Los principales organismos de la UE por los DDHH han amonestado a España por algunas de sus políticas para el control migratorio. La presión migratoria desde el norte de África convierte las fronteras españolas en escenarios clave para la lucha por una vida mejor. Al cruzarlas, muchos encuentran una ley migratoria de cuño europeo cuyos protocolos […]
Los principales organismos de la UE por los DDHH han amonestado a España por algunas de sus políticas para el control migratorio.
La presión migratoria desde el norte de África convierte las fronteras españolas en escenarios clave para la lucha por una vida mejor. Al cruzarlas, muchos encuentran una ley migratoria de cuño europeo cuyos protocolos se incumplen constantemente. España es el tercer país europeo más afectado por la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo, tras Italia y Grecia, y algunas de las políticas de control puestas en marcha por las fuerzas de seguridad españolas ya se han granjeado el rechazo de las instituciones europeas: violencia en las fronteras, redadas raciales, centros de internamiento que parecen cárceles.
En un complicado debate entre la necesidad de control -que la propia Europa impone-, los medios disponibles, y la voluntad política para buscar alternativas, los damnificados siguen siendo los mismos. Estas son algunas de las reprimendas que España ha recibido de sus socios, la mayoría de ellas sin compromiso de enmienda.
Expulsión por la puerta trasera
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha requerido a España información sobre la práctica conocida como “devolución en caliente”: la expulsión inmediata a Marruecos de los inmigrantes que acaban de alcanzar territorio español al saltar la valla de Melilla.
“Se invita al Gobierno demandado a rendir a la corte toda la información disponible sobre los procedimientos seguidos en la llegada de los solicitantes en la frontera de Melilla (identificación, medidas adoptadas y registro de las eventuales demandas de protección internacionales)”, reclamaba el tribunal la pasada semana. Su demanda llega después de dos denuncias de personas subsaharianas por la violación de varios puntos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Según el testimonio de las personas denunciantes, las fuerzas de seguridad españolas no les identificaron ni les ofrecieron abogado o intérprete, como requería la Ley de Extranjería. Los pusieron directamente en manos de fuerzas policiales de Marruecos. No obstante, el TEDH no admitió la parte de las denuncias que hacía referencia a un posible delito de torturas por parte de las fuerzas españolas.
Las condiciones carcelarias en los CIEs
Hace menos de tres meses el Consejo de Europa publicaba un veredicto desolador tras las visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) de Zona Franca, en Barcelona, y Aluche, en Madrid. A través de un informe elaborado por el Comité de Prevención de la tortura, Europa no veía progresos desde la revisión anterior, en 2011. En julio de 2014, miembros del Comité esperaban encontrar centros preparados para acoger a inmigrantes temporalmente, mientras se estudia su situación, pero encontraron cárceles: con rejas en celdas, corredores y ventanas; fuertes restricciones para comunicarse con el exterior, y numerosas alegaciones por malos tratos y pérdida de derechos de los internos.
También encontraron centros con sobreocupación, donde 8 internos ocupan una estancia mientras otras permanecen vacías. Destacaban la masificación del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde los sucesivos asaltos a la valla de los años pasados, la llegada de más refugiados de guerra y la lentitud de la burocracia han llegado a duplicar y triplicar el número máximo de internos. En cuanto a Madrid y Barcelona, el comité anti tortura criticó la falta de luz natural, el hecho de que los agentes que trabajan en los centros vayan armados con porras o que los internos sean llamados por su número de detención en lugar de por su nombre, entre muchas otras deficiencias.
Cuchillas en las vallas
También en abril el comisario de Inmigración de la UE, el griego Dimitris Avramopoulos, dio a entender que el Ejecutivo comunitario no apoya el uso de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Aunque la legislación de la UE no prohíbe expresamente las cuchillas en la frontera, Europa recomendó a España que buscara “medidas alternativas” para frenar la inmigración irregular.
El Gobierno, por el momento, destaca eliminarlas: una respuesta del Ejecutivo en el Congreso, a petición del diputado de Uniò, Antoni Picó, justifica que las declaraciones de la propia comisaria europea de Asuntos de Interior avalan los datos que da el Gobierno. El diputado catalán cuestionaba las medidas para sustituir las concertinas de las vallas fronterizas en las dos ciudades autónomas, así como su opinión sobre si son los mejores mecanismos para hacer frente al problema de la inmigración irregular. Según el Ejecutivo, la comisaria ha afirmado que cada “estado es autónomo para implementar las medidas que considere necesarias en la defensa de sus fronteras”.
También señala que las concertinas no son “la única medida de seguridad pasiva” que es puesta en marcha en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, recordando que también existen “las mallas antitrepa”.
Redadas raciales
En cuanto a presuntas detenciones según raza en España, es la Organización de las Naciones Unidas la que ha levantado la voz desde 2011: afirmaba poseer información para afirmar que en España persistían los controles policiales basados en perfiles étnicos y raciales.
“El Comité (para la Eliminación de la Discriminación Racial la la ONU) considera preocupante la información que ha recibido acerca de los controles de identificación o redadas policiales, basados en perfiles étnicos y raciales, realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el Estado”, denunciaba el organismo.
Por aquel entonces, la supuesta campaña policial para detener a inmigrantes irregulares en el centro de Madrid saltó a las portadas, sobre todo después de que varios colectivos antirracistas aseguraran haber recibido confirmación de la campaña a través de fuentes internas, desde los propios policías.
“Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley deben recibir una formación intensiva en derechos humanos para garantizar que, en el cumplimiento de sus funciones, respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color u origen étnico o nacional”, dictaminaba la Onu respecto a las denuncias por redadas raciales en España.
El Comité de Derechos Humanos Europeo también mostró recelos ante los métodos por los que España calcula la edad de los menores no acompañados que llegan al país, y demanda la elaboración de un “protocolo uniforme” para certificar que los procedimientos para determinar la edad de los menores se realice mediante métodos científicos y seguros.
Violencia
Hace menos de un año, y según recoge el Comité para la Prevención de la Tortura, un inmigrante fue detenido y aporreado antes de ser devuelto a territorio de Marruecos, aparentemente inconsciente. La imputación afecta a 8 guardias civiles. Ante este tipo de casos, el comité clama por la prevención y la “minimización de la violencia” durante las identificaciones y detenciones de inmigrantes en las fronteras”. Varios colectivos de ayuda al inmigrante, como Prodein, han acumulado material gráfico para sostener las denuncias por devolución en caliente y malos tratos en Ceuta y Melilla.
via- kaosenlared
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