Ante una hipoteca que nos ahoga: reunificación de deudas y las otras alternativas

La situación financiera actual está perjudicando a muchas familias que están con el agua hasta el cuello por culpa del sobreendeudamiento familiar; demasiadas facturas y menores ingresos.
¿Cuál es la mejor solución para las familias que no pueden hacer frente a sus deudas mensualmente?

Aquellas familias que tienen mensualmente gastos relacionados con la hipoteca, con otros préstamos, con tarjetas de créditos, etc., tienen una vía de escape bastante recurrida en la actualidad que es la reunificación de deudas y préstamos. Consiste en agrupar deudas y préstamos en una única cuota mensual. Con la intención de que esta cuota sea menor que la suma de todas las deudas y se adapte a los nuevos ingresos familiares.
Reunificar, una alternativa cara

El problema de esta solución es la inseguridad de los usuarios hacia este producto. Hay que tener claro que cuando se acude a la reunificación es una alternativa cara, puesto que la agrupación de deudas tiene un coste porque vuelves a financiar los préstamos y además el interés de la nueva hipoteca acostumbra a ser superior que el de una hipoteca normal, porque a priori el riesgo de impago es superior.

Es muy importante asegurarse de que agrupar los préstamos es necesario para solventar la situación financiera familiar, es la mejor alternativa que existe y además saber con quien tramitar el proceso. Se puede realizar directamente con una entidad financiera o a través de un intermediario. Se suele recurrir a un broker cuando no se encuentra con facilidad un banco dispuesto a reunificar nuestros préstamos.

En el caso de acudir a un profesional debemos asegurarnos que esté inscrito en el Registro Estatal de Intermediarios Financieros del Instituto Nacional de Consumo. Esto nos garantiza que dicho intermediario cumple con la ley, lo que implica, entre otras cuestiones, que tengan un seguro de responsabilidad civil y la obligación de informar de sus honorarios.

El intermediario buscará nuestra mejor alternativa, puesto que conoce bien el mercado hipotecario y sabe como negociar con los bancos para beneficiar a su cliente.
Alternativas a la reunificación

En cualquier caso, tenemos otras alternativas antes de refinanciar los préstamos:

- Ampliar el importe de la hipoteca: esta opción sólo nos sirve si también nos amplían el plazo. Podremos cancelar el resto de préstamos y reducir la cuota hipotecaria.

- Rehipotecar la vivienda: es similar a la reunificación de deudas puesto que se cancela la hipoteca actual y se pide una nueva por un importe mayor. Este tipo se aplica en el caso que el banco que te financia la hipoteca actual, te renueva la hipoteca sin que se encarezca demasiado el tipo de interés.

Estas alternativas sirven en los casos en que los ingresos no se han visto muy reducidos y el banco tiene una seguridad frente al cliente y la probabilidad de que siga haciendo frente a las deudas. Por ello, las familias que realmente están en una situación de apuros deberán optar por la reunificación siempre y que quieran mantener la vivienda en su propiedad.

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Operación «borrado»: ¿quién da cuenta del racismo y la xenofobia en España?

a) La invisibilidad de una problemática.-

Aunque decir que no conocemos la situación del racismo y la xenofobia en España sea una exageración, no es un asunto menor que no exista ninguna publicación de datos estadísticos oficiales relativos a denuncias y procesos penales de delitos racistas en territorio español. Semejante operación de borrado es una cuestión de primer orden, porque pone en juego, precisamente, la posibilidad de una convivencia intercultural satisfactoria.

La aproximación a esta problemática dista de ser sencilla, empezando por la propia delimitación de lo que constituye una práctica racista o xenófoba. En segundo lugar, las fuentes, precisamente por ser plurales, también implican algunas variaciones en lo que conceptualizan bajo estas categorías. Entre esas fuentes hay que tomar en consideración los informes anuales elaborados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y los informes elaborados por diferentes entidades sociales: entre algunos otros, el “Informe Raxen” (del Movimiento contra la Intolerancia), el informe “El racismo en el estado español” (de SOS Racismo), y el “Informe de Derechos Humanos” (de Amnistía Internacional). En conjunto, constituyen materiales imprescindibles para disponer de una aproximación diagnóstica –confiable aunque limitada- a una de las cuestiones más dramáticas en nuestro presente, esto es, para reconstruir un “mapa de la cuestión” sobre racismo y xenofobia en España.

Apenas hace falta decir que una problemática como el racismo y la xenofobia, más que remitirse a unas abstractas constantes antropológicas, debe reenviarse a las condiciones materiales del capitalismo avanzado, donde millones de personas son arrojados fuera de sus comunidades locales ante las fluctuaciones de los mercados de trabajo globales. En ese contexto, se producen asimismo respuestas sociales defensivas y retrógradas ante lo que algunos grupos sociales perciben como amenazas externas a sus formas de vida o sus condiciones de trabajo. La migración, sin embargo, no es reductible a una cuestión económica: simultáneamente, se producen reagrupamientos familiares, una creciente movilidad cultural y desplazamientos forzosos en masa.

En esas condiciones, es claro que estamos ante un problema político de primer orden. La extensión del racismo y la xenofobia exigen un debate público pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad que se autoconsidere democrática. Salvo excepciones en sentido contrario, reclama por parte de los agentes políticos, económicos e institucionales un grado de implicación radicalmente distinto al que muestran en el presente. No se trata sólo de indiferencia o reticencia; también asistimos al creciente uso demagógico de ciertos tópicos y prejuicios sedimentados sobre la inmigración en discursos de tinte xenófobo y racista y, en última instancia, a una cierta connivencia con consecuencias imprevisibles.

b) Dos iniciativas abiertas

Como punto de partida hay que constatar la escasa difusión pública de información cualitativa y cuantitativa –cuando la hay- sobre casos de racismo y xenofobia, reforzado por un sistema judicial que no sólo tiende a desestimar las denuncias sino que además sólo de forma excepcional aplica la agravante de motivación racista contenida en el código penal. La falta de notoriedad pública no es un mero descuido o una omisión inocente: es una forma de borrar una problemática de la agenda pública, esto es, un modo de minimizar estos problemas graves y recurrentes tanto en el contexto nacional como mundial.

A pesar de las denuncias crónicas contra la falta de implicación del estado español en la lucha contra el racismo y la xenofobia, la pasividad estatal ante estos delitos persiste en el presente: el estado español no ha desplegado ni despliega los medios necesarios para transformar una situación en la que el racismo y la xenofobia en sus múltiples formas han crecido de forma indudable.

Doble problema entonces: 1) la carencia de información estadística oficial sobre este tipo de delitos y la falta de notoriedad pública de la información oficial relativa a racismo y xenofobia y 2) la falta de actuaciones en múltiples frentes que combatan de forma eficaz estas actitudes y prácticas en sectores sociales que desbordan la categoría de la “ultraderecha”, aunque sus rasgos criminales la tornen especialmente peligrosa y, por tanto, susceptible de medidas especiales inmediatas.

En síntesis, a pesar de la relevancia de ese doble problema en la vida democrática, la actual política de estado mantiene su opacidad informativa, reforzada con la obstrucción judicial y policial a la investigación de este tipo de delitos de odio. Ni siquiera los lazos entre ultraderecha y terrorismo de pequeña escala han modificado este bloqueo informativo que forma parte de las verdades (vergonzantes) de estado. Que a la fecha sigan considerándose las agresiones de este tipo como delitos comunes reafirma una permisividad estatal que hay que seguir cuestionando.

La reciente aprobación (27 de mayo de 2011), en el Consejo de Ministros, del “Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación” -pendiente todavía de discusión y aprobación parlamentaria- es producto de esos cuestionamientos recurrentes y de presiones constantes de sectores e instituciones de la sociedad civil. Dicho proyecto constituye una innovación jurídica relevante en un contexto donde las obligaciones de los poderes públicos al respecto siguen incumpliéndose. En particular, la obligación de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva sigue constituyendo una deuda persistente del estado español: forma parte de los déficits democráticos que afectan a la sociedad en su conjunto.

Aunque es improbable que dicho proyecto de ley resuelva por sí solo la discriminación instalada tanto a nivel social como institucional, no deja de ser un paso valioso y necesario entre tanto inmovilismo. Con todo, en la medida en que esas prácticas sociales e institucionales se reproduzcan, no hay razones para no seguir incidiendo sobre unas demandas de justicia insatisfechas, así como en la demanda de visibilizar una problemática públicamente relegada. Las irresoluciones persisten desde luego. Por seguir incidiendo en la producción de información oficial sobre casos de racismo y xenofobia: si bien el proyecto mencionado contempla la elaboración de estudios y estadísticas al respecto (1) no deja de suscitar interrogantes el hecho de que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes deban recabar los datos sobre “el componente discriminatorio de las denuncias cursadas” y deban procesarlos “en los correspondientes sistemas estadísticos de seguridad” (Artículo 34, Inciso 2), habida cuenta del “componente discriminatorio” omnipresente en dichas fuerzas y cuerpos. Seguramente, sin planes de formación y supervisión efectivos destinados a la policía, los obstáculos a la producción de “sistemas estadísticos” válidos serán múltiples.

Por su parte, el despliegue del proyecto “Red Antena” (Red de Centros de atención a víctimas de discriminación por origen racial o étnico), iniciado en 2009 y del que forman parte diferentes ONG (2) no hace sino ratificar lo dicho: la necesidad de desplegar dispositivos públicos que permitan conocer y atacar estos problemas en toda su magnitud. Se trata sin dudas de una iniciativa intersectorial valiosa, en la que cabe prever la producción de información sobre casos de discriminación a nivel nacional, aunque sus logros hasta el presente sean escasos. Es demasiado pronto para saber si esta red contribuirá a corregir efectivamente estas falencias diagnósticas y contribuye a desarrollar intervenciones antidiscriminatorias eficaces.

Aunque la tarea sea difícil de dimensionar, debería formar parte de esas intervenciones, una reestructuración del propio aparato militar y policial español. La hipótesis justificada de que el aparato represivo montado en el período franquista sigue parcialmente activo décadas después no debería sorprender a nadie (y no sólo en lo referido al derecho de estas minorías, sino también en lo referido al respeto de los derechos humanos en todos los casos [3]). El cambio requerido, sin embargo, es ampliamente mayor: supone una revisión radical tanto del sistema político-judicial -en el que las rémoras autoritarias siguen operativas- como de las instituciones educativas, sanitarias, sindicales, religiosas, mediáticas y empresariales que han naturalizado, en cierta medida, la discriminación del otro.

En suma, en una formación social como la presente, que acentúa los procesos de normalización, la diversidad sociocultural es vivida (¿mayoritariamente?) como amenaza de lo propio o riesgo de autodisolución. Subestimar la dimensión de este problema más que una negligencia es un acto de absoluta irresponsabilidad: deja vía libre a un deseo irreconocido de supremacía que da lugar al fascismo.

(c) Un mapa de la cuestión

Ninguna política de integración social puede ser efectiva sin un diagnóstico sistemático al respecto. Lo que es peor: ninguna política antidiscriminatoria puede ser mínimamente acertada sin un debido conocimiento acerca del mapa de la cuestión. La operación de borrado no suprime el problema, pero evita que adquiera notoriedad pública. Que esa operación no pueda eliminar las huellas reales de unas prácticas de segregación/ inferiorización de otros colectivos no niega su eficacia: impide que se conozca su verdadera magnitud, sus ramificaciones e implicaciones profundas, contribuyendo a su reproducción.

Si bien las estrategias oficiales pasan por recluir la cuestión en una ultraderecha minoritaria que “tolera” de varias maneras, dichas estrategias son falaces, en tanto minimizan retóricamente lo que amenaza con magnificarse en nuestra realidad social. El problema no se restringe desde luego a España: “Los crímenes de odio se han convertido en un fenómeno frecuente en muchos Estados participantes. Pero, por desgracia, la escasez de datos sobre estos delitos hace que sea difícil evaluar el verdadero alcance y la naturaleza del problema” (Informe Raxen 2010, pág. 92). En cualquier caso, el aumento de este “populismo neofascista europeo” es una conclusión corroborada. Nada señala que esta ofensiva racista y xenófoba (incluyendo la islamofobia, la gitanofobia y el antisemitismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los próximos años, como no sea con un giro de las políticas públicas comunes.

Para el caso, me limitaré a repasar, de forma somera, lo que sabemos sobre esta situación en España. El conocimiento reducido sobre delitos dirigidos contra colectivos como inmigrantes, indigentes, homosexuales y prostitutas se lo debemos principalmente a los informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN). En total, dicha red contabiliza unos 4000 casos de agresiones racistas al año distribuidas por todas las comunidades autónomas, propiciadas por miembros de la nueva ultraderecha, aunque dichos datos distan de dar cuenta de la magnitud del problema y no estén confirmados oficialmente (4). No hay dudas que los delitos de este tipo son significativamente más numerosos que los registrados, lo que significa que en España, cada día, al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad (sin contar los que son víctimas de la homofobia, el sexismo y la aporofobia). A ello hay que sumar las más de 200 webs xenófobas que funcionan en territorio español, 23 conciertos racistas durante 2009, más de 10.000 ultras y neonazis y al menos 80 personas asesinadas desde 1992, víctimas del odio (5). Los más de 100000 votos que obtuvo la ultraderecha en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo señalan que se trata de una fuerza política activa y en ascenso.

Por lo demás, el Informe Racismo 2010 (6) de la DGII, desde una perspectiva conceptual más amplia y no circunscripta a actos delictivos sino en general a las actitudes de la población española, nos permite hacer una lectura más extensiva al respecto. Las conclusiones no son alentadoras. A pesar de la desaceleración de los flujos migratorios debido a la crisis económica, “(…) la percepción valorativa de la presencia inmigratoria se mantiene en parecidos niveles a los de 2008 (con un 46% de encuestados autóctonos que consideran “excesivo” el número de inmigrantes en España)” (pág. 359). Asimismo, un 42% considera que las leyes inmigratorias son “demasiado tolerantes” y un 32% “más bien tolerantes” (pág. 68), lo que en conjunto señala que 6 de cada 10 españoles consideran que las leyes (juzgadas por la mayoría como “muy permisivas”) deben endurecerse. Por otra parte, 4 de cada 10 encuestados considera que deben expulsarse a los inmigrantes en paro (pág. 359), y 2 de cada 3 considera que debe haber, especialmente en el ámbito laboral, preferencia de los nacionales frente a los foráneos. “A los inmigrantes se les sigue viendo como el colectivo más protegido, que perciben más de lo que aportan, que acaparan las ayudas escolares (aunque algo menos las sanitarias). Al igual que se les sigue atribuyendo responsabilidad en el deterioro de la calidad de la atención sanitaria y de la educación. Imágenes estereotípicas que, lejos de aminorarse, se han consolidado en este último año” (págs. 360-361). Finalmente, el informe señala que el 36% de los 2.836 encuestados en 2009 quedan clasificados como “reacios a la inmigración”, un 35% como “tolerantes” y el 29% como “ambivalentes”. En conjunto, aunque desde 2008 se han estabilizado estas tendencias, los resultados son muy preocupantes. El 64% de la población, en diferentes grados, no sólo no muestra una actitud de apertura hacia la inmigración sino que, en medidas variables, considera que la desigualdad entre nacionales y foráneos es legítima.

Ahora bien, ¿no es precisamente ese principio de desigualdad, esto es, la creencia etnocéntrica en la propia superioridad, lo que está en la base de todo acto discriminatorio, incluso si no asumiera formas manifiestamente violentas? Aunque hay muchas aristas para indagar al respecto, la sospecha de que el racismo y la xenofobia más o menos abiertos (según nos desplacemos en el arco político hasta la ultraderecha) forman parte de la cultura hegemónica española tiene cada vez un anclaje empírico más nítido.

Ante la afirmación de que el estado español ha dado algunos pasos para mejorar la convivencia igualitaria entre nacionales y foráneos y mitigar una discriminación que opera en todos los ámbitos (desde lo laboral hasta lo educativo), no tenemos más remedio que replicar: cuando se está al borde del abismo, dar un paso adelante no sólo es una obligación política básica sino también una forma de no despeñarse. Puesto que España es uno de los países europeos menos comprometidos con estas luchas, transformar esa situación inicial es apremiante (7). Dicho de forma más rotunda: puesto que “(…) el estado español se encuentra entre los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional de igualdad que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo” (Informe 2010 SOS Racismo, pág. 233/234 [8]), no hay razones para no seguir exigiendo la modificación de facto de esas falencias graves.

Por lo demás, son las propias políticas de estado las que cabe cuestionar de forma radical, empezando por su política de asilo restrictiva, sus políticas de detención y deportación y su política migratoria en conjunto, que tiende a criminalizar a los inmigrantes irregulares, a instalar y a refrenar las vías para la regularización (a partir de una nueva ley de extranjería que endurece las condiciones de acceso y estancia en España). Por tanto, es el propio estado quien debe rendir cuenta de su propia contribución activa a este mapa de xenofobia y racismo social e institucional y, en particular, a la legitimación de la desigualdad entre ciudadanos de distintas procedencias. Es esa legitimación política y jurídica la que habilita, asimismo, a negar siquiera el estatuto de “ciudadano” a cientos de miles de personas irregulares que sobreviven en la economía sumergida (de la sobreexplotación).

En ese sentido, para que ese camino no se convierta en una aporía, los cambios institucionales deben empezar por una nueva visibilidad de la problemática. Dar cuenta del racismo y la xenofobia supone, en primer lugar, informar a la población de una realidad social que amenaza en convertirse en hegemónica. Es, asimismo, responder ante el Otro, asumir una responsabilidad y un compromiso en la erradicación de estos problemas endémicos que se agravan con la crisis. Recluir esa problemática en la ultraderecha es una estrategia tranquilizadora, que tiende a desconocer a una masa creciente de personas que por motivos raciales, étnicos y culturales considera legítima la desigualdad, aunque no necesariamente lo manifieste de forma expresa o no esté dispuesta a asumir de manera abierta todas las consecuencias de esa consideración.

Eso no niega, desde luego, las resistencias activas que diferentes sujetos colectivos ponen en acto: desde un tejido asociativo más o menos heterogéneo hasta grupos de activistas de derechos humanos y otros movimientos ciudadanos que perciben en este imaginario suprematista el retorno del fascismo. En esas luchas democráticas está cifrada nuestra esperanza política, en unas condiciones histórico-sociales que encarnan, probablemente, una de las peores regresiones europeas tras el 45´.

Notas:

(1) http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Noticia_FA&cid=1244651502608&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Noticia_FA%2FCND_detalle&title=El+Consejo+de+Ministros+aprueba+el+proyecto+de+Ley+Integral+para+la+Igualdad+de+Trato+y+la+no+Discriminaci%C3%B3n. El inciso 1 del artículo 34 de dicho proyecto de ley incluye la producción de información al respecto: “1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y en la legislación específica en materia de igualdad de trato y no discriminación, los poderes públicos deberán introducir en la elaboración de sus estudios, memorias o estadísticas, siempre que se refieran o afecten a aspectos relacionados con la igualdad de trato, los indicadores y procedimientos que permitan el conocimiento de las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley”. Queda pendiente evaluar metodológicamente las herramientas diagnósticas desplegadas, así como los logros conseguidos en este nivel de actuación, requisito indispensable para el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la integración social e institucional y penalicen las prácticas discriminatorias.

(2) http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005879295&language=cas_ES&nodepath=Red+de+oficinas&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_mapaOficinas

(3) El incumplimiento de los DDHH por parte del estado español es múltiple y ha sido denunciado por Amnistía Internacional: denuncias de tortura, restricción del derecho de asilo, aplicación del régimen de incomunicación a ciertos colectivos de presos, protección inadecuada ante la violencia de género y la trata de personas, escasos avances en la investigación del franquismo, medidas insuficientes ante el racismo, entre otros. Al respecto, Amnistía Internacional, Informe de derechos humanos 2010, pág. 179.

(4) Al respecto, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en 2008 señalaba: "¿Cómo es posible que en el Reino Unido se documenten oficialmente 50.000 ataques racistas al año y en España la Guardia Civil registre entre 10 y 20 casos y la Policía Nacional entre 80 y 100?". Su conclusión, que no cabe más que ratificar en el contexto presente, es que España es de los países europeos más rezagados en las luchas contra estas formas de discriminación (http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo//espana_no_se_implica_en_la_lucha_contra_el_racismo.html)

(5) El informe completo puede consultarse en http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp

(6) http://www.oberaxe.es/files/datos/4e20230088dc8/INFORME%20RACISMO%202010.pdf

(7) Para graficar lo dicho remito al lector al documental español elaborado en 2011 “Ojos que no ven” (http://youtu.be/y7CytqYLHQY).

(8) El informe puede consultarse en http://federacionsosracismo.wordpress.com/informe-anual/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Los rumanos parados en España no necesitarán permiso de trabajo

Los rumanos residentes en España que se encuentran en paro no se verán afectados por la exigencia de un permiso de trabajo que, desde la semana pasada, el Gobierno impone a los ciudadanos de este país de la UE que desean establecerse en España.

Así lo ha expresado esta tarde el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, durante una rueda de prensa que ha ofrecido con su homólogo rumano, Sebastian Lazaroiu, para concretar y explicar los términos del acuerdo suscrito entre ambos países para reactivar el periodo transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para el colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país.

Gómez ha añadido que los rumanos que quieran venir a España en situación de autónomos tampoco se verán afectados por esta medida, dado que la moratoria que se levantó en 2009 se centraba exclusivamente en los trabajadores por cuenta ajena.

Además, el Gobierno "no tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos extracomunitarios", que deben contar con un contrato previo, si quieren vivir en nuestro país, sujeto al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

"Sigue siendo una situación de mejor trato y posición", ha resumido el ministro, quien, no obstante, ha reconocido que para su Departamento "no ha sido fácil" tomar esta decisión.

"Se toma atendiendo exclusivamente a razones de orden laboral", ha recordado. En la actualidad, 860.000 rumanos residen en España, con una tasa de desempleo que llega al 30% (10 puntos más que la tasa de desempleo general).

"Hay razones para pensar que nuevas entradas de rumanos sin permiso de trabajo previo elevarán la tasa de desempleo entre la población rumana residente en España y también entre la población española", ha argumentado.

Su homólogo ha indicado que esta decisión "no ha provocado alegría" entre el colectivo rumano, aunque ha dicho que la entendía, dada la "difícil situación que atraviesa España". También ha recordado que la CE, a quien el Gobierno español le ha comunicado su iniciativa, "puede rechazar esta medida, puede materializarla o puede aceptarla".

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El Gobierno fracasa en la nueva Ley de Extranjería. El 91% de los inmigrantes ilegales que entran en España no son devueltos a su país de origen

La reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno en 2009 ha provocado un brusco descenso de las extradiciones de los inmigrantes ilegales que entran en España. La ampliación de los plazos para los trámites de devolución ha sido la clave.

En noviembre de 2009, El Ejecutivo sacó adelante la reforma de la Ley de Extranjería, impulsada por el ministerio del Interior dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba. El nuevo articulado establecía nuevos criterios para la expulsión de ‘sin papeles’ –sobre todo si habían cometido delitos después de entrar el país-, y ampliaba los plazos para tramitar la repatriación.

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El Consejo de Ministros aprueba que los rumanos requieran un permiso laboral para España

Los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España requerirán un permiso laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el acuerdo que reactiva el periodo transitorio contemplado en el Acuerdo de 2008.

Esta medida, de la que el Gobierno ha destacado su carácter transitorio, implica que los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena deberán acreditar un contrato de trabajo.

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España volverá a pedir permiso de trabajo a los inmigrantes rumanos

En diciembre de 2008, cuando el Gobierno se resistía aún a reconocer la gravedad de la crisis económica, el entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que no se renovaría la moratoria en la libertad de circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros.

En la práctica, eso significaba que los ciudadanos de estos dos países podrían ser contratados por cuenta ajena sin necesidad de un permiso de trabajo. Rumanía y Bulgaria ingresaron en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, pero sus tratados de adhesión incluyeron una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, para que sus nacionales pudieran disfrutar del derecho a la libre circulación de trabajadores. Tras dos años de moratoria, el Gobierno español decidió renunciar a la misma y adelantar a los rumanos el disfrute de estos beneficios desde el 1 de enero de 2009. Corbacho argumentó entonces que la medida no tendría efectos negativos sobre el mercado laboral.

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La inmigración, más allá de una cifra

Aniangouseeynou, 25 años, procedente de Guinea Ecuatorial. Su sueño: Llegar a Bilbao. Youca Diallo, 25 años, Guinea. Quiere encontrarse con sus amigos de Barcelona. Kassil Jonas, 24 años. Vino de Costa de Marfil. Quiere entrar en la península. No le importa donde. “A España, a España”, suplica. Ceuta es España, pero no le basta. “Aquí estamos encerrados”.

‘Asalto desesperado al Puerto. La Guardia Civil rechaza en junio a más de treinta inmigrantes en el preembarque’. Titular de la portada del primer día de julio en EL PUEBLO. Una semana después: ‘Una nueva avalancha por mar trae hasta la ciudad a 27 subsaharianos’. Dos días más tarde: ‘Efecto llamada. 47 subsaharianos llegan a Ceuta durante la última madrugada’. Y continúa: ‘Llegan otros 18 inmigrantes tras el parón dominical’, ‘Otros 31 inmigrantes entran a nado’.

Cifras: 27, 47, 18, 31... Personas detrás de cada uno de esos números. Vidas rotas. Exilios. Esperanzas. En el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) ya son más de seiscientas personas las que aguardan. Aniangouseeynou, Youca Diallo y Kassil Jonas son tres de esos casos. Tres de los muchos inmigrantes que se paseaban el miércoles por el Puerto.
Dormido en la calle

Aniangouseeynou estaba dormido en las inmediaciones del Puerto Deportivo. Unos niños a su alrededor le señalaban pensando que estaba muerto. Hasta que un agente policial lo despertó. La noche anterior había sido interceptado por la Policía cuando intentaba pasar a la península escondido en los bajos de un camión. Era su segundo intento. No quiere que lo deporten. Su padre murió y no tiene a nadie que lo espere en su país. Tras ser descubierto por la Policía y al ver que no le daba tiempo ya de subir a dormir al CETI, decidió esperar en la calle, entre los coches.

Mientras, algunos de sus compañeros siguen intentándolo. Se sienten “atrapados” en Ceuta y cualquier vía puede ser buena. Muestran heridas que se hicieron al entrar en Ceuta a nado y otras que se han quedado como recuerdo de los últimos intentos de cruzar a la península. Todos intentos fallidos. Como los de Youca, que lleva en Ceuta un año y ocho meses, después de haber vivido dos años en Marruecos. Él llegó en una balsa hinchable junto a otras cinco personas. Tres ya han logrado entrar en la península: dos escondidos en un camión, uno por las vías legales. Los restantes siguen esperando su turno en el CETI.

Protestan de la comida -”siempre arroz blanco”- y de que el champú se lo entreguen mensualmente: “Y no nos dan más si se nos termina”. También denuncian que la Policía suba “y pegue”. “Ayer, vino un agente y le pegó a un chico”, denuncia uno de ellos. Apenas hablan español y se pisan unos a otros en un intento por hacerse entender: “Y la ropa, sólo tenemos esta”, protesta uno de los inmigrantes mientras enseña unos pantalones vaqueros con roturas y descosidos.

“Ceuta no es buena”, concluyen. Es lo que menos les gusta, la sensación de inferioridad y la “falta de libertad” que, aseguran, les hacen sentir en España. “La vida aquí es una vida de mierda. Muchos inmigrantes están dos o tres años y después les deportan”, explican. Alegan que vinieron de África “porque allí había guerras” y que al llegar a Ceuta se han encontrado demasiadas carencias.

“El blanco no tiene la libertad de encerrar al negro”, lamentan, “y si los negros, como ahora, queremos hablar, nos dicen que no, que eso es política”.
elpueblodeceuta.es

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Aforo completo: España es el país de la UE con mayor porcentaje de extranjeros

Según un estudio realizado por la oficina de estadística Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con más residentes extranjeros (5,7 millones, el 12% de la población sin contar los ilegales), solo por detrás de Alemania, en el que los inmigrantes representan 7,1 millones de la población total (el 9%).

Con respecto a los principales países de origen de los extranjeros residentes en España, destaca Rumanía (representando el 14,5% del total), seguido de Marruecos (13,1%), Ecuador (6,9%), Reino Unido (6,8%) y Colombia (5,1%), de acuerdo con datos correspondientes al pasado año.

En total, de los ciudadanos extranjeros en España, 3,3 millones (el 7,3% de la población) provienen de fuera de la UE y 2,3 millones (5,1%) de otros Estados miembros.

Tras Alemania y España, los países de la confederación con más residentes extranjeros son Reino Unido (4,4 millones, el 7% de su población), Italia (4,2 millones, el 7% del total) y Francia (3,8 millones, el 6%). En suma, más del 75% de los residentes extranjeros de la UE viven en estos cinco países.

Sin embargo, en términos relativos, los países con mayor porcentaje de ciudadanos extranjeros son Luxemburgo (43% de la población total), Letonia (17%) y Estonia y Chipre (16%). En el extremo contrario se sitúan Polonia, Lituania y Eslovaquia, donde el porcentaje de residentes extranjeros no supera el 2%.

La estadística analiza también el país de nacimiento de los ciudadanos ya que algunos residentes obtienen la nacionalidad del país. En los Estados miembros hay 47,3 millones de personas nacidas en otro estado. En España, la cifra de nacidos en otro país asciende a 6,4 millones (14 % de la población total), de los que 2,3 millones proceden de otros Estados miembros y 4 millones de terceros países.

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Cuatro de cada diez españoles, a favor de expulsar a los inmigrantes en paro

El Imparcial

El informe elaborado por varios expertos a instancias del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que analiza los datos recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas a finales de 2009 sobre las actitudes hacia la inmigración en España, indica que cuatro de cada diez españoles están a favor de expulsar a los inmigrantes que se encuentran en situación de desempleo durante mucho tiempo y casi el 80 por ciento piensa que hay un número "excesivo" o "elevado" de extranjeros en España. Los datos del informe prosiguen la tendencia registrada ya durante 2008. 

Los españoles consideran que los inmigrantes son el colectivo "más protegido", que perciben más de lo que aportan y que acaparan las ayudas, sobre todo las escolares, y se les sigue atribuyendo responsabilidad en el deterioro de la calidad de la atención sanitaria y de la educación.

El informe refleja que no ha habido variaciones en la apreciación de la diversidad que aporta la inmigración, aunque ha subido la aceptación de la expulsión de una alumna por llevar velo islámico y ha retrocedido la disposición a que mantengan su cultura y sus costumbres.

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Las trabajadoras del hogar podrán cotizar

Periódico Diagonal

El pacto del Gobierno con los sindicatos mayoritarios es el primer paso hacia el fin del régimen de semiesclavitud en que viven muchas empleadas del hogar.

Las trabajadoras del hogar tendrán un contrato que estipule horario, salario, condiciones y derecho a baja desde el cuarto día de enfermedad. 26 años después de la creación del Régimen Especial de Empleados del Hogar, la plena equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de personas asalariadas del Estado español parece más cerca. El 26 de junio, Comisiones Obreras y UGT acordaban con el Gobierno la integración del empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del Proyecto de Reforma de la Seguridad Social. El acuerdo entrará en vigor en enero del próximo año con un período de seis meses naturales para que los hogares se adapten a la norma, y se prevé que en 2019 las cotizaciones de las trabajadoras domésticas se equiparen plenamente a los salarios reales.

Las empleadas de hogar tendrán derecho a generar prestaciones como las pensiones y a baja por incapacidad temporal desde el cuarto día. La Seguridad Social pasará a cubrir la baja desde el noveno día (antes lo hará la persona titular del hogar que las emplee), en vez de hacerlo desde el día 25 como hasta ahora. Sin embargo, no tendrán derecho a paro y la indemnización por despido está todavía en discusión.

700.000 beneficiadas

Este es un gran paso en la lucha de las trabajadoras domésticas, ya que brinda derechos a un sector que se regía por condiciones de arbitrariedad y semiesclavitud, como han venido denunciando organizaciones como Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Territorio Doméstico o la histórica Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. El acuerdo beneficiará a más de 700.000 personas, en su gran mayoría mujeres inmigrantes. Según la Encuesta de Población Activa, un 91% de las 294.279 personas dadas de alta en el Régimen Especial en marzo de este año eran mujeres, el 61% de ellas extranjeras. La realidad supera con creces estas cifras: el empleo doméstico sigue siendo el nicho de la economía sumergida que permite a muchas migrantes mantener a sus familias aquí y en sus lugares de origen, y más en el actual contexto de crisis económica. Economistas como Amaia Pérez Orozco han documentado la transferencia del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados de las mujeres autóctonas a las migradas debido a la “irresponsabilidad social ante el cuidado de la vida”. De hecho, un estudio de 2008 del colectivo Ioé encargado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) constató que “por cada 1% que crece la tasa de inmigrantes en la población española, aumenta un 0,6% la tasa de actividad femenina” y “de los 12 puntos que aumentó la actividad femenina de 1996 a 2005, al menos cuatro se deben a la inmigración”.
Por cada 1% que crece la tasa de inmigrantes en la población española, aumenta un 0,6% la tasa de actividad femenina

Pérez Orozco se pregunta “con qué mecanismos de inspección laboral se va a cumplir el acuerdo”. Considera “una discriminación indirecta por sexo y una deficiencia gravísimas el no acceso a paro” y recuerda que sigue pendiente “una compensación por despido en caso de desistimiento del empleador”. En todo caso, apunta, “el Gobierno estaba obligado a hacer desaparecer los regímenes especiales” debido al Pacto de Toledo.

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Los inmigrantes más cualificados ganan peso en la España de la crisis

Las llegadas de los inmigrantes de alta cualificación son las que menos caen, mientras que el resto se derrumban. Crece la proporción de extranjeros en los trabajos de más nivel, mientras los menos preparados sufren más el zarpazo del paro.
Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

La inmigración está cambiando en la España de la crisis. Con el mercado laboral tiritando y la economía casi en punto muerto, los inmigrantes han dejado de vernos como un destino prioritario para un cambio de vida. España ha ido perdiendo atractivo hasta colocarse entre los países en que más caen las llegadas en todo el mundo. De hecho, en 2010 se registró el primer descenso de población extranjera en décadas. La crisis cierra la puerta, o sólo enseña la de salida.

La crisis ha tenido como efecto más demoledor una exorbitante destrucción de empleo. De los casi cinco millones de parados, más de un millón son de origen extranjero. La mayor exposición de los inmigrantes a sectores que más han sufrido los rigores del desempleo (léase, muy singularmente, construcción) ha pasado factura al colectivo de extranjeros. Con el mercado laboral español patas arriba (o boca abajo, o con los pies por delante…), el perfil de los nuevos inmigrantes (y previsiblemente de los que vengan en el futuro) ha empezado a cambiar.

Más cualificado, menos paro
El paro se ha cebado muy especialmente con los inmigrantes que ocupaban puestos de trabajo de cualificación media y baja. En los años 2008 y 2009, el porcentaje de trabajadores extranjeros con empleos que requieren una menor preparación presentan significativos descensos en relación con el número total de trabajadores de estas categorías [ver gráfico].
El escenario entre los inmigrantes más cualificados es el contrario.

Y es que los mejor preparados están superando el embate de las vacas flacas, o al menos lo soportan en mejores condiciones. Los trabajadores de origen extranjero han incrementado en plena crisis su participación en las ocupaciones de alta cualificación, especialmente en el caso de los ciudadanos de países de la Unión Europa de los 15, según desvela un estudio elaborado por expertos de cuatro ministerios españoles (Trabajo, Interior, Exteriores y Justicia) para la iniciativa de la Red Europea de Migraciones impulsada por la Comisión Europea.

Cambios, sí, pero...
“Esto pone de manifiesto el hecho de que algunos grupos de trabajadores inmigrantes que llevan varios años trabajando en España tienen ahora más oportunidades de mejorar su posición profesional”, apunta el informe coordinado por el Observatorio Permanente de la Inmigración. El número de trabajadores altamente cualificados mantiene su tendencia al alza antes y durante la crisis: los inmigrantes mejor preparados parece estar aprovechando la oportunidad en medio de una coyuntura económica más que complicada.

La crisis ha hecho que caiga el porcentaje de extranjeros en empleos de cualificación baja y media. Sólo crece su proporción en los puestos de mayor preparación

Sin embargo, y aunque el peso relativo del inmigrante en el total de empleos cualificados está creciendo, para el extranjero parece que siguen reservados los trabajos de menor nivel y peor remunerados. A comienzos de 2010, los extranjeros ocupan sólo el 3,6% de los puestos de trabajos de alta cualificación, el 7,2% de los empleos de cualificación media y el 17,5% de los empleos que requieren menor preparación. Una distribución que la crisis, aunque va modificando, no está trastocando de forma radical.

Con los datos de desempleo desbocados desde hace dos años, el reparto de los trabajos no ha variado sustancialmente. Los españoles parece que han renunciado para siempre a los trabajos más duros y peor remunerados y han dejado paso al inmigrante. "Los datos prueban que la crisis no está provocando sustitución de trabajadores españoles por extranjeros. En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros. No está habiendo sustitución", explica Miguel Pajares, profesor de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y autor del informe Inmigración y mercado de trabajo.

Menos 'nuevos ciudadanos', pero más preparados
Llegan menos inmigrantes. Sin empleo se esfumó el efecto llamada. La cifra de permisos de residencia y trabajo entregados por la Administración española se ha hundido durante la crisis: desde los 204.000 que se concedieron en 2006 a los menos de 38.600 de 2009. Han descendido las autorizaciones para todo tipo de trabajos, pero lo han hecho de manera desigual. Mientras que los permisos a trabajadores extranjeros de cualificación baja se desplomaron un 78% ese año y los de cualificación media se derrumbaron un 82%, las autorizaciones de alta cualificación descendieron sustancialmente menos, un 33%, y las de investigadores se mantuvieron prácticamente estables [ver Gráfico].

En cualquier caso, en valores absolutos el contingente más abundante sigue siendo el de los peor cualificados: de los 38.600 permisos, 16.300 corresponden a trabajos de baja preparación, un 42% del total. Y es que con independencia de las titulaciones formales (reconocidas o no por la Administración española) con que cuentan los inmigrantes, la mayoría de ellos han acabado ejerciendo las ocupaciones de más baja cualificación y peor retribución. De hecho, varios estudios han confirmado que la sobrecualificación de los inmigrantes es una realidad muy extendida, e incluso generalizada, en varios sectores económicos.

La llegada de nuevos inmigrantes se ha hundido por la crisis. Los permisos de trabajo que menos caen son los de empleos de mayor nivel

Esta tónica de mayor peso relativo (sólo relativo) de una inmigración más preparada indica hacia dónde debe orientarse la política de Extranjería de España en los próximos años. Cuando la recuperación económica sea un hecho, España deberá competir con el resto de países desarrollados para conseguir captar a los inmigrantes mejor preparados y cubrir así el déficit de trabajadores que existe en ocupaciones de más alto nivel. Los planes de Alemania de captar ingenieros en el extranjero van en ese sentido.

“No parece previsible que en los próximos diez años el mercado de trabajo pueda necesitar inmigrantes para ocupar puestos de baja cualificación, principalmente debido al hecho de que dichos inmigrantes ya está en el país”, advierten los expertos del Gobierno. Pero sí serán necesarios trabajadores extranjeros de mayor cualificación: según un informe del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), la demanda de trabajadores altamente cualificados concentrará el 35% del total de empleos, frente al apenas 28% de 2000.

A partir de ahora, por tanto, las políticas en torno a inmigración han de pasar necesariamente por mejorar la formación de los que ya están aquí para que accedan a ocupaciones de mayor cualificación. Pero también es imprescindible acelerar el reconocimiento de las titulaciones que los inmigrantes ya tenían en sus países y que hasta el momento en España no son válidas.
- Expansión.com

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El negocio está en la inmigración

Hay empresas que están haciendo mucho dinero con la detención creciente de inmigrantes: un negocio boyante que al parecer seguirá creciendo.

Las compañías que construyen y manejan prisiones privadas han estado viviendo un ‘boom’ de crecimiento en los últimos años, pero no por sus contratos estatales, ya que los estados tienen problemas presupuestarios, sino por sus negocios con el gobierno federal y particularmente, el crecimiento en detenciones de inmigrantes.

Hay tres principales compañías en el país que se dedican a la construcción, remodelación y administración de prisiones privadas y que obtienen contratos de gobiernos públicos: Corrections Corporations of America (CCA), GEO Group y Cornell. Esta última fue adquirida por GEO el pasado año, con lo que CCA y GEO se convierten en las más importantes.

Entre ambas, tuvieron ingresos combinados de casi 3 000 millones de dólares en el año 2010 y controlan un 75 % del mercado de las prisiones privadas. La mayoría de sus negocios están en contratos para prisiones estatales pero no es allí donde está el futuro para ellas: los gobiernos estatales no tienen dinero para nuevas prisiones.

"El dinero está en inmigración", señala Paul Ashton, investigador del Justice Policy Institute, una organización que hace unos días publicó un reporte sobre las ganancias de la industria correccional privada y cómo buscan influenciar políticas públicas que engorden sus ganancias.

"Los estados están recortando en todo, incluso en prisiones, por asuntos de presupuesto, pero el gobierno federal no tiene esa presión. Ellos están invirtiendo más y más en detener a inmigrantes".

La detención de inmigrantes ha aumentado constantemente desde 1996. De hecho, se ha triplicado el número de inmigrantes detenidos, por razones migratorias, desde esa fecha. Solo en los últimos cinco años la cantidad se ha duplicado, según un análisis de Detention Watch Network.

A las prisiones privadas también les ha ido muy bien en ese tiempo. Mientras la cantidad de prisioneros en general en Estados Unidos aumentó solo en 49 %, la población carcelaria en centros privados creció en 354 %, según estadísticas federales.

Las autoridades de inmigración (ICE) están en estos momentos llevando a cabo un proceso de reforma del sistema en que se detiene a los inmigrantes. Parte de ese proceso consiste en mover a los inmigrantes de espacio contratado en cárceles locales a centros de detención especializados y esto incluye la creación de nuevos centros para inmigrantes no criminales.

Justamente, GEO group hace poco publicó en su revista institucional (Geo World, publicada trimestralmente y disponible en su página de Internet), que obtendrán sustanciales ganancias de dos nuevos locales que manejará para el gobierno federal: uno en California y otro en Texas.

"Estamos finalizando la renovación del Centro Procesador de Adelanto para uso de un cliente federal, con capacidad de 650 camas", publicó la revista. Adelanto, una ciudad en San Bernardino a unas 9 millas de Victorville, tuvo que vender su cárcel local a GEO group por 28 millones de dólares porque la ciudad estaba al borde de la quiebra y necesitaba el dinero para mantener servicios públicos.

Pero para evitar que los empleados de la cárcel perdieran sus trabajos, Adelanto adquirió el contrato con ICE para tener allí un centro de detención de inmigrantes y GEO será subcontratada, añadiendo otras 650 camas y manejando el día a día de las operaciones.

En varios puntos del país, GEO está haciendo negocios similares con ciudades y estados para tener nuevos centros federales de detención de inmigrantes. El de Texas, según GEO, será "nuevo centro de detención civil" para inmigrantes de "bajo riesgo". Es decir, no criminales.

Todo esto es mucho dinero para esa empresa. Entre ambos locales, GEO ganará unos 15 millones de dólares anuales, según el mismo artículo de Geo World.

Desde el 2001, CCA ha tenido un aumento de ingresos del 88 % y GEO, de un 121 %. GEO es una empresa multinacional que también maneja la detención de inmigrantes en otros países.

Por ejemplo, GEO maneja una prisión para inmigrantes en Escocia ubicada en un castillo que antes perteneció a un duque y que la usaba para sus excursiones de caza y que ahora es propiedad del Gobierno de la Gran Bretaña.

Pero estas empresas no solo se ocupan de buscar contratos para ofrecer servicios de detención para los gobiernos. También, según el reciente reporte de Justice Policy Institute, gastan muchos millones en cabildeo a políticos que toman las decisiones no solo sobre contratos sino sobre presupuestos para detención y políticas de lucha contra el crimen. "Es difícil saber cuánto gastan realmente porque sus finanzas no son transparentes, precisamente porque son empresas privadas y no entidades públicas", indicó Emily Tucker, de Detention Watch Network. "Ahora mismo estamos analizando las relaciones que estas compañías tienen con funcionarios y ex funcionarios gubernamentales en el área de inmigración".

Por ejemplo Julie Myers, quien como subsecretaria de Seguridad Nacional y directora de ICE durante el gobierno de Bush, es ahora cabildera de GEO, luego de que la empresa compró otra compañía llamada Behavioral Intervencion (B.I) que Myers representaba ante el gobierno.

B.I. produce alternativas a la detención carcelaria, incluyendo los aparatos de monitoreo electrónico que se usan en las pantorrillas de algunos inmigrantes que salen bajo fianza.

Según un análisis de Detention Watch Network, las cinco corporaciones que tienen contratos con ICE gastaron más de 20 millones de dólares en cabildeo en la última década. CCA y GEO hicieron cabildeo ante diversos departamentos del gobierno.

(Tomado de La Opinión, de Los Ángeles)

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Los ‘indignados’ protestarán ante el Ministerio de Trabajo

La protesta tendrá lugar frente al Ministerio de Trabajo para denunciar "el expolio a la Seguridad Social" y contra el nuevo pacto PSOE-CiU "que permite más privatización en la Salud".

La concentración está convocada por la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad pública de Madrid (Cas Madrid) y el colectivo Matusalén ('Madrileño Tu Salud en Peligro').

En su encuentro de este domingo, los 'indignados' han criticado el copago sanitario, además de reclamar la vuelta al sistema de cooperación y coordinación entre centros, tras la reunión convocada para debatir, entre otras cosas, sobre temas de Salud.

Este grupo, que lleva dos meses trabajando y reformulando su manifiesto, se ha posicionado "rotundamente" en contra del copago, ya que, según afirma, ya se "paga con impuestos". Asimismo, ha manifestado que se estima "fraude fiscal de 180.000 millones de euros", y ha pedido una investigación.

Además, han propuesto que se realicen turnos de tarde en los hospitales públicos para así evitar la contratación de empresas privadas con el objetivo de aligerar la espera de operaciones y han pedido la Ley de Transparencia de Datos para que se pueda saber cuándo funciona y en qué falla la Sanidad pública.
Diario digital Nueva Tribuna

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La inmigración dispara el número de asistencias de los abogados de oficio

Cartagena es una de las ciudades españolas en la que más peticiones de justicia gratuita se producen en términos relativos de toda España debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de inmigrantes de distintos países que viven en su término municipal. Al menos esta es la valoración que hace el Colegio de Abogados de la ciudad portuaria del informe que ha elaborado Metroscopia por encargo del Observatorio de la Justicia Gratuita, que revela que de los 213.119 habitantes del municipio, un 6,67% fueron atendidos en el citado servicio.

El presidente y el vicepresidente de la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Cartagena, Antonio Navarro y Juan León respectivamente, fueron los encargados de comentar ayer los resultados de la encuesta de Metroscopia que hacen referencia a Cartagena, de los que se desprende que durante 2010 solicitaron esta prestación en torno a ocho mil personas.

Antonio Navarro recordó que para poder contar con asistencia gratuita de abogado, el solicitante debe tener unos ingresos anuales inferiores a 14.910 euros al mes (el doble del indicador público de renta de efectos múltiples o Iprem). Además, los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados se encargan de informarle de los trámites a seguir y de los documentos que ha de presentar para tramitar la misma.

Respecto al perfil del abogado que presta el turno de oficio en España, Antonio Navarro recordó que se trata de letrados con una edad media de 40 años y quince de experiencia profesional, «lo que desmiente la idea de que el abogado del turno de oficio es joven y sin experiencia». De hecho, los usuarios de la justicia gratuita valoran con un 6,9 sobre 10 el servicio, según la encuesta de Metroscopia, «lo que nos hace sentirnos especialmente orgullosos», precisó Navarro. España es en este sentido uno de los países con mejores servicios de abogado de oficio del mundo.

El Colegio de Abogados de Cartagena acogió ayer una jornada de puertas abiertas con motivo precisamente de la celebración del Día de la Justicia Gratuita.
- La Opinión de Murcia

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País de parados busca inmigrantes

La crisis pone un freno a los flujos migratorios, pero no los detiene. Los números rojos de la economía de los países que han visto crecer en los últimos años el porcentaje de extranjeros entre su población no pueden volver a levantar las barreras destruidas por la globalización. Y el aumento del número de parados en Occidente no va a alterar esta tendencia a largo plazo.

"No están retornando, se están nacionalizando"

La mejora en Europa del Este rompe el mito del fontanero polaco

A diferencia de la crisis de los 70, no se han cerrado las puertas de Europa

"La demanda de trabajadores volverá a subir", dice la OCDE

En España el estallido de la inmigración fue más acelerado

El 24% de los extranjeros viene con titulación universitaria

Es importante la inversión en integración pese a los recortes

Según el último informe sobre Inmigración, publicado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2009 el flujo de inmigrantes permanentes en los 24 países miembros de la organización se ha reducido en un 7%, pero en cifras absolutas -4,3 millones de personas- está aún en niveles superiores a cualquier año anterior a 2007, es decir, los albores de la recesión mundial.

"Muchos de los factores que empujaron al alza el número de inmigrantes antes de la crisis no han desaparecido. Sigue habiendo una necesidad estructural de trabajadores extranjeros en varios países y el envejecimiento de la población avanza, así como la globalización de las economías y la integración europea", explica por teléfono Thomas Liebig, del departamento de Migraciones Internacionales de la OCDE.

Europa es una de las zonas, junto a Japón y Corea del Sur, donde la reducción de los flujos migratorios ha sido mayor, sobre todo en países como República Checa (un 46% menos), Irlanda (42%), Italia (25%) o España (con una caída del 18%, mucho más reducida del 43% registrado entre 2007 y 2008). Mientras que en otros países de la OCDE, como Australia, Canadá e incluso Estados Unidos -donde los datos del desempleo no paran de crecer-, ha habido un ligero aumento. Los movimientos entre los Estados de la UE se colocan entre los datos más bajos: un 22% menos.

Cifras importantes pero no tanto como, según la OCDE, cabía esperar dada la magnitud de la crisis y el endurecimiento de las políticas migratorias registrados en algunos países. A pesar de que las primeras cifras estimadas para 2010 indican que sigue esa tendencia de repliegue, "la demanda de trabajadores emigrantes volverá a subir", pronosticó ayer el secretario general de la organización, Ángel Gurría, en la presentación del informe en Bruselas.

En general, mientras los chinos, como viene siendo habitual en los últimos 10 años, siguen siendo los ciudadanos que más emigran (son el 9,2% del total, aunque entre 2007 y 2009 la cifra ha bajado en un 14%), han disminuido las llegadas desde América del Sur (36% menos) y Europa del Este (12% menos), sobre todo, porque menos personas se desplazan desde Rumania, Bulgaria y Polonia. Un caso, el polaco, es singular: el país que con su entrada en la UE desató el pánico de la invasión (Francia vivió una campaña contra el "fontanero polaco" en el debate del referéndum de la Constitución europea) empieza a emerger ahora como lugar de destino gracias a los buenos datos económicos mantenidos durante la crisis.

"La reducción de la inmigración, más que los cambios en las políticas nacionales, la ha determinado el empeoramiento de la situación económica. Más que la política, ha influido la reducción de la demanda, y es una reacción natural", explica Liebig. Además, si bien la inmigración ha entrado en el debate público sobre la crisis, los cambios aplicados a nivel normativo han sido "bastante cautos". Algo positivo, según el experto. "No ha habido una reacción como la que se registró en los años de la crisis petrolera de los setenta, cuando países como Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Francia cerraron completamente las puertas. Esto no lo hemos visto ahora: por ejemplo, España ha reducido el contingente en las áreas de difícil cobertura, pero no se ha cerrado del todo el acceso. Y es lo que hay que hacer: no cerrar las puertas en las áreas donde hacen falta trabajadores inmigrantes y no adoptar medidas que impidan que la inmigración contribuya a la recuperación económica".

Liebig es consciente de que se trata de recomendaciones difíciles de transmitir a la opinión pública, sobre todo en circunstancias como la española, en la que la tasa de paro es de más del 21% y supera el 30% entre la población extranjera (una tendencia general: en 2009 el desempleo registrado en los países OCDE era del 14,7% entre los extranjeros frente a una media del 8,9% entre los nativos). Precisamente por eso, dice, la obligación que tiene ahora la política es "tener un discurso equilibrado sobre la inmigración" y "poner todas las cifras sobre la mesa", recordando la aportación que, en tiempos de bonanza, los trabajadores inmigrantes han hecho al crecimiento económico. Es decir, evitar "sobreactuar" y las propuestas alimentadas más por el populismo que por la realidad. En España, recordó ayer Gurría, el estallido de la población inmigrante -"singular", porque se "produjo en 10 años un incremento que en otros países necesitó décadas"- no fue una carga, al contrario: "Fue emigración legal, lo cual alivió las cuentas públicas y de la Seguridad Social, porque los inmigrantes contribuían con sus impuestos" al sistema.

Aunque entre esos inmigrantes abundaban los no cualificados, Gurría subrayó como hecho positivo el que logró "incrementar la productividad de España, al permitir el acceso al mercado de trabajo de las ciudadanas españolas", ya que las trabajadoras inmigrantes se han encargado del cuidado de los hijos y de la casa. "Era una situación en la que todos salían ganando, pero que con la crisis ofrece su cara negativa: aquellos inmigrantes reclaman ahora el subsidio de desempleo y otros servicios sociales", dijo Gurría, a quien no se le escapa que "en un entorno de alto desempleo, los inmigrantes" sufren más el paro.

"Los Gobiernos deben pensar dónde recortan. No tienen que olvidar que hay que invertir en la integración de los inmigrantes y esto es importante, sobre todo para países como España", subraya Liebig. Y el experto atribuye el aumento de la xenofobia en economías como Alemania, Holanda, Bélgica o Francia a una falta de previsión en la puesta en marcha de políticas de integración, ya que la crisis no ha golpeado allí tan fuerte como en otras partes de Europa y que tienen a los trabajadores extranjeros bien integrados en el mercado laboral. "La reacción que vemos en estos países se debe a que no han invertido en integración. Quizá porque pensaban que la gente que llegaba volvería a su país de origen", subraya. Para Liebig se trata de la "inversión de futuro" más necesaria precisamente donde, como en España y los otros países del sur de Europa, la inmigración ha sido consistente en los últimos años y muchas personas se han visto atrapadas, junto a la población local, en la espiral del paro.

La preocupación podría ser que una inmigración aparentemente poco cualificada se conviertiera en una rémora para una economía que debe competir en un mundo globalizado y, por lo tanto, requiere sobre todo alta cualificación. Al respecto, los responsables de la OCDE hicieron notar ayer en Bruselas cómo el 24% de los inmigrantes llegados a España tienen titulación universitaria, frente al 18% de la población española en general, datos que deben imponer cautela a la hora de establecer estereotipos negativos sobre los inmigrantes.

John Martin, director de Empleo de la OCDE, señaló que "cuando la economía española se recupere harán falta trabajadores cualificados, pero también seguirán haciendo falta empleos no cualificados, que serán cubiertos por inmigrantes. Esto permitirá a los españoles cualificados entrar en el mercado de trabajo", y añadió: "Los países deberán atraer personal cualificado y en eso España está por detrás de los países europeos".
· ELPAÍS.com

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España, entre los países en que más caen las llegadas de inmigrantes por la crisis

La crisis tiene un efecto evidente en el volumen de los inmigrantes que llegan a España. Las motivaciones económicas son los que más pesan entre los extranjeros que eligen España como su nuevo país de residencia, así que la crisis ha provocado que los flujos de llegada estén menguando. El efecto llamada se llamaba empleo.

España es uno de los países desarrollado en los que más cayeron las llegadas de inmigrantes durante el año 2009, según se recoge en el informe Perspectivas de la inmigración internacional 2011 elaborado por la OCDE. Según el estudio, España recibió 470.000 inmigrantes en 2009, un 32% menos que un año antes, cuando el contingente de nuevos residentes rozó los 690.000. Un dato que sitúa a España como el tercer país de la OCDE con mayores descenso, detrás de República Checa (-49%) e Irlanda (-42%).

Y si la crisis entorna la puerta de entrada a la inmigración, al tiempo abre la puerta de salida. Las salidas de extranjeros que hasta entonces residían en España (ya sea por retorno a sus países de origen o por marcha a otros destinos) creció en 2009 un 39%, desde los 230.000 hasta los 320.000 extranjeros.

Tras la crisis, la inmigración volverá a crecer
El informe de la OCDE confirma que 2009 fue el segundo año consecutivo en los flujos de inmgración internacional retrocedieron en todo el mundo como consecuencia de la crisis, después de una década de crecimientos continuos. Las llegada de inmigrantes a los países de la OCDE descendió un 7%, equivalente a unos 4,3 millones de personas, frente los 4,5 millones del año anterior.

Una tendencia a la baja que la organización augura que se mantendrá también en 2010, pero que cambiará en el momento en que la economía mundial ofrezca síntomas de recuperación. "La demanda de inmigración laboral se recuperará" en el futuro, ha sentenciado el director general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, durante la presentación en Bruselas del informe sobre inmigración.

Los datos menguantes que ofrece España en materia inmigratoria "no sorprenden", ha indicado Gurría, dado los altos volúmenes de inmigrantes recibidos por el país durante la década anterior. El documento revela que la situación laboral de estos trabajadores se ha deteriorado de manera "significativa", ya que del total 1,2 millones de empleos perdidos en España en 2009, 340.000 correspondieron a puestos ocupados por inmigrantes.

Por su parte, el comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, ha apuntado que el alto porcentaje de extranjeros desempleados en España no debe ser considerado un "obstáculo", sino un "reto". Andor animó a las autoridades españolas a hacer un uso correcto de los fondos estructurales para formar a los trabajadores inmigrantes en paro y aumentar así sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral, informa Efe.

Tanto la globalización como el envejecimiento de la población en los países industrializados hacen que los expertos den por hecho que los flujos de llegada de inmigrantes a las economías más desarrolladas se recuperarán próximamente. Ante esta perspectiva, la OCDE anima a desarrollar vías legales de entrada y favorecer el mejor aprovechamiento de las competencias de ese colectivo. En este sentido, la organización anima a reforzar los programas de integración y a ampliar la cooperación con los países de origen de los inmigrantes para mejorar el reclutamiento de mano de obra y reducir la inmigración ilegal.
Expansion.com

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¿Nucleares? No gracias
Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal

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Cientos de vecinos de Lavapiés se enfrentan a la policía que buscaba `sin papeles´

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ordenados por Alferdo P., buscan pobres para culpabilizarlos de la crisis. Redadas contra "sin papeles" (término repugnante donde los haya). En Lavapiés - un barrio obrero de Madrid- les pararon los pies.

Vea el video en:http://qik.com/video/41823780

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España reclama a la UE definir política común de inmigración

La secretaria de Estado española de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, señaló hoy que España "ha echado en falta mayor ambición en la Unión Europea (UE) a la hora de construir una política común de inmigración que sirva como pieza para un sistema de gobernanza global de las migraciones".

Terrón explicó que así lo aseguró durante su intervención en el acto inaugural de la ICL Summer School (Escuela de Verano) del Instituto Europeo de Florencia (Italia), informó Efe.

Asimismo, subrayó que en los últimos años en España se ha podido observar "cómo las cosas se aceleran mucho en materia de comportamientos relacionados con la inmigración y la movilidad y que procesos que antes ocupaban la vida de una persona ahora se producen en 10 años. La gente viene y vuelve a salir en busca de nuevas oportunidades".

"Eso hace que sea cada vez más necesario un mecanismo global de las migraciones", precisó la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, al tiempo que consideró que "Europa debería ser un pilar fundamental de ese sistema de gobernanza internacional".

Terrón subrayó el interés despertado por la política española de inmigración y comentó que durante la jornada se abordó la experiencia de España en este campo, sobre todo en momentos de fuerte crisis, como sucedió en 2006.

Un episodio que según Terrón hizo que, entre otros aspectos, España se replanteara la relación con los países de origen y sobre todo que pidiese "más Europa, más intervención europea, tanto en el ámbito del control de fronteras, como en el ámbito de la política europea de vecindad del norte de África y de la política europea en relación con los terceros países".

"Seguimos pensando que el rol de la UE en esta gestión global de las migraciones es fundamental y la relación con los países de origen también", recalcó.

Terrón resaltó además el momento "especialmente importante" que representan los cambios en marcha en el ámbito mediterráneo y en el mundo árabe.

"Tenemos que estar allí presentes y tenemos que ayudar a que haya una buena gestión de las migraciones en este nuevo escenario", comentó Terrón, que destacó cómo la Comisión Europea y España están trabajando para ayudar a los países que han iniciado esa transición.
- EL UNIVERSAL

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España registra ya más emigrantes que inmigrantes a causa de la crisis

La población española crece ininterrumpidamente en España desde la segunda mitad de la década de los noventa, tanto por la recomposición de las tasas de natalidad, como por la llegada de inmigrantes. De hecho, algunos de los últimos quince años han sido los de mayor aumento de población desde que existe cómputo demográfico en el país, con entradas netas cercanas al millón de personas en un solo año.

Pero la crisis económica está pasando una factura muy elevada. Las dificultades crecientes para mantener el empleo y generar otro han atemperado notablemente los flujos de entrada de extranjeros en los últimos ejercicios. Pero todos y cada uno de los años España ha registrado saldo migratorio positivo (aumento de la población exceptuando el movimiento natural), salvo los meses contados de 2011.

En el primer trimestre de este año las dificultades del empleo han cambiado la tendencia migratorio y se produce una salida neta de población de 26.442 personas. En 2010, por ejemplo, es saldo migratorio es de una entrada neta de 62.150 personas, y en 2009 entrada neta de 47.362, según los datos actualizados por Estadística en sus estimaciones actuales de población. La pérdida neta es la suma de una salida neta de extranjeros de 20.208 personas (mayoritariamente hombres), más una salida neta de españoles de 6.234.

Los datos detallados revelan que la llegada de extranjeros en el trimestre es de 101.610, mientras que la salida es de 121.818, y donde un 65%, son hombres. Pese a la salida, el gran cambio se produce en una reducción muy fuerte de los flujos de entrada de extranjeros. Por lo que se refiere a los españoles, han salido 14.109, y solo han entrado en el país 7.875.

En el primer trimestre del año el flujo de inmigración se ha reducido notablemente, mientras que el de emigración se ha incrementado mucho, con salidas mensuales de más de 40.000 personas. Así, el saldo migratorio mensual es de salidas netas (caída de población) de 7.467 personas en enero, de 9.445 en febrero, y de 9.530 en marzo. Sirva para analizar el cambio de la tendencia señalar que en ninguno de los doce meses de 2010 se produjo salida neta de gente, y que en 2009 solo se registró tal circunstancia en diciembre por una cantidad limitada.

En cada uno de los tres meses de 2011 contabilizados hay salida neta de españoles, así como de extranjeros.
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Claves para entender el nuevo Reglamento de Extranjería

Ya ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, un documento que se hizo esperar más de un año (tendría que haber estado listo en mayo de 2010). Sin embargo, las interrogantes sobre su aplicación y los criterios que guiarán su puesta en marcha persisten.

El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento de Extranjería recoge los pormenores de la adaptación que supone la reforma a la Ley de Extranjería que se aprobó a fines de 2009, la modificación más importante de dicho texto. El Reglamento incluye modificaciones materiales y detalla más claramente los procedimientos de extranjería.

Encuentra aquí los formularios, modelos para trámites de extranjería, nacionalidad, visados, tarjetas...

ARRAIGO FAMILIAR

Las expectativas iniciales sobre la introducción de esta figura en el texto del Reglamente generó muchas expectativas. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre su alcance y sobre si, finalmente, beneficiará a muchos extranjeros que tengan hijos españoles. Y es que hay que tener en cuenta los siguientes supuestos:La mayoría de los hijos de padres extranjeros adquieren automáticamente la nacionalidad de sus progenitores, incluso habiendo nacido en suelo español.

Para que los niños nacidos en España tengan nacionalidad española, al menos uno de los padres debe ser español.Hay excepciones: las legislaciones de algunos países no atribuyen la nacionalidad a los hijos de sus nacionales que han nacido en otro país.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha insistido en que el alcance del Arraigo Familiar, que en principio permitiría a un extranjero con un hijo español acceder a un permiso de residencia, será limitado y excepcional.

A la vista de los puntos anteriores, todo apunta a que será así, ya que el arraigo familiar podrá ser aplicado, en principio, a los padres de niños nacidos en España cuyo país de origen no conceda la nacionalidad automática a sus descendientes.

La interrogante en este caso es si finalmente se exigirá como uno de los requisitos para beneficiarse del Arraigo Familiar contar con 'medios económicos' ni qué se entiende por este concepto.

ARRAIGO SOCIAL Y LABORAL

Para el arraigo social, se mantienen como requisitos los tres años de permanencia continuada en España, vínculos familiares y contrato laboral. En el caso del arraigo laboral, se exigen dos años de residencia y una relación laboral que debe ser de mínimo seis meses (se reduce respecto de la legislación vigente hasta hoy, que exigía demostrar un vínculo laboral de al menos un año).

INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos empezarán a redactar informes para acreditar el 'esfuerzo de integración' y la 'adecuación de la vivienda' de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Dicho documento sumará en favor del interesado en caso de que no acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para el trámite que esté realizando.

Su objetivo es certificar la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia.

Sobre el 'aprendizaje' de lenguas oficiales en comunidades como Cataluña, Pais Vasco, Galicia, Valencia, Baleares, lo relevante es que a los inmigrantes no se les exigirá el 'conocimiento' de estos idiomas ni se valorará su nivel de dominio de los mismos. El criterio, en principio, será valorar el esfuerzo por aprender estas lenguas.

Si el municipio donde se está empadronado pone trabas o demora la entrega de los informes como el de habitabilidad de la vivienda, el reglamento lanza una suerte de 'salvavidas' para quienes realizan los trámites, al fijar un plazo de 30 días para la entrega al Gobierno. En caso de que no lo haga dentro de dicho plazo, se autoriza al propio inmigrante para que presente los documentos.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Para reagrupar a un cónyuge o a un hijo, el inmigrante deberá acreditar unos ingresos equivalentes al 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para reagrupar al primer familiar. Por cada miembro extra de la familia, el porcentaje aumentará un 50%.

Se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el solicitante acredita cinco años de residencia legal. Para familiares menores de esa edad, solo se permitirá de manera excepcional por causas humanitarias.

En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El reglamento da una mayor protección a las mujeres extranjeras que estén residiendo irregularmente en España y que sufran violencia de género. Ahora no se les incoará un expediente de expulsión mientras no se conozca la resolución del juez sobre los malos tratos, una situación muy diferente a la vigente hasta ahora.

Y es que antes de que entrara en vigor el nuevo reglamento, la Policía podía iniciar un expediente de expulsión a la mujer inmigrante que denunciaba los malos tratos, aunque la deportación quedaba suspendida hasta que se dictase una sentencia. Si en ella el juez consideraba demostrado que había existido agresión, la situación de la víctima era regularizada automáticamente.

RETORNO VOLUNTARIO... CON POSIBILIDAD DE REGRESO A ESPAÑA

El reglamento señala que los inmigrantes que se hayan acogido a un programa de retorno voluntario a su país de origen y que, posteriormente, vuelvan a España, tendrán la posibilidad de recuperar la antigüedad del permiso de residencia con el que contaban antes de marcharse. Eso sí, deberán cumplir con el plazo mínimo de tres años de residencia en su país sin posibilidad de regresar. Lo positivo es que tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.

ENTRADA Y SALIDA DE ESPAÑA

Las autorizaciones de regreso tendrán una vigencia máxima de 90 días.

Se impone un mayor control del cumplimiento de los requisitos sanitarios de entrada y se reforzará la exigencia de la carta de invitación.

ESTUDIANTES

Además de simplificarse los procedimientos, la estancia por estudios se extenderá hasta que se haya resuelto la solicitud de prórroga siempre que se haya presentado en los 90 dias naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia del permiso de estudios que se quiere renovar. La autorización de estancia por estudios permite realizar actividades por cuenta propia (es decir,como autónomo) con muy pocas limitaciones geográficas.

NO OLVIDES QUE...

Los permisos o tarjetas de entrada, residencia y trabajo no son modificados con la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería, por lo que seguirán siendo válidas.

Las solicitudes que se hayan tramitado antes del 30 de junio (fecha en que entra en vigor el Reglamento de Extranjería), se resolverán de acuerdo a la normativa anterior, a no ser que el interesado solicite la aplicación del Reglamento (siempre que cumpla con los requisitos que señala el documento).

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La xenofobia crece «avivada» por los partidos políticos.

 diariovasco.com

La organización SOS Racismo denunció ayer el aumento del racismo y la xenofobia en España a lo largo de 2010 y el hecho de que se hayan «avivado e incentivado» por las fuerzas políticas, que asumen cada vez más «postulados de extrema derecha». Esta es una de las principales conclusiones del informe anual de la organización, que recopila los avances y retrocesos en esta materia tanto en Europa como en España, y advierte sobre la «peligrosa deriva» del discurso político y cómo afecta a las percepciones de la sociedad.

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La nueva Ley de Extranjería vulnera derechos fundamentales

El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería española entró en vigor ayer con una importante reforma que dificultará la llegada de nuevos inmigrantes y endurecerá las condiciones de los residentes. Estas restricciones se aplicarán argumentando que los flujos migratorios deben adecuarse a las “necesidades del mercado laboral”.
El nuevo reglamento endurece algunos criterios para la reagrupación familiar de los inmigrantes.

Este texto apuntala las medidas de la nueva Ley de Extranjería, aprobada en 2009, que los colectivos de inmigrantes calificaron de injusta por recortar derechos fundamentales de las personas.

Medio centenar de organizaciones entre ONG’s, sindicatos, asociaciones y colectivos sociales agrupados en la Red por el Derecho a Tener Derechos suscribieron un manifiesto para expresar su “rechazo frontal” al reglamento, al considerar que generará “inseguridad jurídica” y provocará la “vulneración de derechos”.

En España residen casi cinco millones de inmigrantes, el 12% de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 21,3% en todo el país, entre los extranjeros supera el 30%, según las últimas cifras el Instituto Nacional de Estadística.

La nueva Ley de Extranjería permitirá que una persona indocumentada permaneza hasta 60 días encarcelada en los llamados Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE’s), catalogados por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos como los “Guantánamos españoles”.

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad de trabajar, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

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