El Congreso aprobó hoy de manera definitiva la cuarta reforma de la ley de Extranjería de la democracia. El PSOE, con el único apoyo de CiU y Coalición Canaria, sacó adelante un texto que endurece varios aspectos de la norma, pero que también garantiza de manera más efectiva los derechos de los sin papeles. El PNV se descolgó del bloque del sí porque el Gobierno no aceptó establecer cupos proporcionales por comunidades para acoger a menores inmigrantes desamparados.
Uno de los puntos fundamentales de la reforma es el aumento del tiempo máximo que puede pasar un extranjero en trámite de expulsión en un centro de internamiento de 40 a 60 días, para aumentar la efectividad en las repatriaciones, y otro es la restricción de los límites al reagrupamiento familiar. En el segundo caso, la reagrupación se limita a los padres e hijos y sólo se podrá traer a España de forma regular a los abuelos si son mayores de 65 años, y, por tanto, están fuera del mercado laboral, o si existen razones humanitarias de peso. A cambio, los menores reagrupados podrán acceder de forma legal al mercado de trabajo en cuanto cumplan los 16 años.
Los derechos fundamentales de los extranjeros quedan totalmente reconocidos y se mejoran las capacidades de control y supervisión de los centros de internamiento por jueces y ONG. Los inmigrantes que denuncien maltrato doméstico no podrán ser expulsados si se demuestra en sentencia judicial y también tendrán facilidades para lograr la residencia quienes colaboren en las investigaciones contra las mafias del tráfico de personas.
El nuevo texto da un mayor protagonismo a las comunidades autónomas que recojan competencias sobre inmigración en sus estatutos, que participarán en la concesión de los permisos de trabajo y residencia y serán las encargadas de elaborar los informes de integración.
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