 |
| Go Nakamura / Reuters |
Costa Rica acoge este 10 de junio la reunión de mandatarios, con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) cumplirá 30 años en funcionamiento y ha convocado a una cumbre presidencial con tres ejes temáticos marcados por el impacto de la pandemia de covid-19, el fenómeno migratorio y los retos para la recuperación económica de la región.
Costa Rica será la sede de la reunión presencial, que estará presidida por el mandatario de ese país, Carlos Alvarado, y a la que se prevé la asistencia de sus homólogos de El Salvador, Nayib Bukele; Guatemala, Alejandro Giamattei; Honduras, Juan Orlando Hernández; República Dominicana, Luis Abinader; Panamá, Laurentino Cortizo; además del primer ministro de Belice, Johnny Briceño; y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La presencia de Sánchez en esta oportunidad tiene que ver con el aniversario número 20 del establecimiento del memorando de Cooperación entre el SICA y España, que de acuerdo al mecanismo, ha incidido en la "consolidación de la primera Unión Aduanera Trinacional de todo el continente americano", favoreciendo el comercio intrerregional y el fortalecimiento del mecanismo de la Negociación Conjunta del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), "incidiendo en un ahorro de más de 72 millones de dólares en la compra de medicamentos e insumos médicos a nivel regional".
Desde la cancillería costarricense han adelantado que otro de los temas claves es la modernización del mecanismo de integración para afrontar los desafíos regionales y eliminar las trabas burocráticas para la cooperación, en un momento en que la región centroamericana afronta el desafío migratorio, agravado por las secuelas económicas, políticas y sociales de la pandemia de covid-19.
La cuestión migratoria en el centro
La cumbre del SICA se efectuará días después de la visita realizada por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a Guatemala y México, para ejercer sus gestiones como comisionada en el tema migratorio, y la reunión previa con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, con los miembros del bloque a inicios de este mes.
El freno a la migración centroamericana es uno de los temas clave para EE.UU., por lo que Washington ha hecho gestiones no solo con los Estados miembros de SICA sino también con México (que participa como observador regional del mecanismo), con el objetivo de presionar para que eviten el flujo de personas sin papeles hacia territorio estadounidense. "No vengan", fue la tajante negativa de Harris esta semana en Guatemala para quienes deseen emprender el viaje.
El problema es que la crisis sistémica de Centroamérica, que empuja a miles de personas a huir de sus países en búsqueda de oportunidades, se ha agravado con el peso de la pandemia. Según estimaciones recientes, las exportaciones se han reducido por encima de la media, las perspectivas de recuperación no son positivas y las remesas reportaron un retroceso de casi 20 % en 2020, un dato nada menor para una región que depende entre el 13 % y el 20 % de su PIB de los envíos de efectivo que hacen los migrantes fuera de sus países para sostener a sus familiares.
"Uno de los temas en la agenda regional de los países miembros del SICA es el desplazamiento forzado que impacta en las comunidades de Centroamérica y México", aclaró el bloque en un comunicado.
Sobre ese tema, hay dos perspectivas que pueden tener impacto en los países de la región. La primera, de EE.UU., que ofrece asistencia económica a cambio de tutelar las instituciones de esos países bajo el argumento de la lucha "anticorrupción"; la segunda, propuesta por México, que plantea programas de financiamiento directo al desarrollo para desalentar la migración irregular de las personas más vulnerables.
Entretanto, México y EE.UU. han ampliado la presencia militar en sus fronteras para impedir el paso de migrantes centroamericanos. La administración de Andrés Manuel López Obrador asegura que es con perspectiva de "respeto a los derechos humanos" y, entre enero y junio, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó más de 90.000 personas que no pudieron acreditar su estancia regular en el país, la mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, de las cuales se ha deportado casi la mitad (42.067). Al menos 20% de ellos eran menores de edad.
En la frontera con EE.UU. continúan las detenciones de migrantes a niveles récord y la llegada de menores no acompañados agrava la situación. Esta semana, Harris no solo envió su duro llamado a los migrantes sino que advirtió que quienes se atrevan a emprender la travesía, serán deportados.
La crisis económica y sanitaria
El impacto económico y social de la crisis sanitaria en la región también estará en el centro de la discusión entre los países del SICA, que desde finales de abril afrontan la segunda ola de covid-19 y exigen mayor acceso a las vacunas.
"No va a haber recuperación económica si no hay vacunación", reconoció esta semana el canciller costarricense, Rodolfo Solano. Hasta ahora, según datos proporcionados por el bloque, la cobertura de vacunas ha alcanzado a casi 6 millones de personas.
Sin embargo, el mes pasado, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, advirtió que la cifra de fármacos disponibles para inmunizar contra el covid-19 apenas alcanza para la cuarta parte de la población en la región centroamericana, por lo que demandó ante la Organización Panamericana de Salud (OPS) un apoyo "equitativo y oportuno" para acceder a las vacunas. "Ningún país estará a salvo hasta que todos lo estemos", apuntó.
En ese contexto, los países del bloque están atentos a la posible donación de vacunas que ha hecho España y el ofrecimiento que hizo Blinken, a inicios de junio, de destinar al menos 80 millones de vacunas a todo el mundo, a la espera de que un porcentaje de esos fármacos llegue a Centroamérica.
Además, queda en el aire la discusión sobre el aporte de 4 billones de dólares por parte de EE.UU. a la región para hacer frente a la migración regular, que se suman a los 310 millones para la seguridad alimentaria y asistencia contra desastres naturales. Sin embargo, no es un tema fácil entre algunos miembros del SICA, como El Salvador, que tienen una relación de alta tensión con Washington por el cuestionamiento de la Casa Blanca a decisiones del Gobierno de Nayib Bukele.
Via: actualidad.rt.com
0 Comentarios