| Intereconomía
Entre marzo y junio, casi 137.000 extranjeros extracomunitarios no pudieron regularizar su situación en España por no poder acreditar un empleo y, por tanto, una cotización periódica a la Seguridad Social, una de las exigencias para la renovación de sus tarjetas de residencia.
En la práctica, estos inmigrantes con la documentación caducada pasaron a una situación de ilegalidad y, por tanto, son susceptibles de expulsión. Además, sin los papeles en regla, no podrán lograr un empleo fuera de la economía sumergida y, en consecuencia, obtener los medios de vida necesarios para permanecer en nuestro país.
La complicada situación para muchos inmigrantes que entraron en España con contrato de trabajo y otros que lo hicieron de forma ilegal y que posteriormente fueron regularizados por Zapatero tiene mucho que ver con la imprevisión de la política de inmigración y con la incapacidad de detectar a tiempo todos los efectos de la crisis.
Es el caso del dominicano Mauricio Beltré, que obtuvo sus papeles en la regulación de 2005 y en marzo dejo de percibir el desempleo. El próximo mes de noviembre debería renovar su tarjeta de residencia y obtener la permanente, pero no podrá hacerlo. Otros, como Yamil Cepeda, un colombiano de 32 años que entró de forma legal en España hace siete, no podrá obtener la doble nacionalidad al no poder demostrar medios económicos para permanecer en España.
Uno de cada tres inmigrantes han perdido su empleo y más de 600.000, los que obtuvieron sus papeles en 2005, deberán solicitar su tarjeta permanente –que se consigue a los cinco años– en los próximos meses y muchos de ellos no podrán acreditar un empleo.
Para evitar un auténtico caos que dejaría sin papeles antes de fin de año al menos otros 200.000 inmigrantes sin empleo, que se unirían a los 926.000 que hay actualmente –ver LA GACETA del día 8-10-2010–, el Gobierno forzará una nueva regularización, la segunda de Zapatero.
El próximo Consejo de Ministros, o a lo sumo el de dentro de dos semanas, aprobará una reforma profunda del Reglamento de Extranjería para facilitar los trámites en las renovaciones y reducir las duras exigencias actuales.
Según ha reconocido la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, el objetivo del reglamento, que se terminó de articular durante el verano, será evitar la llamada irregularidad sobrevenida, sacando de la ilegalidad a los inmigrantes que estaban buscando empleo o sufriendo los efectos de la crisis cuando tenían que renovar su tarjeta de residencia. En la práctica, una amnistía temporal para sacar de la ilegalidad entre 150.000 y 200.000 inmigrantes.
En la actualidad hay un millón de extranjeros pendientes de renovar sus papeles. Además, 1,2 millones están a la espera de su nacionalidad.
Entre marzo y junio, casi 137.000 extranjeros extracomunitarios no pudieron regularizar su situación en España por no poder acreditar un empleo y, por tanto, una cotización periódica a la Seguridad Social, una de las exigencias para la renovación de sus tarjetas de residencia.
En la práctica, estos inmigrantes con la documentación caducada pasaron a una situación de ilegalidad y, por tanto, son susceptibles de expulsión. Además, sin los papeles en regla, no podrán lograr un empleo fuera de la economía sumergida y, en consecuencia, obtener los medios de vida necesarios para permanecer en nuestro país.
La complicada situación para muchos inmigrantes que entraron en España con contrato de trabajo y otros que lo hicieron de forma ilegal y que posteriormente fueron regularizados por Zapatero tiene mucho que ver con la imprevisión de la política de inmigración y con la incapacidad de detectar a tiempo todos los efectos de la crisis.
Es el caso del dominicano Mauricio Beltré, que obtuvo sus papeles en la regulación de 2005 y en marzo dejo de percibir el desempleo. El próximo mes de noviembre debería renovar su tarjeta de residencia y obtener la permanente, pero no podrá hacerlo. Otros, como Yamil Cepeda, un colombiano de 32 años que entró de forma legal en España hace siete, no podrá obtener la doble nacionalidad al no poder demostrar medios económicos para permanecer en España.
Uno de cada tres inmigrantes han perdido su empleo y más de 600.000, los que obtuvieron sus papeles en 2005, deberán solicitar su tarjeta permanente –que se consigue a los cinco años– en los próximos meses y muchos de ellos no podrán acreditar un empleo.
Para evitar un auténtico caos que dejaría sin papeles antes de fin de año al menos otros 200.000 inmigrantes sin empleo, que se unirían a los 926.000 que hay actualmente –ver LA GACETA del día 8-10-2010–, el Gobierno forzará una nueva regularización, la segunda de Zapatero.
El próximo Consejo de Ministros, o a lo sumo el de dentro de dos semanas, aprobará una reforma profunda del Reglamento de Extranjería para facilitar los trámites en las renovaciones y reducir las duras exigencias actuales.
Según ha reconocido la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, el objetivo del reglamento, que se terminó de articular durante el verano, será evitar la llamada irregularidad sobrevenida, sacando de la ilegalidad a los inmigrantes que estaban buscando empleo o sufriendo los efectos de la crisis cuando tenían que renovar su tarjeta de residencia. En la práctica, una amnistía temporal para sacar de la ilegalidad entre 150.000 y 200.000 inmigrantes.
En la actualidad hay un millón de extranjeros pendientes de renovar sus papeles. Además, 1,2 millones están a la espera de su nacionalidad.
2 Comentarios
Parece que en este Pais se mira mas por lo de fuera que por lo de dentro...que pena