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El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado por 306 votos a favor, 350 en contra y 25 abstenciones, la directiva de "permiso único", pensada para simplificar los trámites de residencia y trabajo para los nacionales de terceros estados que quieran trabajar por cuenta ajena o propia en la Unión Europea, pero que según sus críticos, no garantiza en todos los casos que los trabajadores extracomunitarios y del interior de la UE tengan los mismos derechos relativos a la seguridad social o la educación.
Algunos eurodiputados, como los Verdes europeos y el grupo socialista europeo, habían mostrado su disconformidad con una directiva que consideran que se utilizará para contratar trabajadores más baratos sin los mismos derechos ni garantías que el resto.
Aunque el texto dice expresamente que los inmigrantes extracomunitarios deben ser considerados como comunitarios en materia de beneficios sociales, no ampara para el caso a los temporeros ni a los solicitantes de protección internacional, como los demandantes de asilo.
La directiva fue aprobada por la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo por 41 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
La CE se defiende
La Comisión Europea no ha incluido a esos colectivos porque ya ha presentado sendas iniciativas concretas para ellos, ha dejado claro la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "Se trata de dar valor y reconocimiento al aporte que dan los inmigrantes a nuestros Estados miembros", ha señalado Malmström.
La ponente del informe sobre la directiva debatida el lunes y votada este martes, Véronique Mathieu, ha señalado que "una de las mejores formas de luchar contra la inmigración ilegal es desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan los mercados de trabajo de la UE".
En el sentido contrario, el más crítico con la directiva propuesta por la CE ha sido el eurodiputado socialista Alejandro Cercas, ponente de opinión de la directiva en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE.
Cercas ha señalado que con este texto "habrá trabajadores 'low cost'" y "se dinamitará el principio de igualdad como elemento clave para una política de inmigración justa".
Fuentes socialistas han explicado a ELMUNDO.es que aunque la directiva trata de solucionar los problemas alrededor de la tramitación de los permisos, haciendo que se pueda obtener el de residencia y trabajo en una especie de 'ventanilla única', el texto es discriminatorio y no garantiza la igualdad de trato, un pilar básico de la UE.
Aseguran que a una parte de los trabajadores, como trabajadores temporales, desplazados, trasladados por empresas a terceros países, prestadores de servicos, entre otros, se les excluye. Además, critican que a otros, a criterio de los Estados miembros, "se les deroga o limitan los derechos respecto a la exportación de pensiones, el reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y educación permanente y otros beneficios sociales".
Por su parte, fuentes 'populares' alegan que los trabajadores desplazados tienen una directiva que vela por sus derechos desde hace años, que para los temporeros la Comisión Europea acaba de poner sobre la mesa del Consejo una directiva 'ad hoc'; y que los demandantes de asilo tienen un condición aparte.
Una vieja idea
La primera vez que la CE presentó una directiva sobre el "permiso único" fue en 2001, pero tras no prosperar en el Consejo fue retirada en 2006.
La directiva lleva ese nombre porque permite simplificar en un solo trámite la obtención del permiso de trabajo y residencia, ahorrando tiempo y dinero.
El texto actual fue presentado en Bruselas en 2007, y esta vez se necesita la codecisión del Parlamento y el Consejo (de los ministros de Justicia e Interior) europeos por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
La propuesta será ahora reenviada a las comisiones de Libertades Civiles y Empleo. Entretanto, el Colegio de Comisarios decidirá si mantiene su propuesta o la retira para presentar una nueva.
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