Gobernar la inmigración

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Crear un Ministerio de Inmigración -los extranjeros no comunitarios apenas suman el 7% en el Padrón-, siempre me pareció una torpeza, supone dar carta de naturaleza a la segregación institucional de una parte, aunque sea minoritaria, de la población española, identificándola de forma artificiosa por su origen nacional, cultural o étnico; esta política “diferenciadora” ha permitido diseñar la integración social de los inmigrantes no como un proceso normalizado y con garantías legales suficientes, sino como una actividad administrativa discrecional y sometida a las condiciones y circunstancias socioeconómicas de cada momento, y en cada lugar.

Vic-CiU y Torrejón-PP, serían sólo síntomas locales de esa política estatal-PSOE equivocada. Las Administraciones deben garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no sólo por razones de equidad y justicia, sino también para garantizar la eficacia del sistema democrático, coordinarse entre sí para normalizar sus actuaciones sin levantar falsas alarmas y no utilizar a las personas desplazadas como un arma arrojadiza de unos contra los otros. Es lo que esperan de ellos los ciudadanos de bien, hayamos nacido donde quiera que sea, y les hayamos votado o no.

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El 21% de los barceloneses ven la inmigración como una amenaza

Público.

El 21% de los ciudadanos de Barcelona cree que la diversidad y la inmigración son ‘una amenaza y una pérdida', según concluye una investigación realizada por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del proyecto Pla Barcelona Intercultural.

El estudio se presentó este miércoles, junto al decálogo del Plan, de la mano del alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, y Daniel de Torres, comisionado para la inmigración del consistorio. Para realizarlo se han reunido y analizado centenares de encuestas "con la voluntad de saber qué piensan los ciudadanos y qué no ven bien", explicó Torres.

Hereu se ha marcado el reto de dialogar con el 21% de personas en contra de la inmigración, y "hacer un trabajo conjunto" para eliminar "con conocimiento profundo, el prejuicio".

El decálogo del Pla Barcelona Intercultural recoge los puntos sobre los que se debe actuar para gestionar la multiculturalidad en Barcelona. "Aunque ahora algunos consideran que no es el momento de hablar de estas cosas, nosotros lo queremos hacer", señaló el alcalde.

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En 2009 retornaron más del doble de inmigrantes que en los seis años anteriores

Durante el año 2009 un total de 14.621 inmigrantes no comunitarios volvieron a sus lugares de origen con ayudas del Gobierno, según los datos facilitados a 20minutos.es por la Secretaría de Estado de Inmigración. La cifra parece menor si se compara con los cerca de 400.000 extranjeros que sumó España durante el año pasado, pero es muy significativa si recordamos que entre 2003 y 2008 los inmigrantes no comunitarios que se fueron acogiéndose al retorno voluntario fue de 6.671. Es decir, en solo un año retornaron a sus países con las ayudas del Gobierno más del doble de inmigrantes que en seis años.

El paro es el principal motivo por el que la salida de inmigrantes se ha disparado en 2009

El paro es el principal motivo para que la salida de inmigrantes se haya disparado durante 2009; el desempleo se ha cebado con sectores como la construcción y los servicios, donde se emplea la mayor parte de los inmigrantes que llegan a España buscando prosperar.

Al desempleo se suma además las facilidades que desde noviembre de 2008 ofrece el Gobierno. Entonces se puso en marcha el programa de Retorno Voluntario de Trabajadores Extranjeros no Comunitarios, que ofrece a este colectivo cobrar todo el paro acumulado en dos plazos, el 40% en España y el 60% restante un mes después de establecerse en su país de origen. Durante 2009 se acogieron a esta modalidad de retorno 10.610 personas.

A esa cifra se añaden los 4.011 inmigrantes que volvieron a sus países a través del programa de Retorno Social (inmigrantes en situación irregular, refugiados, desplazados, solicitantes de asilo y personas bajo la protección del Estado por razones humantarias).

385.114 extracomunitarios en paro

El Anuario de la Inmigración de 2009, publicado por el ministerio de Trabajo e Inmigración, señala que la destrucción de empleo inmigrante en España se concentró en los primeros meses de 2009, y que afecta al 28% de la población extranjera. El Gobierno calcula que la crisis ha dejado por ahora a 385.114 extranjeros extracomunitarios en paro.

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La norma para empadronar inmigrantes "la aprobó un tal señor Rajoy"

ADN.es
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha acusado hoy al PP de actuar de forma irresponsable, irreflexiva y contradictoria en el tema del empadronamiento de los inmigrantes irregulares y ha recordado que la normativa sobre empadronamiento "la aprobó un tal señor Rajoy".

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pajín ha recordado que la normativa que establece la obligatoriedad de empadronar a los inmigrantes, con independencia de su situación en el país, se aprobó cuando el actual líder del PP, Mariano Rajoy, era ministro de Administraciones Públicas.

Pajín ha hecho hincapié en que hace tan sólo dos meses se debatió y aprobó en el Congreso una reforma de la Ley de Extranjería, en la que el PP no presentó ninguna de las propuestas que ahora "se atreve a verbalizar en un contexto de próximas elecciones", en alusión a los comicios catalanes previstos para el otoño.

También ha puesto el acento en las contradicciones en las que, a su juicio, está incurriendo el PP en esta materia, que "ha ido dando marcha atrás a medida que ahondaba" en el tema y con Rajoy diciendo no tener opinión cuando hay discrepancias internas, como en el caso de la localidad de Yebra (Guadalajara).

Además, ha señalado que el padrón no da ni quita derechos a nadie, sino que se limita a reflejar una realidad que, de no aparecer ahí, "sencillamente no existiría".

La "número tres" del PSOE ha dicho al PP que "el caos y las irregularidades" se las encontraron los socialistas cuando llegaron al poder, tras ocho años de mandato de José María Aznar, durante los cuales "miles" de inmigrantes no tenían derechos ni deberes, no cotizaban a la Seguridad Social ni contribuían al fortalecimiento del país.

Una situación que, según su punto de vista, cambió con el Ejecutivo socialista, que introdujo una política "racional, responsable y solidaria".

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El Consistorio quiere anular ayudas familiares a inmigrantes con el pasaporte caducado

Ibrahima K. perderá mañana la ayuda familiar que cobra, que asciende a 150 euros al mes, por no tener el pasaporte en regla. María R. C., dejará de percibir 126 euros por lo mismo.

Torrejón ya empadrona a todos
El PP se aferra a la indefinición tras agitar debates populistas

El pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene previsto aprobar el miércoles unos decretos con los que el alcalde, Pedro Rollán, del Partido Popular, pretende anular la concesión de al menos cinco ayudas familiares cuyos beneficiarios son inmigrantes que residen en la localidad.

Fuentes del PSOE local argumentan que la cantidad de personas afectadas podría superar el centenar. Por ello, anuncian su intención de realizar un estudio pormenorizado de la concesión de ayudas familiares a los extranjeros. "Si tenemos en cuenta que unas 3.000 personas se han caído del padrón por las nuevas normas instauradas por el Partido Popular, ese mismo es el número potencial de extranjeros que han podido perder la ayuda familiar en Torrejón", explica Francisco Rojas, portavoz del PSOE local.

Los decretos del primer edil popular revocan de facto decisiones municipales previas, ya que en todos los casos se trata de personas que ya tenían concedida la ayuda. Entre los motivos que aduce el Consistorio de Torrejón de Ardoz para extinguir las ayudas están, además de la caducidad del pasaporte, las deficiencias en la documentación.

En los otros casos que se han detectado la prestación queda anulada "ante la imposibilidad de personarse el titular del mismo para retirar el cheque", "por falta de documentación" y "por no cumplir los requisitos" cuando antes sí los cumplían.

Es el caso de otros tres inmigrantes, Loredana S., Joe M. y Sandra O. que dejarán de percibir entre 150 y 360 euros al mes.

Los portavoces del equipo de gobierno municipal declinaron dar su versión acerca de la anulación de estas ayudas.

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El padrón es el primer paso a la integración

Encontrar inmigrantes dispuestos a hablar sobre la actualidad política no es fácil. "Yo quiero un trabajo, no hablar de leyes y políticos", zanja un joven latinoamericano en el barrio de Lavapiés (Madrid). Pero no todos callan. Es el caso de Rasmia Zahran.

Palestina, de 21 años, Rasmia llegó a España en 2006, tras casarse con un joven español de origen palestino, con quien ya ha tenido un hijo. La pareja espera ahora su segundo bebé. "Lo primero que hice nada más llegar a España, nada más volver de la luna de miel, fue empadronarme en el distrito de Chamberí", recuerda Rasmia, quien le concede a ese gesto una importancia decisiva. Por ello, las noticias referidas a lo ocurrido tanto en Vic (Barcelona) como en Torrejón de Ardoz (Madrid) le parecen especialmente preocupantes: "Impedir a un inmigrante recién llegado que se empadrone es cortarle el camino a la integración, del que el padrón es el primer paso. Si no estás empadronado, no cuentas. Y si se lo niegan, se lo pondrían aún más difícil".

Para Rasmia, no hay duda de que el bienestar de los extranjeros no es lo más importante cuando ciertos políticos se sirven de su circunstancia como arma arrojadiza: "Sólo hablan de los inmigrantes como si fueran un problema para ganar elecciones".

Sevilla. "Soy musulmán con costumbres españolas"

Khamisse Lomri podría tener la nacionalidad española, pero sigue siendo oficialmente sólo marroquí porque es algo a lo que no le da "demasiada importancia". El mismo viaje que hizo cuando tenía 12 años ahora tiene 22, ya lo había realizado en 1990 su madre, que vino a trabajar como empleada interna del hogar. Él tiene un contrato estable en la construcción y se define como una persona más.

"No hay ilegales, eso lo hacen los gobiernos", precisa. Tanto él como su madre vinieron a buscar "algo mejor". Y con semblante serio lanza una pregunta dirigida, sobre todo, a los políticos: "¿Acaso alguien se quedaría viendo cómo se muere?". Pese a la polémica generada por el discurso del "no caben todos", Khamisse discrepa y alega no haber sufrido discriminación. "Cuando vienes a otro país, te tienes que adaptar; disfruto de la feria, de la Semana Santa... pero sin olvidar mis raíces marroquíes, nos integramos", explica.

Aunque es musulmán, confiesa que es poco practicante. "Mis costumbres son españolas", añade. Venir no fue fácil. Tuvo que renunciar a sus estudios. El desconocimiento del idioma le dificultó su aprendizaje y llegó hasta 3º de ESO. La idea de retomarlos planea últimamente por su cabeza, ahora que habla perfectamente el español y tiene trabajo.

Barcelona. "Lo peor es cuando te niegan los papeles"

Ismad E. llevaba ya mucho tiempo viajando a España cuando decidió quedarse a vivir. Había visitado el país como turista, según él, hasta cuatro veces. Siempre volvía a Marruecos para proseguir con sus estudios, pero en 2004 se vino con su hermana y el título de bachiller bajo el brazo.

Este joven ha presentado hace poco su solicitud de regularización por segunda vez, porque en la primera oportunidad el compañero de piso con quien vivía le dio de baja en el padrón de Barcelona al mudarse. El año y medio que había estado registrado fue anulado, al no comunicar al ayuntamiento su cambio de domicilio. Así tuvo que esperar dos años más, el tiempo necesario que exige la ley para obtener la residencia por arraigo.

"Lo peor es cuando te deniegan los papeles, te sientes impotente", explica este marroquí de 26 años, que tiene la aspiración de estudiar idiomas algún día. "Tienes que ir a Vic para empadronarte", le dijo en broma un cliente de la frutería donde trabaja. Fue antes de que el alcalde de esa localidad barcelonesa rectificara la iniciativa de impedir el acceso al registro de habitantes a los inmigrantes sin permiso de residencia. "Pero yo no le hice caso, prefiero evitar esas conversaciones", afirma Ismad.

Fuente: http://www.publico.es/dinero/288277/padron/primer/paso/integracion

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Torrejón también recula y quita los límites del padrón a los «sin papeles»

Después de que Vic claudicara la semana pasada, Torrejón de Ardoz (Madrid) acata el informe de la Abogacía del Estado y retirará hoy casi, con toda seguridad, las exigencias municipales para empadronar a los inmigrantes.
Dos requisitos impuestos por el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, encendieron la polémica la semana pasada: un extranjero por cada 20 metros cuadrados de vivienda y no haber ingresado en el país con visado de turista, sin que ninguna de las dos se aplique a los familiares de hasta segundo grado de cosanguineidad.
Sólo cumpliendo estas condiciones podían figurar en el censo. Ninguna de ellas figura en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), que regula el asunto. No es sólo una cuestión de estadística, ya que con el empadronamiento llegan el acceso a la sanidad y la educación públicas.

Desde el Ayuntamiento torrejonero señalan que «acatan, pero no comparten» el informe del Ministerio de Justicia, y que además solicitarán «aclaraciones» sobre la regulación del espacio por vivienda y solicitarán pautas a las que atenerse.
Según ha manifestado en varias ocasiones el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la limitación del espacio por cada persona censada en un misma vivienda tenía como objetivo evitar la proliferación de los llamados «pisos patera» o «camas calientes».
Sin embargo, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, señalaba en su informe que para empadronar a una persona» debe entenderse y considerarse válido y suficiente un pasaporte, aunque no cuente con el visado». Cualquier disposición adicional de los Ayuntamientos supone contravenir la LBRL.

Investigaciones
Los requisitos del Consistorio madrileño ya han sido objeto de investigación por parte del Defensor del Pueblo y del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. El departamento dirigido por Enrique Múgica abrió una investigación de oficio después de una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida.
La formación también se dirigió en noviembre a Arturo Canalda ante la posibilidad de que la normativa torrejonera pudiera estar limitando los derechos de los menores.
Las condiciones del censo de Torrejón de Ardoz han llevado a muchos inmigrantes a empadronarse en municipios vecinos con menos reticencias, como Coslada, San Fernando, Alcalá de Henares e incluso la capital. «Es pretender hacer invisible lo visible, manipular la estadística», valoran desde Izquierda Unida. En el Ayuntamiento señalan que la norma lleva 18 meses aplicándose.
Se da la circunstancia de que Torrejón de Ardoz es una de las localidades madrileñas con mayor densidad inmigrante. Se calcula que posee alrededor de un veinte por ciento de población extranjera. Con esta marcha atrás del Gobierno local se terminan semanas de polémica a causa de esta iniciativa.

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Cien claves de la inmigración en España

20minutos.es

• La negativa de dos municipios a empadronar a sus extranjeros sin papeles ha abierto un nuevo frente en torno a la inmigración.
• El conflicto se produce en vísperas de las elecciones catalanas y a un año de los próximos comicios municipales.
• En apenas dos décadas, el fenómeno migratorio ha cambiado la cara de la sociedad española y ha introducido nuevos retos.
• Cien preguntas y respuestas para entenderlo mejor, agrupadas en nueve grandes apartados:
• El escenario
• Las cifras
• La polémica del Padrón
• La Ley de Extranjería
• Pateras y cayucos
• La lucha contra la inmigración ilegal
• La situación económica
• La situación social
• Las consecuencias de la inmigración

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De la Vega tacha de "oportunista" la propuesta de Rajoy sobre los inmigrantes

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tachó este sábado de "oportunista, ocurrente y contradictoria" la propuesta del presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre la posibilidad de que los inmigrantes, aunque no estén empadronados, se puedan beneficiar de servicios básicos, como sanidad y educación.

Así lo criticó en una rueda de prensa en Palma, tras haberse reunido con los máximos representantes del Govern balear, donde, además, consideró que las declaraciones del líder de los 'populares' sobre este asunto "resumen muy bien" la forma de hacer oposición de su partido.

El líder del PP aseguró que está a favor de la inmigración, porque "todos" los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos

En este sentido, entendió que es "oportunista porque se apunta a todo para desgastar" y para conseguir un "puñado de votos", ocurrente porque presenta propuestas que no poseen "lo más mínimo de análisis", y, finalmente, contradictoria ya que "hoy dice una cosa y mañana otra".

En concreto, Rajoy, durante la clausura de la Escuela de Invierno del PP catalán afirmó: "Con que simplemente los derechos de sanidad y educación no los garantizara el padrón, sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos sin ningún documento ya nos podríamos evitar muchos problemas".

El líder del PP aseguró que está a favor de la inmigración, afirmando que "todos" los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos y a venir a España para ganarse la vida, aunque recordó que esto depende de las ofertas de trabajo que haya en el país, y de la capacidad de prestar servicios sociales a todos.

El dirigente señaló que el "verdadero problema" es la política de inmigración actual, y planteó la posibilidad de modificar la Ley de Extranjería, sobre todo porque hay una gran contradicción entre esta normativa y la Ley de Bases de Régimen Local que regula el padrón municipal.

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La Presidencia quiere regular la inmigración legal y las políticas de integración

La Cerca

Los responsables de Inmigración de la Unión Europea han sentado hoy las bases para la consecución de un “Pacto Europeo de Inmigración y Asilo” que defina los nuevos retos e instrumentos de una política comunitaria “equilibrada, abierta, generosa y firme” que apoye la integración de los inmigrantes legales y refuerce los controles en las fronteras para frenar la llegada de ilegales.

Así lo han explicado en conferencia de prensa al término de la sesión dedicada a Inmigración en el JAI de Toledo la secretaria de Estado española, Consuelo Rumí, y el vicepresidente de la Comisión Jacques Barrot.

“Queremos establecer un modelo comunitario que fomente la igualdad de oportunidades y la cohesión social”, ha subrayado Rumí tras apuntar la necesidad de aprovechar el Tratado de Lisboa para avanzar en esta materia y definir las prioridades y los mecanismos de puesta en marcha del Pacto de Estocolmo.

Así ha detallado la importancia que la Presidencia española quiere dar a la integración de los inmigrantes y la necesidad de apoyar con más determinación a los inmigrantes que se encuentran legalmente en la UE y se han visto afectados por la crisis económica.

Barrot ha coincidido en subrayar que “la integración es más difícil en tiempos de crisis, pero no debemos dejar de aprovechar esta oportunidad”.

En la reunión también se ha abordado la apuesta de la Presidencia de turno por impulsar la aprobación de un Plan de Acción para Menores no Acompañados que defina las políticas de prevención, protección y retorno seguro de estos a sus países de origen.

La secretaria de Estado ha defendido la necesidad de establecer un “reparto solidario de las cargas financieras” que originan los menores que llegan de manera ilegal y solos a Europa, un planteamiento en el que ha encontrado el apoyo de Barrot:

“La Comisión acompañará financieramente el Plan de Acción para Menores no acompañados”, ha subrayado.

El comisario ha destacado también la necesidad de definir e impulsar políticas de cooperación con los países de origen o tránsito de la inmigración ilegal, y la oportunidad de revisar el reglamento de Frontex para adaptarlo a las nuevas necesidades y dotarlo de los medios necesarios para cumplir con su importante tarea.

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Comienza el Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social

| elmundo.es

Junto a José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno español, subrayó en Madrid que ese es un derecho del que también deben gozar los inmigrantes ilegales, haciendo así referencia a la polémica surgida en España por la decisión de distintos municipios, como Vic, en Cataluña, o Torrejón de Ardoz, en Madrid, de negar el empadronamiento de extranjeros en situación irregular.

Para los inmigrantes, eso supone privarlos del derecho a recibir asistencia sanitaria o de escolarizar a sus hijos en esas localidades.

"La lucha contra la exclusión social no responde solamente a un paradigma ético, también a una arraigada y certera convicción", enfatizó el líder socialista. La UE, manifestó, está basada en un modelo propio de bienestar social que contempla "políticas universales para todas las personas", es decir, sanidad y educación gratuitas así como seguridad social.

Durão Barroso calificó, por su parte, de "intolerables" las cifras de pobreza en Europa, que asciende al 16% de su población y afecta, por lo tanto, a unas 80 millones de personas en los 27 países de la UE.
Movilización general

"Sólo con opciones ambiciosas podemos los europeos salir reforzados de la crisis", indicó Durao Barroso, al tiempo que reclamó el compromiso de todos los países para reducir el riesgo de exclusión social.

En este sentido, exhortó a la "movilización general" de todos los europeos para acabar con "la verguenza de la pobreza".

Zapatero reconoció que las consecuencias de la grave crisis económica que mantiene atenazada a Europa se sentirán "durante bastante tiempo".

La presidencia española de la UE apoyará por ello, dijo, las iniciativas de la Comisión Europea para desarrollar la agenda social europea, mejorar las políticas activas de empleo e impulsar programas de inclusión activa que combinen el apoyo a las rentas mínimas con la vinculación al mercado laboral.

"Europa es, ante todo, un proyecto de convivencia y solidaridad entre generaciones, regiones, países y personas más o menos vulnerables. Esa es su fuerza y su sentido y así va a seguir siendo en los buenos tiempos y en los tiempos de dificultades", concluyó.
Mayor compromiso

Las declaraciones de Barroso y Zapatero se unen a las de numerosas figuras comunitarias. Vladimír Spidla, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, declaró: "Una de cada seis personas en Europa tiene que luchar permanentemente por llegar a fin de mes, pero la pobreza puede afectarnos a todos nosotros, y a nuestras sociedades en su conjunto. Mientras que la mayor parte de los instrumentos para combatir la pobreza son de índole nacional, tres cuartas partes de los europeos también esperan que la UE preste su ayuda. El Año Europeo coloca este asunto entre nuestras prioridades, para que toda Europa aúne esfuerzos en su lucha contra la pobreza y la exclusión social".

Por su parte, el ex presidente español, Felipe González, dijo que la pobreza y la exclusión social sólo se pueden abordar teniendo una economía "que añada valor" y destacó que para países emergentes como Brasil o China y para otros ya desarrollados como Estados Unidos, el modelo europeo de sostenibilidad económica "es un referente", aunque admitió que ahora mismo, cuando "aprieta mucho la crisis", hay "problemas estructurales enquistados" en él.

Casi 80 millones de europeos un 17% de la población de la UE viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Este hecho alarmante ha tenido un gran eco en la opinión pública, según una reciente encuesta del Eurobarómetro sobre actitudes ante la pobreza.

La inmensa mayoría de los europeos (un 73%) considera que la pobreza es un problema generalizado en su país, mientras que el 89% desea que sus gobiernos tomen medidas urgentes para subsanar el problema. Si bien la mayoría cree que es su gobierno el que debe hacerlo, un 74% de los ciudadanos también espera que la UE desempeñe un papel importante.

El Año Europeo 2010 tiene por finalidad aumentar la sensibilización de los principales agentes, como gobiernos e interlocutores sociales, y del público en general acerca de las causas y las consecuencias de la pobreza en Europa.

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El Ayuntamiento de Vic da marcha atrás y dice que empadronará a los 'sin papeles'

 
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El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha asegurado este jueves que el consistorio "acata, aunque no comparte", la orden de la Abogacía del Estado de empadronar a todos los inmigrantes que presenten su pasaporte, aunque carezcan de visado y de residencia legal.

Tendrán que empadronar a todos los inmigrantes con pasaporte, aunque carezcan de visado y residencia legal

El alcalde ha enviado un mensaje al Gobierno en el que pide que cumpla la Ley de Extranjería y la haga cumplir, y que ayude económicamente a los municipios que tienen mayor numero de inmigrantes con problemas económicos y de papeles.

Vila d'Abadal ha aprovechado para reivindicar que "Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración", aunque ha advertido de que, "si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden y de forma rigurosa y recta".

Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración

Los cuatro concejales del PSC en Vic han asegurado que el grupo municipal socialista "como hemos dicho desde el primer día, hará cumplir la ley tal como ha dictaminado el informe" de la Abogacía del Estado.

Ésta considera que los ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", por lo que "no resulta procedente" rechazar su empadronamiento con esa excusa. Algo que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Vic.

Si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden

Los servicios jurídicos del Estado se han pronunciado así en el informe con el que responden a la consulta remitida al Ministerio del Interior por el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), que se plantea denegar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular.

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Los municipios deben empadronar a los inmigrantes y si no, el INE podrá hacerlo

 - 20minutos.es

El informe jurídico encargado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la decisión del Consistorio de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes indocumentados concluye que los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a estas personas en el Padrón, y si no, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo.

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse

Así consta en ese informe, que será debatido el próximo día 26 en la Comisión Ejecutiva de la FEMP, tal y como ya ha adelantado su presidente, Pedro Castro.

Según recuerda el informe, los ayuntamientos están obligados a actualizar su padrón y, si no lo hacen, el INE, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá ejercer la acción sustitutoria prevista en la Ley de Bases del Régimen Local.

El empadronamiento no constituirá prueba de su residencia legal en España

Indica el informe que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse" en el Padrón y al hacerlo adquiere la condición de vecino del municipio en el que se empadrona y, por tanto, los derechos y deberes que les atribuye el artículo 18 de la Ley de Bases del Régimen Local.

Pero este mismo artículo, añade el informe, establece que la inscripción de los extranjeros en el Padrón "no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España".

Sin embargo, el Ayuntamiento de Vic encargó un informe jurídico que asegura que su intención de no empadronar a los sin papeles se ajusta a la ley. Varias entidades han tachado de "ilegal" la intención de este municipio barcelonés.

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Evidencias no asumidas e inmigración

 - 20minutos.es

Al finalizar 2008 residían en España 3.331.883 extranjeros no comunitarios, representan un 7,1% del total de la población empadronada. Si tan corto número de personas afecta a las principales dimensiones de la vida social y política española, pone en jaque el mercado de trabajo, la seguridad y el orden público, los sistemas de protección social, el sistema educativo, la mismísima identidad nacional…, y se convierte en un asunto poco gobernable, todos deberíamos analizar las causas que motivan esta situación; porque me temo que la presencia de los inmigrantes no es el motivo principal de los problemas y de la incapacidad del estado del bienestar español.

Pretender que el problema son los trabajadores resulta indecente, y además cuando se atribuye a los extranjeros es xenófobo y puede ser racista

 Los inmigrantes no son un problema y tampoco la solución. Se incorporan y se adaptan a los procesos sociales que ya están en marcha, y aunque no son la causa sino mas bien las víctimas, sin duda aportan mayor visibilidad, diversidad o colorido, hacen más visibles las disfunciones, antes ocultas, de un sistema económico poco competitivo, con debilidades estructurales apremiantes, que por falta de innovación tecnológica e iniciativas empresariales modernizadoras ha necesitado siempre del uso intensivo de mano de obra poco cualificada y, por lo tanto, de los movimientos migratorios, primero interiores y ahora exteriores, que le proveyesen de la misma lo más barata posible.

Tales polvos nos han traído los lodos del paro y la asimetría social más absoluta, pretender que el problema son los trabajadores resulta indecente, y además cuando se atribuye a los trabajadores extranjeros es xenófobo y puede ser racista.

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El Defensor del Pueblo riñe a Torrejón de Ardoz por no inscribir a extranjeros

 - 20minutos.es

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (PP) se ha tomado la ley por su mano al limitar el empadronamiento de inmigrantes en su municipio. Y ello le ha valido una investigación del Defensor del Pueblo. Los ayuntamientos no pueden modificar las condiciones de acceso al registro por su propia cuenta

La conclusión de este expediente tardará en llegar, pero de momento Enrique Múgica ya ha dedicado una regañina al Consistorio torrejonero: según el Defensor, ningún ayuntamiento puede usar el padrón para controlar a los inmigrantes ni pedir más requisitos de los que marca la ley estatal.

El Ayuntamiento presidido por Pedro Rollán niega el empadronamiento a los extranjeros que llegan con visado de turista e impone un límite de 20 metros cuadrados por cada persona inscrita en una vivienda.

La ley estatal impide establecer estos filtros y, por si todavía quedaba alguna duda, este martes el Defensor del Pueblo lo dejó claro: el registro de vecinos (padrón) "debe cumplirse de acuerdo con lo que establece la legislación del Estado y sin que quepa condicionar su cumplimiento a la exigencia de requisitos que no se contemplen en esa legislación". Es decir, los ayuntamientos no pueden modificar las condiciones de acceso al registro por su propia cuenta. El vicepresidente de la Comunidad defiende que "en Torrejón se está empadronando conforme a la ley"

Además, el empadronamiento de todos los vecinos es una "obligación" de los municipios y la finalidad de esta inscripción "no es el control del ejercicio de los derechos de los residentes", añadió Múgica.

A pesar de esta interpretación de la ley, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, defendió este martes que "en Torrejón de Ardoz se está empadronando conforme a la ley" y que el único objetivo es que "no existan los pisos patera".

"Vómito xenófobo"

González y los consejeros de la Comunidad se han quedado solos en la defensa de esta política de Torrejón. Las críticas más duras proceden del coordinador regional de IU, Gregorio Gordo, quien calificó la negativa al padrón de "tropelía" y "vómito xenófobo". Mientras, el PSOE cree que esas medidas son "ilegales" y "faltas de escrúpulos".

La Generalitat pone orden en Vic

La Generalitat comunicó este martes a todos los ayuntamientos catalanes que tienen la obligación de empadronar a los inmigrantes, tengan o no los papeles en regla. El Ayuntamiento de Vic, que quiere limitar el padrón a los sin papeles, tendrá que acatar la normativa vigente.

Además, la Generalitat no admitirá "el uso partidario, oportunista y demagógico" de la inmigración. La legislación estatal incluye la obligación de aceptar cualquier domicilio para la inscripción, incluso una cueva o una barraca.

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Un examen de la Universidad impide ejercer a la mayoría de los dentistas extranjeros

La Nueva España de Gijón

Se presentaron a los exámenes cerca de 60 candidatos, licenciados en Odontología en diversos países no comunitarios, la mayor parte de ellos de Hispanoamérica, pero el cuestionario de Patología Médica Quirúrgica, al que concurrieron unos 40 profesionales en la Facultad de Medicina, rebasó la competencia académica de la mayoría y se tradujo en una riada de no aptos. Algunos de los interesados llevan casi dos meses tratando de que parte de esa prueba de homologación quede anulada.

La prueba de conjunto celebrada en la Universidad de Oviedo el pasado 23 de noviembre para la homologación del título de licenciado en Odontología puede acabar en los tribunales. Los examinandos están a la espera de que sea publicada el acta definitiva. En la provisional hay una buena relación de aptos en algunas materias, aunque la Patología Médico Quirúrgica Aplicada acabó con las esperanzas de ponerse a trabajar para la mayoría. Había entre los candidatos nueve licenciados a los que tan sólo les quedaba por superar esa materia, y sólo uno de ellos logró pasar el examen.

Algunos de los aspirantes requirieron días atrás al decano de la Facultad de Medicina de Oviedo para que anulara la prueba de Patología Médico Quirúrgica o, en todo caso, se convoque nuevo ejercicio. El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, también recibió quejas por escrito, e igualmente el Defensor del Alumno, el profesor Sánchez Tamés, que rehusó intervenir ya que los reclamantes no son en estricto sentido alumnos de la Universidad.

El examen se había estructurado en tres apartados: Patología Médica (el meollo de la polémica), Patología Quirúrgica y Patología Pediátrica. Cuando los candidatos recibieron el cuestionario, a las nueve de la mañana de la citada fecha, hubo protestas sobre la marcha y general perplejidad, afirmaba ayer a este periódico una de las personas afectadas.

Las reclamaciones en el aula -el examen se celebró en Medicina- generaron, según algunos alumnos, un cruce de palabras entre algún candidato y un miembro del tribunal, el profesor de Anatomía, Luis Carlos Hernández.

En el escrito presentado al decano de Medicina, Pedro Riera, los afectados calificaban la prueba tipo test de «abstrusa y equívoca, en la que se planteaban cuestiones que no eran de intrínseca importancia ni relacionadas con los indispensables conocimientos y la verdadera capacidad de los alumnos».

Cada uno de los tres subapartados del examen de Patología constaba de 22 preguntas (66 en total). «Entre las de Patología Médica había preguntas propias de licenciatura en Medicina, nada que ver con el nivel de pregrado de la Facultad de Odontología», señalaba ayer uno de los aspirantes. Además de las preguntas se agregaron varios casos clínicos. Todo ello para contestar en 80 minutos, desde las 9.05 hasta las 10,25 de la mañana.

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El Gobierno asegura que Vic tendrá que empadronar a los inmigrantes ilegales

lainformacion.com

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado hoy en una entrevista en la cadena SER que la normativa que prepara el municipio catalán no se ajusta a la ley, por lo que "el Ayuntamiento de Vic tiene que empadronar" y ha recordado que "el padrón también sirve para saber que hay ciudadanos que no son regulares, pero que tienen sus derechos sociales".

En los mismos términos, pocas horas después, se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. Aunque no ha contestado a una pregunta sobre un posible expediente disciplinario a los responsables del partido en Vic -el equipo de Gobierno lo conforman CiU, PSC y ERC-, Alonso ha insistido en que "ese Ayuntamiento tiene que empadronar, como todos".

Tanto Rubalcaba como Alonso han criticado al PP por pedir un endurecimiento de la política migratoria de España a raíz de la polémica surgida en Vic. Rubalcaba ha pedido que Mariano Rajoy "aclare si quiere que los niños de los inmigrantes ilegales se paseen por las calles en lugar de ir a las escuelas".

Por su parte, José Antonio Alonso, ha acusado al PP de volver a colocarse "en el segmento de la derecha más dura de la Unión Europea" por pedir que se elimine la necesidad de empadronar a los inmigrantes, algo que impediría, en su opinión, ofrecer las coberturas sociales mínimas que exige la política europea de inmigración.

Los dos responsables socialistas han criticado también que el PP no presentó ninguna enmienda sobre esta cuestión en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería, que salió del Congreso de los Diputados hace poco más de un mes.

Zapatero será candidato sí o sí

Preguntado por el debate abierto en las últimas semanas sobre la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero a las elecciones de 2012, el portavoz del Grupo Socialista ha dicho que este hecho es "incuestionable" si bien quiso dejar claro que aún quedan dos años "y eso en política es mucho tiempo".

Alonso se mostró convencido de que el líder del PSOE repetirá como candidato porque "es el mayor activo del partido" y "no hay ningún motivo" para que no se presente. En su opinión, la decisión se tomará "en su momento" y acusó "a la derecha" de ser quien está calentando "interesadamente este debate para "debilitar" la imagen de Zapatero.

Declaración en apoyo a Llamazares

El portavoz socialista en el Congreso también ha anunciado que todos los grupos políticos están trabajando en una declaración conjunta en apoyo al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para que EEUU se disculpe por utilizar sus rasgos para un retrato robot del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Llamazares "merece la comprensión de todo el mundo en la Cámara Baja" por haber sido víctima de una "actitud incalificable", ha dicho Alonso. El texto se aprobaría en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.

El informe jurídico, encargado por el Ayuntº. de Vic dice que se ajusta a la ley que Vic no empadrone a los 'sin papeles'

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Las penurias de los inmigrantes

Rebelion.

El municipio de Vic, gobernado por los socialistas, les negó a los “sin papeles” el derecho a empadronarse y, con él, la posibilidad de obtener cobertura sanitaria y de recibir ayudas públicas, entre otras ventajas.

La profunda crisis económica y el déficit que padecen muchos municipios españoles a la hora de ofrecer servicios públicos a sus ciudadanos han contribuido a colocar una vez más a la inmigración en el centro del debate político, luego de que la pequeña localidad de Vic, en Cataluña, les negara a los inmigrantes sin papeles la pasada semana el derecho a empadronarse. Lo que sucedió “en Vic es un camino que no conduce a ninguna parte” sostiene el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una extensa entrevista publicada ayer por el diario El País, a pesar de que el municipio de Vic está gobernado por sus propios correligionarios, mientras que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pide endurecer aún más la Ley de Extranjería, modificada en octubre del pasado año con el fin de hacerles la vida más difícil a los inmigrantes.

Más de cuatro millones de desempleados, una cifra que no para de crecer y que representa el 20 por ciento de la población activa, y un severo déficit de servicios públicos fruto del considerable aumento de la población registrada en el país durante los últimos diez años y de las políticas neoliberales aplicadas por el Estado tanto en gobiernos socialistas como conservadores, forman el cóctel perfecto en el que germinan expresiones de xenofobia cada vez más preocupantes y discursos políticos cada día más restrictivos hacia los inmigrantes. En ese contexto, el pleno del ayuntamiento de la pequeña localidad de Vic, gobernada por el Partido Socialista Catalán –filial local del PSOE–, Izquierda Republicana y los conservadores de Convergencia i Unió, decidió negarles a los inmigrantes el derecho a empadronarse, una medida expresamente prohibida por la legislación vigente que exige a los gobiernos locales registrar a todos los inmigrantes independientemente de su situación legal. Con esta medida el municipio de Vic les niega a los sin papeles la posibilidad de obtener cobertura sanitaria, recibir ayudas públicas, registrar a sus hijos en las escuelas, y un sinnúmero de ventajas que se consiguen sólo si la persona figura en el padrón local.

Esta disposición legal existe desde 1997, cuando el gobierno del conservador José María Aznar, del que Mariano Rajoy era ministro de Administraciones Públicas, consideró que era más importante controlar el flujo inmigratorio que poner obstáculos a los sin papeles, y dejó bajo la órbita del Ministerio del Interior considerar las situaciones de irregularidad, aunque los datos que figuran en los padrones no pueden ser utilizados por la Policía para deportar a los irregulares.

Ahora Rajoy pide cambiar esta normativa que él mismo aprobó cuando estaba en el gobierno, aunque no especifica cómo ni cuánto se deben recortar los derechos de los inmigrantes, que ya han sufrido una considerable poda durante la última reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Parlamento en octubre pasado, que prohibió entre otras cosas el reagrupamiento familiar con los padres a los inmigrantes en situación regular. Por su parte, Zapatero criticó con dureza la decisión tomada por sus propios correligionarios socialistas en el municipio de Vic, afirmando en una extensa entrevista publicada por el diario El País que “el comportamiento del 98 por ciento de la sociedad española hacia la inmigración, después de que hayan venido a vivir a nuestro país cuatro millones en los últimos diez años a trabajar, y teniendo una crisis económica y de empleo como tenemos, ha sido ejemplar”.

Zapatero va aún más allá de la polémica en torno de la decisión tomada por los concejales de Vic y recuerda que “Europa tiene un problema demográfico de gran envergadura porque perderá en los próximos treinta años casi cincuenta millones de trabajadores activos”, por lo que “necesitamos esa fuerza laboral, necesitamos trabajadores. Esta es una reflexión incómoda” remata el dirigente socialista, pero “no plantearla es jugar a corto plazo”.

El Partido Popular, mientras tanto, juega la misma baza que jugó con éxito el conservador Nicolas Sarkozy en las últimas elecciones francesas, endureciendo su discurso con el objetivo de quitarles votos a los socialistas en los barrios periféricos donde más se nota la crisis económica y donde mayor es la competencia por los escasos servicios públicos deteriorados por largos años de políticas neoliberales y la falta de estructuras adecuadas para atender el gran flujo de inmigrantes que llegó al país en la última década. Según el PP, la política “blanda” del PSOE es la máxima responsable de lo que denominan “efecto llamada”, y esa sería la supuesta razón por la que vinieron tantos inmigrantes al país en los últimos tiempos. Pero la realidad sugiere otra cosa. Esta semana se conocieron estadísticas oficiales que afirman que el flujo inmigratorio ilegal descendió el 80 por ciento durante el 2009 y que la cifra viene en caída libre desde que comenzó la crisis económica en 2007. Los inmigrantes también leen las noticias y nadie viene ya a un lugar en el que el trabajo se ha vuelto escaso. Mal que les pese a los dirigentes conservadores, es la implacable ley del mercado laboral la que produjo el famoso “efecto llamada” y ahora que esa demanda se redujo el flujo inmigratorio disminuyó a niveles que no se registraban desde 1999.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-138644-2010-01-18.html

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La exclusión de inmigrantes clandestinos de los censos, un paso más hacia la crispación

 - elConfidencial.com

La crisis económica agrieta Europa. Los nervios hacen aflorar lo peor de cada casa, y los sentimientos que permanecieron reprimidos o ausentes durante la bonanza, ahora salen a la luz. Vic, una localidad barcelonesa de 40.000 habitantes es el espejo en el que se reflejan las fricciones xenófobas en plena crisis. El consistorio ha decidido vetar el empadronamiento de inmigrantes ilegales en su localidad, algo que les deja en un vacío legal que les impide reclamar la tarjeta sanitaria o la escolarización de sus hijos. Algo preocupante, según diversas ONG.

Según Jueces para la Democracia, la decisión del consistorio de Vic es ilegal, y Baltasar Garzón señaló que “huele a xenofobia”. Mientras tanto, el gobierno municipal asegura que los servicios jurídicos municipales han avalado la nueva normativa, aunque han reclamado un nuevo informe y ha pospuesto un nuevo debate para aprobarla a principios de febrero.

El revuelo ha encendido las luces de alarma, y a lo largo de la semana se le han ido sumando nuevos hechos que alertan sobre un hipotético empeoramiento de la situación. De esta manera, se conocía que la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz se niega a inscribir en el padrón a aquellos extranjeros que tengan visado de turista. Así mismo, en este municipio, la normativa exige que aquella persona que quiera inscribirse acredite que dispone de al menos 20 metros cuadrados en su vivienda. La medida trata de evitar que una gran cantidad de inmigrantes utilicen un mismo techo para regularizar su padrón. El consistorio madrileño se defiende y asegura que el parecido con Vic es inexistente y que está basada en un informe jurídico.

El anuario de la inmigración en 2009, presentado el pasado miércoles, anunciaba preocupantes cifras sobre la situación provocada por la crisis. El número de llegadas de inmigrantes ha caído un 93% en los dos últimos años, aunque el paro no les ha sido ajeno, y se calcula en un 28% la cantidad de desempleados entre el colectivo foráneo.

“Esto es el germen de una situación peligrosa”, asegura a El Confidenclal el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que afirma que hechos como los acaecidos en Vic o Torrejón pueden servir para “estimular los prejuicios contra los colectivos más débiles”. Para Alba Cuevas, directora de SOS Racismo Cataluña, no es un paso previo, pero sí admite que se están viviendo “situaciones de mayor crispación que hace unos años”.

Desde Movimiento contra la Intolerancia, reclaman que los partidos políticos “exijan el cumplimiento de la legalidad”. Y es que, de momento, el PSC, partido presente en el gobierno local de Vic, se ha negado a expedientar a sus concejales, mientras que Felip Puig, secretario adjunto de CDC, también en la corporación local, se mostró a favor de la iniciativa.

Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no dudo en calificar como “ilegal” la iniciativa de Vic, aunque solicitó el pasado jueves al Gobierno que establezca un baremo sobre el número de personas que puedan estar empadronadas en una casa”.

“España no es Italia”

Y es que la crisis ha hecho reflotar temores sobre una posible ola de xenofobia. España tiene como señal los recientes acontecimientos de Italia, donde se repiten las noticias de iniciativas contra los inmigrantes. De esta manera, en los últimos días, las restricciones a establecimientos de comida rápida o locutorios, en el municipio de Ceriano Laghetto (en Lombardía, norte), se han visto eclipsadas por la ola violenta en Rosarno (sur), donde se produjeron ataques xenófobos.

En la localidad calabresa se desató una ola de xenofobia contra 2.500 inmigrantes que se encontraban allí trabajando como temporeros. Tras los ataques vividos en un clima de tensión y violencia, provocó el traslado de más de 1.000 inmigrantes a centros de acogida en otras ciudades del sur de Italia.

“España no es Italia”, advierte Ibarra. “Italia tiene precedentes como las patrullas contra inmigrantes y otros episodios”, aunque para evitar esto en España, “las administraciones deben demostrarlo y actuar, condenando hechos como los de Vic y Torrejón”. Y es que, nos encontramos en la frontera, según esta ONG. En España “hay prejuicios xenófobos”. En el país, así como en Europa existe un crecimiento de este problema, algo que “alimenta” la crisis económica.

La situación “puede ir a peor, sin duda, pero depende de las instituciones. En los últimos tiempos también se ha demostrado que la sociedad ama la diversidad”, concluye Ibarra, mientras que Cuevas apuesta por “fomentar políticas integradoras” y en acabar con “la situación de apartheid jurídico”.

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Interior presume de expulsar un 25% más de sin papeles

Público.es -

El acoso a los sin papeles continúa. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró este sábado que en 2009 el Gobierno expulsó a 13.278 extranjeros que residían de modo ilegal en España. Un 25,08% más que en 2008, cuando los inmigrantes repatriados tras abrirles un expediente administrativo por la Ley de Extranjería fueron 10.616.

En la conferencia de prensa en la que desgranó los resultados de la lucha contra la inmigración ilegal en el último año, Rubalcaba aseguró que más de la mitad de estas expulsiones (7.591) corresponden a lo que Interior denomina "cualificadas", es decir, de inmigrantes supuestamente implicados en actividades delictivas. "Esa es nuestra prioridad", recalcó el ministro.

Sin embargo, Rubalcaba evitó detallar si también había aumentado el número de detenciones de sin papeles un infome policial adelantado por Público el pasado jueves cifraba dicho incremento en un 20% y la supuesta influencia en estos guarismos de los polémicos cupos de arrestos fijados en algunas comisarías.

El ministro se centró en destacar "la disminución importantísima" en un 45,7% de las llegadas de irregulares a las costas españolas y, sobre todo, en un 75,5% de los arribados en cayucos a Canarias. Según Rubalcaba, dichos descensos son fruto de la labor policial y de la colaboración con los países de origen de los sin papeles. "La crisis ha tenido efecto sobre la inmigración ilegal de los países iberoamericanos, pero no sobre la de África", añadió.

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Caso Vic: el sobrante humano

Rebelion.
Antonio Izquierdo
Público

En las crisis económicas, al mercado le sobran trabajadores legales; a la democracia ciudadanos activos; y a los estados población dependiente. Los partidos se afanan en rebañar electores y los gobiernos en recortar derechos. Se trata de un comportamiento racional y defensivo con consecuencias serias para el orden social, es decir, para la legalidad. Ahí tenemos que situar el caso de Vic y su proclama de clandestinizar a los inmigrantes irregulares.

La propuesta del gobierno municipal de no empadronar a los inmigrantes “sin visado” quizás sea un acierto electoral al precio de minar la convivencia. Entraña una colisión entre el oportunismo político y la construcción de la ciudadanía. En el fondo, esta iniciativa desborda la política de inmigración y conlleva un ataque al Estado y a la sustancia social de la democracia. De ahí la importancia de no reducir su análisis a la cuestión inmigrante y al ámbito local.

La propuesta refleja la debilidad de la identidad cívica en la democracia española y las tensiones que estamos viviendo en el Estado de las autonomías. Por un lado, resume la poca influencia que hemos sido capaces de ejercer los ciudadanos en las políticas para salir de la crisis y, por el otro costado, abona la idea de que el voto autoriza a que cada gobierno haga de su capa un sayo y trace los límites de la ley en su territorio. Se sustituye la democracia institucionalizada por la “delegada”.

En el ámbito inmigratorio, el precedente de esta propuesta fue la ideología del inmigrante como trabajador excedente que, con la crisis, debía retornar a su país. Lo cierto es que no hubo retorno masivo sino aumento del desempleo y de la irregularidad y ahora lo que sobran son usuarios de los servicios públicos.

La iniciativa de Vic ha madurado en un contexto de aumento de la vulnerabilidad social que el racismo ha vampirizado electoralmente. Existe la idea de que los inmigrantes están sobreprotegidos. El anterior alcalde de Vic reaccionó ante esta percepción dispersando a los alumnos por los colegios públicos, pero la medida ha resultado insuficiente para fomentar el contacto intercultural y detener la fuga hacia la enseñanza privada. La solución que ahora ofrece el gobierno municipal es clandestinizar a los inmigrantes y a sus hijos.

La medida, de ponerse en práctica, aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. El proceso de integración legal de los extracomunitarios empieza por los empadronados en situación irregular, prosigue con los residentes iniciales que pueden renovar sus permisos o recaer en la irregularidad y culmina con la obtención del permiso permanente. Al impedir el empadronamiento se dinamita el puente que permite acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva. Reconozcamos que, en medio del vendaval, es difícil que los actores políticos amplíen su horizonte temporal, pero si el consistorio no ofrece otra alternativa, debiera hacerse cargo de los costes de expulsarlos al país de origen para que su iniciativa no repercuta en los municipios vecinos.

Antonio Izquierdo. Catedrático de Sociología

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El PP insta a los municipios a empadronar sin distinciones

· ELPAÍS.com

El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró ayer que los ayuntamientos "tienen que cumplir con la ley y empadronar sin establecer diferencias de si las personas son extranjeras o no, son legales o ilegales". El portavoz se pronunciaba así en la cadena SER ante la polémica surgida por los criterios de empadronamiento que se implantarán en Vic y por los que ya funcionan en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Hernando sostiene que, en el caso de Torrejón, lo que se exige desde 2008 a las personas no comunitarias para empadronarse es "el permiso de residencia y, si carecen de él, copia y original del pasaporte en vigor en el que no conste el visado de turista", a fin de "controlar de alguna forma el abuso que se venía produciendo en materia de empadronamiento en pisos pateras".

El dirigente popular especificó que esto ya ocurre en "numerosos" ayuntamientos españoles, "especialmente donde existe una presión masiva de inmigración y donde ha existido un abuso al empadronar a determinadas personas". Hernando entiende que las condiciones para empadronar "son competencia de los ayuntamientos" por lo que, siempre que sean "de sentido común", serán legales. No obstante, insistió en que "lo que no es legal es establecer discriminaciones basándose en que una persona sea de origen extranjero o no".

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"Ahora siento más silencio y más distanciamiento"

· ELPAÍS.com

Laila Karrouch y Anssumane Dahaba han notado un cambio en Vic (Barcelona) desde que el Ayuntamiento decidió vetar, a partir de febrero, el empadronamiento a los sin papeles. "Siento más silencio, más distanciamiento", reconoce Laila, marroquí, sorprendida porque un alcalde en el que había confiado, que criticaba a la Plataforma per Catalunya (PxC), ahora "está cumpliendo el sueño de Josep Anglada [fundador y presidente de la xenófoba PxC]". Laila, Anssumane y Amandeep Sandhu alaban las políticas de acogida e integración del Vic que les acogió: "Eran un gran referente hasta ahora, nos ayudaron y guiaron en todo momento". Esto parece que se ha truncado.

* Oposición y sindicatos tildan de ilegal el veto a empadronar
* Rajoy propone endurecer la Ley de Extranjería en plena polémica de Vic

Anssumane: "Los inmigrantes van por una parte y la gente de aquí va por otra"

Laila: "Antes no nos veían como un peligro, ahora las cosas han cambiado"

Amandeep: "La gente es amable, tengo más amigos de aquí que de allí"

Laila Karrouch llegó a Vic con su madre desde el rifeño Nador. Era 1985 y tenía 8 años, los mismos que su padre llevaba en Vic y gracias a los cuales pudo acogerse al reagrupamiento familiar. "De esa época recuerdo las miradas. No sabía el idioma y era como si no tuviera el sentido del oído. Miradas que eran como un escáner, que se fijaban en tus ojos, tu forma de vestir... Éramos gente rara pero no nos veían como un problema, sólo como gente que había venido a comer, a buscar trabajo. La población inmigrante en aquel entonces era escasa".

"Antes", alega, "no suponíamos un peligro pero ahora entre el mensaje hipócrita de Anglada y la crisis las cosas han cambiado". De esos pocos se ha pasado a que hoy el 25,7% de los 40.000 habitantes de Vic son inmigrantes. La tasa de paro supera ligeramente la media catalana (15,51%) y de los inscritos para recibir el subsidio un 40% son extranjeros.

Laila, casada, con dos hijas, su propia casa y un trabajo de enfermera en el Hospital General, reconoce que Vic es una ciudad de difícil entrada pero también de difícil salida. Muchas veces ha tenido que morderse la lengua ante según qué comentarios y, pese a estar lamentablemente acostumbrada, no siempre lo consigue. "Vic tiene fama de ser cerrada, muy suya, y defiende mucho su cultura. Es muy importante saber catalán. A mí me ha abierto muchas puertas". Si Anglada llegara a ser alcalde, Laila se plantearía incluso ponerse el velo, prenda que nunca utiliza. "Solo faltaría que nos dijera qué marca de braguitas tenemos que utilizar. Que no se meta en mi vida privada porque es mía". Cuándo hace unos años veía los conflictos en Francia pensó que aquello nuca podría pasar aquí, pero reconoce que ahora no lo tiene tan claro. "Se ha azuzado la rabia y creado malestar entre la gente".

Comparte esta sensación Anssumane Dahaba, de Guinea-Bissau, quien, después de 12 años en Vic aún no se atreve a usar el catalán porque no se siente cómodo. "He estudiado catalán y he tomado cursos sobre cultura catalana, pero no entiendo por qué ponen el idioma como barrera. Muchos inmigrantes están aquí de paso y no les interesa aprender el catalán". En Vic tiene un trabajo gracias al cual consiguió reunir de nuevo a su familia. Aunque le gustaría moverse, le preocupa la educación de sus hijos: "Quiero que mejoren, que sean catalanes".

Considera que la gente en Vic es muy reservada y, a veces, tiene la sensación de que están "continuamente defendiendo lo que es suyo, alguna cosa que antes, con el franquismo, perdieron. Los entiendo pero eso no va con nosotros, con los inmigrantes". Cree que Vic es una sociedad dividida: "Te relacionas y muy bien en lo cotidiano, en el trabajo, con los vecinos, te saludas en la calle, pero los inmigrantes van por una parte y la gente de aquí por otra; no ves grupos mixtos".

Amandeep Sandhu piensa radicalmente lo contrario. Está chica india tan sólo lleva dos años y medio en Vic, tiene 21, pero ya habla un catalán casi perfecto. Estudia un grado superior en gestión administrativa y trabaja en una charcutería, pese a ser vegetariana estricta. "Cuándo llegue a Vic supe que estaríamos bien; es una ciudad tranquila, la gente es amable y tengo más amigos de aquí que de allí, porque la comunidad india que vive aquí es muy cerrada, hace sus propias fiestas, es muy estricta, sobre todo con la mujer".

Amandeep había empezado su primer curso de Medicina en Punjab cuando su madre murió. Su padre hacía tiempo que vivía en Badalona, donde regenta un comercio, y ella y sus hermanos menores decidieron venir a Cataluña. "Badalona no nos gustó, demasiado grande, y nos espabilamos para buscar trabajo y estudios aquí". Ahora está en contra de la decisión municipal. "El alcalde dice que la gente lo pide, que si no va a perder votos. Entonces, ¿si la sociedad dice que nos echen a todos fuera, también lo va a hacer?", se pregunta Anssumane. "Esto no es un juego, necesitamos políticas de integración reales. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para aprender la cultura, el idioma, las costumbres y las normas de comportamiento para poder convivir allí donde vamos, pero la gente de aquí también tiene que esforzarse en entendernos". Anssumane no cree que por ahora Vic esté preparada para una sociedad multicultural pero confía en que en un futuro será así, sólo es cuestión generacional. Quizás la generación de Amandeep está marcando este camino.

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Vic aviva el temor de la expulsión

| Barcelona | elmundo.es

A Papadou, que lleva tres años viviendo en Vic, lo echaron hace un año de unos grandes almacenes y no ha vuelto a encontrar trabajo. Aunque el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, garantiza que no se perseguirá a los irregulares inscritos en el municipio, le preocupa que la propuesta del Ayuntamiento de negar el empadronamiento a los sin papeles le condene a ser expulsado. "Eso son cosas de racistas", suelta Papadou, que debe renovar el volante en los próximos meses.

Alertados por si el Consistorio les impedirá acudir a los servicios sociales, los inmigrantes también han preguntado a las asociaciones que les asesoran para tramitar los permisos.

Mohamadi Bouziane, que preside la asociación AMIC, vinculada a UGT, critica la decisión del Ayuntamiento de vetar el empadronamiento a los 'sin papeles'. También censura a los concejales de CiU y ERC, que llamaron a los extranjeros a participar en la consulta soberanista de diciembre: "Les decían que fueran a votar, que no hacían falta los papeles, y ahora los quieren echar. Es un contrasentido".

"En tiempos de crisis nos quitamos las máscaras", opina la escritora Najat El Hachmi, vicense ilustre de raíces magrebíes y narradora en catalán de éxito al que el debate abierto en la ciudad le toca de cerca.

La policía local mantiene a raya el control de quién habita en las viviendas: en los últimos días, el Consistorio ha abierto expediente contra una treintena de inmigrantes tras no hallarlos en los pisos en los que se registraron, la mayoría de ellos en El Remei.

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Torrejón de Ardoz se une a Vic y quiere impedir a los migrantes empadronarse

El coordinador general de IU, Gregorio Gordo, ha pedido hoy a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que exija al alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán (PP), que deje de actuar como “jefe de aduanas” yponga fin a la prohibición de empadronar en el municipio a los inmigrantes que no tienen papeles. Gregorio Gordo ha afirmado que las actuaciones del consistorio "contribuyen a aumentar el racismo y la xenofobia en este municipio”.

Gordo insiste en la necesidad de que el alcalde Rollánponga fin a sus políticas xenófobas. “El alcalde no es el presidente del Gobierno, no tiene competencias, no tiene que ordenar ni regular el tráfico de inmigrantes. Esperanza Aguirre debe poner fin a estas actitudes que en nada contribuyen a la integración de los inmigrantes en la región”, concluyó.

Por su parte, el consejero de inmigración ha explicado que lo que hace el Ayuntamiento de Torrejón, "como hacen muchos municipios de España", es que "a todo aquel que se empadrone, con independencia de si son de nacionalidad española o de origen extranjero, se le exige unas condiciones mínimas de habitabilidad para empadronamiento de vivienda, que es un número mínimo de metros cuadrados".

Para el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, los criterios que aplica el municipio de Torrejón "en algunos casos son bastante restrictivos", Canalda ha recordado que su oficina abrió en su día un expediente al respecto, porque recibió una denuncia.

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La comarca repudia el plan de Vic de no empadronar a ‘sin papeles’

El Periódico de Catalunya

No solo voces lejanas reprueban la intención del Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares. El rechazo a la medida cerca al consistorio dirigido por Josep Maria Vila d’Abadal. Los alcaldes de las vecinas ciudades de Manlleu y Torelló, Pere Prat (ERC) y Miquel Franch (PSC), mostraron ayer su enojo por la decisión vicense. Los ediles critican la iniciativa, dudan de su legalidad y piensan que podría falsear los datos del padrón de sus municipios. Además, censuran que Vic haya actuado de manera unilateral en un asunto en el que estaban trabajando conjuntamente.

Manlleu y Torelló son los municipios con más población de Osona tras Vic, con 20.000 y 14.000 habitantes respectivamente. Las dos ciudades cuentan con altos índices de inmigración, especialmente Manlleu, donde ronda el 15%.
Los ediles no ocultan su enfado y su sorpresa ya que el consistorio de la capital de Osona, gobernado por CiU, ERC y PSC, se ha descolgado de varias negociaciones paralelas entre diferentes ayuntamientos para solucionar los problemas derivados del empadronamiento de un número importante de inmigrantes. Por un lado, del consejo comarcal, que tenía casi a punto un documento con unos criterios consensuados para presentar en el próximo consejo de alcaldes. Por otro, de una mesa de trabajo entre cuatro municipios (Vic, Manlleu, Torelló y Roda de Ter), donde los alcaldes intercambiaban información y proponían alternativas conjuntas.

POSIBLE PICARESCA / Prat teme que la picaresca desvíe a los sin papeles rechazados por Vic a los municipios aledaños, lo que falsearía el registro. «Podríamos tener a personas viviendo en un sitio y empadronadas en otro», dice. El edil republicano mantiene que operaciones de este tipo pueden desnaturalizar la función del padrón, no otra que permitir saber «el número de personas que habitan en una población».
Por su parte, Franch califica la decisión de Vic de «absolutamente incorrecta» ya que «todo aquel que vive en un municipio tiene que estar empadronado allí». El alcalde de Torelló está seguro de que la iniciativa no se llegará a aplicar porque, a su juicio, es «ilegal».
Los dos alcaldes consideran que el Ayuntamiento de Vic se ha precipitado y piden la retirada de la propuesta y que el debate se reconduzca al consejo comarcal o a ámbitos superiores. «Los criterios tienen que ser uniformes en Osona y en Catalunya», dice Prat. En la misma línea se expresa el presidente del consejo comarcal y alcalde de Centelles, Miquel Arisa (PSC): «Debemos trabajar para lograr el consenso. Y siempre dentro de la normativa vigente».

REVISAR LOS CRITERIOS / Por otro lado, algunos ayuntamientos de municipios pequeños cercanos a la capital de Osona también piensan que la gestión de la inmigración se debe unificar pero no rechazan la postura de Vic. No consideran que su decisión unilateral les pueda afectar, entre otras cosas porque sus índices de inmigración son muy bajos (entre el 2% y el 7%) y el padrón, en sus localidades, es muy fácil de controlar.
«Es una buena decisión. El empadronamiento de inmigrantes genera muchos problemas y deben revisarse los criterios», argumenta Joan Roca (CiU), alcalde de Gurb, un municipio que alberga grandes polígonos, colindante con Vic y con una población de poco más de 2.000 habitantes. «Si el Estado no hace bien su trabajo, los problemas son para los ayuntamientos», apunta Lluís Verdaguer (CiU), alcalde de Taradell.

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El PP de Badalona sigue el modelo Vic y cuestiona los derechos de los «sin papeles»

ABC.es

La decisión del gobierno municipal de Vic (Barcelona), formado por CiU, PSC y ERC, de prohibir el empadronamiento a los inmigrantes en situación ilegal, ha creado fricciones en el seno de los partidos que la impulsaron, como es el caso de socialistas y nacionalistas, pero ayer contó con el apoyo del PP de Badalona (Barcelona), municipio donde el colecttivo de extranjeros también es muy importante.

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol, que siempre se ha caracterizado por su desacomplejado discurso en materia de inmigración, se opuso ayer a que las personas en situación ilegal se incluyan en el padrón municipal y que puedan acogerse a los servicios sociales igual que el resto de ciudadanos. García Albiol recordó que la no inclusión de los inmigrantes ilegales en el padrón municipal fue una de sus principales reclamaciones, que llevó al Pleno Municipal hace tres años y que fue rechazada por el resto de grupos municipales.

«Injusticia social»
Asimismo, aseguró que en pocos países «se equipara el acceso de los ilegales y de los nacionales a los servicios sociales» y considera que «poner en el mismo nivel de acceso a los servicios sociales a un inmigrante ilegal y a un vecino de Badalona es una tremenda injusticia social». No obstante, el concejal popular se mostró partidario de que los inmigrantes en situación irregular tengan acceso a la atención médica de urgencia.

Le preocupa «ver cómo parejas jóvenes de Badalona no pueden acceder a una plaza de guardería o escolar cercana a sus domicilios, mientras determinadas plazas quedan reservadas a la posible llegada de inmigrantes, en muchas ocasiones ilegales, durante el curso». Sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic de dificultar el empadronamiento de ciudadanos en situación ilegal, dijo que «ya es hora de que algún ayuntamiento catalán empiece a actuar con seriedad y responsabilidad en relación al problema de la inmigración ilegal».

Quienes no lo acaban de tener claro son los socialistas, cuyo portavoz, Miquel Iceta, aseguró que no ve «amparo legal» al acuerdo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic por el que será necesario contar con la residencia para empadronarse en el municipio. No obstante, precisó que su intención no era desautorizar al Ayuntamiento, donde ejercen de oposición CUP, ICV-EUiA y Plataforma per Catalunya (PxC), formación ésta última que promueve un ideario pseudoxenófobo.

Iceta expresó sus dudas de que un ayuntamiento pueda aprobar requisitos extra a los que establece el reglamento estatal sobre empadronamiento y residencia, y consideró que el texto planteado es un «sinsentido». El presidente de la Generalitat, José Montilla, dijo no conocer el caso de Vic, pero «lo que hay que respetar son las leyes y si no gustan, se cambian».

Por su parte, el número dos de Converg_ncia, Felip Puig, exigió al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal (UDC), que «se cumpla la ley. Estamos convencidos de que será así. Esperamos que no haya ningún ciudadano en situación de indefensión», La dirección de Unió defendió la actuación de su edil y recordó que «son los ayuntamientos los que, en virtud de su proximidad al territorio y a los problemas de los ciudadanos, conocen mejor la realidad de sus municipios».

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Torrejón también veta el padrón a los irregulares

· ELPAÍS.com

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, también prohíbe el empadronamiento a los irregulares como pretende hacer el de Vic. Su negativa es aún más sangrante que la del municipio barcelonés, ya que impide el empadronamiento a aquellos inmigrantes en cuyo pasaporte figure el visado de turista. También, para evitar los llamados pisos patera, les exige que acrediten que disponen de un mínimo de 20 metros cuadrados útiles por persona para compartir piso, siempre que no sean parientes cercanos del inquilino principal.

Una de las promesas de Pedro Rollán, alcalde de Torrejón (117.000 habitantes), fue la de limitar la inmigración en el municipio, que roza el 20%. Para ello modificó en octubre de 2008 las normas de empadronamiento, y las endureció con todos estos requisitos. El colegio de Abogados de Madrid los considera "ilegales".

Izquierda Unida lleva denunciando el caso más de un año, ha presentado contra él dos mociones e incluso lo ha llevado al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor por todos los problemas de escolarización que generan estas limitaciones, tanto a inmigrantes como a españoles. José Fernández Benito, portavoz municipal de IU, califica los vetos de "medidas xenófobas" y opina que la situación en Torrejón es peor que la de Vic "porque es imposible cuantificar cuántos inmigrantes viven en la ciudad". "Tampoco se ha conseguido reducir los pisos patera", dice, "justo lo que pretendían los populares". Valentín Gómez, concejal del PSOE en Torrejón, afirma que estas medidas "vulneran los derechos del inmigrante".
"Son casos diferentes"

El Ayuntamiento de Torrejón negó ayer que sus normas de empadronamiento tengan alguna similitud con las de Vic, e insistió en que "son casos absolutamente diferentes", además de ser aplicables no sólo a los extranjeros, "sino a todas las personas que quieran empadronarse en el municipio". Según un comunicado distribuido ayer por la corporación de Torrejón, la normativa se basa en "un informe jurídico" y "está encaminada a lograr una mejor convivencia" y "una inmigración regulada en la ciudad". Dulce García, dominicana de 37 años y vecina de la localidad desde hace 11, cree todo lo contrario. "No quieren que nos integremos [los inmigrantes]. Mi hermana intentó empadronarse, pero no nos dejaron porque su visado era de turista. Esto no había pasado hasta que llegó el PP".

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Vic, un embrión de xenofobia en Catalunya

Rebelion.

Se quiere mano de obra emigrante que trabaje de día pero se querría que desapareciera después del trabajo. No gusta la presencia en “nuestras calles” del diferente. Nos gusta que se encargue de las faenas sucias que nosotros no queremos hacer, pero nos disgusta que frecuente los espacios públicos donde nosotros vivimos.

La reciente actuación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vic, que plantea no empadronar a los emigrantes sin visado, y por tanto denegarles la posibilidad de acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha causado una fuerte repercusión mediática que considero muy comprensible. Ya no se trata de posicionamientos xenófobos de tal o cual político, lo cual a pesar de no ser aceptable ya no es infrecuente, tampoco se trata de actuaciones xenófobas por parte de habitantes de alguna población, lo cual es lamentable pero que afortunadamente aún no es frecuente en Catalunya. Ahora se trata de un acuerdo de un Ayuntamiento como el de Vic, capital de la comarca de Osona, cuyo gobierno municipal está formado por CiU, el PSC y ERC, aplaudido por la xenófoba Plataforma por Cataluña (PxC), y sólo denunciado por la oposición de ICV y de la CUP (candidatura de unidad popular).

Hemos de situarnos en la población de Vic, centro de la Catalunya más tradicional, cerrada y conservadora y que se enorgullece de serlo en sus tres aspectos: tradicionalista, catalana y enraizadamente católica. En esta población de unas 40.000 personas, más de un 20% es emigración reciente, fundamentalmente magrebí, subsahariana y más recientemente latinoamericana. Esta emigración no se ha dirigido casualmente a Vic y a la comarca osonenca, es fruto del efecto llamada de las empresas de la comarca que demandaban trabajadores dispuestos a efectuar trabajos duros y en muchos casos no muy bien retribuidos, a destajo, en sectores como el de los mataderos o la construcción. Al demandar la venida de trabajadores emigrantes, en muchos casos no ha importado que fueran emigrantes legales o ilegales, al contrario, si eran ilegales la productividad era mayor al ser el salario inferior. Y durante todo este tiempo pocas quejas se han oído en Vic sobre este tipo de prácticas empresariales, ni tan sólo ahora se analizan las causas de la arribada de la emigración.

Como siempre, lo explica gráficamente la frase del erudito: “pedimos mano de obra y nos enviaron personas”, se produce una gran contradicción entre las necesidades económicas y la convivencia social. Se quiere mano de obra emigrante que trabaje de día pero se querría que desapareciera después del trabajo. No gusta la presencia en “nuestras calles” del diferente. Nos gusta que se encargue de las faenas sucias que nosotros no queremos hacer, pero nos disgusta que frecuente los espacios públicos donde nosotros vivimos.

Cabe decir que lo grave de este caso, no es sólo que se haya dado un comportamiento xenófobo, lo grave es que se haya efectuado por parte de una autoridad pública como es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, que lanza un mensaje muy nítido a la población, que trata de cosificar en el fenómeno de la emigración el responsable de los problemas de convivencia. Y que eso se haga simplemente por un bajo deseo electoralista que les lleve a renunciar a su responsabilidad de magisterio político respecto a la sociedad a la que representa.

No siempre han sido las cosas así en Vic. Durante el mandato del anterior alcalde, por cierto de Unió Democrática, es decir un gobierno conservador pero con sensibilidad hacia la realidad concreta de Vic, esta población fue un ejemplo sobre como establecer una educación equitativa y abierta al fenómeno inmigratorio. Así todas las escuelas de la ciudad unificaron su inscripción de forma que hubo un ejemplar reparto equitativo de inmigrantes en las escuelas. Ello se presentó como un ejemplo de cómo actuar en otras poblaciones y hasta inspiró el Pacto Nacional para la Educación de Catalunya (el espíritu del cual fue después traicionado en la Ley de Educación de Catalunya del conseller Maragall).

Sin embargo el primer edil no repitió mandato y en las elecciones municipales irrumpió con fuerza la xenófoba PxC, dirigida por Josep Anglada un hombre fuerte de Fuerza Nueva, con un programa totalmente racista que lo aupó hasta su conversión en segunda fuerza política de la ciudad. Para hacerle frente se formó un gobierno de concentración de los partidos democráticos desde CiU a ICV, pasando por PSC y ERC. Al poco tiempo ICV abandonó el gobierno municipal. Posteriormente, como ha pasado en otras lindes, como en Francia, hay quien ha pensado que para debilitar a la extrema derecha no hay nada mejor que adoptar parte de sus postulados. Y así el equipo del tripartito de centro, CIU, ERC y PSC ha adoptado una medida festejada por los ultras con un “ya lo decíamos nosotros”. Detrás de ello sólo hay miopes objetivos electorales a corto plazo, elecciones municipales del 2011. Posiblemente esta actuación no se daría si esta cuarta parte de ciudadanía emigrante de Vic tuviera derecho de voto, entonces seguramente se lo pensarían más.

Un último aspecto lamentable del tema es la hasta ahora tímida reacción de las cúpulas de los partidos de CiU, PSC y ERC en el ámbito de Catalunya. Hemos oído las condenas del Ministro de Trabajo, de la Vicepresidenta del Gobierno, de la dirección de ICV, de los sindicatos, de las entidades sociales, de SOS Racismo, pero ni Más, ni Puircercós, ni Montilla han dicho esa boca es mía, y eso es lamentable donde hasta ahora sólo el PP había hecho del ataque al emigrante un arma de política electoral.

Y por cierto, será casualidad que Vic y su comarca, el centro de la llamada Catalunya catalana, en contraposición a la Catalunya metropolitana, fue la zona de mayor efervescencia de las fallidas consultas soberanistas. Hoy sin duda se ha ganado el mérito de ser la capital de la xenofobia y el racismo en Catalunya.

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/noticia/26121/OPINI%C3%93N/vic-embri%C3%B3n-xenofobia-catalunya.html

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Rumí aboga por "no bajar la guardia" en Inmigración porque cualquier acto puede tener "consecuencias en la convivencia"

europapress.es
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, abogó hoy por "no bajar la guardia" en este tipo de políticas porque, aunque las considera "razonablemente positivas y están dando buenos resultados", cualquier actuación "que se salga o no de legalidad", explicó, "puede tener consecuencias importantísimas en la convivencia".

Rumí suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Comisiones Obreras (CCOO), cuyo objetivo, según explicó, es desarrollar un trabajo "integral" de los movimientos migratorios "en ambas direcciones" y señaló que este proyecto busca "promover campañas de sensibilización que impulsen la integración, porque es uno de los retos de más envergadura a los que hay que hacer frente.

Asimismo, busca generar estudios e investigaciones que aproximen a la sociedad al conocimiento "de un fenómeno tan reciente" y que tanto "impacto tiene en los órdenes de la vida colectiva", apuntó.

Por su parte, la secretaria confederal de Empleo y Migraciones de la Confederación Sindical de CCOO, Paloma López Bermejo, hizo hincapié en que hay que contemplar las migraciones en su conjunto, tanto las que afectan a España como país emisor como las le atañen como país receptor de trabajadores inmigrantes.

En este sentido, subrayó el papel que desempeña el actual Centro de Documentación de las Migraciones que desarrolla desde 1995 la Fundación Primero de Mayo de la que López Bermejo es miembro y que, a su juicio, se ha convertido en "referencia obligada, nacional e internacional" para los interesados en las migraciones que afectan a este país.

"A él acuden las colonias de ciudadanos españoles en el exterior y sus organizaciones representativas, los investigadores y especialistas, los profesionales de los medios de comunicación, las administraciones públicas, los profesionales de la intervención social y la ciudadanía en general", apostilló.

Por último, ambas secretarias coincidieron en tratar este proyecto como una "política de largo alcance" y desarrollar las campañas de sensibilización mediante un "proceso ordenado", sobre todo si se tiene en cuenta que, según concluyó López Bermejo, que "ningún país europeo ha recibido tantos inmigrantes" como España.

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La policía teme el efecto del "cambio climático"

Público.es -

El cambio climático no sólo interesa a los científicos. También preocupa a la policía, que lo considera la posible causa principal de una nueva oleada de inmigración clandestina que, según sus previsiones, se va a producir en España en los próximos diez años. Así aparece reflejado en recientes análisis sobre eficacia policial encargados por el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez, y a los que ha tenido acceso Público.

Según dichos documentos, las fuerzas de seguridad están convencidas de que, desde ahora y hasta el año 2020, el cambio climático va a provocar un importante flujo migratorio irregular hacia España procedente del sur de África. También creen que agravará el que ya se está produciendo por motivos económicos desde el norte de este mismo continente, Asia y Latinoamérica.
Periferia y cascos antiguos

Los expertos policiales, que llegan a hablar de "crisis ecológica", consideran que el incremento de la población de sin papeles en España se concentrará sobre todo en la periferia y en los cascos antiguos de las ciudades, hasta crear allí nuevos problemas de seguridad.

En concreto, los análisis que obran en poder de Velázquez, apuntan a que dicho repunte de la inmigración clandestina "facilitará" un crecimiento del terrorismo islámico, así como la llegada de nuevas modalidades de crimen organizado. En este sentido, alerta de que la delincuencia ligada al tráfico de drogas puede provocar un aumento de los índices de violencia en las calles si antes no se consigue reducir la demanda de estupefacientes.

Los expertos policiales llegan a hablar de una "crisis ecológica"

Y todo ello a pesar de que los propios mandos policiales han terminado el año haciendo alarde de un elevado número de detenciones de sin papeles por aplicación de la Ley de Extranjería. Los informes en poder de este diario hablan de un incremento superior al 20% de los arrestos respecto a 2008, aunque aseguran que este aumento no ha sido fruto de redadas indiscriminadas, como vienen denunciando distintas ONG.

Los analistas policiales recalcan en sus textos que esta cifra es sólo fruto de aplicar como prioridad la captura de aquellos inmigrantes autores de delitos, como en su día defendió Interior.

Ciberpreocupación

La inmigración clandestina no es, sin embargo, la única preocupación de los responsables policiales en sus previsiones para el próximo decenio. También ocupa un lugar destacados la delincuencia a través de Internet. De hecho, la Policía considera altamente problable que los ciberdelitos se conviertan a medio plazo en el principal foco de actividades criminales, por lo que plantea la necesidad de reforzar las estructuras de prevención del delito para hacerles frente.

Llega, incluso, a analizar la necesidad de que ciertas funciones hasta ahora ejercidas por los cuerpos policiales, como es la protección de instalaciones, sean asumidas por las Fuerzas Armadas, como ya hicieran tras los atentados del 11-M. Una manera de liberar agentes para combatir la nueva delincuencia que viene.

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Vic pospone la normativa que impide el empadronamiento de inmigrantes ilegales

 - 20minutos.es

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha anunciado este miércoles que el ayuntamiento pedirá otro informe externo para decidir si aplica la nueva normativa sobre empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal, que apoyan CiU, PSC y ERC y que se volverá a debatir en el pleno del 4 de febrero.

El alcalde ha manifestado que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta

Los grupos de CiU, PSC y ERC, que integran el equipo de gobierno del ayuntamiento de Vic, han expresadosu apoyo a esta nueva normativa, avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. A pesar de ello, el alcalde ha manifestado que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta.

El Ayuntamiento de Vic ha celebrado este miércoles un pleno ordinario, en el que en principio no se iba a debatir esta polémica medida, pero finalmente se ha acabado discutiendo en el turno de ruegos y preguntas, donde los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) han mostrado su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición. La Candidatura d'Unitat Popular e Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV) se han manifestado en contra.

El grupo de ICV había presentado una moción para "garantizar el derecho al empadronamiento y la convivencia en Vic" que debía debatirse en el pleno de hoy, sin embargo ha decidido retirar temporalmente la moción después de que el alcalde aceptara debatirla en el próximo pleno, previsto para el mes de febrero. Vila d'Abadal ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad.

Plataforma per Catalunya es insuficiente ya que consideran que los inmigrantes ilegales "sólo aportan gasto social y delincuencia"

El alcalde ha destacado que la voluntad del equipo de gobierno es que "la inmigración no sea una cosa negativa sino positiva" para el municipio y ha reiterado que "los inmigrantes ilegales no pueden trabajar y por eso no los podemos empadronar". "Mi obligación y la de cualquier persona con responsabilidades públicas es hacer cumplir la ley", ha agregado el alcalde, que ha añadido que esta medida "se limita única y exclusivamente a eso".

Plataforma per Catalunya apoya esta medida, pero la considera insuficiente, tal y como ha destacado su concejal Josep Anglada, que ha considerado que los inmigrantes ilegales "no aportan nada bueno al país y sólo aportan gasto social, delincuencia y economía sumergida". Sin embargo, el grupo municipal de la CUP considera que la medida "es poco ética, insolidaria, electoralista y afecta al 2% de la población", y considera que no "solucionará el problema de la inmigración", mientras que ICV ha pedido su retirada.

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Cuentas 'de emergencia' para hacer llegar la ayuda a los damnificados por el terremoto

 | Solidaridad | elmundo.es

Numerosas ONG han abierto diferentes cuentas bancarias "de emergencia" para, a través de donaciones, recaudar dinero que será enviado de manera urgente a Haití y, en especial, a su capital, Puerto Príncipe, que ha sido devastada por un terremoto de siete grados de magnitud en la escala de Richter dejando numerosos muertos y heridos además de centenares de edificios derruidos.

Por todo ello, para lograr ofrecer ayuda inmediata y contribuir a la reconstrucción de este país caribeño, ONG españolas han habilitado numerosas cuentas bancarias en las cuales todo el que quiera puede colaborar con la causa.

Cruz Roja: 902 222 292, su página web www.cruzroja.es y las cuentas corrientes: BBVA 0182 5906 86 0010022227; Banco Español de Crédito 0030 1001 35 0004707271; Banco Sabadell-Atlántico 0081-0627-34-0001114312; Bankinter 0128-0010-97-0100121395; Caja Madrid 2038-0603-29-6006640085; C.E.C.A. 2000-0002-28-9100510908; Deutsche Bank y Bancorreos 0019-0631-22-4010202020; La Caixa 2100-0600-85-0201960066; Banco Popular 0075-0001-89-0600222267; Banco Santander 0049-0001-53-2110022225; Triodos Bank 1491-0001-21-0010003006; Uno - e 0227-0001-85-0202438590

ONG Entreculturas: Banco Santander 0049 0496 83 2010200200 BBVA 0182 4000 62 0208002127 y teléfono: 902 444 844.

Manos Unidas: Banco Santander, referencia 'Emergencia Haití' 0049 1892 63 2210525246.

Unicef España: 902 255 505 y su página web www.unicef.es

ONG Solidaridad Internacional: Banco Santander 0049 0001 54 2210042242 y Caja Madrid 2038 1001 37 6000888882.

Cáritas Española: 902 33 99 99 y Banco Santander 0049 1892 64 2110527931; BBVA 0182 2000 21 0201509050; La Caixa 2100 2208 39 0200227099; Banesto 0030 1001 38 0007698271; Caja Madrid 2038 1028 15 6000969697; Banco Popular 0075 0001 81 0606839307; Banco Sabadell Atlántico 0081 0216 74 0001306932; CECA 2000 0002 20 9100382307; Bancaja 2077 1277 10 3100146740; CAM 2090 5513 04 0040370409.

ONG Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP): La Caixa 2100 5731 79 0200012540.

ONG PLAN Internacional: Banco Santander 0049 0001 56 2010025526.

Intermón Oxfam: La Caixa 2100 0765 81 0200111128; Caixa Cataluña 2013 0500 16 0213198878; Caja Madrid 2038 8978 17 6000016604; CAN 2054 0300 56 9157938948; Banco Santander 0049 1806 91 2111869471; BBVA 0182 6035 49 0201502475; Banco Sabadell Atlántico 0081 7011 11 0001698879 y Triodos Bank 1491 0001 21 0010010201.

ONG Cesal: Banco Santander 0049 0001 56 2010058858.

Save the Children: Banco Santander 0049 0001 52 2410019194, La Caixa 2100 1727 12 0200032834, BBVA 0182 5502 58 0010020207 y de Caja Madrid 2038 1004 71 6800009930.

Ayuda en acción: Banco Sabadell Atlántico 0081 5136 70 0001194221

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Trabajo lanza su reforma laboral descafeinada para contentar a los sindicatos

El Gobierno está acorralado en materia económica debido a los graves errores cometidos desde que comenzó la crisis española, con una burbuja inmobiliaria que estalló meses antes de que en EEUU se desatara la mayor tormenta financiera desde la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado. Por ello va a intentar vender a la opinión pública una serie de reformas descafeinadas, con parches y poco contenido, en línea con la propaganda socialista que inunda España desde 2004.

Una de los primeros mercados que el Ejecutivo pretende reformar es el laboral. España tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos del mundo, en línea con países tercermundistas y ocupando el puesto 160 en la clasificación del Banco Mundial.

Por ello, lo natural sería flexibilizar el mercado, reducir el coste de la contratación y del despido, acabar con la ultraactividad de los convenios colectivos y diseñar fórmulas para reducir la tasa de paro, permitiendo la reincorporación de los parados al mercado.

Este sería el paquete básico de cualquier reforma, como han solicitado organismos nacionales e internacionales como el Banco de España, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no va adoptar ninguna de estas medidas, a tenor de la entrevista realizada por Miguel Valverde para Expansión al titular del departamento, Celestino Corbacho.

El ministro se ha caracterizado hasta ahora por fallar en todas sus acciones y previsiones. Baste recordar cuando en octubre de 2008 dijo que “la crisis en dos meses estaría finiquitada”, sus estimaciones sobre el número de desempleados que alcanzaría España, su análisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, o su enfoque sobre la rigidez del mercado laboral español. Por ello, no extraña que en esta ocasión vuelva a errar en el diagnóstico y en las soluciones.

Corbacho, que hace unos meses decía no tener competencias para detener la sangría laboral, ya tiene listo un borrador de reforma laboral. En primer lugar va a poner fin a las bonificaciones a la contratación indefinida (precisamente ahora es cuando hacen más falta), y sólo las va a mantener en el caso de los jóvenes de entre 16 y 26 años hasta 2011, un colectivo que en España sufre una tasa de paro superior al 40%.

Como segunda medida “estrella”, va a impulsar la reducción de jornada pagada con dinero del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Es lo que desde los sindicatos y el Gobierno se ha llamado “modelo alemán”, aunque esta valoración demuestra la falta de conocimiento de este sistema, tanto por parte del Ejecutivo como de CCOO y UGT. En realidad el modelo ya existe en España, como variedad del “Expediente de Regulación de Suspensión”.

La novedad que introduce Corbacho es que obligará a los empleados que se acojan a esta reducción de jornada a asistir a cursos de formación. Los sindicatos ya se están frotando las manos, ya que estos cursillos los imparten ellos y cobran por ello.

“Una empresa que hace suspensión de empleo no tiene vocación de cierre. Por eso debemos ayudarla a que durante un tiempo funcione con una plantilla ajustada y que, cuando mejoren las cosas, pueda recuperar a todos trabajadores, pero mejor formados (...) los expedientes de suspensión de empleo tienen que estar cada vez más relacionados con la formación. Habrá que incentivar a las empresas y los trabajadores para que esto sea así", dijo Corbacho a Expansión.

Como tercera propuesta –y la más acertada de todas- Trabajo quiere introducir a las agencias privadas en la colocación de los empleados, ya que los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM) han demostrado su falta de eficiencia, al lograr trabajo a menos del 10% de los parados que acuden a sus oficinas. Eso sí, el trabajo de las empresas privadas será supervisado y fiscalizado por la Administración Pública.

Finalmente, la reforma también incluye ayudas a jóvenes emprendedores y avales del Instituto de Crédito Oficial para los pequeños empresarios, así como créditos “blandos” (con interés inferior al que ofrece el mercado), medidas contra el absentismo laboral y un “impulso al diálogo social”, concepto que no es nada más que un eufemismo para nombrar a una mesa de reuniones en la que CEOE, CCOO y UGT determinan el marco de las relaciones laborales en España y, por tanto, las condiciones y el salario de los trabajadores.

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