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En los años previos a la crisis, ni el Gobierno ni los agentes sociales repararon en cómo y hasta cuándo el mercado sería capaz de emplear a los extranjeros que en su día decidieron viajar a España seducidos por la construcción.
Entonces, lo urgente eran las cifras. El país se había erigido como la locomotora de empleo de la UE, una superpotencia laboral que, entre los años 2001 y 2006, ocupaba la mitad de los nuevos empleos (el 52%, concretamente) gracias a la mano de obra extranjera.
Bajo este paraguas se facilitó la regularización extraordinaria de cerca de un millón de extranjeros. Eran los tiempos de puertas abiertas, y de tasas de paro contenidas a rajatabla a base de grandes cantidades de puestos eventuales.
Hoy, con una crisis galopante azotando España, el Gobierno ha emitido un programa de retorno voluntario orientado a quienes están en penuria económica y, como novedad, también se abre a los que están “en situación irregular”. El Ejecutivo facilitará hasta 2.600 euros a cada familia que se vaya, más el abono del viaje de salida, un esquema que no le cuadra al PP, quien ayer pidió la comparecencia de Corbacho ante el Congreso.
No parece que los inmigrantes tengan ganas de hacer las maletas. Esta semana el diario gratuito Latino, uno de los más leídos entre el colectivo, se hacía eco a toda página de que “con la bajada del IVA en las reformas especiales se esperan crear miles de empleos”.
Según afirma M. Tejo en Expansión.com, el anuncio ha corrido como la pólvora. Las asociaciones de inmigrantes comentan que las expectativas para volver a la construcción han crecido y, aunque no confían en que estas nuevas tareas de rehabilitación vayan a solucionar el problema del paro del colectivo, sí se muestran optimistas con la idea de que solucionen el futuro a varios cientos de ellos.
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