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La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha incrementado la financiación pública de las plazas de acogida en un 39 por ciento, lo que se traduce en 187 nuevas localidades, que hacen que la red de recursos concertados entre las entidades y el Consell pase de 465 plazas a 656 -494 en Valencia, 142 en Alicante y 20 en Castellón-.
Las mismas fuentes han indicado que un total de 44 entidades reciben financiación para mantener 29 pisos, 4 pensiones, 3 hostales, 5 albergues, centros de acogida y una casa cuna a lo largo de toda la Comunitat. En concreto, existen 865 plazas de acogida en la Comunitat Valenciana, de las que un 76 por ciento se mantienen con la financiación de la Generalitat.
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha destacado el trabaja que están realizando todos los municipios de la Comunitat, que son "los que realmente llevan a cabo las políticas de acogida y de integración del Consell tras la nula gestión del Gobierno de Zapatero a favor de las personas inmigrantes sin techo".
En este sentido, Blasco ha criticado "las trabas que el Gobierno de España impone al reducir en un 65 por ciento las ayudas a la Comunitat en materia de inmigración". Fuentes de la Generalitat han indicado que el Gobierno ha pasado de financiar 23 millones de euros a 7 millones de euros este año.
El conseller ha recordado que la población extranjera residente en la Comunitat ha sufrido un incremento del 466,31 por ciento desde el año 2000. Hace diez años vivían 156.207 inmigrantes en Valencia y ahora suman 884.622, ha destacado. "La obligación como Gobierno es dar servicio a los que lo necesitan independientemente de su situación origen", ha indicado el conseller.
Según Blasco, el Consell ha apostado por las políticas sociales "porque no pueden ser recortadas por la actual coyuntura económica como sí ha hecho el Gobierno con la Comunitat y ayuntamientos en materia de inmigración, pese a que es la región peninsular con más porcentaje de población extranjera".
Asimismo, ha señalado que durante esta legislatura, el Gobierno de España ha desplazado a la Comunitat un total de 2.635 inmigrantes irregulares y desde 2005 suman 5.233.
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