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Las instituciones de Ecuador se han movilizado ante lo que consideran una "situación dramática" de los ecuatorianos residentes en España como consecuencia de la imposibilidad de pagar los créditos hipotecarios suscritos en los años de la burbuja inmobiliaria. La Embajada en España, el Parlamento y hasta el propio presidente Rafael Correa han intervenido para advertir contra lo que creen excesos de la banca española.
Los movimientos para defender a sus compatriotas de las situaciones de miseria a las que pueden dar lugar los desahucios comenzaron el pasado marzo, con una carta enviada por el embajador de Ecuador, Galo Chiriboga, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que le pide que articule "soluciones socialmente justas frente a las instituciones financieras".
En Ecuador, a diferencia de España, ante el impago de una hipoteca el banco solo puede reclamar el bien hipotecado. Para miles de ecuatorianos ha sido una sorpresa encontrarse, ante las dificultades para pagar la hipoteca y la imposibilidad de vender la casa, con que en España el deudor responde con todo su patrimonio hasta completar el préstamo. Y no hay forma de que los pisos comprados entre 2002 y 2008 valgan lo mismo hoy que entonces.
El 26 de marzo pasado, el embajador de Ecuador en Madrid recopiló la información que le transmitían asociaciones de ecuatorianos sobre la situación que se estaba creando ante los impagos y remitió una carta al gobernador del Banco de España en la que hacía una pormenorizada descripción de la trágica espiral en la que se han metido muchos de sus compatriotas. "En las operaciones de crédito ha existido una sobrevaloración de los precios", expone Chriboga, quien además denuncia que "algunas tasadoras pertenecían a las mismas entidades bancarias".
También denuncia la concesión de créditos que cubrían más del 100% del valor de la hipoteca más gastos de tasación, impuestos, escrituración, intermediación y hasta de reforma del piso, en casos en que "se evidencia la difícil situación económica inicial del hipotecado y el nivel de riesgo que conocían y asumían los bancos y cajas".
El embajador no tiene reparos en afirmar que los bancos españoles "hicieron laxo el sistema de garantías" y obviaron los débiles ingresos de las personas a las que concedían créditos. Incluso, asegura que eludieron deliberadamente los controles del Banco de España.
Ante los impagos de esas hipotecas, "los bancos y cajas no presentan soluciones socialmente razonables ni financieramente sostenibles a largo plazo", ya que solo contemplan la posibilidad de que la persona responda con todo su patrimonio o siga renegociando la hipoteca el resto de su vida, cuando es evidente que jamás podrá pagar. La asociación Conadee, que ayuda a ecuatorianos en España, ha recopilado cientos de casos en los que, asegura, la hipoteca media es de 220.000 euros.
Por último, reclama que se acepte la llamada "dación en pago", que consiste en cancelar la deuda con la entrega del inmueble, como ocurre en su país y, por ejemplo, en Estados Unidos.
El embajador Chiriboga quiere dejar claro que las soluciones que propone al Banco de España son para todos los que estén en esta situación y que en ningún momento pretende ningún trato especial. "No pedimos privilegios, sino medidas de solución al conjunto de la crisis hipotecaria".
Dos meses después de enviar esta carta, el presidente Correa visitó España y se reunió con una importante representación de sus compatriotas en la Universidad Complutense de Madrid. El asunto de las hipotecas centró muchas de las inquietudes de sus ciudadanos. "En Europa hay unas hipotecas bien peculiares que atentan contra los derechos humanos y estamos estudiando llevar el caso a los tribunales internacionales", afirmó entonces el presidente.
En aquella reunión, el presidente Correa se mostró escandalizado ante la posibilidad, apuntada por sus compatriotas, de que los bancos españoles trataran de cobrarse la deuda hipotecaria embargando propiedades en Ecuador. Algunos de los ecuatorianos presentes afirmaron que sus bancos les habían amenazado con ejecutar embargos en su país si se marchaban de España. "¿Cómo van a creer que en Ecuador se les va a cobrar la deuda? Primero eso es imposible, segundo, así sea posible ¡jamás se va a hacer!, es una barbaridad", dijo Correa.
El presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, afirma que la internacionalización de las deudas es posible siempre que sea aceptada por un juez de aquel país de acuerdo con su legislación, aunque aclaró que se trata de un "supuesto teórico".
El pasado mes de julio, la gravedad de la situación hizo que viniera a Madrid la superintendenta de Bancos de Ecuador (el regulador bancario allí), Gloria Sabando, para entrevistarse con el Banco de España.
Las instituciones de Ecuador se han movilizado ante lo que consideran una "situación dramática" de los ecuatorianos residentes en España como consecuencia de la imposibilidad de pagar los créditos hipotecarios suscritos en los años de la burbuja inmobiliaria. La Embajada en España, el Parlamento y hasta el propio presidente Rafael Correa han intervenido para advertir contra lo que creen excesos de la banca española.
La ley permite saldar deudas con patrimonio si la vivienda no basta
Los movimientos para defender a sus compatriotas de las situaciones de miseria a las que pueden dar lugar los desahucios comenzaron el pasado marzo, con una carta enviada por el embajador de Ecuador, Galo Chiriboga, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que le pide que articule "soluciones socialmente justas frente a las instituciones financieras".
En Ecuador, a diferencia de España, ante el impago de una hipoteca el banco solo puede reclamar el bien hipotecado. Para miles de ecuatorianos ha sido una sorpresa encontrarse, ante las dificultades para pagar la hipoteca y la imposibilidad de vender la casa, con que en España el deudor responde con todo su patrimonio hasta completar el préstamo. Y no hay forma de que los pisos comprados entre 2002 y 2008 valgan lo mismo hoy que entonces.
El 26 de marzo pasado, el embajador de Ecuador en Madrid recopiló la información que le transmitían asociaciones de ecuatorianos sobre la situación que se estaba creando ante los impagos y remitió una carta al gobernador del Banco de España en la que hacía una pormenorizada descripción de la trágica espiral en la que se han metido muchos de sus compatriotas. "En las operaciones de crédito ha existido una sobrevaloración de los precios", expone Chriboga, quien además denuncia que "algunas tasadoras pertenecían a las mismas entidades bancarias".
También denuncia la concesión de créditos que cubrían más del 100% del valor de la hipoteca más gastos de tasación, impuestos, escrituración, intermediación y hasta de reforma del piso, en casos en que "se evidencia la difícil situación económica inicial del hipotecado y el nivel de riesgo que conocían y asumían los bancos y cajas".
El embajador no tiene reparos en afirmar que los bancos españoles "hicieron laxo el sistema de garantías" y obviaron los débiles ingresos de las personas a las que concedían créditos. Incluso, asegura que eludieron deliberadamente los controles del Banco de España.
Ante los impagos de esas hipotecas, "los bancos y cajas no presentan soluciones socialmente razonables ni financieramente sostenibles a largo plazo", ya que solo contemplan la posibilidad de que la persona responda con todo su patrimonio o siga renegociando la hipoteca el resto de su vida, cuando es evidente que jamás podrá pagar. La asociación Conadee, que ayuda a ecuatorianos en España, ha recopilado cientos de casos en los que, asegura, la hipoteca media es de 220.000 euros.
Por último, reclama que se acepte la llamada "dación en pago", que consiste en cancelar la deuda con la entrega del inmueble, como ocurre en su país y, por ejemplo, en Estados Unidos.
El embajador Chiriboga quiere dejar claro que las soluciones que propone al Banco de España son para todos los que estén en esta situación y que en ningún momento pretende ningún trato especial. "No pedimos privilegios, sino medidas de solución al conjunto de la crisis hipotecaria".
Dos meses después de enviar esta carta, el presidente Correa visitó España y se reunió con una importante representación de sus compatriotas en la Universidad Complutense de Madrid. El asunto de las hipotecas centró muchas de las inquietudes de sus ciudadanos. "En Europa hay unas hipotecas bien peculiares que atentan contra los derechos humanos y estamos estudiando llevar el caso a los tribunales internacionales", afirmó entonces el presidente.
En aquella reunión, el presidente Correa se mostró escandalizado ante la posibilidad, apuntada por sus compatriotas, de que los bancos españoles trataran de cobrarse la deuda hipotecaria embargando propiedades en Ecuador. Algunos de los ecuatorianos presentes afirmaron que sus bancos les habían amenazado con ejecutar embargos en su país si se marchaban de España. "¿Cómo van a creer que en Ecuador se les va a cobrar la deuda? Primero eso es imposible, segundo, así sea posible ¡jamás se va a hacer!, es una barbaridad", dijo Correa.
El presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, afirma que la internacionalización de las deudas es posible siempre que sea aceptada por un juez de aquel país de acuerdo con su legislación, aunque aclaró que se trata de un "supuesto teórico".
El pasado mes de julio, la gravedad de la situación hizo que viniera a Madrid la superintendenta de Bancos de Ecuador (el regulador bancario allí), Gloria Sabando, para entrevistarse con el Banco de España.
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