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El gobierno prohibe una manifestación contra el racismo y la xenofobia

Desde el asesinato del joven Carlos Palomino, la Delegación del Gobierno que preside Amparo Valcarce ha permitido más de 10 actos de organizaciones nazis y fascistas mientras ha prohibido manifestarse a quienes se oponen a ellos.

La última vez ha sucedido esta misma semana cuando la Delegación del Gobierno ha prohibido una manifestación convocada por la Coordinadora Antifascista entre otras organizaciones, denunciando el terrorismo fascista, que expresa con violencia valores antidemocráticos como el racismo y la xenofobia.

Según las autoridades la petición se debería haber presentado 10 días naturales antes de su celebración, para los ciudadanos que se oponen a la violencia fascista esto es sólo una excusa para "denegar una movilización que denuncia el fascismo y pone al descubierto su carácter terrorista."

En un comunicado de la Coordinadora Antifascista, relatan que "alegan que no tiene carácter de urgencia ya que no consideran que distintas muertes y agresiones a trabajadores inmigrantes, indigentes y a aquellos que han dado un paso adelante en la lucha contra el racismo y el fascismo sean motivo suficiente para solicitar una concentración". Además han anunciado que la convocatoria sigue vigente. El sábado 10 de octubre al mediodía quienes rechazan el racismo, la xenofobia y el fascismo se encontrarán en la Puerta del Sol.

Pero esta situación no es nada nuevo, ya que el juicio contra el neo-nazi Josué Estébanez de la Hera, que asesinó a Carlos Palomino hace dos años, ha puesto de relieve la impunidad de la que gozan los grupos de extrema derecha en españa.

El Gobierno de España mantiene legalizados a partidos políticos fuertemente vinculados con la violencia fascista que atenta contra los ciudadanos. Estos partidos como España 2.000, Democracia Nacional o la Falange Española, fomentan valores como el racismo y la xenofobia, totalmente antidemocráticos y realizan actos, conciertos y manifestaciones que suelen ser el origen de las manifestaciones violentas de sus ideales fascistas.

Mientras el ejecutivo, tanto popular como socialista, ilegaliza organizaciones políticas nacionalistas por no condenar el terrorismo de ETA, y permite que la ultra-derecha lo practique y pueda disfrutar de los mismos derechos y libertades de quienes lo sufren.

Aitor Zabaleta, asesinado por otro neo-nazi al finalizar un partido de fútbol; Lucrecia Pérez, una dominicana que fue tiroteada junto a otros compatriotas mientras cenaban en las ruinas de una discoteca en Madrid, las dos jóvenes vallisoletanas que fueron golpeadas por varios neo-nazis que además les grabaron esvásticas a navajados en sus cuerpos, y las brutales palizas que varios neo-nazis del Bloque Anti Sistema de León dieron incluso a chicas que iban solas, demuestran la impunidad de la que goza la extrema derecha para expresarse de la única forma que sabe hacer: la violencia.

La derecha moderada pretende encarcelar a niños de 12 años por su conducta antisocial, provocada por un mal modelo educativo en el que la educación pública es un gueto ya que al privatizarla, sólo quienes tienen dinero pueden dar una buena educación a sus hijos, y por dejar que la televisión sea quién los eduque fuera de la escuela, haciéndolo con programas no aptos para ellos. En cambio, calla con los crimenes fascistas.

De la misma forma, tanto la derecha moderada representada por el PP y el centro representado por el PSOE permiten deliberadamente que el fascismo esté totalmente vinculado al fútbol. Los ultras de varios equipos son abiertamente nazis, llevando al campo simbología nazi y fascista, insultando a jugadores latinoamericanos, asiáticos y africanos y provocando violencia al finalizar los partidos.

No hay penalizaciones para los equipos que permiten esta situación, debido a que este deporte fomenta grandes debates entre los millones de aficionados que no tienen tiempo para pensar en fallos gubernamentales, como la impunidad de la que goza el fascismo en España.

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