El ex secretario de Estado pide que los extranjeros que establezcan una relación formal con una empresa puedan obtener el permiso de residencia. Asegura que los inmigrantes legales son contribuyentes netos a las arcas del Estado.
“El contrato de trabajo debe ser el elemento básico de la integración de los flujos migratorios”. Ésta ha sido una de las principales tesis expuestas por Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía, en el curso ¿Está en crisis el capitalismo?, organizado por Recoletos y la Fundación de Estudios Financieros con el patrocinio de Endesa y Telefónica.
Para fomentar la inmigración legal y lograr que los trabajadores que se incorporan al mercado laboral contribuyan a la sostenibilidad del Estado del Bienestar, es preciso, a su juicio, crear los incentivos necesarios para que cuenten con un contrato de trabajo. Uno de ellos podría ser que los inmigrantes que establezcan una relación formal con una empresa puedan obtener el permiso de residencia.
Según De Guindos, de esa manera sería posible mantener los efectos positivos que, en los últimos años, ha tenido la inmigración en la economía española. “En el caso de los inmigrantes legales, su aportación ha sido muy positiva. Los ingresos que ofrecen, a través de los impuestos y el pago a la Seguridad Social, duplican a los gastos que generan”, señala. Además, esos incentivos permitirían reequilibrar la relación entre ingresos y gastos de unos inmigrantes ilegales que ahora no contribuyen a través de los impuestos y de la Seguridad Social y, sin embargo, tienen derecho a acceder a la atención sanitaria y la educación, unos servicios públicos que, para el experto, en ocasiones, generan el denominado “efecto llamada”.
Mercado laboral
Con medidas de este tipo, las arcas de las comunidades autónomas serían las más beneficiadas, puesto que ahora están haciendo frente al gasto que supone la prestación de estos servicios públicos sólo con los ingresos que generan parte de los impuestos que pagan los inmigrantes legales.
A lo largo de su exposición, De Guindos recalcó que la llegada de inmigrantes a España en los últimos años –ya son 2,7 millones de personas, el 6,25% de la población– “ha aliviado algunas tiranteces del mercado de trabajo”, ha evitado “cuellos de botella en algunos sectores” –especialmente en el servicio doméstico, la construcción y la hostelería– y ha facilitado la incorporación de mujeres con una alta cualificación al mercado laboral.
Todo esto se ha logrado a pesar de algunos efectos negativos como son una ligera bajada de la productividad y la contribución de estas personas al incremento de la demanda de viviendas, ya que alrededor del 25% de las hipotecas corresponden a ciudadanos de otros países. En cualquier caso, De Guindos resaltó los aspectos positivos y llegó a afirmar que la inmigración, junto a la adopción del euro, ha sido el principal estímulo hasta ahora de la economía, aunque también afirmó que sigue siendo uno de sus principales retos, ya que en 2015 el 20% de las personas que viven en España -unos 10 millones- serán inmigrantes.
Sin embargo, los inmigrantes no han contribuido a resolver el problema que supone el envejecimiento de la población. “Han amortiguado sus efectos, pero no han supuesto una solución definitiva. No va a contrarrestar la baja tasa de fecundidad de España, que es de 1,2 hijos por mujer, casi un punto menos que la que se considera tasa de reposición, que es de 2,1”, explicó.
El papel del Gobierno en la regulación de los extranjeros
El mercado, y no el Gobierno, es quien ha de regular los flujos de inmigrantes, según señaló el ex secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. “Lo único que debe intentar el Ejecutivo es que estos flujos sean cada vez más legales e intentar que los inmigrantes cumplan unas reglas básicas de comportamiento”, añadió. El experto se manifestó contrario a los cupos porque “la regulación” no responde nunca a la realidad de los flujos migratorios. Sin embargo, sí que apoyó el diseño de un marco de actuación para los extranjeros que acuden a España a trabajar y que consistiría en el aprendizaje del idioma y el respeto a las “reglas de convivencia”, lo que supondría el compromiso de los inmigrantes a respetar la legislación española, sobre todo en lo que respecta a los derechos individuales de las personas.
El conocimiento del español es, para De Guindos, especialmente importante para acabar con los focos de marginalidad que pueden generarse especialmente en las grandes ciudades, donde el hecho de que haya segundas generaciones de inmigrantes que no hablan el idioma local contribuye a que vivan excluidos del resto de la sociedad en guetos. Pero el Gobierno, a su juicio, no debe hacer más, ya que “el enfoque de mercado es mejor que el intervencionismo público” .
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