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Obligan a una inmigrante a pagar 132 euros para ser atendida en Urgencias.

Blanca sufría fiebre alta y dolor en el pecho. Una amiga la acompañó al hospital de Dénia. Pero, en Urgencias, esta mujer de 68 años y originaria de Uruguay comprobó con toda crudeza que la atención sanitaria ya no es igual para todos. Antes de atenderla, le comunicaron que debía pagar ya que es extranjera y está en situación irregular. El coste de la «atención en urgencias» subía a 132,59 euros. Blanca sólo percibe una pensión de cien euros que le llega de Uruguay. No tiene más ingresos. No podía hacer frente a la «factura» sanitaria. Su amiga sí llevaba dinero y abonó los 132,59 euros.

Blanca es enferma crónica y sabía que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario la dejaba sin cobertura médica gratuita. De ahí que haya pedido el retorno voluntario a su país (el expediente se está tramitando). Pero consideraba que la atención en Urgencias sí se prestaba. De hecho, la normativa sí contempla que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España reciban atención «de urgencia por enfermedad grave o accidente». El cuadro de esta mujer de 68 años de enferma crónica hace que cualquier afección pueda complicarse.

Pero para Marina Salud, que es la empresa que gestiona la sanidad en la Marina Alta, la dolencia de Blanca no era grave y, si quería que la atendiesen, debía antes pasar por caja. La empresa concesionaria indicó que los médicos le diagnosticaron una gripe con fiebre y disnea (dificultad respiratoria). A la urgencia le dieron un nivel 3 de «amarillo urgente». En el hospital se aplica un sistema de triaje con cinco niveles. El dos es «naranja-urgencia grave» y el uno, «rojo-urgencia vital». Por tanto, Blanca se quedó a las puertas de la asistencia gratuita.

De ahí que Marina Salud «le conminase al pago del servicio prestado, en cumplimiento del Real Decreto-ley vigente», según aclaró la empresa. La concesionaria también precisó que el pasado 23 de diciembre comunicó a esta mujer que su tarjeta sanitaria había caducado y que debía renovarla. «La paciente, a fecha de hoy, no ha renovado su tarjeta sanitaria, por lo que no tiene cobertura. No obstante, el pasado 19 de julio fue atendida en el Servicio de Urgencias del Hospital de Dénia». Eso sí, tuvo que pagar por anticipado.

Blanca llegó a España en diciembre de 2010. Vive en Xàbia. Y se enfrenta a un proceso de desahucio. Le han cortado la luz y el agua. La pensión de cien euros que le llega de su país no le alcanza para nada. Los Servicios Sociales de Xàbia la ayudan en lo más básico, que es comprar comida y medicinas.

El caso de esta mujer no es el primero que trasciende en el que se exige en Urgencias el pago de 132,59 euros antes de prestar asistencia sanitaria. En mayo, en el centro de salud de Calp, unos padres tuvieron que abonar esa cantidad para que atendieran a su bebé de ocho meses con 41º de fiebre. Los padres, británicos, sí tienen la residencia legal en España. Y la niña es menor de edad. Marina Salud y la Conselleria de Sanidad reconocieron, tras hacer públicos este diario los hechos, el error. La empresa concesionaria devolvió el dinero.

El Comercio

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