Los más vulnerables sufrirán las consecuencias del recorte de presupuesto en inmigración

“Los más vulnerables, entre los vulnerables”, se podrían quedar sin la atención de sus necesidades básicas, debido al recorte del 50% de presupuesto para la integración y el refuerzo educativo de los inmigrantes, aseguró el martes, el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Javier De Lucas.

"Se trata de atender las necesidades básicas de personas que deberían contar, porque se encuentran ya aquí y deberían contar como ciudadanos. Este es el problema de siempre, el Gobierno deja caer de la protección de estos presupuestos a los más vulnerables entre los vulnerables y no en un punto de vista teórico, sino afectando directamente a sus necesidades básicas y haciendo que su existencia sea aún más difícil", resaltó De Lucas.

El presidente de CEAR indicó que la solidaridad que citaron en tantas ocasiones el gobierno español y el grupo parlamentario socialista, no se ve reflejada en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que propusieron.Éste prevé la reducción de la mitad de las partidas destinadas a los ayuntamientos y autonomías para la integración del colectivo inmigrante, que hasta el momento eran de 200 millones de euros en total, pero que pasarían a 100 millones de euros para 2010.

Si la propuesta de Ley presupuestaria es aprobada en el congreso, ONG’s como CEAR podrían dejar de funcionar por falta de recursos, señaló el presidente de esta organización.

"CEAR se tendrá que plantear muy seriamente en qué medida puede seguir prestando todos los servicios que hasta ahora la organización venía realizando" y lamentó que "quienes van a sufrir en este caso son los refugiados y en último término, el conjunto de los inmigrantes" ,lamentó De Lucas.

Sin embargo, CEAR espera que la solidaridad y sensibilidad se imponga dentro de los grupos parlamentarios, para que el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, no sea aprobado. Según asegura esta organización la norma, “afectaría a un número de personas importantísimo".

El rechazo a la propuesta de Ley presupuestaria es profundo en las ONG's

Por su parte, otras asociaciones también han manifestado su rechazo a la propuesta del gobierno, tras señalar que los inmigrantes no están para recortes por ser son los más débiles. El portavoz de la asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, dijo no entender "una rebaja tan drástica en plena crisis económica" y menos teniendo en cuenta que "el Gobierno siempre ha defendido como primordial la política social". "En este caso la inmigración no ha sido considerada como tal".

El vocero de la Federación Estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados (Ferine), Víctor Sáez, tildó la propuesta de "dañina y nociva" y advirtió de que, al igual que se hiciera cuando el Gobierno propuso recortar un tercio del Fondo para la Integración el pasado mes de febrero, "las organizaciones se opondrán frontalmente y pedirán a los diputados en el Congreso que no apoyen la propuesta".

Y para el presidente de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), Juan Carlos Rois, si finalmente se confirma este recorte "será un error" y dejará claro que las prioridades políticas "van por otro lado". "Si se deja de invertir en acogida será una mala noticia para la cohesión social y reflejará una tendencia a la radicalización del discurso de la integración", subrayó.

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Más de 500 organizaciones critican la reforma de la la reforma de la Ley de Extranjería

Rebelion.
Más de 500 organizaciones de todo el Estado se han adherido a las propuestas presentadas por Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) y la Red Acoge ante la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), y comparten las objeciones a un proyecto que, como se señaló públicamente el pasado 16 de septiembre durante un encuentro con los medios de comunicación, “nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia”.

Las objeciones de CEAR, Acoge y Cáritas a la reforma se detallan en un amplio argumentario que, bajo el título “Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, se presentó el 16 de septiembre en Madrid, la víspera del debate en el Congreso del proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de junio. En ese documento, además de recordar las recomendaciones aportadas por estas tres instituciones a los poderes públicos en el proceso de puesta a punto de esta reforma, se identifican serias objeciones al proyecto.

CEAR, Acoge y Cáritas alertan, junto a las más de 500 plataformas y organizaciones que apoyan su posicionamiento, sobre “los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración”. Para todas estas entidades, el Proyecto de reforma supone un retroceso legal en toda regla por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.

El emigrante no es un delincuente

“No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente” se asegura en el documento de propuestas liderado por CEAR, Acoge y Cáritas, que abogan por una reforma entendida como una oportunidad para alcanzar tres objetivos prioritarios: construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración.

Para las organizaciones que secundan el documento, la reforma, en vez de optar por un modelo restrictivo de derechos, debería servir para transmitir a toda la sociedad “un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión plural”.

Hasta la fecha, han confirmado sus adhesiones la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), de la que forman parte 52 organizaciones; la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que integra a más de 400 entidades de toda España; el Servicio Jesuita a Migrantes–España, del que forman parte 10 entidades de ámbito estatal; la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, formada por 25 organizaciones catalanas; la Xarxa Per la Inclusió Social-EAPN Illes Balears; y la Red Navarra de la EAPN (European AntiPoverty Network), que integra a 23 entidades de la Comunidad foral. Asimismo, se han sumado a la propuesta la Unión Sindical Obrera (USO), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), IEPALA, Save the Children, la Asociación Martín Fierro de Valencia y la Asociación Semilla.

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Carta de una médico a la Ministra, publicada en la revista colegial

. Leedlo, que es interesante.

Por Mónica Lalanda:
de septiembre de 2009.-

Señora ministra, le propongo que sea usted la primera española que se vacune contra la gripe A. De hecho, con estedespropósito llamado autonomías, si se vacuna usted y toda la cartera de gente que nos gobierna en España, el grupo control sería lo suficientementegrande como para sentirnos todos más seguros.

Verá usted, le agradezco que me haya colocado a la cabeza de los grupos deriesgo y que tenga usted tantísimo interés en que no me coja la gripe.

Entiendo que usted me necesita para que el sistema de salud no se colapse;sin embargo, es una gran pena que al igual que usted se preocupa por misalud y de repente me valore como un bien nacional, no se preocupe por misituación laboral. La invito a que venga a ver mi contrato o el del resto
de los médicos en este país. La gran mayoría trabajamos con contratos queen el resto de la Europa antigua serían una vergüenza.

Señora ministra, yo no me voy a vacunar. El virus no ha acabado de mutar ya partir de la última mutación deberían pasar seis u ocho meses paraelaborar susodicha vacuna. Es decir, la vacuna que nos proponen no puede ser efectiva. En cuanto a su seguridad, ya tenemos la experiencia de vacunas para la gripe fabricadas con prisas; se usan adyuvantes peligrosospara poder poner menor cantidad de virus. Francamente, yo prefiero tenermocos tres días que sufrir un Guillain-Barré

Señora ministra, a mí no me gusta ser un conejo de indias.

El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la UE "espera a saber cuáles son los efectos de la vacuna en los adultos sanos para detectar posiblesconsecuencias adversas". Mire usted, casi que no.

Prefiero que se la ponga usted y me lo cuenta.

Señora ministra, se les está marchando el asunto de las manos. Está ya másque claro que este virus, aunque muy contagioso, es muy poco agresivo y másdel 95% de los casos cursa de manera leve. Se espera un máximo de 500fallecimientos frente a los 1500 a 3000 que provoca la gripe tradicional.

Mientras tanto, usted está permitiendo un despilfarro de recursosinaceptable. Muchos hospitales en el país están siendo objeto de cambiosarquitectónicos absurdos e innecesarios para prepararse para una hecatombeque ya sabemos no va a ocurrir. Se han gastado ustedes 333 millones deeuros en esta pandemia de color y fantasía. La letalidad del virus es del0.018%, francamente irrisoria.

Señora ministra, déjeme que le recuerde que la gripe A ha matado de momentoa 23 personas y que tiene una tasa de incidencia de 40-50 casos por semanay 100.000 habitantes. Sin embargo, el tabaco produce en España 40.000muertes al año y 6.000 por tabaquismo pasivo. Eso sí que es una pandemia,
pero usted prefiere ignorarla. Es un tema menos atractivo y que le crearíamultitud de enemigos. De los 447 muertos en las carreteras españolas en 2008, ni hablamos, que no es de su cartera.

Señora ministra, explíqueme por qué tiene usted el Tamiflú bajo custodiadel ejército. La eficacia de los antivirales en esta gripe es dudosa y decualquier manera lo único que hace es reducir en un ratito la duración delos síntomas y con efectos secundarios no despreciables. Cualquiera diríaque guarda usted bajo siete llaves la cura contra el cáncer o la pestebubónica. Ponga el fármaco en las farmacias que es donde debe estar ydéjese de fantasías más propias de Hollywood. Alternativamente, haga algo
sobre la patente del osetalmivir y permita que lo fabriquen otras compañíasfarmacéuticas, así no hay agobios de restricciones.

Señora ministra, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud yase han patinado en ocasiones anteriores. Cuando la gripe aviar, predijeron150 millones de muertos que al final quedaron en 262 fallecimientos. Se hanvuelto a equivocar, no importa. Lo importante es parar la locura en la que
estamos montados y esa, señora Jiménez, es responsabilidad suya.

Señora ministra, aquí una es una cínica por naturaleza. Demasiada gente selleva tajada en este asunto. No sólo los fabricantes de las vacunas y losantivirus sino los que hacen las mascarillas, los de la vitamina C , los delbífidus activo, los fabricantes de ventiladores artificiales ypulsioxímetros, los de los pañuelos desechables, los productos dedesinfección de manos, hasta los presos con enfermedades incurables quequieren aprovechar para marcharse a casa. Sin embargo, no me negará tampoco que la pantalla de humo les ha venido al pelo a su gobierno ahora que lacrisis sigue su marcha, el desempleo tiene niveles históricos, nos subenlos impuestos, sube el IRPF y baja el PIB. Una casualidad, supongo.

Señora ministra, una cosilla más. Si tengo que ver muchas más fotos suyas amedia página con mirada astuta, trajes sexis y poses de modelo... ¡me va adar algo!

Mónica Lalanda ha pasado los últimos 16 años en Inglaterra, la mayoría comomédico de urgencias en Leeds (West Yorkshire). En la actualidad trabaja enla unidad de urgencias del Hospital General de Segovia, participa en variaspublicaciones inglesas y también ilustra libros y revistas con viñetas médicas.

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Inmigrantes inician una marcha contra la futura Ley de Extranjería

elmundo.es
Asociaciones de inmigrantes, con el apoyo de organizaciones sociales, iniciarán el jueves una marcha de 700 kilómetros que partirá de Barcelona y llegará el 21 de octubre a Madrid para protestar contra la reforma de la Ley de Extranjería, que se está discutiendo actualmente.

Este miércoles leerán un manifiesto a las 17.30 horas en protesta de la reforma en el barrio del Raval de Barcelona, donde los participantes, unos 300 según fuentes de la Federación de Asociaciones de Inmigranets del vallés, pasarán la noche en un centro Social.

El jueves por la mañana a las 11 hores se inicará la cursa, que pasará por Molins del Rei, Lleida, Zaragoza, Calatayud, Guadalajara y Torrejón de Ardoz, entre otros lugares. Está previsto que en Zaragoza se sumen a la marcha otra suma de protestantes.

El presidente de la Federación de Inmigrantes del Vallés, Hugo Colacho, ha afirmado este miércoles en rueda de prensa que se trata de una iniciativa que surgió en la comarca vallesana para sensibilizar a la ciudadanía y por la igualdad, la libertad, la democracia, la justicia y el futuro, ya que la propuesta de reforma supone recortar derechos a los inmigrantes. "Somos parte de la sociedad, no algo ajeno", ha reivindicado.

Los participantes recorrerán una media de 25 kilómetros diarios y acamparán en pueblos del camino, pasando por Cataluña, Aragón, Castilla la Mancha y Madrid. .

Dicho texto señala que la futura Ley de Extranjería trata a los inmigrantes sólo como medios de producción, no como seres humanos, conserva el reagrupamiento familiar como un trámite restrictivo y discriminatorio, y endurece la reagrupación de familiares ascendentes.

Añade que se criminaliza al colectivo inmigrante aumentando el tiempo de detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y considera que la obligación de tener un contrato laboral para conseguir algunos trámites, como la renovación de la tarjeta de residencia, "condena a la pobreza y exclusión" a familias ya establecidas.

Por ello, el manifiesto reclama el cierre de los CIE, establecer un proceso de regularización que no dependa del contrato laboral, eliminar las restricciones para la reagrupacion familiar, no penalizar el principio de solidaridad y la plena igualdad de derechos, incluyendo el de votar. Durante la marcha se recogerán firmas de apoyo a estas reclamaciones.

El presidente de Justicia i Pau, Arcadi Oliveres, ha mostrado su apoyo a la marcha y ha asegurado que el actual rumbo de funcionamiento del Gobierno y parte de la sociedad "va en contra de la realidad, por lo que ha pedido una labor pedagógica para explicar a la sociedad que la inmigración es "un enriquecimiento mutuo" desde todos los puntos de vista.

Las organizaciones convocantes anunciaron que están realizando trámites para ser recibidos por el presidente del Congreso, José Bono, a su llegada a Madrid.

Según datos de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallès (F.A.I.V) entre 60 y 100 integrantes de FAIV y otras organizaciones recorrerán a pie los 25 kilómetros cada día y haciendo noche en al menos 28 ciudades.

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«La solución para acabar con la inmigración es la solidaridad».

El Comercio
Con motivo del primer aniversario de la Asociación de Africanos del Principado, con sede en Avilés, ayer aterrizó en la ciudad Ardiouma Sirima, presidente de la coordinación de la Diáspora Africana de Bretaña-Francia y Delegado Federal de Clubs Unesco. Sirima ofrecerá hoy a las 17 horas una conferencia sobre 'La riqueza de los pueblos: cultura, economía y sociedad desde la diáspora africana', acompañado por el fotoperiodista ganador de un premio Pulitzer, Javier Bauluz, en el Centro de Arte de El Arbolón.
-¿De qué les va a hablar a los africanos en Asturias?

-El principal objetivo de mi ponencia es conseguir que los inmigrantes formen parte de una unidad, esto les permitirá poner en marcha proyectos culturales, sociales y económicos para lograr ser ciudadanos aquí en Avilés, y por supuesto queremos llegar más allá, ser ciudadanos del mundo y que todo inmigrante logre ser útil para su país.

-¿Cree que funciona bien la Asociación de Africanos Asociados del Principado con sede en Avilés?

-La verdad es que esta asociación ha progresado mucho en unos pocos meses, ha pasado de dos personas en su inicio a 70 componentes en la actualidad de 14 países diferentes como Burundi, Camerún, Guinea Ecuatorial o Sierra Leona, entre otros sitios. Lo que más me ha llamado la atención es que sólo hay dos mujeres, lo que es un signo evidente de que todavía hay mucho trabajo por hacer.

-¿Es España un buen país a la hora de acoger a inmigrantes?

-Depende sobre todo de los periodos, es decir, de la época y también de las comunidades. En España hay mucha inmigración porque es la puerta de entrada hacia Europa, y dependiendo de la época el recibimiento varía. En momentos de crisis económica como el que se está viviendo es más difícil tener que asumir esta llegada de inmigrantes para los países receptores.

-¿Cuál es la solución para acabar con la inmigración y la falta de recursos de la que es víctima el continente africano?

-La solución pasa por la solidaridad internacional.

-¿Tiene algún proyecto en marcha en este momento desde la asociación que preside?

-Sí, en realidad ahora mismo tenemos varios proyectos en marcha, uno de ellos de tipo económico. Los inmigrantes africanos de Bretaña van a trabajar con la región en programas de apoyo a los cultivos africanos para lograr producir cereales en África.

-¿Qué objetivos pretenden conseguir con proyectos como ese?

-El fin es llegar a conseguir la autosuficiencia del continente africano, en este caso lograr que se abastezcan ellos mismos en temas alimentarios.

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Solo 10.000 inmigrantes se acogen al plan de retorno tras casi un año de vigencia

A un mes de cumplir un año de vigencia, unos 10.000 inmigrantes se han acogido al plan de retorno voluntario del Gobierno, de los potenciales 87.000 beneficiaros que había en el momento de su aprobación, informó ayer en el Senado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. La medida, que entró en vigor en octubre pasado, permite a este colectivo capitalizar su prestación por desempleo en su país de origen.

En contestación al senador popular Eugenio Gonzálvez, el ministro rechazó que el programa voluntario de retorno haya sido un fracaso y recalcó que su objetivo nunca ha sido «echar» a inmigrantes.

A su juicio, puede considerarse que el programa ha obtenido un «doble éxito», pues hay inmigrantes que siguen confiando en España pesa a la crisis y prefieren quedarse, mientras que los 10.000 que se han acogido al plan han podido marcharse conforme a su deseo. Por otro lado, Corbacho desconfía de que el Partido Popular apoye la próxima reforma de la Ley de Extranjería, pese a ser una «buena» legislación «para que sirviera bastantes años, gobierne quien gobierne».

Un informe de Médicos del Mundo denuncia que los inmigrantes sin permiso de residencia que viven en España no tienen plenamente garantizado el derecho a la sanidad, tanto en el ámbito legal como en la práctica, lo que supone una «violación flagrante» de este derecho universal.

Discriminación

El estudio constata que la mayoría de las leyes, entre ellas la española, discrimina abiertamente a este colectivo en el acceso a una atención sanitaria. Según el documento, estas personas se encuentran con numerosos obstáculos. Entre ellos, destaca los problemas burocráticos para obtener el certificado de cobertura sanitaria de la Seguridad Social, la falta de atención pre y post natal a las embarazadas, la carencia de servicios de especialidades y análisis y el cobro de los servicios de urgencias cuando se considera que no son tales y el paciente no posee la tarjeta SIP.

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España es el país de la UE donde los 'sin papeles' tienen más fácil acceso a la sanidad

elmundo.es
Tener asistencia sanitaria en el Primer Mundo puede convertirse en una auténtica carrera de obstáculos para los inmigrantes sin papeles. Así lo advierte la ONG Médicos del Mundo en un informe sobre el acceso a la salud en los países europeos de los extranjeros que carecen de permiso de residencia.

La ONG realiza un estudio comparativo sobre la legislación de diez países europeos y da un fuerte tirón de orejas a sus gobiernos: la mayoría de las leyes nacionales discriminan a los inmigrantes irregulares y sólo el 20% de los encuestados disfruta del derecho a la sanidad.

Del informe, que se presenta hoy en Bruselas, España sale bien parada. De hecho, es el país de la Unión Europea en el que los inmigrantes 'sin papeles' pueden acceder con mayor facilidad al sistema sanitario.

En nuestro país, cualquier inmigrante indocumentado puede conseguir la tarjeta sanitaria si se empadrona en un Ayuntamiento, un trámite bastante sencillo de realizar. Nada que ver con Suecia, donde los 'sin papeles' no tienen derecho a cobertura sanitaria, ni tan siquiera en caso de emergencia o de parto.

En Alemania, existe incluso la obligación por parte de las instituciones de denunciar a los clandestinos, una medida que acaba de ser modificada por el Parlamento germano.

En Bélgica, se realiza un control domiciliario a los irregulares por parte de los servicios sociales y en Francia, se les pide haber residido en el país durante un periodo superior a tres meses y no superar un determinado umbral económico.

El estudio, que se ha realizado a partir de 1.200 entrevistas, también desmonta el tópico de la inmigración sanitaria, que fue denunciado esta misma semana por Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El ex presidente extremeño reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero "una sanidad para los españoles y sólo para los españoles".

Sin embargo, Médicos del Mundo asegura que "estas personas no vienen a Europa para recibir tratamientos médicos ni para 'aprovecharse' de los sistemas sanitarios". De hecho, sólo un 6% de los entrevistados admitió haber abandonado su país por motivos de salud.

Ante este desigual panorama, Médicos del Mundo va a reclamar al Parlamento Europeo una resolución para garantizar la igualdad de acceso en la atención médica para todas las personas que viven en Europa.

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Seis venezolanos vejados en aeropuerto de Madrid

Seis venezolanos que iban a hacer turismo a España están retenidos en un cuarto del aeropuerto de Barajas desde hace 72 horas. No tienen acceso a su equipaje y reciben un trato pésimo de las autoridades.

Lo poco que les dicen es que no llevan los euros suficientes, aunque también alegan que la decisión de no dejarlos pasar es “por culpa de Chávez”. Este diario conversó, vía telefónica, con varios de los venezolanos “encarcelados” en Barajas, como Christian Bueno, quien narró que al bajar del avión de Conviasa fue interrogado. Al decir que llevaba 350 euros, el resto en la tarjeta de crédito y que era de Venezuela, le tacharon el pasaporte y fue pasado al cuarto. Otros, que ya regresaron de la misma experiencia, denunciaron ante el Consulado general en Caracas y el Min-Turismo. El Gobierno exigió explicaciones.

Hasta ayer había seis personas detenidas en el terminal aéreo. Son encerrados días y devueltos al país.

Cuatro días encerrados en una sala con ventana de vidrios blindados, sin vista exterior, hacinados y con la misma ropa de hace más de 72 horas, sin ducharse, ni cepillar sus dientes porque sus equipajes fueron confiscados, al igual que sus celulares, medicamentos, pasaportes y otros documentos.

En esa situación están actualmente cuatro venezolanos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, más dos muchachas, también venezolanas que se sumaron en la mañana de ayer a la misma agonía que a diario viven unos 70 a 80 sudamericanos, más algún africano y un eventual vietnamita, cuyos sueños de placer en un viaje turístico, no pasan el filtro de Migración, por el pecado de no tener “suficiente dinero” para pisar Europa.

Así lo denunció ayer a este diario, Christian Bueno, de 29 años, quien relató lo que calificó como el “infierno de Barajas”, mediante uno de los tres teléfonos que tienen en la sala de Migración, ubicada en el último piso del terminal aéreo ubicado a 12 kilómetros del centro de Madrid.

Él reside en las residencias California de Caracas, y es un licenciado en Educación que el pasado viernes dispuso pasar una semana en España. Salió de Maiquetía en el vuelo 3010 de Conviasa a las 5:00 de la tarde y llegó al mediodía del sábado a Barajas.

“El infierno” comenzó cuando le preguntaron: ¿A qué viene? , ¿quién lo invitó? , ¿cuánto dinero traes ? , ¿y de dónde vienes?

“Vine de turista. No tengo invitación. Mi efectivo son 350 euros y mil dólares en la tarjeta de crédito”.

Y el último pecado capital: “Vengo de Venezuela”.

Sin ninguna explicación la respuesta fue: “Póngase a la derecha”. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? —preguntó Christian— Vas a subir al cuarto piso y allá tendrás un abogado.

“ Me quitaron el celular y con él la posibilidad de llamar a mi familia y amigos, todos los aparatos electrónicos como cámara, ipod, relojes, más el equipaje, medicamentos, el pasaporte y documentos”, denunció Bueno.

Marco Pulido, de 29 años, un técnico dental, que vive en el sector Santa Eduviges del municipio Sucre, cerca de Caracas, también pasó por la misma humillación durante 48 horas la semana pasada y luego fue devuelto a Venezuela, perdiendo hasta 20 mil bolívares en pasajes y reservaciones de hotel.

Recuerda con precisión el área del cautiverio: “El área común —donde están excluidos todos los extranjeros objetados por Migración— es un cuarto de 30 metros cuadrados, con sillas pegadas a las paredes amarillas, donde están los tres teléfonos, un televisor que nadie determina porque cada quien, unos llorando y otros peleando, se ocupan en su tragedia personal. La temperatura estaba a unos 11 º C, que para nosotros es bastante frío, sin acceso al equipaje para buscar ropa de abrigo”.

“La sala tiene entrada a ocho cuartos con cuatro camas cada uno. Pero cuando llegué ya estaban ocupadas por personas que tenían hasta 14 días encerradas. Al pasar el día se fueron retirando y pude sentarme en uno, pero eran unos catres incómodos y poco aseados”.

“Hay un baño para mujer y otro para hombres, cada uno con dos sanitarios y una ducha. Pero ¿cómo nos íbamos a duchar si nos quitaron todo? ”.

Maritza Aguilar, de 51 años, es una ejecutiva de ventas que vive en Valencia y estuvo en el mismo grupo de venezolanos detenidos donde estuvo Marco. Viajaron en el vuelo 1332 de la aerolínea Santa Bárbara, y hacen notar que las personas detenidas sólo fueron los de las aerolíneas venezolanas. Ningún detenido viajó con Iberia.

Aguilar cuenta que en la sala de Migración había seis escritorios, cada uno con un abogado y un policía encargado de reirse de todos los casos, mandarlos a todos a callar y por las noches a dormir. Otros dejaban ver con desparpajo, su xenofobia al decir: “Éso les pasa por elegir a un presidente que les da poco dinero para viajar”. “Los dólares que traen ustedes, siempre son falsos”.

“Nos hacían firmar un documento en el que el pasajero reconoce que está ingresando ilegalmente, para permitirles el regreso a sus países. Le preguntaba a la abogada por qué estaba pasando eso y me respondió: Lamentablemente te tocó”.

Ya de vuelta a Caracas, Maritza cuenta su aprendizaje: “Entendí cuánto daño puede hacer alguien, sólo por juzgar”.

Mientras hoy, Maritza tiene tiempo para la reflexión, Christian y sus otros cuatro compatriotas venezolanos siguen en aquella sala fría.

“No hay vuelos de Conviasa porque supuestamente la aerolínea se declaró en bancarrota. Entonces nos dieron como fecha de retorno, este viernes 25. Si la embajada no nos consigue un vuelo mañana (hoy) serán seis días en el infierno”.

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La Fiscalía General del Estado destapa etimo de los menores inmigrantes

MinutoDigital.Com
Ante la ineficacia de la clase política y las instituciones vinculadas a la inmigración, ha tenido que ser la Fiscalía General del Estado quien destape otro fraude de la inmigración. En concreto se trata de los inmigrantes que llegan a España y que dicen ser menores o portan documentación falsa que acredita que tienen menos de 18 años. Han sido miles de inmigrantes adultos los que se han beneficiado de ayudas especiales… Mientras tanto, las autoridades miraban hacia otro lado.

Las pruebas de determinación de edad (test oseométrico) que ordena la Fiscalía para concluir si un inmigrante llegado de forma clandestina a España ha cumplido o no los 18 años desvelaron en 2008 que un 30 por ciento de quienes habían sido identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos, conforme datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

En concreto, las Fiscalías territoriales de España incoaron en 2008 un total de 3.854 expedientes para determinar la edad de 3.883 supuestos menores inmigrantes que se encontraban en España en situación irregular y sin la tutela de ningún adulto. De las personas sometidas a la prueba, el 35,67% (1.375) ya había cumplido los 18 años, mientras que el 67 por ciento (2.279 personas) aún no lo había hecho.

Sin embargo, no siempre se practica la prueba de edad. La Fiscalía destaca como “llamativo y preocupante” que en muchos casos los supuestos menores presentan documentación expedida en su país de origen que refleja una edad “manifiestamente inferior” a la que aparentan y que, en respuesta, las autoridades entregan directamente a un centro de protección sin realizar el análisis o han incoado diligencias periciales para acreditar la validez de la documentación.

En el informe la institución dice desconocer cuántos expedientes de expulsión de menores inmigrantes fueron incoados el año pasado por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias españolas. Sin embargo, con datos de las Fiscalías territoriales, concluye que fueron iniciados 515 procedimientos informados por los fiscales en 131 ocasiones, en el 90% de los casos, de forma desfavorable.

Esto se debe a una serie de “defectos procedimentales” apreciados por la Fiscalía de Extranjería, el más grave de los cuales es “la omisión del preceptivo trámite de audiencia del menor” que debe realizar quien instruye el expediente. “Sin embargo, el obstáculo definitivo e infranqueable lo constituye la falta de colaboración de las autoridades consulares de dónde son nacionales los menores afectados”, explica la institución.

“PARALIZACIÓN DE LAS REPATRIACIONES”

En este sentido, la Fiscalía advierte de “una importante paralización de las repatriaciones” de menores inmigrantes no acompañados y señala que, frente al millar de niños africanos llegados a las costas españolas, en 2008 se produjeron 10 repatriaciones (un 61% menos que en 2007), de las cuales sólo una tenía destino a un país de África (Guinea Ecuatorial).

“La realidad demuestra que en la mayoría de los casos, incluso desde la misma fase de instrucción del procedimiento administrativo, puede quedar perfectamente constatada la imposibilidad de ejecutar la repatriación del menor a su país de origen, pues resulta patente que no van a cumplirse todas y cada una de las exigencias del Reglamento de Extranjería”, explica el informe.

Así las cosas, según la Fiscalía “no se comprende” cómo es que algunas autoridades autonómicas y la Administración General del Estado no adoptan “las correspondientes iniciativas conducentes a la documentación de aquellos menores inmigrantes no acompañados”, conforme indica la legislación vigente, que obliga al Gobierno a conceder autorización de residencia al chico cuando no se pueda ejecutar su repatriación.

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Francia desmantela un campamento de 'sin papeles' y detiene a 278 inmigrantes

20minutos.es

La policía francesa ha desmantelado este martes un campamento de extranjeros 'sin papeles' en los alrededores del puerto de Calais (noroeste del país). En la operación, en la que no se han registrado incidentes, ha sido detenidos 278 inmigrantes indocumentados, 132 de ellos menores.

El desmantelamiento del campamento, conocido como "la jungla de Calais", se produjo a primera hora de la mañana y se prolongó durante unas dos horas.

Los detenidos menores de edad han sido trasladados a "centros especializados"El prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Pas-de-Calais, Pierre de Bousquet de Florian, explicó a la prensa que los detenidos menores de edad han sido trasladados a "centros especializados".

Una vez desalojado el campamento, añadió, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones y a la limpieza del lugar en el que llegaron a vivir unos 800 inmigrantes, la mayoría de ellos con intenciones de cruzar clandestinamente al Reino Unido.

Muchos de ellos se marcharon del campamento en los últimos días, después de que el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, anunciara que el desalojo era inminente.

Este lugar "es el campo de base de los traficantes (de inmigrantes)", indicó Besson, quien insistió en que "no es un campamento humanitario" y adelantó que en los próximos días "habrá otros desmantelamientos".

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Ataque racista en la web

Barcelona

Imagen de la web que presenta la web
www.informateyactua.org, este martes a las 12:00.

Así es como más de 24 horas antes de iniciar una jornada en Madrid sobre la discriminación en las empresas y el mundo laboral, organizada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comisión Europea, el sitio de Internet de esta actividadha sido atacado por hackers racistas.

Rakter es el seudónimo tras el cual se esconde el atacante, que no permite visualizar la web www.informateyactua.org. Con la frase "Spain for Ever", deja clara su intención de oponerse a todos los principios que inspiran la actividad del Gobierno español y la institución europea. Es decir, el respeto por la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos.

La jornada es parte de una campaña que pretende prevenir la discriminación, racial potenciando los aspectos positivos del acceso y permanencia al mercado de trabajo de las personas de origen extranjero y se desarrolla dentro del marco del Programa Operativo de “lucha contra la discriminación” financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo.

La discriminación por motivos de origen étnico o racial en todos los ámbitos de la vida y más precisamente en el ámbito del empleo es ilegal en España, en virtud de la Directiva sobre igualdad racial 43/2000 y su trasposición al sistema legal español mediante la ley 62/2003 de 30 de diciembre.

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¿Crisis laboral? Los extranjeros sí encuentran empleo en España

Libertad Digital
Del informe se desprende, además, que dos de cada tres extranjeros que residen en España posee un empleo, mientras que entre la población española este ratio es de uno de cada dos.

Por comunidades autónomas, en todas la tasa de empleo es mayor entre la población extranjera que entre la española, excepto en Ceuta y Melilla, donde la tendencia se invierte. Destaca el caso asturiano, donde la diferencia entre las tasas de empleo de ambas poblaciones es de 26 puntos porcentuales, por lo que tres de cada cuatro extranjeros posee un empleo.

En cuanto al perfil de la población extranjera ocupada en España, el estudio asegura que uno de cada cinco extranjeros posee formación profesional universitaria (20,5%), mientras que el 56% cuenta con un nivel de formación de segundo ciclo de secundaria o superior.

Comparando la formación de la población extranjera con la formación de la población española, se puede afirmar que "sus niveles de formación son altos y en línea con los datos de la población nacional", según el director del Strategic Reserch Center de EAE, Mario V. González.

Sobre el origen de los extranjeros, más de la mitad que emigran por motivos laborales y económicos son latinoamericanos (50,9%), seguido por los procedentes de África y de los de países europeos no comunitarios. Latinoamérica es también la región con mayor número de población ocupada en España y representa el 48% de los ocupados extranjeros de en el territorio nacional.

El informe de EAE Business School analiza también el fenómeno inverso, y concluye que uno de cada cuatro parados en España es extranjero. Asimismo, destaca que los trabajadores impatriados procedentes de países no comunitarios podrían llegar hasta el 20% de los extranjeros con permiso de residencia en España.

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Exteriores informa esta semana al Congreso de los convenios que dejarán votar a un millón de inmigrantes en municipales

europapress.es
El Congreso prorroga hasta junio de 2010 la subcomisión para la reforma electoral, que ya entrará en los asuntos de fondo

(EUROPA PRESS)

El Congreso escuchará la próxima semana las explicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre los convenios que se han venido firmando con distintos países para favorecer la participación de inmigrantes en las próximas elecciones municipales. la oposición ha criticado que esos acuerdos, cuya gestación no se consensuó previamente en el Parlamento, alterarán el censo de los comicios de 2011 pues supondrán la incorporación de más de un millón de votantes.

En agosto de 2008, el Ejecutivo nombró un embajador en misión especial, Gonzalo de Benito, encargado de negociar estos acuerdos con una quincena de países con presencia de nacionales en nuestro territorio con idea de incorporarles al censo en las elecciones municipales. Eso sí, la Constitución ya ponía una condición para esa participación, y es que esos países debían autorizar, en reciprocidad, el voto de los emigrantes españoles en sus comicios.

El pasado mes de junio, el Gobierno dio por cerradas las negociaciones al haber cerrado acuerdos con Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay. España aspiraba sumar además a Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

REQUISITOS VARIABLES

La oposición cuestionó estos acuerdos al considerar que implican una alteración del censo electoral (se habla de más de un millón de posibles votantes en municipales) y sin embargo su contenido no se ha consensuado previamente. Los convenios recogen, como condición para reconocer el derecho al voto en España, cinco años de residencia legal e ininterrumpida en nuestro país, pero al mismo tiempo hay otra serie de condiciones que varían en función de los sistemas electorales de estos países.

Así las cosas, y para aclarar las dudas de la oposición, la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la reforma de la Ley Electoral quiere escuchar de primera mano las explicaciones de Exteriores. En este sentido, y ya que el embajador que negoció los convenios tiene otro destino diplomático (Emiratos Árabes Unidos), quien comparezca ante los diputados será el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Javier Elorza. La cita será el próximo jueves por la mañana.

Mientras tanto, la Comisión Constitucional del Congreso ha propuesto al Pleno de la Cámara baja una prórroga hasta el 30 de junio de 2010 de los trabajos que viene llevando a cabo dicha subcomisión, que se constituyó en otoño del pasado año con un mandato inicial de un año que acaba a principios de octubre.

Comoquiera que su labor no ha concluida, todos los partidos han acordado una prórroga para continuar este periodo de sesiones y el próximo.

Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, la fecha tope del 30 de junio de 2010 permitirá acometer las posibles reformas que se propongan en el segundo semestre de ese año con el fin de que las novedades que se acuerden puedan estar en vigor en las municipales y autonómicas de 2011 y en las generales del año siguiente.

Una vez que se acuerde la prórroga y se escuchen las explicaciones de Exteriores sobre los convenios del voto inmigrante, la subcomisión se ocupará de completar el debate de las cuestiones técnicas del procedimiento electoral sugeridas por la Junta Electoral Central y otros aspectos vinculados al funcionamiento de los partidos, como los debates electorales o la difusión o no de sondeos en la última semana.

A partir de ahí, los grupos parlamentarios comenzarán por fin en el análisis del informe del Consejo de Estado, que sí entró en las cuestiones de fondo del sistema electoral. Ahí se empezaran a discutir cuestiones como la circunscripción electoral, la proporcionalidad o la posibilidad de aumentar a 400 el número de escaños del Congreso.

IU ESPERA "UNA ACTITUD FAVORABLE"

En este sentido, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ya avisado que espera una "actitud favorable" del Gobierno a la hora de revisar la proporcionalidad del sistema electoral.

"Después de haber dedicado demasiado tiempo a reformas de procedimiento, por fin se va a entrar en las reformas electorales --enfatizó--. Emplazamos al Gobierno a que tenga actitud favorable a mejora la representatividad y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, que en nuestro país deja bastante que desear, sobre todo para fuerzas minoritarias".

Y es que el Consejo de Estado es la única institución que ha admitido que el vigente sistema electoral prima a los grupos mayoritarios, el PSOE y el PP, y que sería aconsejable introducir modificaciones para que las formaciones minoritarias de ámbito estatal vieran sus votos mejor traducidos en el Parlamento.

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Migrantes voltean cada vez menos a España

:: El Informador
La falta de empleo ocasionada por la crisis financiera está provocando el retorno de cientos de indocumentados a sus países de origen

MADRID.- El mito de la inmigración en España proveniente de América Latina, África y Europa del Este se ha terminado, según datos oficiales difundidos por medios españoles, que demuestran la reducción de llegadas y el aumento de regresos a los países de origen.

Los datos revelan que las llegadas en embarcaciones precarias, las llamadas pateras, a las costas españolas se redujeron en 40% en los primeros siete meses de 2009, mientras aumentan los regresos.

Según Raúl Jiménez, miembro de la asociación madrileña de ecuatorianos Rumiñahui —que representan la principal comunidad extranjera en el país— “a finales del curso pasado muchas familias sacaron a sus chicos del colegio para enviarlos a Ecuador, porque sabían que no podían hacer frente a los gastos de uniformes y material”.

No hay trabajo y el poco que han conseguido, por ejemplo, a través del Plan E del Gobierno, era para obras de emergencia, que duraban muy poco, explica el dirigente.

“Tenemos datos de siete mil cabezas de familia que no han podido traerse a sus hijos a España. Además, al perder sus trabajos, muchos han perdido la residencia y se han convertido en irregulares”.

Acuerdos contra ilegales

Fuentes del Ministerio del Interior de España revelaron que la Península Ibérica se vuelve menos atractiva también a causa del número elevado de repatriaciones y medidas de prevención que, gracias a la “cooperación” de la Policía y los “acuerdos” con los países de origen, disminuyen flujos clandestinos.

En ese sentido, la reforma de la Ley de Extranjería, la cuarta en nueve años y que la semana pasada superó su primera prueba parlamentaria debido al rechazo de partidos de la oposición a las enmiendas, garantizará “inmigración más ordenada”, según expresó el Gobierno español.

El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional del Empleo (INEM) subió en 84 mil 985 personas en agosto respecto de julio, según datos difundidos a principios de mes por el Ministerio de Trabajo.

También se ha reducido de forma drástica la contratación en origen. Hasta el 30 de junio, equivale a un número de una sola cifra: ocho, frente a los mil 380 de todo 2008.

Muchos marroquíes han optado por regresar a su país a la espera de mejores tiempos, pero sin acogerse al plan de retorno del Gobierno, que les obligaría a renunciar a sus papeles.

“Ha sido un retorno puntual, silencioso, pero no definitivo. España les dio mucho trabajo y esperan que vuelva a dárselo, pero no están dispuestos a renunciar a su tarjeta de residencia, por eso no se han acogido al plan de retorno”, explicó Kamal Rahmouni, presidente de la asociación marroquí Atime.

El origen del nuevo escenario para quienes van a España a buscar un destino mejor, se explica en la situación económica que atraviesa la Península Ibérica, una crisis desde principios de 2008 y que se agudizó a mediados de ese año con el desplome del sector de la construcción, modelo de crecimiento durante una década y que empleaba a muchos inmigrantes.

Hoy incluso los españoles critican fuertemente a su Gobierno porque el número de “parados” (desempleados) aumenta considerablemente mientras planean adoptar medidas que afectan al bolsillo de los ciudadanos, como el alza a los impuestos.

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Aprobada la reforma de la Ley de Extranjería. Zapatero emprende el camino hacia la ‘berlusconización’ de España

KAOSENLARED.NET --
La aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería se ha consumado esta mañana en el Congreso de los Diputados, después de que las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, PNV y ERC-IU-ICV fueran rechazadas en la cámara legislativa por 183 votos en contra, 154 a favor y dos abstenciones. Los votos a favor de la reforma han venido de los grupos parlamentarios de PSOE, CiU y CC.

En su defensa de la reforma de la Ley, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, hacía un llamamiento al consenso y a aparcar las diferencias partidistas. Sin embargo, las diferencias van mucho más allá de las disputas entre partidos políticos y se sitúan en el ámbito del respeto o no a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cuya carta fundacional es firmante el Estado español, lo que le compromete a desarrollar todos los mecanismos legales a su alcance para garantizar el cumplimiento de dichos derechos.

En concreto, con esta reforma se incumple todavía más el artículo 6 de dicha Declaración: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; así como el artículo 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Esta “personalidad jurídica” era negada hasta ahora a las personas que eran retenidas en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) durante un máximo de 40 días. Este máximo de días se amplia ahora hasta 60, alegando que el anterior plazo máximo era insufiente para tramitar los expedientes de expulsión. En lugar de agilizar los trámites, dotar de más recursos materiales y humanos a las embajadas y consulados españoles en los países de origen de esas personas, el Gobierno español concluye que la culpa es de la persona que está retenida y por ello se autoconcede la potestad de poder retenerlo durante veinte días más que hasta ahora.

Se niega la “personalidad jurídica” para estas personas porque durante ese tiempo no tienen derecho a una defensa jurídica justa a través de abogados, ni se permite que grupos de defensa de los Derechos Humanos visiten los centros para comprobar las condiciones del internamiento, con lo que todo lo que se produzca en esos centros durante esos días queda al margen de toda legalidad, amparando así la inmunidad para todas aquellas personas que torturen y ejerzan toda clase de abusos contra las personas retenidas, siendo ésta una práctica que atenta claramente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el Estado español ha suscrito. Es más: para los casos de solicitud de asilo o de habeas corpus la duración de los internamientos se establece como ilimitada.

Como dice el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, no sólo se trata de personas individuales que deciden vivir en otro país, sino que la mayoría de las ocasiones se trata de todo un proyecto familiar que se inicia con alguno de los miembros de la familia para posteriormente conseguir que toda la familia llegue a vivir junta en ese nuevo país. Así lo reconoce también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

De lo anterior se deduce que los Estados firmantes de dicha Declaración están obligados a garantizar la protección no sólo de las personas individuales, sino de sus familias, favoreciendo el reagrupamiento y evitando por tanto la separación y división de las familias, lo que conlleva una merma de la calidad de vida de sus miembros. Pues bien, en esta reforma también se endurecen los requisitos para el conocido como “reagrupamiento familiar”. Se exigen cinco años de residencia por parte del miembro reagrupador cuando antes podía iniciarse el reagrupamiento a partir del primer año. Se permite trasladar su residencia al país sólo a los cónyuges, a los hijos menores de edad y a los ascendientes (padres, abuelos…) mayores de 65 años. Entre otros problemas, con dicha reforma se llega al absurdo de que si yo llevo más de cinco años residiendo en este país y quiero que los míos vengan a vivir conmigo, y solicito el reagrupamiento familiar, si mi padre tiene 68 años y mi madre 62 años, sólo permitirían viajar a mi padre y no a mi madre. Con esta medida, en la práctica se separa a una generación de la otra, y además en este caso se separa a la pareja de progenitores. Así, la división de la familia se alarga en el tiempo, con el consiguiente aumento del malestar y la pérdida de calidad de vida para la persona residente en el país que debe hacer frente a las dificultades de la vida sin el apoyo de los suyos que están lejos.

También los elementos sancionadores de la Ley se han endurecido. Las sanciones muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 euros y las de 6.000 euros a 10.000 euros. Hay que señalar que la recaudación por estas sanciones que en teoría son una forma de castigo de la inmigración ilegal, no está ligada a la inversión del dinero recaudado en políticas sociales de ningún tipo ni para las personas residentes en el país ni para los colectivos en peligro de exclusión social en los países de origen. El afán es meramente recaudatorio y va a parar a las arcas del Estado español, en este caso de la Administración central, sin que en ningún momento en la Ley se diga a qué gasto irá destinado el dinero que se recaude en la aplicación de las sanciones.

Lo más llamativo de las sanciones no es sólo el aumento en la cuantía económica de las mismas, sino los casos e los que podrán ser aplicadas, tales como los llamados “matrimonios de conveniencia” que se sancionarán con hasta 100.000 euros, o en el caso de las personas que denuncien ser víctimas de la violencia de género, que serán expulsadas si no llegan a poder demostrar dicho maltrato.

Una vez más, la violencia no es igualmente condenable si la víctima es un “nacional” o si se trata de un “extranjero”. Estamos hablando de que, por Ley, esto es, sí o sí, y al amparo del ordenamiento Constitucional español y del llamado “derecho internacional”, un Policía estará obligado por Ley a abrir automáticamente un expediente de expulsión a la persona que, sin permiso de trabajo o de residencia en vigor, denuncie ser víctima de la violencia de género. Dicha expulsión se llevará a cabo siempre que la persona denunciante no demuestre dicho maltrato con pruebas admitidas por un juez.

Vemos una clara contradicción en el reconocimiento de la “personalidad jurídica” de estas personas. Si son detenidas e internadas en un CIE no tienen derecho a ninguna atención legal, pero si denuncian padecer violencia de género no sólo es que no tengan el derecho, sino que tienen el deber, como cualquier otra “personalidad jurídica” de probar dicho maltrato ante las autoridades pertinentes. No hay que dejar escapar el dato de que un amplio porcentaje de las denunciantes son personas procedentes de otros países. Este porcentaje es más alto en determinados territorios, como en la Región de Murcia, donde en el primer semestre de lo que va de año este colectivo representó el 44,51% de las denuncias presentadas por violencia de género.
Estamos hablando de que en determinados territorios, se va a tratar de entrada dichas denuncias como falsas y se va a proceder a dar inicio al trámite de expulsión de forma automática si la denunciante no logra probar el maltrato antes de su expulsión.

Pero las restricciones de derechos que entran en vigor con la aprobación de esta reforma no se quedan aquí, sino que llegan incluso a ámbitos como el de la educación. Concretamente, se reconoce el acceso a la educación no obligatoria para mayores de 18 años sólo a los residentes en España o a los que sean ciudadanos de otro país de la Unión Europea. Los grandes perjudicados por esta medida de la reforma van a ser los centenares de estudiantes marroquíes de carreras universitarias (mayoritariamente Farmacia y Medicina) que estudian en universidades españolas, y que no todos tienen permiso de residencia en España.

Más allá de este colectivo en concreto, con esta medida se está dando el paso hacia una sociedad cuyos miembros estén divididos en cuanto a cualificación y puesto de trabajo que puedan desempeñar no según sus capacidades y esfuerzos, sino según su país de origen y, en consecuencia, la formación a la que se les permite o no el acceso. Dicho en pocas palabras: garantizamos la escolarización de los menores, pero una vez que están formados en igualdad con el resto de españoles, les negamos el acceso al bachillerato o a la universidad, exigiéndoles no sólo unos conocimientos, sino unos requisitos administrativos (permiso de residencia) que cada vez el Estado español les va a dificultar más y más el que puedan conseguirlos. En la práctica y a medio y largo plazo, tendremos empleados nacidos en otros países desempeñando trabajados para los que se requiere una baja cualificación, y españoles con titulaciones universitarias desempeñando trabajos de gran prestigio social. De nuevo se llevan a cabo medidas que ahondan en la distinción de los individuos según su origen y no según su capacidad y formación.

Para vestir de decencia esta reforma de la Ley de Extranjería, entre las sanciones también se incluyen las multas a empresarios por emplear a trabajadores sin cumplir las correspondientes normas laborales. Estas sanciones llegarían también hasta los 100.000 euros. Sin embargo nada se dice en la Ley de ampliar las inspecciones laborales, ni de aumentar la protección de los trabajadores que denuncien abusos en sus contrataciones, y que se ven obligados a guardar silencio por el miedo a perder su empleo si denuncian al empresario.

Por suerte, son cada vez más numerosas las voces que se pronuncian en contra de lo que podríamos llamar una “berluconización” de España en lo que a política migratoria se refiere. Así, tenemos el caso de políticos, diputados en parlamentos autonómicos, como Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) en Andalucía, que acoge en su hogar a un joven camerunés. Pues bien, con la reforma de esta Ley, este diputado andaluz, si dicho ciudadano camerunés no tiene en regla su situación administrativa en este país, podrá ser multado con hasta 10.000 euros, criminalizándose así también la solidaridad y la hospitalidad.

También las distinta asociaciones y ongs se siguen movilizando por los derechos de estas personas. Así, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha concentrado esta mañana en Sevilla a las puertas de la subdelegación del Gobierno y ha entregado un escrito que harán llegar al presidente del Congreso de los Diputados con los motivos por los que se oponen a esta reforma.

Asimismo, a nivel estatal, la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI), ha mostrado su rechazo a la reforma, denunciando que la misma “lesiona gravemente” los derechos y libertades de la población extranjera y “perjudica” los valores de convivencia de la sociedad española en su conjunto.

Pero estas denuncias no vienen sólo del lado del activismo ciudadano, sino que la más alta institución judicial del país, el gobierno de los jueces, esto es, el Consejo General del Poder Judicial, ya publicó un informe en el pasado mes de abril en el que critica la ampliación hasta 60 días (ampliables en casos extraordinarios) del período de detención en los CIEs, así como solicitaba que se reforzaran las garantías de los menores no acompañados en los procesos de expulsión. En concreto, se mostraba rotundamente en contra del artículo 53 del borrador de la reforma, en el que se considera infractor grave con sanción de hasta 10.000 euros a quien acoja o ayude a un inmigrante en situación irregular.

Zapatero, en su huida hacia adelante en medio de la crisis, emprende nuevamente medidas propias de los gobiernos más claramente “neocons”. Quienes desde las filas del PSOE se apresuraban a lanzar declaraciones de rechazo a las políticas migratorias recientemente aprobadas en Italia, andan ahora despistados mirando para otro lado, sin querer ver la “berlusconización” que Zapatero ha emprendido con esta reforma.

El mismo presidente que realizó la mayor regularización extraordinaria de trabajadores inmigrantes en la historia de nuestro país, es el mismo que unos años después endurece las leyes y recorta los derechos a este colectivo. Se calcula que en la actualidad 1.200.000 personas residen y/o trabajan de forma irregular en el Estado español. Muchos de ellos son trabajadores que al perder su empleo y no encontrar uno nuevo, han perdido con ello el permiso de residencia y se encuentran viviendo entre nosotros al margen de una Ley que en la mañana de hoy nos ha convertido a todos los ciudadanos españoles en ciudadanos menos dignos, en un país menos decente y en sospechosos de “infracción grave” por el simple hecho de prestar ayuda a estas personas.

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Errores en el control de inmigrantes

- A Coruña / Metro - La Opinión A Coruña
Concentrar todos los esfuerzos para controlar la llegada de inmigrantes en las fronteras nacionales no es recomendable según los profesores e investigadores que participan en el congreso que acoge desde ayer la Facultad de Sociología. Los expertos consideran fundamental que los Estados europeos y el resto de las naciones desarrolladas cooperen con los países de procedencia de los inmigrantes, aunque advierten de que constituye un grave error ofrecer incentivos económicos a cambio de colaboración

PABLO LÓPEZ | A CORUÑA Más de 400 profesores e investigadores de diferentes nacionalidades debatieron ayer en la facultad de Sociología acerca de las políticas para controlar la emigración. La peligrosidad de premiar económicamente a los países que colaboran con la Unión Europea en el control de los flujos migratorios y la denuncia de los Estados que priman el control de sus fronteras sobre los derechos humanos fueron las principales conclusiones de unas jornadas en las que también participaron numerosos estudiantes de la Universidad.

Los expertos que impartieron las diferentes clases magistrales coincidieron al señalar que el principal problema de la Unión Europea para controlar la llegada de inmigrantes es la ausencia de una política común para todos los estados miembros. Los sociólogos, sin embargo, recordaron que Europa ya trabaja en la elaboración de una normativa común y que los tiempos en los que algunos países se desentendían del problema y otros -como los mediterráneos y los que cuentan con una frontera con naciones del Este- debían hacer todo el trabajo están próximos a su fin.

Los sociólogos que participaron en las jornadas también analizaron el fracaso de las políticas de vigilancia de fronteras en los países que consideraron que un incremento de la vigilancia policial y militar de los lindes nacionales bastaría para frenar la llegada de extranjeros.

Los subsaharianos que llegan a las islas Canarias debido al incremento de la vigilancia en el estrecho o los mexicanos que caminan durante días por el desierto a 42 grados con la esperanza de llegar a Estados Unidos son dos ejemplos de que un férreo control de pasos y caminos sólo sirve para que los inmigrantes tomen otras rutas que resultan más peligrosas.

"El control de las fronteras sólo ha servido para desviar los flujos y para que los inmigrantes tomen ahora rutas más peligrosas", explicó la profesora del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana María Eugenia Anguiano, que disertó sobre los flujos migratorios en las fronteras mexicanas.

El control de las fronteras no es lo único que ha fracasado en la lista de medidas para ordenar el fenómeno migratorio. Algunos de los investigadores que acudieron ayer la Facultad de Sociología, a pesar de apoyar la cooperación entre países, advirtieron el peligro de ofrecer compensaciones económicas a los Estados subdesarrollados que se preocupen por evitar la salida de sus ciudadanos hacia otras naciones.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Ricard Zapata fue uno de los que se mostró más preocupado por este problema y no dudó en afirmar que algunos países subdesarrollados incentivan la salida de sus ciudadanos con la esperanza de recibir ayudas cuando éstos supongan un problema en el mundo occidental. La solución, según este profesor, pasa por que los Estados repartan las ayudas al desarrollo sin primar a aquellos países que envían inmigrantes a sus territorios.

Las ayudas económicas al desarrollo, dicen los críticos con las compensaciones, deben repartirse con el fin de mejorar las condiciones de los Estados más pobres y no como pago por la cooperación de estos estados en el control de los flujos migratorios.

Otro de los errores que cometen los países europeos en general y España en particular es considerar que el fenómeno migratorio está exclusivamente ligado al ámbito laboral y al deseo de ciudadanos de otros estados por encontrar un trabajo en Europa.

Esta forma de pensar puede llegar a permitir un control más eficaz de los extranjeros que emigran con la intención de buscar empleo y sueldo, pero, tal y como afirmaron algunos de los sociólogos que debatieron en la facultad, dificulta enormemente la reunificación familiar o, lo que es lo mismo, la llegada de los parientes cercanos de los inmigrantes que trabajan en España o en otro Estado de la Unión Europea.

Los investigadores que impartieron charlas durante la jornada de ayer mencionaron que la crisis económica ha tenido una consecuencia directa sobre los fenómenos migratorios. Las noticias sobre el paro y sobre la pérdida de poder adquisitivo en los países occidentales hace que lleguen menos extranjeros e incluso provocan que algunos de los que han venido decidan regresar a su patria.

Esta situación se nota también en la ciudad, donde las asociaciones que se dedican a prestar ayuda a los inmigrantes han detectado un descenso en el número de extranjeros a los que asesoran cada mes.

Los ponentes del congreso sobre las migraciones destacaron que los inmigrantes rumanos son los más numerosos en España, pues conforman una colonia de 800.000 personas. Los siguientes países más representados en el territorio nacional son Marruecos, Ecuador y Colombia.

La asociación de las migraciones con fenómenos como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico fue otro de los temas a debate durante las sesiones celebradas ayer en las aulas de la Facultad e Sociología. Algunos ponentes advirtieron a sociólogos y universitarios de que los ciudadanos de a pie no son los únicos que en ocasiones desconfían de los extranjeros, pues existen casos de países, como Estados Unidos, para los que el control de inmigrantes se enmarca dentro de los programas para la seguridad nacional.

Programación cultural

Los debates y las conferencias sobre política y emigración no son las únicas actividades en las que pueden participar los asistentes al VI Congreso sobre las Migraciones en España que acogerá la Facultad de Sociología hasta el próximo sábado. Profesores, investigadores y alumnos tienen la oportunidad de conocer cómo expresiones culturales como el cine y la literatura han retratado a aquellos que se han visto obligados a abandonar su país para encontrar trabajo o para refugiarse de guerras civiles y regímenes totalitarios.

Los que visionen películas como La clase, de Laurent Cantet; La fortaleza, Fernand Melgar; o Mulleres na raia, de Diana Gonçalves; escucharán los comentarios de catedráticos y críticos cinematográficos que moderarán las charlas que se iniciarán al término de cada una de las proyecciones.

La organización también ha previsto una serie de actividades que tienen como objetivo mostrar la estrecha relación entre la comunidad gallega y el fenómeno de la emigración. Paneles y fotografías permitirán que los asistentes recuerden los difíciles años en los que España era un país de salida y no de llegada.

Los directores del congreso esperan que, al finalizar la jornada del sábado, hayan pasado por las aulas de la Facultad de Sociología 353 personas, de las cuales 147 serán profesionales, 128 estudiantes y 78 miembros de comités.

La primera jornada celebrada ayer fue un éxito de asistencia, pues casi todas las aulas en las que se impartieron conferencias completaron su aforo.

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UGT pide al Gobierno que no utilice la crisis "como excusa" para recortar libertades

Agencias.
UGT pidió hoy al Gobierno que no utilice el actual momento económico "como excusa" para recortar libertades de los trabajadores, de cara a la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para su Integración Social (LOEX), cuya tramitación se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados, y reclama un debate parlamentario "sereno, rigurosos y sin demagogias".

En este sentido, el sindicato señala que el texto debería contribuir a proporcionar instrumentos válidos y eficaces para luchar contra la explotación laboral de la población trabajadora extranjera, así como para perseguir conductas "como el tráfico y la trata de seres humanos". No obstante, apunta que la ley "no debe actuar más allá de lo estrictamente necesario, que esté vinculado a la situación administrativa y a la regulación de la migración".

Así, espera que en el trámite parlamentario iniciado, los grupos tengan presente que la inmigración es un tema "especialmente delicado" y actúen de forma "normalizada". Además, afirma que "no se trata de un hecho excepcional, sino de una realidad de la situación española actual" y recuerda que el 4,9 por ciento de la población del país "son extranjeros no comunitarios".

Por todo ello, el sindicato enumera una serie de principios que, a su juicio, ha de tener en cuenta el Gobierno en el proceso de reforma de la ley. En primer lugar, apunta que la LOEX ha de tener en cuenta que la diversidad de la sociedad española "habla de población y no de inmigración". También, exige que la ley no se convierta sólo en un instrumento de política de inmigración "que separe a los extranjeros del conjunto de la población".

Igualmente, advierte de la importancia de no caer en la demagogia propia de los ejercicios nocivos que pueden darse en momentos como el actual, "que cuestionan la presencia de los trabajadores extranjeros y pueden afectar gravemente a la convivencia". Además, reclama a la sociedad que haga un ejercicio de responsabilidad de forma que la reforma siga "un camino de madurez".

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Las ONG´s advierten de que la reforma de extranjería supondrá un retroceso en la defensa de derechos -

EcoDiario
La Coordinadora de ONG de Desarrollo advirtió hoy de que la reforma de la Ley de Extranjería, que inició este jueves su trámite parlamentario, supondrá "un retroceso en la defensa de los derechos de la sociedad en su conjunto", por lo que pidió al Gobierno que abra de nuevo el texto al diálogo social.

La reforma actual de la Ley de Extranjería "supone un paso más en la consolidación de una política restrictiva en lo que a temas migratorios se refiere", según la coordinadora de ONGD, que señala que este enfoque choca claramente con los postulados defendidos y abordados históricamente por la cooperación para el desarrollo.

A su juicio, con el texto que se está tramitando, se produce una colisión entre el modelo migratorio liderado por la UE y asumido por España, que considera a los inmigrantes como "mera fuerza laboral", "simples mercancías" y la defensa de los derechos humanos y la idea de desarrollo como libertad que promueven las ONGD.

En opinión de la coordinadora, los aspectos más graves en cuanto a retroceso en derechos son la negación del empadronamiento a los migrantes en situación irregular y "la obstaculización al acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos, a la vivienda, a la justicia gratuita y a la protección de las víctimas de violencia de género".

La ampliación del periodo de estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), la vulneración del derecho a vivir en familia y la falta de garantía en las repatriaciones de los menores extranjeros no acompañados, son, para las ONGD, "otros elementos de retroceso" de la futura norma de extranjería.

Por todo lo anterior, la Coordinadora insta al Gobierno a abrir de nuevo el texto de reforma de la Ley de Extranjería al diálogo social, incorporando en el debate las voces críticas de las organizaciones sociales y de cooperación para el desarrollo que demandan una Política de Migraciones que equipare los derechos ciudadanos para todas las personas que residen en España, con independencia de su origen.

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Ley de Extranjería reducirá alcance de la reagrupación y castigará ilegalidad

La Ley española de Extranjería será reformada para consolidar la "inmigración legal y ordenada" y adaptarla "a las necesidades del mercado de trabajo", y entre sus modificaciones se prevé una limitación en la reunificación familiar y el castigo a quien promueva la inmigración ilegal.

Así lo explicó hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en una sesión del Parlamento en la que el Ejecutivo consiguió rechazar una serie de enmiendas propuestas por la oposición aunque le ofreció a esta trabajar entre todos los partidos para aprobar una norma consensuada.

Corbacho añadió que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria -de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009- y es necesario "pasar de una ley de Extranjería a una ley de Inmigración".

El texto propuesto por el Gobierno para reformar esta Ley -reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración- contempla un cambio en el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o a "casos humanitarios" y posibilitando la de las parejas de hecho.

La norma vigente permite agrupar a la pareja y a los hijos menores de 18 años, y además a los suegros y padres, de manera que cuando estos últimos regularizan su situación son generadores de este derecho para seguir reagrupando a otros miembros de la familia.

La nueva ley perseguirá la promoción de la inmigración irregular pero deja "fuera de toda duda" que no se va a perseguir la acogida humanitaria, y en cuanto a los menores de edad no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.

También contempla mejoras en la lucha contra la inmigración irregular tendentes a profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, el nuevo texto regula la autorización de residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, para que el temor a la expulsión no sea un obstáculo para la denuncia.

El texto de esta reforma, la cuarta que se produce en los últimos ocho años, fue aprobado en junio pasado por el Gobierno como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000.

En vigor desde el 1 de febrero de 2000, la Ley de Extranjería fue modificada por primera vez un mes más tarde, cuando el hoy opositor Partido Popular (PP) ganó las elecciones ese año y promovió una reforma que recortaba los derechos de los inmigrantes indocumentados.

En aquella ocasión se reguló la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.

En la última reforma, en 2004, la ley preveía la regularización de los inmigrantes sin papeles que llevaran seis meses empadronados en España y contaran con un contrato de al menos seis meses.

En la sesión parlamentaria de hoy, los partidos que presentaron enmiendas al nuevo texto legislativo -PP, Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU)- fueron críticos con la iniciativa pero aceptaron el ofrecimiento del Gobierno de trabajar juntos en la mejora del proyecto.

Tras calificar la política migratoria de "asunto de Estado", el ministro de Trabajo pidió el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que -dijo- consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.

En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho rechazó la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, les serían cerradas las puertas a la sanidad y a la educación.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo que la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del "papeles para todos a problemas para todos" y sus regularizaciones "masivas" tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda "el millón, según un sindicato".

Joan Herrera, de IU, dijo que la nueva ley "recoge pocos derechos" y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento de extranjeros, y el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, dijo que "todo son críticas" y recordó que tanto Amnistía Internacional como Red Acoge, Cáritas o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han cuestionado el texto. EFE

msr/doc/jnr/sm

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Los inmigrantes tendrán más difícil su acceso a la sanidad

Más de 150 nacionalidades están representadas en el colectivo inmigrante que vive en España y que suma más de cuatro millones de personas, aproximadamente el 10% de la población. Y la nueva reforma de la ley de extranjería que se debatirá a partir de hoy en el Congreso de los Diputados podría dificultar su acceso a servicios tan básicos como la sanidad o la educación, según denunciaron ayer algunos expertos.

El inicio del debate parlamentario coincide con la celebración del sexto Congreso sobre las migraciones en España, que se celebrará entre hoy y el sábado en la Universidad de A Coruña y en el que unos 400 especialistas debatirán sobre temas como el control de fronteras, la integración y la regulación del trabajo.

Antonio Izquierdo, catedrático de la Facultad de Sociología, llamó la atención ayer sobre las deficiencias de esta reforma durante la presentación de la actividad. «Clandestinizar, es decir, no saber dónde están los emigrantes, no es bueno», dijo, aludiendo a una de las reformas más criticadas, que prevé permitir el empadronamiento solo de los inmigrantes con residencia permanente. Izquierdo destacó que «al dificultar el empadronamiento, pierden el derecho a la sanidad y a la educación».

En la misma línea se pronunciaron ayer oenegés como Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y la Red Acoge, para las que la propuesta «dificulta la integración, estigmatiza y criminaliza» al inmigrante, que «ve restringidos sus derechos fundamentales».

Problemas añadidos

Esta restricción supondrá además, según estas organizaciones, un problema para los ayuntamientos, que verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, pero no podrán acreditarla si los extranjeros no aparecen en el padrón. «Los inmigrantes no son estatuas de sal que miran hacia atrás, miran hacia adelante, tienen su papel en la sociedad», señaló a La Voz de Galicia Antonio Izquierdo, que coincide con las oenegés en que este no es el mejor momento para poner en marcha la reforma -que tiene un evidente «aroma restrictivo»- porque «no se puede legislar coyunturalmente», haciendo alusión a la crisis económica. El problema es que «hay una obsesiva vinculación de la inmigración con el mercado de trabajo», afirmó.

«Más que por lo que dice, esta ley es criticable por lo que no dice», ya que «sigue sin tomar nota de que la integración debe ser el eje fundamental», concluyó Izquierdo.

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Las ONG denuncian el acoso al inmigrante

Público.es -
El proyecto de Ley de Extranjería (LOEX) que hoy se debate en el Congreso de los Diputados "cosifica al ciudadano extranjero no comunitario y lo asimila a una mera herramienta de trabajo". Es la denuncia que hicieron pública ayer las principales entidades sociales que trabajan con los inmigrantes, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge, en un comunicado conjunto. El texto ha sido asumido también por USO y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

La nueva Ley de Extranjería (la cuarta modificación que sufrirá el texto en nueve años) aumenta las restricciones para alcanzar "una inmigración más ordenada", según han manifestado en reiteradas ocasiones los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

CEAR, Cáritas y Red Acoge relacionan las restricciones con la crisis económica

El discurso vincula el proceso migratorio a la posesión de un contrato de trabajo. Las ONG y asociaciones de inmigrantes denuncian que la nueva ley restringe también las libertades y derechos de los extracomunitarios.

Los apartados más polémicos son cuatro. El principal y que más críticas ha levantado es el aumento de 40 a 60 días de los encierros en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Los otros tres están relacionados con los derechos y las sanciones: sólo se podrá reagrupar a los cónyuges, hijos y ascendientes mayores de 65 años; los sin papeles víctimas de violencia de género serán expulsados si no se demuestran los malos tratos; y se multará con hasta 10.000 euros favorecer la estancia de un inmigrante en situación irregular.

"Hay una obsesión por el control y por la seguridad", subrayó Alfredo Abad, secretario general de CEAR, quien añadió que "algunos aspectos del proyecto de Ley son claramente inconstitucionales".

Las asociaciones tachan la reforma prevista de «inconstitucional»

Para Cáritas, CEAR y Acoge, el proyecto de reforma supone "un retroceso legal en toda regla" y aportan cuatro motivos "fundamentales".

Las organizaciones aseguran que la política de inmigración se regula "respondiendo a la crisis", se cambia la normativa "a la baja" en cuanto a garantía de derechos y refuerza "la percepción del inmigrante como mercancía". A su juicio, estos factores dificultan la integración y alimentan una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.

Respecto al endurecimiento de los internamientos y las sanciones, las organizaciones recuerdan: "No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente". No obstante, admiten que la reforma es necesaria, pero para que sea "entendida como una oportunidad" para construir "una mejor sociedad de acogida" y potenciar los valores de "la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración".

El Gobierno cuenta con el apoyo de CiU y CC para rechazar las enmiendas

Después de un lento proceso de negociación, el Gobierno sacará adelante la ley, presumiblemente, con los votos a favor de Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC).

El portavoz de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, se reunió ayer con el ministro Corbacho para "ultimar detalles" antes de la votación de hoy. Aunque las negociaciones no comenzarán oficialmente hasta después del debate, el líder catalán aseguró que encontró al Gobierno "muy abierto" a sus propuestas.

Las reivindicaciones de CiU cuyos 10 votos resultan claves para la aprobación pasan por que las comunidades autónomas tengan más participación en los procesos vinculados a la reagrupación familiar, el arraigo y la contratación en origen. Además, el grupo quiere potenciar las segundas lenguas como elemento de integración.

Convergència i Unió reivindica que se potencien las segundas lenguas

Las opciones de que el grupo socialista encuentre apoyos en el resto de grandes grupos parlamentarios es muy reducida: PP, ERC-IU-ICV y PNV presentaron a principio de verano tres enmiendas a la totalidad de la ley.

Cáritas, CEAR y Acoge tampoco consideran oportuno el momento de crisis económica en el que se ha realizado la reforma. El documento que hicieron público ayer (que ha sido presentado a todos los grupos parlamentarios, aunque ni PP ni IU han recibido todavía a las entidades sociales) alerta del riesgo de que se realicen "lecturas inadecuadas" de la crisis económica. Así, temen que se puedan "vincular, de manera simplista y peligrosa, crisis e inmigración".

Las sentencias del Tribunal Constitucional y la adaptación a la normativa europea son dos de los argumentos principales que se han presentado para justificar la reforma. "En ellos, no encontramos explicación para el recorte de derechos que se ha introducido", reivindican las ONG.

Pese a todo, valoran que el nuevo texto reconozca los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular. Aunque a la vez temen que se aproveche la ocasión para recortar otros derechos. Los más vulnerables son el acceso al empadronamiento, el derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos, el acceso al derecho a justicia gratuita o la reagrupación familiar.

"La reforma nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia", objetaron los responsables de estas entidades. El comunicado concluye respecto a la actual redacción de la norma: "Perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes".

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La inmigración toca fondo

elpais.es
Hace sólo dos años España era Eldorado. Ahora, son pocos los que vienen y cada vez más los que piensan en irse, según han constatado las asociaciones de inmigrantes. Todos los indicadores llevan a una misma conclusión: a muchos ha dejado de merecerles la pena dejar su país para venir a otro en crisis. Los datos revelan, por un lado, el frenazo en las llegadas: en cayucos (un 40% menos en los siete primeros meses de 2009), por reagrupación familiar y por contratación en origen. Y, por otro, el aumento de los regresos, como indican las matriculaciones escolares de extranjeros: aumentan, pero casi un 50% menos.

"Ya a finales del curso pasado muchas familias sacaron a sus niños del colegio para enviarlos a Ecuador porque sabían que no podían hacer frente a los gastos de uniformes, material... Muchos ecuatorianos han agotado la prestación por desempleo, otros tantos han perdido sus casas porque al no poder pagar las hipotecas se las han quedado los bancos y ahora viven en albergues y comen en comedores sociales. Están desesperados. No hay trabajo y el poco que han conseguido, por ejemplo, a través del Plan E del Gobierno, era para obras de emergencia, que duraban muy poco", explica Raúl Jiménez, de Rumiñahui, asociación de ecuatorianos.

Vuelven los hijos que estaban en España y ya no vienen los que se quedaron en los países de origen de sus padres. "Para traerse a los familiares tienen que demostrar que pueden mantenerlos económicamente y, con la crisis, cumplir los requisitos es prácticamente imposible. Tenemos datos de 7.000 cabezas de familia que no han podido traerse a sus hijos a España", explicó Gustavo Fajardo, de Aesco, asociación de colombianos. "Además, al perder sus trabajos, muchos han perdido la residencia y se han convertido en inmigrantes irregulares".

El PP quiere endurecer aún más los requisitos de reagrupación familiar y ha centrado en este punto la enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley de Extranjería que hoy se debate en el Congreso.

También se ha reducido de forma drástica la contratación en origen. Hasta el 30 de junio, el contingente es un número de una sola cifra: 8, frente a los 1.380 de todo 2008.

Muchos marroquíes han optado por regresar a su país a la espera de mejores tiempos, pero sin acogerse al plan de retorno del Gobierno, que les obligaría a renunciar a sus papeles. "Ha sido un retorno puntual, silencioso, pero no definitivo. España les dio mucho trabajo y esperan que vuelva a dárselo, pero no están dispuestos a renunciar a su tarjeta de residencia, por eso no se han acogido al plan de retorno del Gobierno", explicó Kamal Rahmouni, presidente de la asociación marroquí Atime.

La nueva Ley de Extranjería supera hoy su primer escollo

El Gobierno superará previsiblemente hoy en el Congreso la primera prueba parlamentaria para la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, que prevé, entre otras, aumentar el periodo máximo de retención en los centros de internamiento. Porque CiU, que suma 10 votos, ha prometido no apoyar las enmiendas a la totalidad de la reforma presentadas por el PP, PNV y ERC-IU-ICV. CiU lo decidió ayer después de reunirse con el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. "Ha estado muy receptivo a nuestras peticiones", explicó el diputado de Carles Campuzano.

"Hemos pedido que se dote a la Generalitat de más recursos para desarrollar competencias previstas en el Estatuto para intervenir en las concesiones de tarjetas de residencia, regularización por arraigo, contratación en origen, etcétera. Además, también queremos establecer un nuevo requisito para la obtención de la residencia de larga duración y es que demuestren su esfuerzo de integración en la comunidad autónoma en la que estén: conocimiento de las lenguas, cursos, etcétera", explicó Campuzano.

La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) se reúne hoy con diputados del PSOE, IU, ICV y PNV para presentar su rechazo a la reforma, que a su juicio "retrocede gravemente en los derechos humanos". Asociaciones como CEAR, Cáritas y la Red Acoge aseguraron ayer que el texto "estigmatiza" al inmigrante.

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ONG advierten de que la reforma de Extranjería dejará a los 'sin papeles' fuera de la Educación y la Sanidad públicas.

europapress.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas Española y la Red Acoge advirtieron hoy de que si sale adelante el redactado actual de la reforma de la Ley de Extranjería, los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular quedarán fuera de la Sanidad y la Educación públicas porque no podrán empadronarse, condición necesaria para acceder a estos servicios.

En rueda de prensa, los responsables de estas entidades sociales explicaron que la Exposición de motivos que precede al anteproyecto de la ley identifica el concepto "residencia" con el de "autorización de estancia o residencia legal". Por ello, cuando el artículo 6.3 del texto dice que los ayuntamientos incorporarán al Padrón a los extranjeros que "residan" en su territorio, "está excluyendo" a aquellos que se encuentren sin papeles.

Para la coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, Ana Abril, esto tendrá una doble consecuencia: por un lado, supondrá "un recorte del derecho a asistencia sanitaria y a la educación" de los inmigrantes. Por otro, prosiguió, "se invisibilizará la realidad porque los ayuntamientos no tendrán una clara percepción" de la población en el municipio.

Las organizaciones expresaron sus dudas sobre que la restricción de estos derechos sea la "intención" del legislador al introducir la modificación del padrón y no un "lapsus", motivo por el que instaron a los grupos parlamentarios a incorporar este precepto en sus propuestas de enmienda para evitar que salga adelante y "desvirtúe el objetivo del empadronamiento, que no es otro que dejar constancia de las personas que viven en un municipio".

No es esta la única reivindicación de los tres colectivos, que han planteado más de un centenar de enmiendas al anteproyecto de reforma elaborado por el Gobierno. Estas propuestas de modificación se han trasladado a todos los grupos parlamentarios e incluso se han mantenido reuniones con algunos de ellos, como el PSOE, CiU, PNV o UPyD, conforme explicó el secretario General de CEAR, Alfredo Abad.

Según apuntó, las ONG han encontrado "receptividad" en los diputados, aunque "hay posiciones que dependen no sólo de lo que es deseable y lo que son los derechos, sino del equilibrio de votos y de políticas más localistas que acaban afectando" a la negociación sobre el texto de Extranjería.

"POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD"

Entre las propuestas, destaca la modificación del artículo relativo al acceso a la Educación de los extranjeros, precepto modificado por el Tribunal Constitucional para hacer efectivo este derecho y que en la propuesta del Gobierno podría rozar la "inconstitucionalidad" ya que, según explicó Abad, "la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria".

Asimismo, las ONG denuncian restricciones para los extranjeros en materia de vivienda social, ya que el anteproyecto de reforma plantea la residencia de larga duración (más de cinco años legalmente) como condición para el acceso a estas ayudas. Con este requisito "no sólo estamos mermando su derecho sino también provocando una política ineficiente", señalaron las ONG.

Por otra parte, la directora técnica de Red Acoge, Begoña Santos, incidió en el "endurecimiento" del régimen sancionador para extranjeros con medidas como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión. Según afirmó, en la práctica, la media de estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es de 20 a 30 días, por lo que "no se justifica" la ampliación para agilizar repatriaciones. Además, recordó que la Directiva de Retorno europea sobre la materia es de "mínimos" y no obliga a los Estados a imponer condiciones más restrictivas de las que ya tenga en vigor.

Por último, las organizaciones criticaron la restricción de las reagrupaciones al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores), la falta de soluciones para el problema de los menores inmigrantes que alcanzan los 18 años de edad bajo tutela de la Administración Pública y las "condiciones más gravosas" que impone el anteproyecto a los extranjeros para acceder a la justicia gratuita, por entender que se trata de "retrocesos" que llegan en un "momento inoportuno" porque "asocian crisis e inmigración" y que "no servirán para construir una sociedad más justa a largo plazo".

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