Así se desprende del informe 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Defensor del Pueblo, según el cual, España ejecutó 6.869 expulsiones y 3.725 devoluciones desde el territorio nacional el año pasado y de ellas, 2.871 eran de personas recluidas en algún CIE, el 41% de todos los internos que tuvieron estas instalaciones.
Las expulsiones exprés son un modelo que se viene consolidando en los últimos años, cuando la balanza en la cifra de expulsiones se ha ido inclinando en detrimento de las salidas desde los CIE. En 2013 eran el 58% de las expulsiones, en 2014 fueron el 70,5 por ciento y en 2015 suponen ya el 73%.
Para el abogado experto en Extranjería Francisco Solans, tiene que ver con diversos factores, como una caída en las llegadas de inmigrantes por vías irregulares junto a una mayor presencia de personas que tras perder su permiso de residencia quizá recibieron una orden de expulsión pero que por sus circunstancias de arraigo, no llegarían a ser internadas en un CIE.
Apunta además que "los mecanismos de defensa funcionan y cuando se permite articularlos", cosa que sucedería en el CIE porque los plazos son más largos, "es mucho más difícil ejecutar una expulsión que en muchos casos, es injusta".
Aunque se trata de una práctica legal, dado que la Policía tiene obligación de hacer cumplir la orden de expulsión en firme, ONG y abogados la cuestionan. Por un lado, denuncian que en muchos casos estas personas no pueden ni hacer una maleta ni despedirse de sus familiares, ya que son directamente trasladadas a comisaría y embarcadas en un avión. Por otro, apuntan que en el máximo de 72 horas que pueden permanecer detenidos es difícil para el letrado alegar ante un juez que la expulsión no debe llevarse a cabo.
Precisamente en la asistencia letrada está la clave de la cuestión pues no en todas las comisarías se garantiza al entender que la expulsión o devolución que va a ejecutarse responde a una orden en firme que ya fue notificada al afectado y que por tanto, ya tuvo tiempo de recurrir. De hecho, el Defensor del Pueblo ha elevado recomendaciones a la Administración para que se preste esta asistencia en todos los casos, pues es un derecho de cualquier detenido.
"HAY CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS"
Para Solans, las expulsiones exprés deberían ser una práctica más, pues se dicta una orden, se hace firme y debe ejecutarse. El problema es que las órdenes de expulsión prescriben al cabo de tres años y llevan aparejada una prohibición de entrada en España que puede durar hasta diez, años durante los que el afectado sigue con su vida.
"Son plazos larguísimos en los que da tiempo a casarse, a tener hijos, a encontrar trabajo, a pedir regularizaciones y a todo tipo de circunstancias sobrevenidas que deben tenerse en cuenta por razones tanto humanitarias como legales antes de ejecutar la expulsión", explica.
La normativa europea establece que en el caso de ciudadanos comunitarios que van a ser expulsados, la orden habrá de revisarse si han pasado dos años y estudiar las circunstancias de la persona antes de ejecutarla. El abogado incide en que esta previsión no existe para el resto de los extranjeros, por lo que no se supervisa de oficio si concurren razones que avalen suspender la deportación.
Solans, que ha participado en la elaboración de un protocolo para la asistencia letrada en las expulsiones desde comisaría del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), explica que "la policía ignora estas circunstancias" y se limita a hacer cumplir la orden mientras esté vigente, lo que hace aún más necesaria la presencia de un abogado que informe al juez.
SIN PREVIO AVISO
Por otra parte, se pone en duda el modo en que se producen esas detenciones. Según han venido denunciando las entidades parte de la Campaña por el Cierre de los CIE, hay casos en que estas personas son identificadas en el marco de actuaciones policiales como redadas o registros pero en otros, simplemente son identificadas por en las calles debido a su perfil étnico o racial. Una vez le han dado el alto, comprueban antecedentes y salta la orden de expulsión.
En total, el año pasado se produjeron 36.327 detenciones con ingreso en el calabozo de inmigrantes por infracción de la Ley de Extranjería y de ellos, 6.930 fueron derivados a un Centro de Internamiento. Se redujeron no obstante tanto las detenciones, que eran 42.245 un año antes, como los internamientos, que sumaron en 2014 un total de 7.340.
En otros casos, el extranjero es llamado a comisaría para que solucione un trámite burocrático, por lo que acude de buena fe y se encuentra sobre la marcha detenido y en espera de embarcar en un vuelo destino al país de origen. "Muchos ni siquiera saben que tienen una orden de expulsión en vigor, creen que aquello ya se archivó o que ya fue resuelto, porque es evidente que si lo supieran, no irían", comenta Solans.
De hecho, la subdelegación del Gobierno en Valencia dio la razón el año pasado a un ecuatoriano que fue expulsado del país tras acudir a la comisaría de Burjassot llamado para otros trámites. Acabó revocando la orden de expulsión que había firmado sobre él y autorizando su regreso a España mediante reagrupación familiar. Su mujer vivía en la Comunidad Valenciana y tenía un permiso de residencia de larga duración.
El año pasado España expulsó a 3.133 extranjeros en operativos de deportación mientras el resto, fueron enviados al país de origen en vuelos regulares. El grupo más amplio, 1.463, fueron ciudadanos marroquíes expulsados por Ceuta en 79 operaciones distintas. Asimismo, figuran 918 personas repatriadas a Argelia en 82 viajes en barco.
Junto a ellos, 499 extranjeros que fueron embarcados en 13 vuelos internacionales con destino a los diversos países a los que se les iba a deportar. Constan también 160 personas que fueron trasladadas en 5 vuelos de repatriación de FRONTEX organizados por España y 80 embarcados en 10 vuelos de FRONTEX que habían organizado otros países, de acuerdo al informe del Defensor del Pueblo.
- europapress.es
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