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España controlará los datos de los viajeros que pisen territorio nacional a partir de 2016


España controlará a todos los pasajeros que pisen territorio nacional a partir del 1 de enero de 2016 y archivará sus datos personales para evitar que se cuelen yihadistas y otros delincuentes graves. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha reafirmado en París entre sus homólogos en su compromiso de sacar adelante el denominado registro nacional de pasajeros (PNR) a pesar del bloqueo que realiza el Parlamento Europeo a esta iniciativa desde hace meses. La Dirección General de la Policía, de hecho, trabaja para que a partir de comienzos del próximo año esté plenamente operativo el fichero

La Unidad de Cooperación Internacional de la Policía, de la que dependerá el registro, ya cuenta con un responsable de dirigir el proyecto, que se centra en estos momentos en preparar protocolos de trabajo, adquirir los equipos informáticos necesarios y diseñar el organigrama de lo que ya se denomina Unidad Nacional de Información de Pasajeros (UNIP), una oficina que tendrá el mismo nivel administrativo que las agencias InterpolEuropol o Sirene dentro de la Dirección General de la Policía.
La UNIP dará servicio a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que mantengan investigaciones abiertas contra el yihadismo y la delincuencia a gran escala, porque el fichero únicamente podrá consultarse con estos fines. Las compañías aéreas, de hecho, estarán obligadas también a partir del próximo enero a facilitar a los responsables de la UNIP todos los datos personales de los pasajeros que establezca el Gobierno y que irán en la línea de los que pida el resto de países de la Unión Europea que cuentan con iniciativas similares.
Aunque el proyecto a nivel comunitario está paralizado en el Parlamento Europeo, España se guiará por el modelo de PNR que el Consejo Europeo envió a la Eurocámara por si en cualquier momento se desbloquea este proyecto y vuelve a tomar cuerpo, cosa que depende de los eurodiputados que votaron en contra y a los que durante estos días algunos ministros del Interior han lanzado mensajes. Evitar ataques como el reciente atentado sufrido por la revista Charlie Hebdo en París, que en total ha costado la vida a una veintena de personas, ha sido el argumento utilizado por estos mandatarios para presionar a estos eurorepresentantes.
Las fuentes policiales consultadas aseguran que los datos del PNR se almacenarán únicamente con el propósito de prevenir el terrorismo, evitar que los yihadistas circulen sin control por el terrotorio nacional e investigar tras un atentado. De hecho, la UNIP será la única oficina que centralice los datos y que tenga la competencia para recibirlos, guardarlos y analizarlos con los mencionados fines. No habrá ningún otro departamento en el país que pueda hacerlo. Las aerolíneas, por lo tanto, no podrán almacenar esta información personal, sino que servirán como meros transmisores de la misma.
"Se piden datos distintos, porque el fin para el que se utilizan es diferente", explican las mismas fuentes, que añaden que se hará hincapié en cómo se ha sacado el pasajero el billete (si ha sido por internet o a través de una agencia), cómo se ha pagado (si en efectivo o con tarjeta), qué alimentación habitual tiene el viajero (esto puede dar idea de la religión que profesa), si se han facturado maletas, qué ruta está haciendo (por si sigue alguna pauta que resulta habitual entre los yihadistas), etc. Esa información posteriormente será cruzada con otros que estén en posesión de las fuerzas de seguridad o de la autoridad judicial y servirá previsiblemente para desarrollar las investigaciones del modo más eficaz y eficiente posible.cReuters)
Además de España, otros 14 países comunitarios han decidido sacar adelante su propio proyecto de PNR al margen del Parlamento Europeo. Todos ellos, que trabajan con financiación de la Unión, también estarán previsiblemente listos a partir del próximo 1 de enero. Al margen de ellos, ya disponen de este fichero de datos de viajeros naciones como Estados Unidos, Canadá o Japón, además del Reino Unido, que, aunque forma parte de la UE, opera fuera de Schengen.
La existencia de la misma base de datos en todos los países del Espacio Schengen y su interconexión habría servido, por ejemplo, para evitar que la mujer más buscada en estos momentos en Francia, Hayat Boumeddiene, pareja del terrorista que se atrincheró en el supermercado de París, Amedy Coulibaly, hubiera abandonado la Unión Europea el pasado 2 de enero. Los servicios de antiterroristas de la Policía gala creen que cogió un vuelo en Madrid rumbo a Estambul, desde donde habría pasado luego a territorio sirio; es decir, la misma ruta que han utilizado centenares de yihadistas europeos para unirse a las filas del Estado Islámico.
Interior quiere evitar que el territorio nacional se convierta en una plataforma de salida para llegar hasta las zonas de conflicto, pero más aún que España se transforme en el punto de entrada de los combatientes retornados. Sólo la ubicación geográfica de España, a apenas 14 kilómetros del norte de África, debería ser suficiente para considerar el mencionado riesgo. El registro de pasajeros permitiría a la Policía estar en condiciones de impedir la llegada de yihadistas que hayan sido fichados en algunos de los países conectados en red.
La intención de los 14 estados miembros que pretenden contar con una PNR propia, de hecho, es desarrollar sus bases de datos en la misma línea del proyecto europeo, ya que es importante en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado que el modelo de almacenamiento, control y análisis sea compatible y lo más parecido posible. No en vano, a nivel internacional, los expertos señalan que lo más adecuado sería incluso unificar los registros de todos los países.
Durante los últimos años, tanto con gobiernos del PP como del PSOE, España ha mantenido una de las posiciones más firmes, en la práctica totalidad de los consejos de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, en defensa de la PNR. También en este terreno, el Gobierno ha reclamado reformas legales en todo el ámbito comunitario con el fin de penalizar los entrenamientos pasivos de potenciales terroristas (formación en los países de residencia, autoenseñanza por internet, etc.) y tipificar delitos para evitar la entrada de combatientes retornados, que representan uno de los principales peligros porque han viajado a Siria e Irak a luchar junto al Estado Islámico y vuelven con conocimientos bélicos muy peligrosos.
Desde España, de hecho, las fuerzas de seguridad calculan que podrían haber en torno a un centenar de desplazados combatiendo por la yihad en los citados destinos, una cifra por otra parte muy confusa debido a que existen muchas sospechas no confirmadas respecto a algunos de los huidos. Respecto a otros, sin embargo, la Policía y la Guardia Civil tienen muy claro que se trata de yihadistas y están de hecho identificados.
Sin embargo, la realidad es que España aún no ha avanzado en esa mencionada reforma legal que el ministro del Interior defiende en Europa y que pasa por distintos cambios tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Extranjería o el Código Civil.
via elConfidencial

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