El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el principal sindicato del Cuerpo, emitió ayer un comunicado en el que reacciona con indignación a las acusaciones de brutalidad surgidas tras difundirse la grabación de la expulsión de un inmigrante en el aeropuerto de Barajas. "De las imágenes", dice el SUP, "lo único que se aprecia es que a este ciudadano senegalés se le ata, de pies y manos, para introducirlo por la fuerza en el avión. ¿Alguien en su sano juicio cree que lo va a hacer de forma voluntaria?".
El sindicato recuerda que los sin papeles con una orden de expulsión "saben que, si se niegan a subir al avión, tienen muchas posibilidades de que no sean expulsados y haya que ponerles en libertad". "Ciertamente, a los policías nos toca realizar siempre la labor más desagradable: introducir por la fuerza a la persona expulsada en el avión", añade la nota, antes de afirmar que el inmigrante senegalés que aparece en el vídeo quedó efectivamente en libertad "instantes después".
Por eso, y para no tener que responder de una brutalidad que el SUP niega, el sindicato solicita a los agentes de policía que "se nieguen" a realizar expulsiones hasta que la Dirección General, el Juez de Guardia o quien corresponda les indique hasta qué punto pueden ejercer la fuerza para subirlo al avión". El comunicado concluye invitando incluso a que "se derogue la Ley de Extranjería y no se expulse a los inmigrantes ilegales sobre los que pesa una orden de expulsión". "Así, por una concepción hippy de las leyes, los ilegales sin expulsar y los policías sin problemas", zanja el SUP.
"Impecable intervención"
También la Confederación Española de Policía (CEP) ha defendido la "impecable intervención" de los efectivos de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) al reducir al inmigrante senegalés en Barajas. En un comunicado, el CEP sostiene que la actuación de los policías se produjo como consecuencia de la resistencia "activa, enérgica y violenta" que empleó el inmigrante ya que era consciente de que el plazo para ejecutar su repatriación "expiraba" aquel día, por lo que un retraso podría provocar su puesta en libertad.
A su juicio, la intervención de los agentes se ajustó de forma "estricta" a la legalidad y a los principios básicos de actuación del Cuerpo Nacional de Policía,y la califica de "proporcionada, oportuna y congruente". En este sentido, la CEP remarca que los agentes ocupados de realizar este tipo de actuaciones guardan un "estricto respeto" al documento de Normas de Actuación en las Repatriaciones y en el Traslado de Detenidos por Vía Aérea y/o Marítima, aprobado en septiembre de 2007.
En este protocolo, indica el sindicato, se contempla que los expulsados que se resistan "podrán ser inmovilizados por medios que no pongan en peligro su dignidad e integridad física". Por ello, CEP arremete contra las críticas vertidas por la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine), que ha asegurado que "la Policía usa la fuerza y la violencia para que la gente se vaya" y que "todos los días están deportando a gente en el aeropuerto de Barajas".
La Ferine "miente de forma temeraria", dice la CEP, porque aprovecha la grabación de una labor policial "plenamente ajustada a la legalidad" para descalificar gravemente a la Policía y al régimen
que regula en España la Extranjería, y porque afirma que a los inmigrantes "se les pone bozal".
Por último, la Confederación policial recuerda que, tras la aprobación del citado protocolo y las sugerencias del Defensor del Pueblo, la policía ha "extremado" las garantías de todo el procedimiento que regula la expulsión de un ciudadano que resida ilegalmente en España.
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