Luxemburgo. Los ministros del Interior de Alemania y Holanda comunicaron el jueves a sus pares de la Unión Europea la regularización de decenas de miles de demandantes de asilo que flotan desde hace más de un lustro en un limbo jurídico en estos dos países europeos.
La del jueves fue la primera vez que un país europeo pone en común sus planes de regularización, una exigencia nacida después de que España pusiera en marcha un proceso de legalización masiva en 2005 sin avisar a sus socios de la Unión Europea (UE).
La regularización española suscitó numerosas críticas y las más duras corrieron a cargo precisamente de los gobiernos de Alemania y Holanda. La secretaria de Estado española para la inmigración, Consuelo Rumi, indicó en Luxemburgo, que España "comprende y respeta" las regularizaciones anunciadas.
Trabajo e impuestos. Berlín quiere dar papeles a unas 80 mil personas a las que hace al menos ocho años se les denegó el estatuto de refugiados políticos. Sin embargo, se les permitió quedarse en el país de manera temporal. Ahora, estos inmigrantes podrán legalizar su situación si consiguen demostrar que tienen un trabajo -o son capaces de conseguirlo de aquí a 2009- y que pagan impuestos.
Este grupo está compuesto sobre todo por ciudadanos procedentes de los Balcanes, que huyeron en masa de las guerras que se libraron en sus países a mediados de los años ´90.
El gobierno alemán cifra en 175 mil los aspirantes a refugiados que residen en el país, la mayoría de ellos bien integrados y con hijos nacidos en Alemania. El proceso de regularización alemán debe aún pasar el trámite parlamentario, lo que sucederá en los próximos dos o tres meses.
Por su parte, el gobierno holandés quiere regularizar la situación de unas 26 mil personas que viven desde hace más de un lustro en el país. Ese número corresponde a aquellos individuos que solicitaron el asilo político en Holanda antes de 2001, y en su mayoría se trata de iraquíes, afganos e iraníes. Esta iniciativa holandesa nace de un pacto del nuevo gobierno compuesto por socialistas y demócratas cristianos, y que se pondrá en marcha en mayo, previa aprobación en el Parlamento.
Polémica. Miembros de los gobiernos de Alemania y Holanda criticaron en el pasado a España por pedir a la UE ayuda para sofocar crisis migratorias como la de Canarias, después de acometer un proceso de regularización en 2005 sin contar con la opinión de sus socios europeos.
"Pedir dinero a otra persona es siempre la manera más fácil de resolver un problema", consideró el titular de Interior alemán Wolfgang Schäuble, el año pasado en Tampere, durante un encuentro de ministros de la UE.
Rita Verdonk, la ex ministra de Inmigración e Integración holandesa, conocida por su mano dura, opinó entonces que "España es, en parte, responsable del problema por haber legalizado a los inmigrantes. Las mafias vieron en ello una señal positiva", agregó la ministra conservadora ante la prensa.
Rumi se defendió y explicó que el mecanismo de información puesto en práctica el jueves por primera vez no existía hace dos años y que por eso el gobierno español no comunicó sus planes a la Unión.
Patrullas rápidas y agentes. Pero, además de hablar de regularizaciones, los responsables de Interior de la UE acordaron la puesta en marcha de las llamadas patrullas de intervención rápidas, de las que podrán echar mano los países que padezcan una crisis migratoria o que necesiten la ayuda de policía de otros países durante grandes eventos como por ejemplo los campeonatos de fútbol.
Unos 450 agentes de fronteras de los 27 compondrán estos equipos que podrían empezar a funcionar este mismo verano (europeo), una vez que el plenario del Parlamento dé el visto bueno a este instrumento, que coordinará Frontex, la agencia europea de Fronteras.
Todos los países de la UE estarán obligados a contribuir con los agentes de que dispongan a este contingente, cuyos miembros vestirán el uniforme de su país de origen, además de un brazalete azul con la insignia de la UE. Estos equipos se desplegarán en un plazo máximo de 15 días a contar desde el momento en el que el país afectado haga su petición a Frontex.
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FIRMADO : CAROL