Los cambios de última hora en el decreto de la reforma laboral

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El decreto sobre la reforma laboral aprobado hoy por el Consejo de Ministros incluye algún cambio respecto a lo anunciado el viernes pasado por el ministro de Trabajo y al borrador presentado ese día a los partidos políticos, sindicatos y patronal, que incide en facilitar y abaratar aún más el despido.

Así, las empresas que justifiquen «una situación económica negativa» podrán despedir a sus trabajadores con tan sólo 20 días de indemnización por año trabajado. Esta medida, que no figuraba en el anterior borrador, iba a establecer la premisa de que, según dijo entonces el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la empresa mantuviera seis meses de pérdidas.

Corección de los asesores
Sin embargo, los asesores externos consultados por Moncloa hicieron ver al equipo del presidente del Gobierno que ha estado llevando esta reforma y que está encabezado por su jefe de Gabinete, José Enrique Serrano, que las empresas presentan sus resultados anualmente, por lo que los tribunales podrían, con casi total seguridad, rechazar el argumento de los empresarios de acumular seis meses de pérdidas. En cualquier caso, serán los jueces quienes dictaminen sobre estos despidos.

Otra medida que contribuye a abaratar los despidos es la generalización de los contratos de fomento, que tienen una indemnización de 33 días frente a los contratos indefinidos habituales que contemplan 45 días. El Gobierno, que se ha negado en redondo —por imposición del propio Zapatero— a crear un modelo único de contrato indefinido, como han propuesto numerosos organismos y expertos, ha extendido a casi todos los colectivos la posibilidad de acogerse a estos contratos de fomento que, aunque existen desde 1997, se utilizan muy poco. No obstante, estos contratos no tendrán efectos retroactivos y sólo se aplicarán a las nuevas contrataciones.

Una cuestión que favorece los intereses de los empresarios es la subvención de 8 días en las indemnizaciones por despido, tanto las de 33 días como en las de 45. Esa subvención sería transitoria y correría a cargo del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). Como este organismo se nutre de las cotizaciones empresariales, el Gobierno tiene que buscar una fórmula para que no sean los propios empresarios los que terminen pagando esa subvención de 8 días.

Corbacho ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no se aumentarán las cuotas empresariales, sino que se reestructurarán las mismas para poder financiar el coste que supondrán esos 8 días.
Paralelamente a este tema está el denominado modelo austriaco de indemnización, del que Rodríguez Zapatero quedó prendado cuando se lo explicaron desde la Fundación Ideas, y que ahora queda fuera de la reforma.

Falta financiación
Su exclusión está oficialmente justificada en que hasta el 1 de enero de 2012 no entraría en vigor, según el primer borrador. La realidad es que el Gobierno no sabe cómo financiar el fondo de capitalización para los trabajadores, si a través de éstos o de los empresarios.
La versión española del modelo austriaco prevé que cada trabajador tendría a lo largo de su vida laboral una cuenta con una cantidad equivalente a un número de días de salario por año. En el caso de que fuera despedido, ese empleado podría hacer uso de la mencionada cuenta o llevársela al nuevo trabajo, donde le seguirán aportando periódicamente las cantidades correspondientes. En el momento en el que el trabajador se jubila, cobrará esa cuenta como si fuera un complemento a su jubilación.

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