Inmigrantes culminan marcha de protesta entre Barcelona y Madrid

Medio centenar de inmigrantes culminaron el jueves una marcha a pie de casi 700 kilómetros entre Barcelona y Madrid para protestar contra la reforma de la ley de extranjería que debate el parlamento español.

El grupo, integrado por latinoamericanos, magrebíes y africanos, partió el pasado 23 de septiembre desde Barcelona. Nada más llegar a la capital española, cansados y con los pies doloridos tras un mes de caminata, fueron recibidos por una delegación de parlamentarios en la sede del Congreso de los Diputados.

"Ha merecido la pena", dijo a la AP Norma Falconi, una ecuatoriana de 45 años que tomó parte en la protesta.

Una delegación de 15 inmigrantes, representando todas las nacionalidades, entró en el edificio de la cámara baja para entrevistarse con cuatro parlamentarios, dos de ellos socialistas, que trabajan en la tramitación de la ley de extranjería.

"Hemos podido hacer llegar nuestras reivindicaciones. Estamos agradecidos", aseguró Falconi.

El proyecto de reforma de la ley de extranjería, presentado por el gobierno socialista en junio, amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los llamados centros de internamiento.

Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

La nueva normativa se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria, donde podría sufrir cambios hasta su aprobación definitiva, prevista para finales de año.

Para las más de 20 asociaciones que secundaron esta marcha entre las dos principales capitales españolas, la modificación contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos.

Además, dicen que la ley penaliza al colectivo inmigrante y exigen que la supresión de las restricciones a la reagrupación familiar y el cierre definitivo de los centros de internamiento.

Esperanza Esteve, diputada socialista en el Congreso, reconoció a la AP que la reunión con los inmigrantes fue fructífera y que algunas de sus demandas podrían ser atendidas con algunas de las enmiendas a la ley que se están negociando.

"Creo que ellos se han marchado contentos", dijo Esteve. "Esta gente llevan días caminando y queríamos atenderlos con la máxima dignidad".

La parlamentaria socialista explicó que, en principio, se mantendrá el plazo máximo de 60 días de internamiento, aunque afirmó que se introducirán cambios legales en los centros para que cada caso sea supervisado por dos jueces y las organizaciones sociales puedan visitar y atender a los indocumentados.

Sobre la reagrupación, Esteve señaló que se especificarán algunas excepciones concretas para que los inmigrantes puedan traer a sus padres a España.

Esteve señaló que trabajan para que esta reforma, la cuarta que afronta la ley en nueve años, cuente con el mayor apoyo parlamentario posible y dijo que la nueva norma tendrá cambios sustanciales con respecto al texto presentado inicialmente.