En 2008 se impidó la celebración de 28 matrimonios entre españoles e inmigrantes por considerarlos «fraudulentos»
La Fiscalía asturiana detectó el año pasado un importante incremento en los delitos de explotación laboral de los ciudadanos extranjeros, según queda reflejado en su memoria anual. El documento resalta que los empresarios se aprovechan de la situación irregular en la región de estos trabajadores y asegura que el sector en el que más casos se registraron el año pasado fue el de la construcción.
La Fiscalía incoó 11 procedimientos el pasado ejercicio, mientras que 19 estaban en tramitación y sólo tres fueron resueltos. Por lo general, las víctimas son ciudadanos extracomunitarios sin permiso de residencia ni de trabajo. Son empleados sin contrato ni seguridad social y sus patronos no respetan los derechos laborales exigidos por el convenio del sector de actividad en el que trabajan. El informe llega a indicar que, en ocasiones, se les paga un sueldo simbólico ante la posibilidad de conseguir regularizarles la situación, pero también se dieron casos en los que no se les abonó salario alguno.
Las autoridades judiciales abrieron diligencias por casos detectados en Oviedo, Avilés, Gijón y Llanes. La Fiscalía entra en detalles y habla de la desarticulación de una red dedicada a la realización de ofertas de trabajo fraudulentas con la promesa de conseguir la regularización del extranjero en España y previo cobro de importantes cantidades de dinero. También un grupo de personas españolas y chinas se había organizado para conseguir la entrada ilegal en España de trabajadores procedentes del país asiático. Es llamativo el caso de una empresa portuguesa que trajo ciudadanos de Angola, Cabo Verde, Reunión y Brasil para trabajar en Asturias sin contratos, seguros sociales e incumpliendo las condiciones laborales salariales y de horarios.
Los derechos de los ciudadanos extranjeros también fueron inculcados en el caso de la prostitución, sobre todo por parte de redes criminales dedicadas a favorecer la entrada en España de extranjeras para su explotación sexual empleando la violencia, el engaño y la detención ilegal. Este tipo de casos se dieron sobre todo en Siero, Oviedo y Gijón con ciudadanas moldavas y rumanas. En todos los casos, según la memoria de la Fiscalía, los hechos delictivos fueron realizados por sus propios compatriotas.
Enlaces bajo sospecha
En materia de extranjería son muchos los modos delictivos detectados. En 2008, la Fiscalía abrió expedientes previos a la celebración de 270 matrimonios mixtos entre ciudadanos españoles y extranjeros, deduciendo que 28 de ellos eran sospechosos de fraude. Además, fueron interpuestas cuatro demandas de nulidad matrimonial ya consumada, aunque una de ella recibió una sentencia absolutoria, y las demás aún están en tramitación.
Dos de los asuntos aún sin resolución están siendo analizados por juzgados de Oviedo. En ambos casos, se trata de grupos dedicados a organizar estos matrimonios entre españoles y sudafricanos, para que los extranjeros obtengan la documentación necesaria para residir legalmente en España. No obstante, los ilegales tenían que abonar cantidades que podrían llegar a los 10.000 euros.
Por otro lado, el año pasado nueve personas extranjeras fueron expulsadas por resolución judicial debido a que estaban cumpliendo una pena inferior a los seis años de cárcel en el Centro Penitenciario de Villabona. Otros 70 ilegales fueron ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Asturias, aunque no todos fueron expulsados. Sólo en otros dos casos se apreció acreditada la situación de arraigo familiar del extranjero en España.
Además, se procedió a la expulsión de 35 personas extranjeras con autoridad judicial, al tiempo que fueron devueltas a su país otras 17 que habían contravenido la prohibición de entrada en España: 12, en Oviedo; tres en Gijón; uno, en Avilés, y otro, en Mieres.
0 Comentarios