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La ley de Extranjería y el trabajo sumergido doblan el número de ‘sin papeles’

Un estudio revela que la causa del aumento es la economía sumergida

La Fundació Jaume Bofill determina que el número de inmigrantes irregulares en Catalunya supera ya los 300.000, el doble que en el 2002

JOSEP PLAYÀ MASET - 01/07/2004

Barcelona. – La economía sumergida, que en España representa casi el 25% de la actividad económica según la OCDE, es una de las causas principales del aumento continuo en el número de inmigrantes. Y especialmente favorece el aumento de los sin papeles. Según el estudio La immigració a Catalunya avui. Anuari 2003 de la Fundació Jaume Bofill, presentado ayer en Barcelona, se calcula que a principios de este año había, sólo en Catalunya, unos 305.000 inmigrantes en situación irregular, una cifra que dobla la que existía un año antes.

Jordi Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill; Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, y la socióloga Mònica Nadal coincidieron en que a lo largo del año pasado se ha producido un efecto acumulativo provocado por la ley de Extranjería que ha paralizado las vías de regularización, pero no ha frenado la inmigración. “En el país de origen de muchos de estos inmigrantes existe la percepción –afirmaron los responsables de este informe– de que en España es posible encontrar trabajo y quedarse, mientras que en países como Francia o Alemania, donde sólo se puede entrar por reagrupamiento familiar, las condiciones son mucho más rígidas”. En situación similar a la de España se encuentran Italia, Grecia y, en menor medida, Portugal, países donde también la economía sumergida es muy importante. “El crecimiento de la población irregular –dijo Jordi Sánchez– no procede de las pateras, sino que llega a través de las aduanas, y en muchos casos se trata de inmigrantes que entran de forma regular y acaban por convertirse en sin papeles”.

El informe recomienda la reforma de la ley de Extranjería y recuerda que además la aprobación de las nuevas directivas europeas sobre reagrupación familiar y sobre la inmigración de larga duración obliga a un cambio en un plazo máximo de tres años. El catedrático Eliseo Aja explicó que uno de los puntos más graves de la ley, “probablemente inconstitucional”, es el que prevé la posibilidad de que la policía acceda a los datos de los extranjeros en el padrón. Precisamente el padrón, que facilita el acceso a la sanidad pública o a la educación, es el instrumento que ha permitido conocer con bastante fiabilidad el número de inmigrantes irregulares. Así, mientras según el ministerio en Catalunya había 383.938 inmigrantes legalizados a finales del 2003, en esta misma fecha el padrón daba una cifra de 689.349. La diferencia más llamativa se da en el caso de los ecuatorianos, el segundo colectivo más numeroso tras los marroquíes. Mientras el ministerio da una cifra de 25.114 ciudadanos ecuatorianos, el padrón los aumenta hasta 87.571. El número de marroquíes del padrón es de 153.305, aunque durante el 2003 se produce una clara desaceleración de los flujos del Magreb. En cambio, otro colectivo que aumenta, especialmente entre los sin papeles, es el de boliviano.

Según el padrón, en la provincia de Barcelona el número de inmigrantes representa un 9,7% de la población, pero en Girona llega a un 13,3% y en Tarragona a un 13,2%.

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