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Otro agujero: el Estado debe 5.207 millones a la Seguridad Social por cuotas de parados

 - Cotizalia.com

No sólo las empresas tienen dificultades para ingresar en las arcas públicas las cotizaciones sociales de sus trabajadores. Las penurias económicas del Estado comienzan también a pasar factura a la Seguridad Social. Hasta el extremo de que el Gobierno central se ha convertido en su principal deudor. Los datos más recientes del sistema público de protección social reflejan, en concreto, que el Estado no ha ingresado en la tesorería de la Seguridad Social 5.207 millones de euros por cuotas de los trabajadores que están en situación de desempleo.

La cifra refleja dificultades económicas del Estado, quien no cubre de forma suficiente sus obligaciones de pago al Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem), que es quien abona las cotizaciones sociales de los trabajadores mientras éstos se encuentran cobrando alguna prestación económica.

La Seguridad Social es quien gestiona los recursos del SPEE, y eso supone que se reduce su liquidez. De hecho, y como pone de relieve la Intervención General del Estado, el saldo acumulado en cuentas de tesorería ascendía hasta finales de noviembre a 21.937 millones de euros. Una cantidad que representa una disminución del 26.05% respecto del mismo periodo de tiempo del año anterior. Como se señala en el informe de la intervención, “eso significa que los pagos superan a los cobros en 2.985 millones de euros”.

De las deudas contraídas por el Estado con la Seguridad Social, 1.415 millones se generaron antes del 1 de enero de este año, y el resto -3.792 millones- han nacido a lo largo de 2010. La situación en noviembre, en cualquier caso, ha mejorado algo respecto de octubre, cuando el Estado llegó a deber a la Seguridad Social nada menos que 8.349 millones de euros.

El hecho de que el Gobierno central le deba dinero a la Seguridad Social no significa que esa obligación no esté contabilizada. Lo está en términos de Contabilidad Nacional (obligaciones de pago y derechos de cobro). Su efecto presupuestario tiene que ver con que los problemas de tesorería del Estado se trasladan a la Seguridad Social, lo que choca literalmente contra la filosofía del Pacto de Toledo, que impulsa la separación de fuentes no sólo en términos económicos, sino también contables.

Aún así, y como pone de relieve la Intervención, las transferencias a las Administraciones de Seguridad Social han ascendido durante los primeros once meses del año a 23.431 millones, por lo tanto un 12,4% menos que en el mismo periodo de 2009. La IGAE lo achaca “a la disminución de las transferencias al SPEE que han pasado de 19.225 millones a 15.073 millones en 2010”. Es decir, 4.152 millones menos. Y eso ha ocurrido, paradójicamente, mientras crecía de forma importante el número de trabajadores en paro que cobra alguna prestación económica. En concreto, la nómina de parados ha crecido en 430.310 trabajadores entre enero y octubre respecto del mismo periodo del año 2009. Pese a lo cual, el Estado ha reducido sus aportaciones.

Paga la Seguridad Social

Menor tesorería supone también menos recursos para la Seguridad Social, que podría destinar esos recursos a aumentar el Fondo de Reserva obteniendo a cambio una mayor rentabilidad por operaciones financieras.

El retraso en el pago de las cuotas de los parados ha permitido ‘adecentar’ la partida de gastos del Estado en términos de caja. En concreto, el capítulo de transferencias corrientes -donde se incluyen las aportaciones a los organismos autónomas como el servicio público de empleo- refleja un descenso del 0,3%. En caso de que el Estado hubiera normalizado sus pagos, se observaría todavía un crecimiento de los gastos en términos de caja. De hecho, la propia Intervención destaca el descenso de las transferencias destinadas al SPEE, que han pasado de 17.767 millones de euros en 2009 a 15.070 millones en 2010.

La Seguridad Social no es el único ‘afectado’ por los impagos del Estado. El diario El País publicó recientemente que el Estado llevaba tres meses sin pagar a las comunidades autónomas por la dependencia. Todo con el objetivo de cumplir -incluso mejorar- el objetivo de déficit público.

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