EL Gobierno prepara un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería en el que incluirá la figura del «arraigo laboral», para legalizar a los inmigrantes que han conseguido trabajo pero carecen de permiso de residencia. La fórmula será transitoria y según dicen quienes la están redactando no es una nueva regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles, sino una medida «individualizada». Mala cosa esa de legislar individualmente. Casi tan mala como saltarse a la torera la jerarquía de las normas y darle la razón a Romanones, quien solía decir que no le importaba que otros hicieran las leyes si le dejaban a él hacer los reglamentos. Los avances de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, quedaron prácticamente anulados, sólo once meses más tarde, por la Ley 8/2000, modificadora de la anterior y generadora del correspondiente Texto Refundido. Luego hubo una extraña Corrección de errores y ahora está vigente la Ley Orgánica 14/2003, que modifica ambas y, de paso cambia la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la del Procedimiento Administrativo Común, y la de Competencia Desleal.
Con todo, lo peor es que el último reglamento tardó en publicarse medio año y se hizo mediante un Real Decreto, el 864/2000, sin tener en cuenta la necesaria adecuación de la norma española a las directivas de la UE, al Acuerdo de Schengen y a los diversos Tratados con otros Estados en materia de inmigración. Si a este maremagno legislativo se le añade un nuevo reglamento que hace mangas y capirotes de todo lo anterior, lo de menos es estar al corriente de cuál es ahora la política «legal» de inmigración; lo importante es saber dónde están la seguridad jurídica, el principio de la jerarquía de las normas y qué demonios hacemos con las antinomias, las contradicciones por las que una norma vigente prohíbe una acción y otra la permite.
Fuente: Diario Sur Digital
LUIS IGNACIO PARADA
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