Ley de Extranjería: menos derechos y más reclusión

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Las novedades más destacables de esta reforma son la imposición, por parte del gobierno del PSOE, del internamiento en reclusión de 60 días en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE´s) antes de ser expulsado, y la restricción del derecho de reagrupación familiar para las personas mayores de 65 años.

La reforma de la ley comenzó su andadura el pasado 26 de junio, día que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de modificación y ordenó su tramitación por vía de urgencia. El parlamento español respaldó esta nueva ley el 26 de noviembre, y a partir del 14 de diciembre el Ejecutivo cuenta con seis meses de plazo para proceder a la aprobación del Reglamento que la desarrolle y dé forma a las principales novedades de la ley.

Entre estas novedades destaca, como comentamos, la ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo que un inmigrante puede permanecer retenido en un centro antes de ser expulsado.

La senadora del PSOE, Matilde Fernández, fue quien defendió este aspecto de la reforma de la ley. Según ella, el aumento del encierro es “una garantía” que permitirá “resolver un problema”, refiriéndose a las dificultades que el Ministerio del Interior tiene para expulsar a quienes cumplen el plazo de internamiento sin que se les haya asignado un vuelo de repatriación.

Los CIE´s han sido calificados por distintos grupos de juristas y activistas como “agujeros negros del Estado de Derecho”.

Un informe presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala que el 40% de los internados en estos centros han sufrido tratos vejatorios e incluso torturas.

El informe señala que sólo el 42% conoce el nombre de su abogado y tiene la posibilidad de contactar con él. También existe una gran dificultad para efectuar y recibir llamadas del exterior y regímenes de visita casi inexistentes.

Aparte, el 34% de los entrevistados afirma que la comida es de mala calidad y el 32% que es insuficiente. Un 30% dicen tener síntomas de adelgazamiento, hambre o debilidad.

Recomendamos la lectura íntegra de este informe, además de otro llamado: “Para quien quiera oír: Voces desde y contra el CIE de Aluche”, elaborado por SOS Racismo, Médicos del Mundo y la red Ferrocarril Clandestino, y el estudio “Situación de los CIE en España” dirigido por el psiquiatra Pau Pérez-Sales.

Cristina Martín, miembro de la red Ferrocarril Clandestino, refuta a la senadora afirmando que “sólo al 16% de las personas se les llega a ejecutar la orden de expulsión. Esto se debe a la falta de acuerdos con otros países, no al tiempo de internamiento en el CIE”.

Otra novedad contemplada en la ley, en relación con los menores, es la potestad que reconoce a las comunidades autónomas para transferir la custodia de estos niños a fundaciones privadas, Ong´s y otros gobiernos regionales, para evitar la masificación en los centros de acogida y los problemas administrativos que se producen cuando tienen que trasladar a otras comunidades del Estado español a los niños y niñas que han llegado a Canarias.

El PSOE, con la modificación de la Ley de Extranjería, sólo propiciará la prolongación del sufrimiento de los inmigrantes que están hacinados en los centros de reclusión y la restricción del derecho de reagrupamiento.

La indefensión de los inmigrantes en estos centros es total. Por ejemplo, se dio el caso de una mujer ucraniana que de camino a la guardería, adonde iba para recoger a su hija, fue arrestada y estuvo nueve días retenida y sin noticias de su hija.

Al igual que se niegan las torturas y los tratos vejatorios en las prisiones del Estado español, el Ejecutivo de Zapatero niega las denuncias referentes a los CIE´s.

Los socialdemócratas e imperialistas del PSOE cada día nos lo ponen más difícil para distinguirlos de los fascistas.

(*) David Delgado es miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)