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Los menores extranjeros sin familia tendrán su propio centro fuera del Materno

«No se cerrará ningún centro de menores. Eso debe quedar claro». La comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Vivienda ante la Comisión de Bienestar de la Junta General del Principado sirvió para despejar las dudas del personal de su departamento al respecto de los recortes en plantilla y servicio. Esther Díaz reconoció que, tal y como adelantó EL COMERCIO, el mayor centro de acogida infantil de Gijón, Villa Paz, cuenta desde hace un mes con un educador menos «que ha sido trasladado al equipo de tramitación de salario social». Sin embargo, a preguntas de la diputada de IU, Noemí Martín, el director general de Políticas Sociales, Jacinto Braña, confirmó que «se sustituirá al educador que falta».

Los trabajadores habían denunciado, a través de este periódico, que la falta de su compañero elevaba a 8 los menores tutelados por cada cuidador -en lugar de los seis habituales- lo que pone en riesgo el funcionamiento del centro, donde los conflictos se multiplicaron.

No obstante, la consejera anunció un plan de reestructuración de los diez centros de menores de titularidad pública, para «lograr la desinstitucionalización de los menores» y mejorar la calidad de la atención que se les presta. Ahora mismo, son 182 los menores que residen en los 10 centros públicos, a los que hay que sumar 196 que lo hacen en 16 entidades concertadas.

En esa línea, anunció que la unidad de primera acogida del Centro Materno-Infantil de Oviedo, ocupada básicamente por menores extranjeros no acompañados, será modificada, «para que estos menores tengan un centro específico. Ahora mismo, dada sus circunstancias, están ahí mucho más tiempo de lo que marca la ley, que son 45 días, por lo que creemos necesario que cuenten con un centro específico». Un apunte que, no obstante, levantó la alarma en la diputada de IU «porque crear un centro específico para estos menores extranjeros ya se intentó y sin buenos resultados».

Salvo el grupo socialista, el resto de formaciones insistieron en reprochar al departamento de Esther Díaz los «retrasos en la tramitación de las adopciones» y la escasa agilidad en lograr que los menores tutelados encuentren una familia.

ElComercio

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