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«Los inmigrantes tienen el deber de conocer la lengua castellana y usarla en sus relaciones con los poderes públicos de Castilla y León». Es el artículo 26 del anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, promovido por el Ejecutivo autonómico y de aplicación entre las personas sin ciudadanía europea que adquieran «vecindad administrativa» en Castilla y León.
El texto, redactado a instancias de la Consejería de Interior y Justicia que dirige Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra en fase de consulta, abierto a cambios y sugerencias, y debe pasar aún por el informe de órganos como el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo y por el control de calidad de la Asesoría Jurídica de la Junta.
La obligación de los inmigrantes de defenderse en castellano lleva aparejado en la ley un deber para las administraciones, el de impulsar las iniciativas necesarias para facilitar el aprendizaje de la lengua.
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