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El Gobierno de Nicolas Sarkozy está determinado a recortar los derechos de los 300.000 inmigrantes irregulares que hay en Francia y a acelerar los procesos de repatriación. El ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, presentará al Consejo de Ministros, a lo largo de marzo, un anteproyecto de ley que prevé, entre otras medidas, la posibilidad de que existan, donde la autoridad lo requiera, "zonas de espera" como las que hay en las fronteras de los aeropuertos, esto es, lugares especiales donde la policía puede retener a los inmigrantes sin papeles mientras se decide qué hacer con ellos. El Gobierno francés considera que ésta es la manera de luchar contra "grandes e inesperadas afluencias de inmigrantes" a su territorio.En Francia, un inmigrante sin papeles al que la Administración le ha remitido una orden de expulsión cuenta con un mes para elaborar un recurso que impida su devolución al país de origen; cuando este anteproyecto de Besson entre en vigor, ese plazo se verá reducido a sólo 48 horas. Además, el Gobierno francés prevé prohibir el retorno a Francia por un plazo de tres años a los inmigrantes irregulares que sean encontrados en territorio galo. Este plazo podrá elevarse dos años más si el inmigrante expulsado no cumple la prohibición o se niega a irse.
Las iniciativas contenidas en el anteproyecto de ley, revelado hoy por el periódico Le Monde, ya han desatado las primeras críticas. "Este proyecto hace que los extranjeros se conviertan en una excepción en materia de derechos", aseguró en el citado diario, Stéphane Maugendre, presidente del Grupo de Apoyo e Información a los Inmigrantes.
El mismo Besson, en una pequeña entrevista publicada hoy en el periódico Le Figaro explicaba la razón de ser y el porqué de esta nueva "zona de espera". "Nuestra legislación actual no está preparada para la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas. No hay forma de encontrar lugares que respeten la ley en vigor donde se puedan retener a los inmigrantes cerca de los lugares en los que se les ha descubierto. Por eso presentaré en ese proyecto de ley esta "zona de espera especial", que se extenderá a lo largo del perímetro donde han sido hallados los extranjeros en situación irregular y permitirá mantenerlos bajo control de la administración durante el tiempo suficiente como para examinar su eventual demanda de asilo".
Es decir, esa zona "especial de espera" se creará "ad hoc" en el lugar exacto en el que han sido avistados los inmigrantes recién desembarcados y legitima su privación de libertad en el mismo lugar en el que se encuentran. El objetivo de Besson es evitar lo que ha ocurrido con 123 inmigrantes kurdos que arribaron el pasado 22 de enero en Córcega. "Había, entre esas 123 personas, 42 niños y 81 adultos. Ahora mismo, 48 han pedido asilo y han obtenido una autorización provisional de residencia. Pero los otros, sin haber pedido asilo, han seguido su camino (...) Algunos, se han marchado a otros países europeos", explica Besson. El ministro, en la misma entrevista, asegura que la Unión Europea, a instancias de Francia, se ha comprometido a reforzar su policía de fronteras de cara a vigilar mejor el flujo de inmigrantes irregulares.
Castigo a las empresas
El anteproyecto también prevé el cierre de hasta seis meses de empresas que empleen a trabajadores irregulares. Los delegados del Gobierno en las distintas provincias francesas también podrán excluir a estas empresas de las licitaciones de obras públicas. Asimismo, en el anteproyecto de ley de Besson se mejoran las indemnizaciones de los trabajadores irregulares cuando son localizados por la policía o los inspectores de trabajo: tendrán derecho a tres meses de sueldo entero que pagará la empresa que les ha empleado.
Estas últimas medidas ya habían sido anunciadas por el ministro de Inmigración hace meses, después de que miles de trabajadores irregulares se pusieran en huelga a las puertas de restaurantes o de cadenas de comida rápida donde les empleaban sin papeles. Aún muchos continúan con su protesta para denunciar su condición. Luc Beal-Rainaldy, inspector de trabajo y secretario nacional del sindicato FSU alertó en Le Monde sobre la poca efectividad de estas amenazas de cierres: "Se cerrarán pocas empresas. Además, después de un control, las pequeñas empresas suelen desaparecer, y para que cierren las grandes, será preciso demostrar que hay irregularidades muy graves".
Besson, uno de los ministros favoritos de Sarkozy, se había empleado a fondo hasta ahora en organizar y protagonizar el frustrado debate sobre la Identidad Nacional, semienterrado el lunes por el primer ministro, François Fillon. Todo apunta a que, desactivado el debate, volverá a su cruzada contra la inmigración irregular. El pasado otoño, previo anuncio en televisión, desmanteló los campamentos de inmigrantes sin papeles afganos instalados en Calais.
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