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Jorge P. supo que se había quedado sin derecho a sanidad pública el día que pidió una cita en atención primaria para uno de sus dos hijos. "En el ambulatorio de La Laguna (Tenerife) me informaron de que, como ya no cotizo, no tengo derecho a sanidad y que debía acudir al sector privado y pagarlo de mi bolsillo", explica este sorprendido canario. El niño sí recibió asistencia para su resfriado. En el sistema español, los menores están cubiertos siempre. Los adultos, sin embargo, algunas veces no. "Debe encontrar un trabajo rápidamente, porque si no las facturas de Sanidad le serán pasadas por Hacienda", recuerda Jorge que le dijo la persona que le atendió. "Y no se puede negar a pagarlas porque le embargan directamente".
¿Y los extranjeros?
El Gobierno prepara una normativa para corregir esta falta de equidad
Jorge P., agente inmobiliario sin empleo, ya no tiene sanidad gratuita
Las personas sin recursos y los menores son siempre atendidos
Si se abonan 1.800 euros se puede recuperar la cobertura médica
Jorge (no quiere que se le identifique), de 40 años, dejó de cotizar a la Seguridad Social hace cinco años. Este agente de la propiedad inmobiliaria era, desde 1997, socio de una agencia de venta de pisos. En julio de 2005, tras una enfermedad que le tuvo cuatro meses de baja, vendió su participación en la agencia y se dio de baja en autónomos. Dos años más tarde, la inmobiliaria dejó de vender pisos y cerró.
Que la sanidad pública española es universal es un mito. No todos los españoles están amparados por el sistema. El tan mencionado derecho a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que afecta a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Una cifra que, sin embargo, algunos expertos elevan hasta las 300.000.
El problema afecta fundamentalmente a cuatro colectivos: parados que han dejado de percibir el subsidio de desempleo y que tienen algún tipo de renta, españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos económicos, personas que nunca han trabajado y disponen de alguna renta, y trabajadores liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos.
En el actual contexto de crisis, hay personas que, al igual que Jorge, están descubriendo que han perdido el derecho a recibir asistencia sanitaria pública de forma gratuita. Aunque paguen sus impuestos -con los que se financia la sanidad en España-, todos ellos deben contratar un seguro privado; o pagar el equivalente de lo que cuesta la atención sanitaria pública al año, unos 1.800 euros de media, para poder utilizarla.
En España, los trabajadores que cotizan, las personas que reciben algún tipo de subsidio (parados, pensionistas...), así como los beneficiarios -sus hijos, por ejemplo- de todos ellos tienen derecho a la atención sanitaria pública. También lo tienen los menores y las personas sin medios económicos. "El derecho a la sanidad pública en España ahora mismo está ligado al empleo", confirma el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Este sistema, heredado de la antigua seguridad social, amplió en 1986 la cobertura a las personas sin recursos.
El problema fundamental es para todos aquellos que sí tienen algo. Aunque no sea mucho. "Gente que paga sus impuestos y que luego se ve obligada a contratar un seguro privado, o a demostrar que su renta patrimonial no supera el doble del Indicador Público de Rentas Múltiples
[unos 1.000 euros mensuales]", explica José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, que sostiene que el sistema necesita una reforma urgente en este sentido.
No es el único consciente del problema. De hecho, universalizar de manera real el derecho a asistencia médica era el primer punto del pacto por la sanidad al que llegaron los partidos en marzo, el único acuerdo al que se ha conseguido llegar en esta legislatura. El Gobierno prepara ya una normativa con rango de ley para lograrlo. "Un reglamento que extienda la cobertura de salud a todos los españoles que residen en territorio nacional -sin distinguirlos por grupos- que no tuvieran reconocido este servicio por otras normas", explica el secretario general de Sanidad.
Lo que le sucede a Jorge es que, aunque ha perdido el subsidio de desempleo, tiene ahorros de su época de trabajador. Por eso, aunque ha tramitado la solicitud de la tarjeta sanitaria para personas sin recursos, no sabe si se la concederán. Si se la dan, el trámite tardará tres meses. "En ese tiempo no puedo ponerme enfermo", ironiza el ex agente inmobiliario. "Si lo hago y acudo al sistema público, me pasarán una factura".
José Manuel Freire, sin embargo, explica que, en la práctica, muchas veces se atiende igual y sin coste a las personas que no tienen la cobertura sanitaria pública. "En esto hay que agradecer que en España no somos muy estrictos", comenta. Martínez Olmos reconoce que estas personas muchas veces se suelen dar de alta "enganchados" en la tarjeta de algún familiar para solucionar el problema. "Aunque no es el mejor sistema, de ahí que se quiera modificar", admite.
El mecanismo de cobertura sanitaria de España ha alcanzado al 99% de la población -en 2006, según datos de la OCDE, llegaba al 98,3%-. Pero no a todos. Queda fuera una cifra "pequeña", según Sanidad, que tiene nombre y apellidos. "Entre 90.000 y 180.000 personas", sostiene Martínez Olmos, que explica que la horquilla es amplia porque varía y porque es difícil, por ejemplo, saber cuántas personas no han trabajado nunca y tienen recursos suficientes.
Fernando Lamata, consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha y secretario general de Sanidad del ministerio en 2004 y 2005 asegura, sin embargo, que son unas 300.000 las personas que ahora mismo están sin cobertura pública sanitaria. "Esta asistencia ya se ha pagado a través de los impuestos y debería universalizarse de manera real. No puede ser que se pague por algo dos veces", sostiene Lamata.
Sin embargo, muchos españoles no son conscientes de esto. Sólo el 27% sabe que la sanidad se paga ya a través de los impuestos. "Además, el derecho a la cobertura médica está recogido en la Constitución", observa el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que reconoce que, con la crisis, pueden aumentar las personas que se han quedado al descubierto sin que tomen conciencia de que lo están.
"¿Por qué no informan a los miles o millones de parados que se puedan encontrar en esta situación de que si ya no tienen subsidio, y sí algunos ahorros, se han quedado sin asistencia sanitaria?", se pregunta Jorge P. "¿Es una forma de marginar a la sociedad desempleada? ¿Es la sanidad solamente un derecho de los españoles de bien, con un trabajo como Dios manda?". Martínez Olmos insiste en que no lo es. Sin embargo, habrá que esperar a noviembre para tapar el agujero del paraguas sanitario público.
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