No sólo las personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España están siendo excluidas de la atención sanitaria, sino que hay otros colectivos que se están siendo afectados, tales como los ciudadanos comunitarios y sus familiares, según denuncia Red Acoge en un informe, donde además pide a todos los partidos políticos acabar con la exclusión sanitaria recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012.
"La actual legislación en materia de atención sanitaria ha supuesto una discriminación todavía mayor de la que se podía prever", señalan desde la organización, que ha presentado este miércoles en un acto celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid.
"Los efectos de la exclusión sanitaria en las personas inmigrantes más vulnerables", se constata que en aquellos casos en los que sí se reconoce el acceso sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular, como es el caso de las urgencias o a los menores, se siguen produciendo desatenciones, bien porque en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, se esté facturando en urgencias o porque se exige a los menores que cuenten con algún documento, como pasaporte o cédula de identidad, antes de proceder a expedir la tarjeta sanitaria.
Para la realización de este informe, Red Acoge ha recogido durante casi tres años datos en cinco comunidades autónomas a través de cinco asociaciones que forman parte de la esta federación de ONG: Bayt Al-Taqhafa (Cataluña), Guada Acoge (Castilla-La Mancha), Karibu (Comunidad de Madrid), Murcia Acoge (Región de Murcia), y Procomar Valladolid Acoge (Castilla y León).
Este trabajo se enmarca en la campaña de sensibilización 'Yo Elijo Ser Humano', en la que se pide al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el Gobierno devuelva el derecho a la atención sanitaria universal a todas las personas que vivan en España en igualdad de condiciones.
Asimismo, durante el acto, la responsable del área Jurídica de la federación, Inés Díez, ha pedido un compromiso firme de todos los partidos políticos para acabar con la exclusión sanitaria que desde la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012 sufre la población de origen inmigrante que se encuentra en España en situación irregular.
FAMILIARES SIN DERECHO DE ACCESO SANITARIO
Más allá del desamparo sanitario en el que se encuentran los inmigrantes ilegales, la organización denuncia que hay residentes legales que son comunitarios o familiares de comunitarios han quedado excluidas de la atención sanitaria.
En primer lugar, según el informe, el supuesto más frecuente es el de progenitores de ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española y posteriormente han reagrupado a sus ascendientes. "En la práctica, se están otorgando las residencias sin necesidad de aportar dicho seguro privado por lo que el INSS amparándose en esta exigencia de la legislación de extranjería no está concediendo el derecho de acceso a la atención sanitaria", explican.
Esto está provocando que las personas que se han visto excluidas hayan comenzado a presentar demandas ante el Juzgado de lo Social, que sí está reconociendo que en estos casos las personas residentes tienen derecho a tener tarjeta sanitaria.
El segundo supuesto es el de los descendientes de ciudadanos españoles nacionalizados y que una vez adquirida la nacionalidad reagrupan a sus descendientes mayores de edad pero menores de 26 años. Al igual que en el supuesto anterior, estos no tienen derecho a asistencia sanitaria salvo en caso de urgencias (o en el caso de las mujeres por embarazo, parto y posparto) e igualmente, tampoco pueden suscribir el convenio con la administración puesto que se encuentran en situación regular en España.
"Si bien la administración española es consciente del efecto indeseado que la aplicación del RD-L está produciendo en los familiares de ciudadanos de la Unión Europea que sí tienen reconocida la condición de residente, tres años después de su entrada en vigor sigue sin dar una solución que les permita el acceso a la asistencia sanitaria", explican.
También en este caso están siendo los tribunales los que han empezado a reconocer que en estos supuestos los familiares residentes sí tienen derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. Según explica, al menos ha sido así en sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de Cataluña respectivamente.
"Esto sin embargo, no resuelve el problema porque las sentencias afectan tan sólo a quienes han sido recurrentes en el proceso pero no afectan a todas aquellas personas que se encuentran en igual situación", añade el informe.
ESPACIOS DE MEJORA
Red Acoge demanda en el informe una mayor información sobre el alcance de la reforma por parte del personal sanitario, fundamentalmente, por parte de aquellas que atienden en los mostradores; y una mayor sensibilización de la población y visibilización de lo que ocurre en la práctica con la población inmigrante.
"Debe permitirse el acceso al sistema sanitario de los ascendientes de ciudadanos comunitarios y que son residentes legales, en aquellos casos en los que no se exigió que aportaran tener cubierta esta contingencia con una aseguradora", afirma.
Vuelven a pedir que se respetarse el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular en los tres supuestos que reconoce la ley; y que se acabe con la práctica que obliga a los progenitores de menores extranjeros no documentados a acreditar que los mismos cuentan con pasaporte.
Asimismo, recuerda que en el caso de las mujeres embarazadas, debe extenderse la asistencia sanitaria a cualquier dolencia que las mismas sufran durante el embarazo, parto y postparto y no limitarse a aquellas dolencias vinculadas con el embarazo, parto o postparto.
Finalmente, pide que se garantice el acceso en todo caso de aquellas personas que son enfermos crónicos o que padecen patologías como VIH.
via -Europa Press
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