El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha advertido en
el Parlamento andaluz del aumento de la marginación entre la población
inmigrante por los recortes y políticas que está llevando a cabo el
Gobierno central. De Llera ha criticado especialmente las dificultades
para la renovación de la autorización de residencia y la supresión de
los fondos de apoyo a las comunidades autónomas.
Censura
En una comparecencia en comisión parlamentaria para informar de las
políticas de inmigración que desarrolla la Junta, Emilio de Llera ha
censurado que el Gobierno central haya derogado una instrucción para la
renovación de las autorizaciones de residencia para los inmigrantes
porque, a su juicio, “esta decisión está incrementando las bolsas de
marginación de esta población en Andalucía y el resto de España”. El
responsable de Justicia e Interior ha lamentado que el Ejecutivo estatal
haya dejado sin efecto una instrucción en la que se disponían los
procedimientos a efectos de la renovación de las autorizaciones de
residencia temporal, entre los que se encontraba la presentación del
Informe de Esfuerzo de Integración y la valoración de dichos informes
emitidos por las comunidades autónomas.
La Junta con los inmigrantes
A juicio del consejero, al dejar sin efecto dicha instrucción se ha
introducido un factor de discrecionalidad en las diferentes oficinas de
Extranjería de las subdelegaciones del Gobierno, con el consiguiente
incremento de las denegaciones en la renovación de las autorizaciones de
residencia y, por tanto, de la situación de irregularidad del colectivo
de inmigrantes que las solicitan. El titular de Justicia e Interior ha
señalado que la Junta ha promovido desde febrero de 2012 la organización
de cerca de 30 cursos para que los inmigrantes puedan obtener el
documento acreditativo de Esfuerzo de Integración, en los que se
impartían conocimientos sobre el Estatuto, la Constitución, aprendizaje
del español y nociones sobre igualdad de oportunidades y valores
democráticos. Gracias a esas acciones formativas, ha destacado el
consejero, han sido muchas personas inmigrantes las que se han acogido a
este procedimiento, en su mayoría inmigrantes procedentes de Marruecos y
Bolivia.
Efectos negativos
Según el consejero, la decisión del Gobierno central de derogar la
citada instrucción que valoraba el esfuerzo de integración de las
personas extranjeras está teniendo unos efectos negativos al coincidir
con los tiempos de crisis económica actuales. En su opinión, se está
abocando a estas personas a un “círculo perverso”, puesto que al no
disponer de empleo no pueden renovar la residencia y el no tener esa
autorización les impide al mismo tiempo el acceso al empleo.
Mantenimiento del apoyo a los municipios
De Llera ha resaltado también la importancia de las transferencias que
realiza la Junta a los ayuntamientos a través del Fondo Autonómico de
Inmigración, con el objetivo de garantizar los servicios necesarios para
atender a este colectivo, sobre todo en los lugares con mayor presencia
de población inmigrante. Al respecto, De Llera ha puesto de relieve que
el Gobierno central ha optado por prescindir, por segundo año
consecutivo, del Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida y la Integración de
Inmigrantes, así como al Refuerzo Educativo puesto en marcha en 2005.
“Todo ello supone una disminución de ocho millones de euros del crédito
transferido a la Junta y un golpe a las políticas de integración de más
de 125 ayuntamientos andaluces”, ha subrayado.
1,2 millones para respaldar a 122 municipios
Pese a este recorte estatal, la Junta ha mantenido su compromiso con
estas políticas y ha destinado 1,2 millones de euros para respaldar a
122 municipios andaluces en sus acciones de apoyo a la población
inmigrante durante 2012. Al mismo tiempo, la Junta ha seguido
concediendo ayudas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con estas
personas extranjeras en Andalucía, cuyo presupuesto se ha mantenido
este año en 1,2 millones de euros a pesar del difícil contexto económico
actual. Por otro lado, el consejero se ha referido a los programas de
sensibilidad e interculturalidad que se llevan a cabo con el Fondo
Social Europeo de Andalucía, como la campaña ‘Andalucía somos todos’,
las actividades de concienciación en el ámbito vecinal y escolar o el
proyecto Redes Interculturales o la actividad.
Nuevo Plan Integral
En su balance de las políticas migratorias, el consejero ha destacado
que la Junta está culminando la elaboración del III Plan Integral para
la Inmigración en Andalucía, que continúa la senda marcada por el primer
y segundo plan, cuyos principios fundamentales son la igualdad,
adaptabilidad, responsabilidad pública y cooperación institucional,
coordinación, integralidad, interculturalidad y participación. Tras una
revisión general de los contenidos efectuada en la Comisión
Interdepartamental de Políticas Migratorias del pasado octubre, el III
Plan se ha estructurado en tres ejes transversales (género, juventud y
territorio) y 11 áreas de intervención (socioeducativa, sociolaboral,
sociosanitaria, inclusión y bienestar social, vivienda, cultura y
participación, atención jurídica, formación, investigación,
sensibilizacion social y cooperación al desarrollo).
Centrado en la gestión de la diversidad y la transversalidad
De Llera ha remarcado que el nuevo plan será “un instrumento esencial”
para que todo el Gobierno de Andalucía cumpla con su compromiso de
salvaguardar la dignidad de las personas y los derechos fundamentales,
así como contribuir a la cohesión y fortalecimiento de la sociedad
andaluza. La Junta de Andalucía está ultimando el nuevo Plan Integral
para la Inmigración en Andalucía, que estará centrado en la gestión de
la diversidad y la transversalidad de las políticas, contando con la
implicación y el compromiso de todos los departamentos del Ejecutivo
andaluz.
Propuestas para los próximos años
La Consejería de Justicia e Interior, como responsable de la
coordinación de las políticas migratorias de la Junta, ha venido
manteniendo la coordinación de los representantes de todas las
consejerías, con el objetivo de ir elaborando las propuestas que
contendrá la futura planificación de la políticas a desarrollar en los
próximos años en materia de inmigración.
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