El Consejo de Europa ha vuelto a reprender a España. En
esta ocasión le avisa de que la decisión de la ministra de Sanidad, Ana
Mato, de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va
en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al
ratificar la Carta Social Europea.
"Los estados que forman parte de la
Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria
para los migrantes independientemente de su estatus de residencia",
señala el Comité Europeo de Derechos Sociales en las conclusiones
publicadas este miércoles.
"Los estados deben
asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la
atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la
población", continúa el comité, que recuerda que esto es un
"prerrequisito para la preservación de la dignidad humana" y esta un
"valor fundamental" para que se respeten los derechos humanos. Además,
reprocha al Gobierno que utilice la "crisis económica como pretexto":
"Hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al
impacto de la medida en la salud pública de la población en su
conjunto", dice el informe.
No obstante, el Consejo
de Europa reconoce que no puede llevar a cabo medidas respecto al
"desarrollo legislativo regresivo en relación al acceso a la sanidad de
los extranjeros", ya que este informe solo valora los aspectos
producidos en el periodo 2008-2011 y el decreto de medidas de acceso al
sistema de salud es de abril de 2012. Aún así, advierte de que si el
Gobierno no da marcha atrás estará incumpliendo los estándares fijados
por el organismo internacional del que forma parte: "Si la legislación
se mantiene, no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no
conformidad con la Carta".
"Estas conclusiones son
vinculantes porque se trata de un tratado internacional", ha explicado a
eldiario.es Luis Jimena, el presidente del comité. "Esto significa que
la legislación es contraria a derecho y no se puede aplicar. El Gobierno
debe modificarla porque prevalece el tratado", añade. Además, considera
que España debe poner a funcionar "toda la maquinaria" para que se
evite esta violación incluso antes de que se pronuncie la Justicia. "Un
órgano español que conozca esta violación tiene que aplicar la Carta.
Algunas comunidades autónomas y facultativos se niegan a aplicar este
decreto y esa objeción de conciencia es la legal", matiza.
Más recortes, menos derechos sociales
En materia sanitaria, el organismo también destaca la importancia de
que el derecho de acceso no debe encontrar "retrasos innecesarios" y,
aunque se hace eco de la legislación adoptada en este sentido, pide a
España datos sobre el tiempo medio de espera para los tratamientos
hospitalarios y para las consultas de atención primaria.
Jimena también hace hincapié en que solo dos comunidades autónomas
-País Vasco y Navarra- cumplen la Carta en cuanto a la asistencia social
prestada mediante los salarios mínimos de inserción. Así, insta a las
comunidades autónomas a que aumenten esa prestación o que el Gobierno
"coordine" una solución.
Otro de
los asuntos en los que España incumple el tratado social que comparte
con los países europeos es el relativo a las prestaciones por
enfermedad. En este sentido, indica que se queda en el 60% del IPREM -el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se toma como
referencia para la concesión de ayudas o subsidios- lo que sitúa los
ingresos que se obtienen por estas bajas en 4.473 euros. Esto significa
que en este país se cobran unos 2.000 euros menos que en el resto de
Europa en estos casos. "El nivel mínimo de las prestaciones por
enfermedad es manifiestamente inadecuado", denuncia.
También reprocha que no haya alcanzado acuerdos bilaterales con ciertos
países europeos para que los residentes en España tengan igualdad
respecto a los derechos en materia de seguridad social, algo a lo que
obliga la ratificación de la Carta Social Europea. En concreto, los
ciudadanos de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina,
Macedonia, Turquía, Georgia y Moldavia no tienen garantizado el derecho a
la seguridad social cuando residen en España.
El
comité llama la atención sobre la falta de una protección específica
para que las personas mayores no sufran discriminación en áreas que van
"más allá del empleo, como el acceso a bienes, instalaciones o
servicios". En este caso, el problema no se ha encontrado en la
"praxis", sino que la inexistencia de un marco regulador para evitar la
discriminación de la tercera edad incumple el artículo 4 del Protocolo
Adicional de la Carta, ratificado por España en el año 2000.
38 estados miembros del Consejo de Europa han violado los derechos
sociales de los ciudadanos, lo que supone un aumento que está vinculado a
los recortes que los gobiernos han implementado durante la crisis
económica y que han afectado "desproporcionalmente a los pobres,
desempleados, ancianos y enfermos". El secretario general del organismo,
Thorbjorn Jagland, ha instado a los gobiernos europeos y a las
organizaciones internacionales a que presten mayor atención a los
derechos sociales y económicos en la aplicación de las "medidas de
austeridad". "La necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos es
un valor que se vuelve aún más importante cuando los tiempos son
difíciles", afirmó: "Sin embargo, las políticas de la crisis económica y
de austeridad han tenido claramente un impacto negativo en los
derechos sociales y económicos de toda Europa. Los beneficios están
siendo restringidos y las personas que se desplazan entre los países
para vivir o encontrar trabajo a menudo son tratados injustamente",
sentenció.
elDiario.es
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