Las empresas especializadas en las remesas de los inmigrantes a sus países de origen han encontrado en Bruselas la protección que esperaban desde hace una década. Más de una veintena de compañías dedicadas a las remesas consideran que la ley española de blanqueo de capitales atenta contra su negocio por un exceso de controles poco fiables.
La ley de blanqueo de capitales española obliga a las compañías dedicadas a este negocio a exigir una documentación que, a juicio de los empresarios del sector, es excesiva y desproporcionada. "Tenemos que justificar con detalle y que aportar con demasiados documentos transacciones de hasta una mujer trabajadora que envía cien euros a su familia en Ecuador. No nos negamos a tener controles, pero lo que exige la ley española es desproporcionado", explica Ernesto López, vicepresidente de la Asociación Española de Entidades de Pago (Anaed).
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