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Los inmigrantes tendrán más difícil su acceso a la sanidad

Más de 150 nacionalidades están representadas en el colectivo inmigrante que vive en España y que suma más de cuatro millones de personas, aproximadamente el 10% de la población. Y la nueva reforma de la ley de extranjería que se debatirá a partir de hoy en el Congreso de los Diputados podría dificultar su acceso a servicios tan básicos como la sanidad o la educación, según denunciaron ayer algunos expertos.

El inicio del debate parlamentario coincide con la celebración del sexto Congreso sobre las migraciones en España, que se celebrará entre hoy y el sábado en la Universidad de A Coruña y en el que unos 400 especialistas debatirán sobre temas como el control de fronteras, la integración y la regulación del trabajo.

Antonio Izquierdo, catedrático de la Facultad de Sociología, llamó la atención ayer sobre las deficiencias de esta reforma durante la presentación de la actividad. «Clandestinizar, es decir, no saber dónde están los emigrantes, no es bueno», dijo, aludiendo a una de las reformas más criticadas, que prevé permitir el empadronamiento solo de los inmigrantes con residencia permanente. Izquierdo destacó que «al dificultar el empadronamiento, pierden el derecho a la sanidad y a la educación».

En la misma línea se pronunciaron ayer oenegés como Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y la Red Acoge, para las que la propuesta «dificulta la integración, estigmatiza y criminaliza» al inmigrante, que «ve restringidos sus derechos fundamentales».

Problemas añadidos


Esta restricción supondrá además, según estas organizaciones, un problema para los ayuntamientos, que verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, pero no podrán acreditarla si los extranjeros no aparecen en el padrón. «Los inmigrantes no son estatuas de sal que miran hacia atrás, miran hacia adelante, tienen su papel en la sociedad», señaló a La Voz de Galicia Antonio Izquierdo, que coincide con las oenegés en que este no es el mejor momento para poner en marcha la reforma -que tiene un evidente «aroma restrictivo»- porque «no se puede legislar coyunturalmente», haciendo alusión a la crisis económica. El problema es que «hay una obsesiva vinculación de la inmigración con el mercado de trabajo», afirmó.

«Más que por lo que dice, esta ley es criticable por lo que no dice», ya que «sigue sin tomar nota de que la integración debe ser el eje fundamental», concluyó Izquierdo.

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