Las víctimas pagaban 500 euros por un documento falso que los hacía pasar por europeos.
Siete detenidos. Seis portugueses y un angoleño a los que se les ha imputado el delito de falsificación de documento público u oficial. Todos, dedicados a introducir inmigrantes sin papeles en Asturias para que trabajasen ilegalmente en la construcción. Con estas siete detenciones practicadas esta semana en Oviedo la Policía Nacional acaba de asestar el segundo golpe a una red que actuaba a escala nacional vinculada al tráfico ilegal de trabajadores de las antiguas colonias portuguesas. La Policía comunicó su desarticulación el pasado día 6, cuando informó de las detenciones de 24 personas en todo el país, 13 de ellas, en el Principado.
Esta red se dedicó a introducir en España a inmigrantes en los últimos cuatro años para trabajar en subcontratas proporcionándoles documentos falsos que acreditasen su nacionalidad portuguesa, por los que pagaban 500 euros. Una vez convertidos en europeos, podrían residir y trabajar en España acogidos al régimen para ciudadanos de la Unión Europea.
Según señaló la Policía Nacional, que trabajó en colaboración con la Comisaría luso-española de Elvas-Caya, los primeros indicios de la falsedad de estos papeles, explicaron, fueron detectados por la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Asturias, que pusieron los hechos en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros, que comenzó a investigar.
Las pesquisas se centraron en analizar esa documentación además de la intervenida en los registros de los domicilios de los principales cabecillas de la red en la primera fase de la operación contra el trabajo ilegal. Los papeles fueron revisados exhaustivamente por la Policía científica. Este departamento fue el encargado de determinar que los documentos de identidad que acreditaban la nacionalidad portuguesa de los trabajadores eran falsos, al igual que mucha de la documentación supuestamente oficial que acompañaba a las solicitudes de permiso de residencia y de trabajo.
La Delegación del Gobierno en el Principado subrayó que, en muchos casos, son los propios inmigrantes, «ante la imposibilidad de poder regular su situación en España, quienes contactan con mafias con el objetivo de conseguir documentación falsa» y, por tanto, residencia y trabajo. [lanuevaespaña]
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