Cinco Días / MADRID (06-07-2004)
El Ministerio de Trabajo tendrá en cuenta las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) a la hora de elaborar el reglamento de la Ley de Extranjería, según anunció ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuel Rumí. Entre los consejos de empresarios y sindicatos reunidos en un informe del CES está la posibilidad de regularizar a los inmigrantes que denuncien sus propias situaciones de explotación laboral, así como potenciar la figura del arraigo laboral para acceder a la regularización.
Esta vía para legalizar la situación de los inmigrantes debería abordarse estudiando de manera individualizada caso por caso y en colaboración con el empresario que emplea a dichos trabajadores en situación irregular. El empresario en estos casos debería solicitar la regularización justificando su situación laboral o, al menos, acreditar que trabaja para él.
El informe del CES presentado ayer también reclama que todas las vías de llegada de los trabajadores inmigrantes (régimen general, sistema de contingente o subsistema de contratación de trabajadores temporales) 'requieren mejoras procedimentales y de gestión'.
En el marco de estas mejoras patronal y sindicatos sugieren la creación de una ventanilla única que concentre, coordine y simplifique todos los trámites a realizar por parte del empresario para la contratar a un inmigrante.
El documento tiene en cuenta que la contratación de inmigrantes se produce masivamente en determinados sectores y por ello propone ' contratos programa o convenios de ámbito sectorial estatal'. En ellos, las autoridades públicas, los empresarios y los sindicatos coordinarían los procesos de selección y formación de los inmigrantes en sus países de origen.
Rumí recordó que los extranjeros pueden desde ayer presentar sus solicitudes de renovaciones de permisos de trabajo y residencia en oficinas habilitadas de la Seguridad Social. Así, el Gobierno pretende dar salida al retraso en las tramitaciones que afecta a 400.000 expedientes.
Precisamente ayer se conoció un informe del Tribunal de Cuentas en el que ha detectado numerosas deficiencias en la gestión de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, según revela un informe de fiscalización de esta tasa correspondiente al ejercicio 2002.
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