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El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha considerado este lunes que el Gobierno central lanza "globos sonda" sobre su política de inmigración y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración "ha incumplido los plazos" para la aprobación del Reglamento de la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería).
Blasco ha recordado, en un comunicado, que la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009, marca un plazo de seis meses para su desarrollo reglamentario, por lo que debería de haber estado aprobado antes del 12 de junio, ha destacado.
El responsable autonómico ha criticado la "maniobra" del Gobierno central por pretender "ahora reformar el Reglamento de Inmigración planteando renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España".
Rafael Blasco ha opinado que "es una evidencia que el Gobierno de España ha perdido todo tipo de crédito y formalidad para hablar de inmigración y de otro cualquier asunto importante para la ciudadanía".
Asimismo, ha manifestado que si el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, "aún tiene ministro competente en inmigración, debería reunir a las comunidades autónomas para tratar el desarrollo de la reforma de la Ley de Extranjería", al tiempo que ha censurado que "sin embargo, opta por darles la espalda".
"Es más, si puede, las ahoga económicamente porque de lo único que se conoce del Gobierno de España, es el recorte de las ayudas a las comunidades autónomas en materia de inmigración", ha dicho Blasco, que ha añadido que "la provisionalidad en el Ministerio de Trabajo e Inmigración es un lastre para España".
El conseller ha señalado que "pese a este nulo apoyo del Gobierno de España, la reforma de la Ley de Extranjería supone mayores obligaciones y competencias para las comunidades autónomas" y ha recordado que el Consell ha adoptado sin el apoyo de Zapatero medidas como el Compromiso de Integración, que ahora se reconoce para obtener el arraigo".
Igualmente, el titular de Solidaridad y Ciudadanía ha considerado que "la política de inmigración de Zapatero es nefasta" y ha apuntado que "lo único que sabe hacer" el Gobierno central es "recortar año tras año las ayudas a la integración".
Así, ha indicado que el Ejecutivo central "recortará un 32,39 por ciento las ayudas a la inmigración a las comunidades autónomas, que pasará de 118 a 80 millones de euros". Por lo que respecta a las transferencias que el Ministerio de Trabajo dedica a la Comunitat, ha señalado que "pasarán de los 7,6 millones de euros de este año a alrededor de 2,5 millones de euros para el próximo ejercicio".
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha explicado que la reforma de la Ley de Extranjería traslada a los municipios y las comunidades la elaboración de los informes para que un inmigrante pueda, entre otros trámites, acreditar su integración para el arraigo o informar sobre el estado de su vivienda para el reagrupamiento familiar.
A este respecto, este departamento autonómico ha añadido que los certificados acreditativos expedidos por el Consell para reconocer la integración de un inmigrante, recogidos en la Ley Valenciana, pueden ser nulos a efectos de obtener el informe de arraigo ante una Oficina de Extranjería dependiente del Gobierno al no regir aún el nuevo Reglamento de la Ley y no estar contemplado en el anterior.
Se calcula, según Solidaridad y Ciudadanía, que son más de 80.000 los informes que anualmente elaborarán las Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), convenidas entre los ayuntamientos y la Generalitat.
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha considerado este lunes que el Gobierno central lanza "globos sonda" sobre su política de inmigración y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración "ha incumplido los plazos" para la aprobación del Reglamento de la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería).
Blasco ha recordado, en un comunicado, que la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009, marca un plazo de seis meses para su desarrollo reglamentario, por lo que debería de haber estado aprobado antes del 12 de junio, ha destacado.
El responsable autonómico ha criticado la "maniobra" del Gobierno central por pretender "ahora reformar el Reglamento de Inmigración planteando renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España".
Rafael Blasco ha opinado que "es una evidencia que el Gobierno de España ha perdido todo tipo de crédito y formalidad para hablar de inmigración y de otro cualquier asunto importante para la ciudadanía".
Asimismo, ha manifestado que si el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, "aún tiene ministro competente en inmigración, debería reunir a las comunidades autónomas para tratar el desarrollo de la reforma de la Ley de Extranjería", al tiempo que ha censurado que "sin embargo, opta por darles la espalda".
"Es más, si puede, las ahoga económicamente porque de lo único que se conoce del Gobierno de España, es el recorte de las ayudas a las comunidades autónomas en materia de inmigración", ha dicho Blasco, que ha añadido que "la provisionalidad en el Ministerio de Trabajo e Inmigración es un lastre para España".
El conseller ha señalado que "pese a este nulo apoyo del Gobierno de España, la reforma de la Ley de Extranjería supone mayores obligaciones y competencias para las comunidades autónomas" y ha recordado que el Consell ha adoptado sin el apoyo de Zapatero medidas como el Compromiso de Integración, que ahora se reconoce para obtener el arraigo".
Igualmente, el titular de Solidaridad y Ciudadanía ha considerado que "la política de inmigración de Zapatero es nefasta" y ha apuntado que "lo único que sabe hacer" el Gobierno central es "recortar año tras año las ayudas a la integración".
Así, ha indicado que el Ejecutivo central "recortará un 32,39 por ciento las ayudas a la inmigración a las comunidades autónomas, que pasará de 118 a 80 millones de euros". Por lo que respecta a las transferencias que el Ministerio de Trabajo dedica a la Comunitat, ha señalado que "pasarán de los 7,6 millones de euros de este año a alrededor de 2,5 millones de euros para el próximo ejercicio".
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha explicado que la reforma de la Ley de Extranjería traslada a los municipios y las comunidades la elaboración de los informes para que un inmigrante pueda, entre otros trámites, acreditar su integración para el arraigo o informar sobre el estado de su vivienda para el reagrupamiento familiar.
A este respecto, este departamento autonómico ha añadido que los certificados acreditativos expedidos por el Consell para reconocer la integración de un inmigrante, recogidos en la Ley Valenciana, pueden ser nulos a efectos de obtener el informe de arraigo ante una Oficina de Extranjería dependiente del Gobierno al no regir aún el nuevo Reglamento de la Ley y no estar contemplado en el anterior.
Se calcula, según Solidaridad y Ciudadanía, que son más de 80.000 los informes que anualmente elaborarán las Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), convenidas entre los ayuntamientos y la Generalitat.
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