* El Ejecutivo no habla de política más dura, sino "más flexible" que se debe adaptar a las circunstancias económicas actuales.
D. F. / D. R. / B. C.
La grave crisis económica y las nuevas iniciativas del Gobierno, que denotan un endurecimiento de su política migratoria, han provocado una reducción en el número de inmigrantes que han llegado a España.
Desde 1998, el porcentaje de extranjeros ha crecido año tras año. En 2008, y por primera vez en la última década, esa tendencia se invirtió, según la Secretaría de Estado de Inmigración.
En 2008 se firmaron 50.000 permisos de residencia por trabajo menos
En 2008 se firmaron 50.000 permisos de residencia por trabajo menos y descendieron en 30.000 las reagrupaciones familiares.
En cuanto a las pateras, en el primer trimestre de este año, arribaron un 50% menos que en el mismo periodo de 2008.
Aunque el Gobierno reconoce que la crisis está afectando al colectivo inmigrante, el más perjudicado, no admite en cambio un endurecimiento de su política migratoria.
Y eso a pesar de que se le recuerde la lista de medidas: plan de retorno voluntario, reducción de la contratación de extranjeros en origen, limitación de la reagrupación familiar (que excluye a padres y suegros), los polémicos cupos de arrestos y un nuevo y más duro anteproyecto para reformar la Ley de Extranjería.
"No hay una nueva política, sólo una más flexible que se adapta a las circunstancias económicas actuales", explican fuentes del Ejecutivo. Una evaluación que apoya la ciudadanía. El 80% de los españoles aseguran "que las nuevas circunstancias económicas hacen necesarios cambios en la política migratoria", según el barómetro del CIS de diciembre de 2008.
Tres pilares para el cambio
Esa "flexibilidad" se está basando en tres pilares: adaptar el mercado laboral a la situación actual, es decir, "que todos los inmigrantes que vengan a España lo hagan con contrato de trabajo", la lucha contra la inmigración ilegal y mejorar la integración de los extranjeros.
El 80% de los españoles aseguran que la crisis hace necesarios cambios en la política migratoria
Sólo el PP sí ve un cambio radical, al afirmar que el Gobierno socialista ha pasado "de los papeles para todos a las maletas para todos".
Los populares se encuentran solos en su diagnóstico. Ni las asociaciones de inmigrantes lo comparten. "No, en absoluto", señala Miguel Fonda Stefanescu, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos, el colectivo más numeroso. "No hay una política más dura, sólo se han establecido filtros y controles necesarios por la crisis que vivimos".
Una opinión similar tiene Ana María Corral, portavoz de Migraciones de UGT. "No podemos hablar de endurecimiento. El plan de retorno es voluntario y no creemos que tenga mucho efecto. El cupo de contrataciones extranjeras se ha reducido necesariamente por la situación del mercado laboral y la reforma de la Ley de Extranjería aún no se ha aprobado y veremos como queda finalmente".
Las Fuerzas de Seguridad sí avisan en cambio de que la crisis obligará a tomar medidas más drásticas. "Ya sé que no es políticamente correcto mezclar inmigración y delincuencia, pero la crisis aunará más esa relación", relata un alto mando de la Guardia Civil. En 1992, el 9,1% de los delitos lo cometían los extranjeros, porcentaje que creció al 21,9% en 2000, al 31% en 2006 y al 34% en 2008.
Ni padres ni suegros y un cupo más restringido
El Gobierno ha cambiado varias normativas y regulaciones para perseguir y limitar la inmigración. Estos son algunos de los cambios:
* Brigadas de expulsión. El pasado mes de septiembre, el Ministerio del Interior acordó crear la Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros. Persigue los mismos delitos que otros órganos, pero sólo cuando son cometidos por ciudadanos extranjeros.
* Reducir el cupo. El contingente de trabajadores extranjeros contratados en origen se redujo un 94% para 2009 respecto a 2008.
* Nueva Ley de Extranjería. Aún no está aprobada, pero el anteproyecto da pistas: limita la reagrupación familiar sólo a descendientes (los padres o los suegros no están incluidos), restringe derechos sociales como la educación, aumenta el internamiento hasta 60 días y desprende una concepción más delictiva de la situación de irregularidad. La criminalización del que cobije a inmigrantes, contemplada inicialmente, se retirará finalmente.
* Un mínimo de arrestos a la semana. En febrero se conoció una práctica policial de varias comisarías que consistía en fijar cupos con la cifra de arrestos de irregulares que había que hacer cada semana. Interior negó que hubiera órdenes de los mandos al respecto.
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