* Nueve países no contemplan en su legislación ningún límite para la retención
* El ministro del Interior asegura que 'no habrá un recorte de los derechos'
* Rubalcaba ha informado de que en España hay un límite de 40 días para el internamiento
Actualizado jueves 08/05/2008 09:34 (CET)
MADRID.- "Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare". Así de tajante se ha mostrado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la polémica propuesta de la UE para la repatriación de los inmigrantes clandestinos.
El ministro del Interior ha defendido el apoyo de España a la nueva directiva de los Veintisiete asegurando que de aprobarse la propuesta -este miércoles no se logró un acuerdo- "no habrá un recorte de los derechos de los inmigrantes" sino que permitirá "superar obstáculos en el procedimiento".
El objetivo de la nueva norma planteada por la UE es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos.
Por ejemplo, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.
A este respecto, Rubalcaba ha informado de que en España hay un límite de 40 días. Un límite que el ministro ha calificado de demasiado corto si se tiene en cuenta todos los obstáculos que se presentan a la hora de llevar a cabo la repatriación.
"La directiva de la UE establece un máximo de seis meses, pero eso no quiere decir que España vaya a utilizar los seis meses, aunque debido a los obstáculos que nos encontramos, sí que ampliaremos el pazo que tenemos a día de hoy de 40 días", ha asegurado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser.
"Hemos sido siempre muy estrictos con la inmigración ilegal. Hemos sido muy duros"
Según ha explicado Rubalcaba, cuando se produce la llegada de inmigrantes ilegales existen dos opciones, bien dejarle entrar o bien repatriarlos, "España opta por repatriarlos". Sin embargo, el proceso parece ser más que complicado.
En primer lugar, se interna a los inmigrantes ilegales bajo tutela judicial para poder ser identificados, y una vez que se les identifica las autoridades se ponen en contacto con el país de origen que envía una comisión de identificación para verificar que es quién dice ser y que regresa a su país para preparar todos los papeles para su repatriación.
Un proceso largo y complicado
Un proceso "largo y complicado" y que en muchas ocasiones no se culmina por el breve tiempo de internamiento, en el caso de España los 40 días. De ahí el apoyo de España a la nueva directiva.
Rubalcaba también ha explicado el incremento de la dureza en las políticas de inmigración, sobre todo en repatriaciones, que se ha producido en España. "Hemos sido siempre muy estrictos con la inmigración ilegal. Hemos sido muy duros".
La normativa europea permite ahora que los internamientos sean acordados también por las autoridades administrativas y no sólo las judiciales
"Es una de las decisiones más duras, pero tenemos que ser así porque si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare", ha añadido Rubalcaba, aunque también asegura que "para repatriar hace falta procedimientos que respeten los derechos".
La nueva directiva europea, cuya votación se ha aplazado una semana, es más estricta que el proyecto anterior, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los 'sin papeles'. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por "las autoridades administrativas" y no sólo las judiciales.
La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.
Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.
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