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La «prueba del algodón» del proceso de regularización

El TS establece que los extranjeros que lleguen España no deben justificar «en todo caso» el objeto de la visita.
 
A falta de menos de una semana para culminar el proceso de normalización de inmigrantes (o de «reflote de la economía sumergida», según Caldera), las peticiones ya superan el medio millón, y en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales están exultantes. Sin embargo, la «prueba del algodón» vendrá cuando se sepan las altas que se producen en la Seguridad Social, trámite esencial del que no se tendrán datos completos, probablemente, hasta final de año, según reconoce el propio ministerio.
 
En el último mes, las inscripciones se han producido a un ritmo de dos mil diarias (de media), según fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. En las semanas previas apenas se había llegado a las diez mil -el asunto tiene su dificultad burocrática, como se explicará más adelante-. Los cálculos más optimistas hablarían de entre 40.000 y 50.000 altas. El departamento que dirige Octavio Granados hará públicas las cifras exactas antes del cierre del proceso de regularización, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo.
 
Cuestión de garantías
 
Sin alta en la Seguridad Social, todos los trámites previos se quedan en un brindis al sol. Éste ha sido uno de los argumentos más repetidos por el Partido Popular para intentar bajar el nivel de optimismo en las declaraciones de Jesús Caldera. Medio millón de solicitudes de «papeles», sí, pero... ¿cuántos inmigrantes tienen trabajo a día de hoy? «El rigor con que se está acometiendo el proceso hace que el ritmo de inscripciones vaya lento, pero no creemos que se produzcan muchos «arrepentimientos» por parte de los empresarios que quieren regularizar a sus trabajadores inmigrantes. No parece muy lógico echarse atrás después de presentar la documentación», sostiene un portavoz del Ministerio de Trabajo.
 
Las solicitudes de regularización deben resolverse en un plazo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán desestimadas. Una vez notificada la concesión de la autorización, el empleador tendrá un mes para dar de alta a su trabajador en la Seguridad Social. Si no lo hace, el permiso quedará sin efecto, pero el empresario deberá explicar los motivos por los que se arrepintió. De no alegar razones convincentes podrán serle denegadas futuras solicitudes.
 
Otros interrogantes se abren en la recta final. ¿Ampliará el Gobierno el plazo como han pedido algunos agentes sociales? La historia del Reglamento de Extranjería ha estado cuajada de rectificaciones (entre las más sonadas, el empadronamiento por omisión, que provocó una avalancha de inmigrantes en algunos Ayuntamientos, a pesar de que muchos irregulares ni siquiera contaban con un contrato de trabajo); pero tanto Caldera como Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, han negado por activa y por pasiva que vaya a producirse una «prórroga».
 
La otra cuestión pendiente no es moco de pavo. ¿Qué ocurrirá con el medio millón de «sin papeles» que, según los expertos, no podrá beneficiarse de esta oportunidad? Rumí declaró hace unos días en Sevilla -donde participó en un seminario sobre esta cuestión- que, a partir del 7 de mayo, la Inspección de Trabajo va a emplearse a fondo para «fiscalizar completamente» a los que no cumplan la ley. Es decir, que será complicado continuar usando mano de obra irregular. «La Inspección va a estar con el aliento en la nuca» de los tramposos, «y no sólo durante los primeros días. El Gobierno quiere acabar con el empleo al margen de la legalidad».
 
El recado va para los empresarios. Pero ni Rumí, ni Caldera ni ninguno de los responsables políticos han explicado qué pasará con los «ilegales», sin papeles y sin empleo, que se queden a la orilla del mayor proceso de regularización de la historia de España. ABC