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Las 'expulsiones exprés' de extranjeros desde comisaría superan a las de los CIE

 

A finales de 2014, Raúl, un hondureño de 19 años, fue detenido en Alcorcón (Madrid) cuando se dirigía en bicicleta al instituto donde estudiaba. Era un jueves por la tarde y la Policía lo paró por la calle y lo trasladó, esposado, a los calabozos. Después de peregrinar por un par de comisarías, fue llevado al aeropuerto de Barajas, desde donde ese mismo sábado era deportado a Honduras.

La expulsión de Raúl se materializó en menos de 72 horas. No se le permitió recibir visitas. Tampoco acudir a su casa a por alguna de sus pertenencias. El abogado de oficio asignado apareció el viernes por la tarde, cuando ya era demasiado tarde para revertir la decisión judicial de su expulsión. Tan solo tuvo una breve oportunidad de despedirse de su madre, por teléfono, con la que vivía en España desde que se lo trajo cuando cumplió los 15 años. Raúl carecía de antecedentes penales. Además tenía cita para presentar los documentos con los que pretendía regularizar su residencia diez días después. Para entonces ya estaba en Tegucigalpa y sin nada en los bolsillos para atender sus primeras necesidades.

Su madre, Miriam Padilla, ha presentado una demanda por la forma en que se expulsó del país a su hijo, al considerar que se han vulnerado los derechos "a la libertad, a la tutela juedicial efectiva y a la intimidad personal y familiar".

El caso de este joven hondureño es uno de los que documenta el último informe de Pueblos Unidos dedicado a los CIE y las devoluciones exprés (PDF). Pueblos Unidos denuncia que el Gobierno ha consolidado un cambio de modelo en las expulsiones de extranjeros en España, al superar las  'devoluciones exprés', en menos de 72 horas y directamente desde las comisarías, a las que provienen de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La Policía lo ha tomado como una mecánica más eficaz, porque las posibilidades de defensa se ven muy mermadas

El colectivo que defiende a los migrantes ha cruzado los datos del Boletín de Lucha contra la Inmigración Irregular, del Ministerio del Interior, con el anuario del Defensor del Pueblo para constatar el cambio de modelo en la repatriación de los extranjeros expulsados. ASí, si en 2013 salieron 4.726 personas procedentes de los CIE de España, directamente de comisaría salieron 6.462 los extranjeros.

Estas 'expulsiones exprés' suponen un 57,8% del total y son, para Pueblos Unidos, "una práctica muy cuestionable", pues si bien evitan el internamiento en CIE "limitan severamente las garantías procesales de los expulsados, incluso eliminándolas", han denunciado este miércoles sus portavoces.

En este sentido, el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, D. Francisco Solans, señalaba a finales de 2014 que las 'expulsiones exprés' han crecido en "progresión paulatina en menos de un año". Y aseguró que "la Policía lo ha tomado como una mecánica más eficaz, porque las posibilidades de defensa se ven muy mermadas". 

A Pueblos Unidos le preocupa el "brevísimo plazo" desde la detención hasta la expulsión, que vulnera la tutela judicial efectiva. Ellos han comprobado además que se utiliza de manera ocasional "engaños por parte de la Policía" para detener a las personas y que no se llega a cotejar las circunstancias particulares de los afectados que pudieran desaconsejar su expulsión. "Las expulsiones exprés están íntimamente relacionadas con los macrovuelos de deportación, práctica también creciente en los últimos años", denuncian.

El informe lamenta que se defina estas deportaciones como "expulsiones cualificadas", cuando se incluyen "meros antecedentes policiales, procedimientos judiciales en trámite sobre los que aún no se ha dictado sentencia y delitos menores relacionados con la pobreza y la exclusión social, más habituales en tiempos de crisis económica".

Pueblos Unidos denuncia que en muchas zonas de España no existe asistencia letrada durante la detención, lo que genera "indefensión" y pide al Gobierno "que se garantice la asistencia letrada en todas las detenciones para la ejecución de expulsiones en menos de 72 horas en todo el territorio español, a fin de garantizar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de estos ciudadanos".

via -20minutos.es

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