numerosos problemas, ser discapacitada impone más y ser inmigrante lo hace aún más complicado", asegura la joven, quien además se queja de que, aunque existen asociaciones de discapacitados y de inmigrantes, no hay ninguna que englobe a ambos colectivos.

26/03/09

Experto de CEAR: futura Ley de Extranjería criminalizará al inmigrante y ONG

ADn
El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi y abogado de
este organismo, Javier Galparsoro, ha indicado hoy que de salir adelante el proyecto de la nueva Ley de Extranjería se "criminalizará" tanto al inmigrante como a las ONG que le ayudan.

Galparsoro mostró, en una entrevista con Efe, su preocupación por las reformas que pretende llevar a cabo el Gobierno socialista de las leyes de Asilo, Extranjería y Código Penal.

Lo "más grave" de esa posible nueva Ley de Extranjería es que con ella se pretende "castigar" a toda aquella persona o institución que respalden al inmigrante, argumentó Galparsoro, quien dijo que los abogados como él y los organismos humanitarios "nos convertiremos en el centro neurálgico" de otro tipo de persecución.

Galparsoro, que esta tarde participa en Vigo en un debate organizado por Amnistía Internacional, lamentó que la figura del hospitalario y de la solidaridad humana pueda
traducirse en un delito.

El presidente del CEAR de Euskadi dijo que no tiene miedo y que, de salir adelante ese proyecto de ley, seguirán trabajando a favor del inmigrante. "Estoy dispuesto al desafío", sentenció.

Sobre la llegada de polizones en los últimos años a los puertos de Euskadi, Asturias, Cantabria y Galicia, informó de que desde 1989 ha intervenido en un total de 131 casos.

Pese a que desde 2003 no existe un registro oficial de llegada de polizones a Galicia, Amnistía Internacional calcula que entre 2000 y 2003 llegaron a puertos gallegos 140, de los cuales 42 solicitaron asilo.

Sólo 10 de esas solicitudes fueron admitidas a trámite, y el resto se consideraron
infundadas, pese a que algunos solicitantes venían de países en guerra o con graves
violaciones de derechos humanos.

Según datos oficiales, el número de personas que tratan de entrar en España por Vigo como
polizones se ha incrementado. En 2007 fueron detectados once polizones, cinco el año
anterior y seis en 2005. La mayoría eran ciudadanos procedentes de Ghana o Sierra Leona,
que se esconden en los tanques de los grandes buques e incluso en los ventiladores.

En la práctica, los polizones no disponen de asistencia letrada y de intérprete, clave para identificar a quienes necesitan protección, recordó Galparsoro, quien afirmó que los polizones son "el gran agujero negro de la extranjería", ya que, los inmigrantes que llegan en patera o cayuco siempre tienen asistencia.

Galparsoro lamentó en sus declaraciones a Efe que exista un vacío legal a la hora de atender a los polizones y recordó que la normativa actual no tiene rango de ley. "Mientras no consigamos vencer la opacidad" que, insistió, recoge la instrucción actual, los polizones no tendrán derecho a asilo y serán deportados sin más explicaciones.

Cómo viven y qué proyectos de futuro tienen los inmigrantes

El colectivo inmigrante representa ya más del 10% de la población residente en España. Es más, a finales de 2007, existían 2,16 millones de hogares donde vivía al menos una persona nacida en el extranjero. Y aunque en los últimos 15 años se había escrito mucho sobre los hábitos de consumo y los empleos que mayoritariamente ocupaban los extranjeros, todavía no existía un
estudio que abarcara toda su trayectoria. Es decir, hacía falta conocer más en profundidad qué les ha motivado venir a España, cuál era su situación en sus países de origen, cómo se han adaptado a su nueva vida y qué planes de futuro tienen.

Todo eso es lo que ha tratado de investigar el Instituto Nacional de Estadística (INE) al elaborar la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes a partir de los datos recabados con 21.000 entrevistas. Algunas de las conclusiones que arroja este análisis son ya conocidas, pero otras
contribuyen a desmontar no pocas leyendas.

De las respuestas dadas por los encuestados se deduce que más de la mitad de los inmigrantes que llegaron a España tenía trabajo en su país de origen, aunque el estudio precisa que antes de 1986 el 40% de los que vinieron eran estudiantes. Este dato vendría a desmontar parcialmente la idea que a veces se ha transmitido de este colectivo como sinónimo de ciudadanos que procedían de la miseria o de las capas sociales más bajas de sus países de origen. De hecho, preguntados por las razones que les impulsaron a emigrar, la primera del ranking es la de conseguir una mayor calidad de vida, seguida de la búsqueda de un empleo mejor. Sólo el 23% admite haber emigrado ante la falta total de un medio de subsistencia.

Además, en términos generales la población inmigrante cuenta con un nivel de educación alto. Una de cada dos personas ha completado los estudios de la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclo) y el 20,5% de los inmigrantes es titulado superior. Quizás esto es lo que explique la rapidez con la que la mayoría lograron encontrar empleo al llegar a España. Sólo el 16,1% de
los que vinieron lo hicieron con un contrato laboral previo, pero es que del 83,9% restante, casi el 30% consiguió un trabajo en los primeros 15 días y apenas un 10,2% tardó más de un año en hacerlo.

Una media de 2,6 contratos laborales

La encuesta elaborada por Estadística destaca que uno de cada tres inmigrantes permanece en su primer empleo, mientras el 43,5% ha desempeñado tres o más trabajos distintos. El número medio de contratos laborales de los trabajadores extranjeros es 2,6. De los inmigrantes ocupados con tres años de residencia en España, casi un millón y medio, el 64% del total, trabajan en el sector servicios, seguido de la construcción, con el 19,3%.

El análisis también muestra la alta rotación entre actividades que suele caracterizar a estos trabajadores. No en vano el 44% ha cambiado de sector. Entre las conclusiones que arroja el estudio que no han sorprendido porque ya existían datos con anterioridad que apuntaban en la misma dirección se encuentra el hecho de que el los 1,2 millones de trabajos no cualificados,
el 71% está desempeñado por inmigrantes con estudios secundarios y superiores.

En cuanto al tamaño medio del hogar, éste se sitúa con 3,4 miembros, ligeramente por encima del promedio español, que es de 2,7. Es reseñable también cómo todavía la opción del alquiler es mayoritaria en este colectivo, con el 40,3% de las familias, aunque poco a poco gana adeptos la
compra. El 38,1% de los inmigrantes tiene vivienda en propiedad, de los que el 15,7% la tiene completamente pagada.

Quizá esto último, y algunos tópicos completamente españoles, expliquen en buena medida por qué el 80,6% no tiene ninguna intención de irse de España en los próximos cinco años y el 24,8% tiene previsto traer a sus familiares a vivir con ellos.

Casado con español

Una de las características que pone de manifiesto este estudio que publica ahora el INE es el grado de integración de los extranjeros en la sociedad española. Del total de la población inmigrante, el 52,2% está casada, mientras los solteros representan el 37,7% y el 10% restante son separados, divorciados o viudos. Pues bien, un 30% de los extranjeros sin pareja convive en la actualidad con un ciudadano español y uno de cada cuatro inmigrantes casados ha contraído matrimonio con una persona nacida en España. Cabe destacar, no obstante, que los hijos del 86,6% de los inmigrantes continúan en su país de nacimiento.

Alimentar el racismo

diariodesevilla.es
Hace pocos días, el ministro Corbacho ha anunciado que para este año 2009 el dinero destinado a la integración de los inmigrantes bajará con respecto al 2008 en un 30%: los 200 millones de euros del año pasado se quedarán en 141. Este drástico recorte supone el 80% de lo que corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración en la reducción total de 1.500 millones acordada en Consejo de Ministros y que ha de repartirse entre todos los ministerios. El acuerdo incluía la promesa, incumplida, de que la reducción en ningún caso afectaría a la protección social.

El anuncio, hecho en vísperas de la celebración del Día Mundial contra el Racismo, mide cuál es la importancia que este Gobierno socialista da a la integración dentro de su política inmigratoria. Porque, ¿va a ahorrarse también en el SIVE (Servicio Intensivo de Vigilancia del Estrecho), en el número de patrullas por tierra y mar, en las donaciones a gobiernos de países africanos para que impidan a sus ciudadanos salir de ellos sin contrato de trabajo (aunque esto viole el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)? Nada se ha dicho al respecto y no parece que las cosas vayan a ir por ese camino. Se ratifica que de las llamadas políticas de inmigración lo que interesa realmente es el control de los flujos -algo ilusorio, por otra parte, mientras no se transforme el actual orden mundial- y muy poco la integración.

La gravedad de la medida es máxima porque los fondos que se recortan, y que ya, de entrada, eran muy limitados, pertenecen a partidas dirigidas a las necesidades de acogida, al refuerzo educativo y a los menores inmigrantes no acompañados. Serán estas partidas las que se tambaleen con los 70 millones de euros menos que para ellas recibirán los ayuntamientos. Sólo el servilismo partidista más mezquino puede explicar que la Federación de Municipios de Andalucía y las entidades equivalentes de otras comunidades autónomas, con la excepción, que sepamos, de la de Cataluña, no hayan manifestado ya su más enérgica protesta. Porque el recorte no supone sólo un desprecio a las personas inmigrantes (tanto irregulares como residentes) y a sus hijos, sino un torpedo contra la cohesión social en los pueblos y barrios de las ciudades donde un porcentaje significativo de sus habitantes proceden de otros países. En una época de grave crisis del empleo, como la que sufrimos, se necesitaría precisamente un refuerzo de los servicios públicos -sanitarios, educativos, asistenciales- dirigidos al conjunto de la población para que no avanzaran las actitudes de rechazo al otro culpabilizándole, injustamente, del empeoramiento de estos servicios.

Pese a toda la palabrería de que hacen gala nuestros actuales gobernantes, la falta de interés por hacer avanzar la necesaria integración social -que no hay que confundir con la inaceptable asimilación cultural forzada- es evidente. No hay ni habrá integración si no se fortalecen los medios para la cohesión social a todos los niveles: dentro de los propios colectivos de inmigrantes y de estos con el conjunto de la sociedad. El proyecto de reforma de la actual Ley de Extranjería refleja hasta qué punto se retrocede: nuevos obstáculos a la reagrupación familiar, desigualdad respecto al derecho a la vivienda entre los diversos tipos de residentes, posibilidad de repatriación sin garantías de los menores inmigrantes no acompañados, ampliación en un 50% del tiempo actual de "retención" de irregulares en los Centros de Internamiento (pequeños guantánamos cuya existencia no sólo es ilegítima sino anticonstitucional) y la escandalosa equiparación, y penalización, de la ayuda humanitaria y la solidaridad con quienes nada tienen con la explotación y el tráfico mafioso de personas (lo que obligará a la desobediencia civil a cuantos conserven un poco de ética o de caridad cristiana).

España es uno de los cinco países de Europa que no documenta oficialmente los incidentes racistas. Frente a 55.000 casos declarados en 2005 por el Reino Unido, el Estado español notificó sólo 12 a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. ¿Vivimos en un paraíso plurirracial y multicultural o será que invisibilizamos los problemas, adoptando la táctica del avestruz? Al debilitar la cohesión social, la decisión del Gobierno, y más concretamente del ministro Corbacho, que fue alcalde durante muchos años de una ciudad con un alto porcentaje de inmigrantes, se inscribe en esta ceguera voluntaria y alimenta objetivamente las bases sobre las que se desarrolla la xenofobia y el rechazo a los otros. Curiosa forma de celebrar el Día Mundial contra el Racismo.

25/03/09

Unir a los inmigrantes y a los refugiados para convertirnos en ciudadanos con plenos derechos


Queridos compañeros/as y amigos/as:

En primer lugar debemos señalar que el año 2008, estuvo marcado por el inicio de la crisis económica que hoy golpea a más de tres millones quinientas mil personas, y cuya proyección negativa para fines de 2009, señala un paro de más de 4 millones y medio de parados. De esos una gran parte son inmigrantes. Como antecedentes para describir la situación: a finales de 2008, el número de inmigrantes del que daba cuenta el Ministerio de Trabajo e Inmigración era 4.275.000 personas. La población extranjera afiliada a la Seguridad Social es de 2.1 millones. Los inmigrantes representamos una población activa de más de 3,5 millones de personas. Y el número de parados registrados entre esa población ha aumentado hasta las 623.000 personas en el último año. Su tasa de paro supera el 17%, lo que significa que se ha elevado en el último año un 64%, y supone el 30% del aumento total (241.100 desempleados más)* Informe M. del trabajo e Inmigración.

Esta realidad objetiva, la de una crisis económica creciente, además va gatillando en la propia sociedad española, reacciones que muy bien dirigidas desde los poderes del estado, han apuntado a criminalizar y hacernos responsables de esta situación, cuando en verdad somos las principales victimas de esta.

Y con ese criterio político se apoya en Junio de 2008 desde el gobierno, la Directiva de la vergüenza, que permite detener y encarcelar a aquellos indocumentados que solo intentan construir una vida mejor. Se les aplicará en Europa periodos de confinamiento hasta por 18 meses, y en el caso de España aumentarán de 40 a 60 los días de prisión en las cárceles para extranjeros, mal llamados Centros de internamientos (CIES).

En esa línea de culpabilización desde el Ministerio del Trabajo, se ha impulsado diversos mensajes, entre ellos el llamado al "retorno", que mentalizó en la población el que sobran inmigrantes, y que ya esta sociedad del bienestar no alcanza para todos. Esta forma de ver a las personas, en que nos transforman en trabajadores desechables, de acuerdo a lo que necesita el capital, ha ido calando fuertemente en la población y la xenofobia y el racismo empiezan a campear por toda España.

Entonces hemos pasado a ser los malos de la película, los que estamos ocupando y quitando los puestos de trabajo a los españoles, les quitamos sus accesos a la salud, a la educación, y además somos los que mayores delitos cometemos. Entonces sobramos, tenemos que irnos si o si hasta que en 3 años mejoren las cosas. Ese ha sido el mensaje ideológico que viene desde el estado, tanto del Gobierno de la Nación como desde la oposición

Y que pasa mientras tanto con los verdaderos responsables de esta crisis. Que hace el gobierno en esa dirección, le inyecta miles y miles de euros a la banca, para que tapen los hoyos producidos por su afán especulativo y usurero. Y esos banqueros que ayer y hoy han ganado dinero a manos llenas, siguen ahora apropiándose de las casas que los inmigrantes en el paro no pueden costear. Siguen especulando con el aval del estado. Esa es la realidad¡¡

Pero el estado no solo se ha quedado en sus mensajes ideológico, en contra de la inmigración, sino que además ha colocado a su fuerza policial en claras tareas represivas. No es casual el que se haya descubierto las instrucciones que tenía la policía nacional, destinadas a detener cupos de inmigrantes., Esto es categórico obedece a una política represiva estatal, la cual ya hace varios meses veníamos denunciando. Y al día de hoy a pesar de las promesas del gobierno, se continúan con estas prácticas represivas y además xenófobas.

El objetivo es infundir el miedo en los inmigrantes, hacerle la vida imposible, y esto ojo, no solo es para los indocumentados, sino que apunta a todos los inmigrantes y los mas afectados son aquellos, que por su color de piel o raza lo hacen blanco fácil de estas detenciones.

No se puede andar tranquilo por las calles, en los metros, menos en las discotecas o lugares de ocio, si hasta en la entrada de los colegios han actuado. Y a pesar de que se han exigido responsables sobre esta actuación, hasta hora ningún personero del gobierno o de la policía se ha hecho cargo de haber dado esas instrucciones. Y solo nos han abierto la opción de denunciar estas redadas o razzias, que supuestamente serán sancionadas al descubrirse estos ilícitos, luego de sus investigaciones internas. De todas formas se nos abre en esta dirección, la posibilidad de ejercer un control ciudadano al actuar de la policía, para al menos regular su proceder y acabar con estos excesos. Hemos abierto un teléfono conjunto con el periódico Latino en Madrid, para canalizar estas denuncias. Y hasta ahora son varios los lugares que hemos señalado a la delegada del gobierno. Pero lo de fondo es que este miedo que se esta inoculando al inmigrante, el temor a la policía va abriendo una brecha, en la cual este va progresivamente perdiendo el respeto a la autoridad y de continuar estas situaciones abusivas se pueden derivar en actos de desobediencia civil, en esto especial atención hay que prestar a los jóvenes que por si son más susceptibles ha rebelarse ante las injusticias. De allí radica la preocupación que le hemos hecho ver a las autoridades, en el sentido que coloquen esfuerzos serios en frenar estas olas represivas que están dañando la necesaria convivencia entre los ciudadanos de este país.

INICIATIVAS LEGALES DEL GOBIERNO

1. NUEVA LEY DE ASILO

Luego, también el gobierno se encuentra impulsando 2 iniciativas legislativas destinadas a recortar derechos a las personas extranjeras.

La primera de ellas es acabar en los hechos, con el derecho al asilo político.

En 2008, el número de solicitantes de asilo en España se redujo un 41,08%: de los 7.664 de 2007 se pasó a 4.516, la cifra más baja desde 1989. Y sólo el 2,91% de los solicitantes obtuvo el estatuto de refugiado, 151 personas, la cifra más exigua desde 1995.

Pero no solo son los actuales obstáculos, que los solicitantes de asilo tienen para ser reconocidos como refugiados, sino que además este funesto proyecto de ley consolida dichas trabas, porque debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de país de origen y de tránsito seguro, excluye la posibilidad de solicitar asilo por parte de los ciudadanos de países de la Unión Europea (lo que vulnera de forma directa la Convención de Ginebra).

En la practica desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España, desde alguna embajada o consulado, una medida injustificada y de especial gravedad en el actual contexto de conflictos y guerras en el mundo

Por otra parte , se devalúa el papel de ACNUR en el procedimiento de asilo en frontera, ya que su informe favorable a la admisión dejaría de ser garantía para la suspensión del retorno forzado, y a partir de ahora sería necesario una resolución judicial en este sentido.

Finalmente se avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en lugar de reforzar el estudio de los casos, incrementa las opciones de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, para descartar peticiones de protección internacional sin una valoración suficiente y justa. Esa es la propuesta de ley que se esta promoviendo en el Congreso de los diputados, y la cual FERINE rechaza plenamente y exige su retiro inmediato. Así se lo haremos ver a los parlamentarios el próximo 20 de Marzo, en nuestra comparecencia junto a CEAR, Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los DD.HH. Creemos que es hora de movilizarse, para que el derecho al asilo NO se termine y que se evite que esta maraña legal, deje desprotegido a miles de seres humanos que sobreviven en medio de guerras y conflictos por todo el mundo.

2. REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERIA.

El anteproyecto de ley presentado por el gobierno al Congreso de los diputados, contienen unos serios cercenamiento en los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias, lo que se inscriben en esta lógica gubernamental que la sociedad del bienestar no alcanza para todos, y que en época de crisis hay que recortar derechos.

Pues bien, bajo la excusa de adecuar la legislación española a la legislación europea, entre ellas la aplicación de la directiva de la vergüenza (retorno), así como la imposición que hace el tribunal constitucional, en orden a recuperar los derechos de asociación y reunión a los indocumentados, que en su tiempo el gobierno de Aznar los conculcó. Es en ese marco que pretende recortar derechos a la reagrupación familiar, terminar con el arraigo social a través de ajustar los contratos a las necesidades del catalogo de difícil cobertura. Así como aumentar los días de cárcel a los indocumentados a un tope inicial de 60 días. Pero este engendro legal no solo afectará a los inmigrantes sino que también perjudicará a los españoles ya que se pretende criminalizar y castigar la solidaridad. Con esto el Estado español, según señala la declaración de la "plataforma salvemos hospitalidad" "pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro". El objetivo de este anteproyecto es atemorizar con importantes multas a los ciudadanos españoles, o extranjeros con papeles, para que nieguen toda forma de ayuda las personas en situación irregular. Que ésta se quede en la calle, sin comida, sin dinero, para que mediante esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se busca convertir un principio social, el de la solidaridad, en un delito. Esta concepción reaccionaria, represiva y coartadora de derechos nos abre la posibilidad de crear un amplio movimiento contra ella. Partiendo por aquellos/a españoles que entienden que la solidaridad humana es fundamental, debemos trabajar hacia iglesias, organización de DD.HH y otras, hasta hacer abortar este engendro legal.

Los días, meses y quizás años venideros se ven muy oscuros. La crisis económica, la represión policial, las medidas legislativas, son elementos que marcaran lo mediato y que dependerá de la capacidad que tengamos de crecer en organizaciones, en generar alianzas amplias incluso mas allá de la REDI, de trabajar transversalmente, para que en conjunto con amplios sectores del pueblo español, podamos empujar las cosas de tal manera que se salga de la crisis, y se recuperen los niveles de empleo y calidad de vida gravemente lesionada por esta actual crisis capitalista. Habrá que trabajar duro para construir una salida profunda a esta, y donde los inmigrantes y refugiados tengan el respeto y el trato digno que en tanto seres humanos, en tanto personas nos merecemos.

Para finalizar, señalar que el proceso que estamos viviendo es duro y difícil, y tenemos que apelar al coraje y a la decisión para sortear todos los obstáculos, que enfrentamos en esta tarea hermosa de integrarnos en esta sociedad, la cual con nuestro aporte queremos mejorar. Tenemos que irnos con un mensaje de esperanza y fe en nuestras capacidades. Juntos y unidos podemos cambiar para mejorar, el mal momento que estamos viviendo.

"Yo estoy errante, vivo la angustia de estar lejos del preso y de la flor, del hombre y de la tierra, pero tú lucharas para cambiar la vida"

Pablo Neruda

Víctor Sáez es Presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE). www.fferine.org

24/03/09

Rivero acusa al Estado de "desentenderse" de los menores inmigrantes

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha exigido reformar la Ley de Extranjería para incluir en ella la llegada de menores inmigrantes, después de acusar al Estado de "desentenderse" de ellos.

"Los canarios hemos escuchado afirmaciones tremendamente dolorosas para un pueblo, el nuestro, que está trabajando de sol a sol para antever a estos chicos con la dignidad que se merecen", declaró durante su discurso sobre el Debate del Estado de la Nacionalidad.

Según Rivero, se ha dicho que el Gobierno canario se quería "quitar de encima" a estos menores "cuando la realidad es que es el Estado quien nos los entrega, luego la realidad es que es el Estado quien se desentiende y somos los canarios quienes los acogemos".

Así las cosas, instó a "aprovechar" la Ley de Extranjería para incluir esta realidad en su articulado. "Los niños que han cruzado un desierto y el Atlántico en busca de un trabajo, se merecen, después de diez años, que haya una normativa que ordene sus reivindicaciones, que los acoja y los integre".

Para el presidente canario, Europa y las comunidades autónomas han dado la razón a Canarias en este asunto y, dijo, "si España pretende, como ha dicho, liderar la política de inmigración de la Unión Europea (UE) debería empezar por liderar la propia política de inmigración española".

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social baja un 14,68% en la C. Valenciana

Europa Press, Valencia
La afiliación media de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se situó en 205.814 cotizantes en febrero en la Comunitat Valenciana, lo que supone un decrecimiento interanual del 14,68 por ciento. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.872.951 cotizantes, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
De los 205.814 ocupados extranjeros en la Comunitat, 117.333 procedían de países no comunitarios, mientras que 88.481 venían de países de la Unión Europea. En concreto, el 69,82 por ciento del total cotizaba en el régimen general, un 2,26 por ciento en el sector agrario, un 22,61 por ciento en autónomos, un 5,08 por ciento en el hogar y un 0,24 por ciento en trabajadores del mar.
A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros se situó en febrero en 1.872.951 cotizantes, tras perder en el mes 3.407 ocupados (-0,2%). Así, febrero es el séptimo mes consecutivo en el que la Seguridad Social pierde cotizantes extranjeros, tras las caídas de enero, y diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto de 2008.

Sólo el 1% de los extranjeros en paro acepta el retorno voluntario

Ante el repunte del paro, el Ejecutivo aprobó un real decreto en septiembre para que todos aquellos inmigrantes no comunitarios que hubieran perdido el empleo pudieran ejercer el camino de vuelta a su país con garantías, al poder percibir en dos fases lo que le correspondía por la prestación de desempleo.
A cambio tenían que renunciar a su permiso de trabajo durante tres años. Si transcurrido ese tiempo decidían volver a España, recuperarían de forma inmediata su permiso de residencia, tanto si era temporal como permanente.Las primeras estimaciones del Gobierno esperaban que 100.000 inmigrantes en paro, en especial los procedentes de Ecuador o Perú, pudieran beneficiarse del programa de retorno. Nada más lejos de la realidad.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer en una entrevista en Radio Nacional que hasta la fecha apenas se han acogido 3.000 desempleados.Esto supone menos del 1% de los trabajadores extranjeros no comunitarios que se encuentran sin empleo en la actualidad. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes a febrero, señalan que había 473.091 trabajadores extranjeros en paro, de los que 320.125 eran no comunitarios. Todo ello pese a los llamamientos de los principales mandatarios de los países de origen.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamó ayer a los tres millones de ciudadanos que viven fuera de su país (415.535 en España) que regresen y se beneficien de los microcréditos o las exenciones arancelarias para traer de vuelta artículos del hogar o vehículos. Ante el fracaso de los programas de retorno y el repunte del paro, los sindicatos habían solicitado una moratoria para que los extranjeros renueven sin problemas su tarjeta de residencia en España, ante la posibilidad de que no la obtuvieran por no disponer de empleo.
La secretaria de Estado de Inmigración negó ayer esa posibilidad. 'El número de inmigrantes que no han podido renovar su tarjeta de residencia por haberse quedado en paro no es significativo', concluyó Rumí.6.671 inmigrantes regresan en seis años.
Otra de las vías que ha habilitado el Ejecutivo desde 2003 para facilitar el regreso de los inmigrantes es el programa de retorno voluntario social, en el que están incluidos aquellos inmigrantes que, por las circunstancias que fuere, estimen inviable su integración en la sociedad española o simplemente deseen regresar. Aquí están incluidos refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, personas bajo la protección de Estado por razones humanitarias, inmigrantes irregulares o extranjeros con permisos de residencia y trabajo.
En seis años han optado por esta vía, en la que se paga el billete de avión y se puede optar a microcréditos para crear empresas, 6.671 inmigrantes, según los últimos datos de Trabajo. Los tres colectivos más numerosos son los bolivianos, con 1.332 personas, los argentinos, con 1.002 devoluciones, y los colombianos, con 641.

23/03/09

Los inmigrantes suponen el 13,3% de la población canaria tras experimentar un aumento de cerca del 20% en dos años

(EUROPA PRESS) -

Los inmigrantes residentes en Canarias, un total de 276.827, suponen el 13,3 por ciento de la población de la Comunidad, tras experimentar un aumento de cerca del 20 por ciento en dos años.

Así lo indican los datos de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes correspondientes a 2007 y hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los últimos días, que evidencian que 276.827 de los 2.075.968 habitantes de Canarias del censo a 1 de enero de 2008 provienen de fuera de las islas.

Si se tienen en cuenta los últimos datos conocidos, en 2005 residían en Canarias un total de 222.260 inmigrantes, lo que evidencia que en dos años la población inmigrante en las islas se ha incrementado en 54.567 personas, un 19,7 por ciento.

Asimismo, las cifras apuntan a que los inmigrantes residentes en Canarias significan ya el 6,12 por ciento del total de inmigrantes que viven en España, 4.526.522, lo que la sitúa como la quinta comunidad en la que más inmigrantes residen.

MÁS EN CATALUÑA Y MADRID

En concreto, la mayor parte de los inmigrantes residentes en España, el 20,39 por ciento, tienen fijada su vivienda en Cataluña, una comunidad a la que sigue en porcentaje de inmigrantes Madrid, con el 19,49 por ciento, Comunidad Valenciana, con un 15,27 por ciento, y Andalucía, con un 12,27 por ciento.

Muy por debajo pero en orden de significación se encuentran además Canarias, donde residen el 6,12 por ciento de los inmigrantes en España, Murcia, con el 4,08 por ciento, Islas Baleares, con el 3,98 por ciento y Galicia, en la que residen el 3,4 por ciento de los inmigrantes.

Asimismo, por debajo de esta Comunidad se sitúan otras como Castilla la Mancha --2,99 por ciento--, Castilla y León --2,69 por ciento--, Aragón --2,43 por ciento--, País Vasco --2,22 por ciento--, Navarra --1,13 por ciento--, o Asturias --1,06 por ciento--, entre otras.

INCREMENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Aunque una gran parte de los inmigrantes que residen en Canarias llegaron entre 1997 y 2001, un 31,2 por ciento, cabe destacar que el 29,2 por ciento de los inmigrantes, 80.942, llegaron a las islas entre 2002 y 2007, fecha de los últimos datos del INE.

Así, antes de 1986 llegaron al archipiélago 51.230 de los inmigrantes que a día de hoy residen en el archipiélago; que entre 1987 y 1991 llegaron 25.842 --un 9,3 por ciento--; entre 1992 y 1996 llegaron 28.423 --10,2 por ciento--, entre 1997 y 2001, 86.527 --31,2 por ciento-- y 80.942 llegaron desde 2002.

En lo relativo a países de procedencia, la mayor parte de los inmigrantes residentes en Canarias provienen del continente americano --el 46,1 por ciento--, así como de Europa --el 37,8 por ciento--. En menor medida, los inmigrantes también tienen origen en países africanos --el 10,8 por ciento-- y países asiáticos --el 5,1 por ciento--.

MENORES DE 29 AÑOS

Si se analiza la edad a la llegada a Canarias, los datos del INE indican que la mayor parte de los inmigrantes, el 52,5 por ciento, tenía menos de 29 años cuando llegó a las islas.

Asimismo, el 27 por ciento tenía entre 30 y 44 años, el 12,7 por ciento entre 45 y 59 y sólo el 6,3 por ciento tenía más de 60 años a su llegada al archipiélago canario.

Por otra parte, el 40 por ciento de los inmigrantes residentes en Canarias afirma que decidió emigrar a esta Comunidad por la calidad de vida, mientras que el 30 por ciento afirma que lo decidió por razones familiares, como la reagrupación, y el 28,8 por ciento en busca de un empleo mejor.

En el conjunto de España, la razón más esgrimida en este caso, en el 40 por ciento de los casos, es la calidad de vida, seguida de la búsqueda de un empleo mejor --38,9 por ciento--, razones familiares --32 por ciento--, y falta de empleo --23,2 por ciento--.

NIVEL EDUCATIVO

Según indica la encuesta del INE, el 43,8 por ciento de los inmigrantes ocupados con más de 3 años de residencia en Canarias (un total de 134.476), tienen estudios de segundo ciclo de educación secundaria, mientras que el 22,4 por ciento completó el primer ciclo de educación terciaria, el 17,1 por ciento tienen estudios de primer ciclo de educación secundaria y el 7,17 por ciento tiene grado de educación primaria.

Así, hostelero, personal de protección y vendedor es la profesión que desempeña el 24,3 por ciento de los inmigrantes residentes con más de tres años en Canarias, mientras que el 18 por ciento trabaja como artesano, manufacturero, y en la construcción o minería y el 17,18 por ciento está empleado en trabajos no cualificados. El 13,42 por ciento trabaja en la dirección de empresas y administraciones públicas; y el 9,12 por ciento son técnicos y profesionales, científicos e intelectuales.

Asimismo, los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que el 78 por ciento de los inmigrantes residentes en Canarias no tienen intención de traer a sus familiares para que residan en la Comunidad, mientras que sólo el 18,4 por ciento se decanta por esta opción. Alrededor de un uno por ciento sostiene que no tiene familia fuera de España.

El cermi presenta el primer estudio sobre inmigrantes con discapacidad en España

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, presentarán mañana el primer gran estudio sobre la situación de los inmigrantes con discapacidad en España.

Elaborado por el Cermi para el Observatorio Permanente de la Inmigración, el informe refleja la realidad social de las personas inmigrantes con discapacidad, un grupo de población apenas estudiado y cuyas necesidades y demandas pasan inadvertidas para las administraciones públicas, según el comité.

El estudio se enmarca en la línea de trabajo del Cermi de documentar la situación de los grupos sociales sometidos a factores de exclusión múltiple, para, a partir del conocimiento de su realidad, proponer medidas de mejora.

Hasta el momento, el comité ha elaborado estudios sobre mujeres, reclusos, niños, personas residentes en zonas rurales y gitanos con discapacidad.

En 2009, la plataforma de la discapacidad realizará informes sobre personas con discapacidad institucionalizadas, jóvenes con discapacidad, y pobreza y discapacidad.

Correa, a los emigrantes ecuatorianos: 'Regresen'

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió a los emigrantes de su país que retornen aunque es consciente de que se deberán afrontar problemas por los efectos en esta nación de la crisis mundial.

"Les digo, regresen", señaló Correa en una entrevista radial en referencia a los emigrantes y apuntó que para él "uno de los más grandes fracasos" de las políticas económicas y sociales de las últimas décadas son los tres millones de ecuatorianos que han salido del país en busca de mejores condiciones de vida.

Por ello, opina que es una "cuestión de honor fundamental" de un país que sus emigrantes regresen, pero reconoció que ello es "cercano a una utopía, pero algo hay que hacer".

Recordó que para los emigrantes se ha elaborado un Plan de Retorno que significa acceso a crédito, bonos de vivienda, exoneración de aranceles para traer artículos del hogar o vehículos con un límite en su costo.

El jefe de Estado recordó que se vive una crisis y las circunstancias han cambiado pues es más difícil que los emigrantes regresen y puedan enseguida encontrar trabajo.

La emigración aumentó en Ecuador en 1999 cuando se produjo una de las peores crisis financieras de la historia de esta nación, que se saldó con el cierre de varios bancos y el paso de otros a manos del Estado.

España e Italia, en Europa, así como Estados Unidos, en América, han sido desde entonces los principales destinos de los ecuatorianos que buscan mejores condiciones de vida en el exterior.

21/03/09

Centenares de personas protestan por la represión policial contra los inmigrantes

Varios centenares de personas se han manifestado hoy en Oviedopara denunciar "el racismo y la persecución policial" que, segúnEduardo Romero, uno de los organizadores de esta movilización, se está llevando a cabo en la capital del Principado.

La marcha, que ha comenzado en la estación de Renfe, ha sido convocada por veinte asociaciones que luchan para acabar con el racismo y la xenofobia en la sociedad.

Romero ha comentado a Efe que la Policía Local de Oviedo está llevando a cabo "un sistema de represión al inmigrante en forma de persecuciones, detenciones y tratos humillantes".

Ha señalado que hay numerosos testimonios de "tratos humillantes" en las comisarías del municipio y ha responsabilizado a "la Delegación del Gobierno de llevar a cabo redadas en las que los inmigrantes se ven afectados".

Romero considera que desde el nombramiento de Agustín de Luis como jefe de la Policía Local de Oviedo, "la represión al colectivo inmigrante ha aumentado".

19/03/09

Los derechos de los inmigrantes no admiten rebajas

En los últimos meses, la crisis económica mundial se ha convertido en un tema de actualidad con gran calado en la opinión pública. En este contexto, la especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes. También puede generar una percepción pública negativa de las personas inmigrantes que puede exacerbar su vulnerabilidad frente a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otros abusos de derechos humanos. El Gobierno tiene la obligación de contrarrestar ese fenómeno. Sin embargo, aunque ha anunciado la elaboración de una Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, ni siquiera ha adoptado todavía medidas efectivas para documentar los incidentes de índole racista a manos de particulares o agentes del Estado, ni ofrece datos periódicos sobre estos fenómenos.

En los próximos meses se van a discutir en España tres importantes reformas legislativas (Ley de Asilo, Ley de Extranjería y Código Penal), que pueden implicar recortes para los derechos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, presidenta de Amnistía Internacional (AI) en España, explica que “en dichas reformas legislativas, el Gobierno no debe dar un paso atrás en las garantías de protección reconocidas hasta ahora. No tener papeles no significa no tener derechos. En ningún caso se pueden rebajar los derechos de las personas migrantes ni de quienes defienden sus derechos”. La presidenta de la organización ha realizado estas declaraciones durante un acto simbólico celebrado hoy en Madrid frente al Congreso de los Diputados, bajo el lema: “Inmigración: rebajas en derechos humanos”.

Amnistía Internacional también ha lanzado hoy una ciberacción en www.actuaconamnistia.org en la que invita a toda la ciudadanía a dirigirse al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar estas preocupaciones.

Asilo: tendencia a la baja en la protección internacional Amnistía Internacional ya ha denunciado en anteriores informes la existencia de una tendencia preocupante a la baja en el marco de la Unión Europea. En los últimos años, los Estados miembros han adoptado políticas comunes de control migratorio y de fronteras que no sólo socavan los derechos humanos de quienes abandonan sus países de origen en busca de unas condiciones de vida más dignas. También contribuyen a dificultar el acceso a los canales de protección internacional para quienes huyen de violaciones de derechos humanos.

“En el caso de España, resulta muy preocupante el reducido número de estatutos de refugiado concedidos en los últimos años. El año 2008 se ha cerrado con unas 4.000 solicitudes de asilo y tan sólo unos 100 estatutos de refugiados concedidos. Estas cifras, comparadas con otros países europeos, son muy bajas y resultan aún más preocupantes al comprobar que no responden a la especial situación de tantas personas que siguen huyendo de violaciones de derechos humanos en todo el mundo”, afirma Ruiz-Giménez Arrieta. El escaso número de solicitantes de asilo se debe al impacto de las políticas de control migratorio, puesto que estas personas comparten los medios y rutas utilizados por inmigrantes, en los que cada vez se encuentran más obstáculos También corren la misma suerte de sufrir abusos e incluso perder la vida.

La organización considera que el Proyecto de Ley actualmente en discusión en el Congreso de los Diputados supone un claro paso atrás respecto a la Ley de Asilo actual y un retroceso en las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Entre las preocupaciones de AI sobre este proyecto se encuentran: la imposibilidad de que ciudadanos europeos puedan pedir asilo, la desaparición de la posibilidad de pedir asilo en embajadas, la inclusión de cláusulas contrarias a la Convención de Ginebra o la creación de varios procedimiento acelerados que reducen las garantías para los solicitantes de asilo, entre otras.

En palabras de Ruiz-Giménez Arrieta, “en el actual proceso de reforma de la Ley de Asilo es importante recordar a las autoridades españolas que deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos tal y como se ha comprometido con la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el pasado 12 de diciembre de 2008”.

Extranjería: menos derechos, más disposiciones restrictivas

Aunque los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y regular la entrada y permanencia y salida de personas extranjeras, no se trata de un derecho ilimitado y no puede hacerse a costa de los derechos humanos. La prohibición de discriminación, de la tortura y los tratos inhumanos, y el respeto a la vida de las familias o las normas internacionales sobre detención de migrantes, entre otras cuestiones, no pueden ser ignoradas.

La organización ya denunció cómo en anteriores reformas se adoptaron medidas restrictivas de derechos y contrarias a las obligaciones internacionales de España. También viene alertando del aumento del racismo y la xenofobia y de la necesidad de adoptar medidas que protejan efectivamente a las mujeres inmigrantes ante la violencia de género o la trata de seres humanos.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la tendencia que se observa en la iniciativa gubernamental de reforma de la ley de extranjería, aún no formulada como proyecto de ley para su tramitación parlamentaria. Ésta supone un recorte de derecho y recoge disposiciones restrictivas que incrementan la vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Entre otros, es especialmente grave en lo que concierne a los menores no acompañados y los menores en conflicto con la ley, la ampliación del periodo de internamiento en los centros de extranjeros, la limitación al derecho a la reagrupación familiar, así como la ampliación del catálogo de sanciones graves.

Amnistía Internacional quiere recordar a las autoridades españolas (Gobierno y Parlamento) sus obligaciones contraídas con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados. La crisis económica no puede servir de excusa para dar un paso atrás en la protección de los derechos humanos. Las próximas reformas legislativas no deben suponer una rebaja en derechos, en especial en el caso de los menores no acompañados y los menores en conflicto con la ley. Por el contrario, es el momento de aprovechar la oportunidad para ofrecer mayores garantías de protección a las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

 

INMIGRANTES EN ESPAÑA Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger