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Mientras en EEUU continúan las protestas contra la polémica ley de Arizona y en Francia miles de gitanos son expulsados del país, en España siguen funcionando una decenas de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), instituciones que, según su definición oficial, sirven para facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular y que funcionan, practicamente, como campos de concentración o cárceles en las que se confinan personas que tienen como único delito no tener los papeles en regla y que son tratados como delincuentes, permitiendoles hablar con su familia sólo cinco minutos al día a través de una ventanilla, sin información sobre sus derechos y en indignantes condiciones de higiene.
“Pensamos que los centros de internamento de personas extranjeras ya son de por sí una gran vulneración de los derechos humanos”, afirma María José Peñín, responsable de comunciación de SOS Racisme, en una entrevista publicada en LibreRed.net.
“Ademas de ser un lugar donde se vulnera el derecho a la libertad de manera totalmente injusta, por simples faltas administrativas”, desde SOS Racisme denuncian que son lugares parcticamente desconocidos por la sociedad, a los que ni medios de comunicaicón ni las asociaciones pueden entrar, exceptuando el caso del centro de Aluche, donde Cruz Roja actúa desde hace pocos meses frente a las numerosas denuncias por falta de servicios médicos. Este oscurantismo frente a la opinión pública, explica Peñin, permite que las autoridades actúen libremente y funcionen según la decisión del director y funcionarios de cada centro.
Las denuncias de los propios inmigrantes internados en el centro de la Zona Franca de Barcelona son las que han posibilitado que SOS Racisme conozca las condiciones que se viven en esta institución, en la que el confinamiento, la falta de higiene y el acoso por parte de la policía son el pan de cada día. “Muchas personas de las que hemos recogido denuncias afirmaron que había celdas de castigo en las que se les encerraba durante periodos indeterminados de tiempo e inclían también lugares específicios donde se les infringían agresiones fisicas o verbales”.
En el CIE de la Zona Franca, concretamente, entre 30 y 50 internos estuvieron varias semanas en huelga de hambre a raíz de la muerte, en junio, de otro interno, Mohamed Abagui, de tan sólo 22 años. “Según la version oficial se suicidó en su celda. Nosotros tenemos conocimiento de esta muerte porque sus compañeros llamaron a SOS Racisme”, explican desde la organziación. A pesar de que, junto a otras entidades, pidieron información sobre los hechos al director del centro, éste se la denegó, y tuvo que ser la Policía Nacional quien confirmara que había muerto una persona en las dependencias del CIE catalán. Sus compañeros explicaron que ya había intentado suicidarse antes pero, aún así, le dejaron solo en una habitación. SOS Racisme y los familiares de Mohamed Abagui han pedido que se esclarezcan los hechos y que el Estado asuma su responsabilidad en la muerte, al igual que está obligado a asumirla con las persnoas que están presas en cárceles, pero no han recibido respuesta.
La muerte de Abagui provocó aún más tensión entre los internos del centro, que recibieron como respuesta a su huelga de hambre más acoso policial y amenazas por parte de los funcionarios, según denunciaron a SOS Racisme. “Hasta entraron los antidisturbios para obligarles a terminar con la huelga de hambre mediante amenazas”, explica María José Peñín, quien añadió que el proceso de expulsión de los internos que realizaron la huelga de hambre se aceleró y durante las semanas siguientes practicamente todas estas personas estaban fuera del país.
Por otra parte, denuncian que actualmente se está aumentando la presión hacia los inmigrantes sin papeles. “Hay un acoso policial contínuo, -afirma Peñín en la entrevista- lo que se ve en los barrios, en El Raval, o en la estación de Renfe”.
Estas detenciones masivas provocan que los centros de itnernamiento de personas extranjeras estén siempre saturados. Son “pequeños guantánamos” donde se detienen a personas que no han cometido ningun delito, sólo por no tener los papeles en regla. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) el 48,6 por ciento de los internos que registraban los CIE en 2009 son “ciudadanos normales y corrientes que llevan mcuhos años en España”, sólo el 21,6 por ciento ha sufrido una detención anterior en el país, el 14,9 por causas penales.
El informe de CEAR también expone como estas personas tienen que sufrir unas condiciones que en muchos casos les llevan a padecer insomnio (entre un 57, 1 y un 64 por ciento, según el centro), tristeza y ganas de llorar (del 65,7 al 87,2%), tensión y estrés (del 54,3 al 75,8%) o ideas de suicidio (7,7 al 15,2%).
Desde el Parlamento Europeo también han denunciado las malas condiciones y el maltrato en los CIEs españoles. Según detallan en un estudio elaborado en 2006 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros, que subrayan las dificultades que tuvieron ellos mismos para acceder al centro, estas instituciones tienen unas condiciones “innecesariamente severas”, con un confinamiento casi permanente en celdas y una higiene “denigrante”. El estudio también subraya los incidentes violentos perpetrados por el personal de seguridad y su falta de respeto hacia los inmigrantes allí retenidos, así como la escasez de servicios médicos y la dificultad de los detenidos a obtener información sobre sus derechos.
Actualmente existen diez centros de retención de extranjeros en España, ubicados en Barcelona (Zona Franca), Las Palmas, Tenerife, Málaga, Valencia (Zapadores), Murcia (Sangonera La Verde, Melilla, Ceuta, Algeciras y Madrid (Aluche), además de los centros informales. Todos ellos, abiertos desde 1985, han recibido denuncias por malas condiciones de salublidad, abusos a las internas, hacinamiento, torturas o suicidios.
