Casi una década antes de que la muerte de 368 personas en un solo naufragio en Lampedusa (Italia) sacudiera las conciencias sobre el drama de la inmigración en el Mediterráneo, la otra frontera sur de Europa, Canarias, sufrió un desafío similar.
Situadas a apenas 100 kilómetros de la costa africana, las Islas Canarias conviven con la inmigración irregular por mar desde hace 23 años, desde que en 1994 llegó a Fuerteventura la primera patera (barca pequeña), con dos jóvenes saharauis a bordo. Solo eran una avanzadilla de los que estaban por llegar: primero unos pocos al año, luego decenas, más tarde centenares y, pronto, miles.
Aquellas primeras pateras estrenaron una ruta que en los once años siguientes llevaría a Canarias a 41.829 personas, en su mayoría magrebíes que cruzaban en el mar por la vía más corta hacia las islas más próximas: Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria.
A finales de 2005 se interceptó el primer cayuco, una barca pesquera típica de Senegal y Mauritania preparada para navegar más lejos y con hasta 100 personas a bordo, y todo cambió.
Solo en 2006 llegaron 31.678 personas a Canarias en 515 pateras o cayucos, unas cifras nunca vistas en un archipiélago de dos millones de habitantes: eran siete veces las llegadas de 2005 (4.715) y multiplicaban por cuatro los inmigrantes que durante ese año cruzaron el estrecho de Gibraltar (unos 7.500). Un cóctel conformado por el refuerzo de las fronteras en Ceuta y Melilla, conflictos en varios países y el hundimiento de las pesquerías que daban de comer a muchas comunidades africanas -y mantenían ocupados los cayucos- había convertido a Canarias en la ruta preferente hacia el nuevo "El Dorado".
En España se ganaba en dos semanas lo que en Mali o Guinea en todo un año de trabajo. El poder de esa llamada lo corrobora a Efe uno de los miles africanos que se jugaron la vida en un cayuco en 2006. "Hablabas con compañeros que ya estaban en España y te decían que ganaban dinero para enviar a casa. Eso te animaba a arriesgarlo todo", relata Alí Ouattara, que acabó en Fuerteventura tras un año huyendo de la guerra civil en Costa de Marfil.
Pero Ouattara descubrió la realidad la misma noche en que se subió con otras 37 personas cerca de Tan-Tan en un cayuco con un motor de ocasión, de construcción endeble y con un patrón inexperto. "Al tercer día, el barco tenía vías de agua. Casi perdimos la esperanza de salir de allí". En los años siguientes, Ouattara pudo reagrupar legalmente a casi toda su familia en Fuerteventura, hasta que le denegaron el permiso para traer a España a otro hijo más, el más pequeño.
El resto de su historia es conocida: Alí es el padre de Adou, el niño de ocho años al que intentaron pasar en 2015 por el puesto fronterizo de Gran Tarajal metido en una maleta. Este trabajador marfileño sabe que tuvo mucha suerte. Miles de migrantes como él perecieron en el intento. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que solo en 2006 unas 6.000 personas murieron de camino a Canarias.
España recibió refuerzos de Europa a través de su agencia de fronteras, Frontex, pero paradójicamente la ayuda que decantó la balanza provino de África: con los acuerdos de repatriación y, sobre todo, cuando convenció a Mauritania y a Senegal de que permitieran a la Guardia Civil (policía militarizada) española patrullar junto con sus Gendarmerías en sus propias costas para frenar la oleada de cayucos nada más salir.
"Lo cambió todo la implicación de esos países en los acuerdos para establecer patrullas conjuntas y un control de las mafias y los movimientos migratorios", asegura el teniente coronel de la Guardia Civil Lorenzo Bárez, director del Centro Regional de Coordinación de Canarias, el "cuartel general" que centraliza en Las Palmas de Gran Canaria toda la información de inteligencia sobre el tráfico de personas en la costa occidental de África, creado también en 2006.
El resultado fue espectacular: de casi 32.000 inmigrantes llegados a las islas en 2006 (la mitad de ellos, senegaleses) se pasó a 12.478 en 2007, a 9.181 en 2008, a 2.246 en 2009 y a 196 en 2010, según datos facilitados por la agencia Frontex.
La mayoría de los migrantes, tanto económicos como refugiados potenciales, han acabado en las redes del tráfico ilegal para llegar a los países ricos y seguros del mundo, que cada vez más recurren a la "externalización" de fronteras como solución para contener el flujo.
Un primer caso exitoso de la última década lo gestionó España, cuando en 2006 casi 32.000 inmigrantes alcanzaron sus islas Canarias en "cayucos", barcos de pesca provenientes de las costas africanas.
De inmediato, España pactó con Senegal y Mauritania un patrullaje conjunto de sus aguas territoriales, con devolución de los migrantes interceptados, que se mantiene hasta hoy.
El presidente Donald Trump ha buscado también, sin éxito, la complicidad de México para devolver a su territorio a los peticionarios de asilo llegados a EEUU por su frontera sur.
El caso más reciente ha sido el acuerdo firmado en marzo de 2016 por la Unión Europea con Turquía, que redujo a mínimos el flujo de migrantes que llegaba a Europa, un millón de personas en 2015, la mitad huyendo de la guerra siria.
Algunos expertos en migración consideran que Europa y EEUU deben aplicar el modelo australiano: vigilancia militar de sus aguas, interceptación de migrantes y envío a centros de detención en terceros países.
Los Estados europeos "tienen que literalmente disociar el acto de ser rescatado del acto de entrar en Europa (...) y devolver a la gente a su punto de embarque, por ejemplo, a Libia", propuso Demetrius Papademetriou, presidente emérito del centro de estudios Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington.
El ministro de Exteriores de Austria, Sebastian Kurz, tiene un plan del que quiere convencer a sus socios europeos: que los rescatados en el Mediterráneo sean trasladados directamente a campos para migrantes en Túnez y Egipto. Pero no parece tan claro que Kurz quiera copiar el modelo australiano también en el compromiso de recibir a cierto número de refugiados al año.
eldia.es
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