Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos es un dispositivo que arrancó en Madrid frente a las contínuas acciones del Gobierno para realizar "controles policiales de identificación y redadas masivas de detención dirigidas contra las personas inmigrantes".
De esta forma, las Brigadas se posicionan en los habituales lugares donde la policía realiza las redadas masivas consistentes en la identificación de toda persona migrante.
Las últimas actuaciones de las brigadas fueron realizadas el día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto. En ellas las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales "relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole eventualmente discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros". La intención de las Brigadas no era otro que el de "poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales".
Estas practicas de observación, documentación y denuncia de las practicas del Gobierno y la Policía, no han sido bien recibidas y la Delegación de Gobierno que pretende sancionar a sus integrantes por sus actividades los días 21 de Diciembre del 2010 y del día 22 de Febrero.
La Delegación del Gobierno acusa a los Brigadistas de “obstaculizaron” de las actuaciones policiales, de “increpar" a la policía. Las acusaciones de la Delegación del Gobierno se trauden en varias multas de 301 euros cada una a los integrantes de las Brigadas.
Los Brigadistas dicen que "el encuentro con los agentes de policía fue correcto, tanto es así que no nos impidieron que siguiéramos con la observación, ni expresaron la intención de multarnos o abrir expediente alguno".
Denuncian que se les ha acusado falsamente de entorpecer la labor policial, en uno de los casos mediante la “incitación a los transeúntes a unirse a los brigadistas contra la policía”, “gritando consignas en contra del control policial”, y en el otro “provocando reacciones adversas en los demás usuarios de la vía” y manteniendo “una actitud hostil y desafiante”. "Sin embargo", dicen, "esos informes policiales nada dicen sobre lo que se encontraba haciendo la policía esa noche en la plaza de Lavapiés y esa mañana en la glorieta de Valle del Oro: controles a personas supuestamente extranjeras, humillando y tratando como sospechosas a personas únicamente por su aspecto físico, realizando numerosas detenciones por no tener los papeles en regla”.
Las Brigadas consideran que lo que se castiga y se trata de impedir es la "presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que se realizan controles de identidad a inmigrantes". "Así como la posible expresión de críticas a la actuación del gobierno (ejecutada por la policía), que formalmente se encuentra garantizada por el derecho a la libertad de expresión, e íntima y políticamente, se trata de la facultad y el deber de pensar por sí mismo" añaden.
Para ellas y ellos el efecto buscado por la Delegación del Gobierno "es claro, se trata de dificultar, cuando no impedir, que las personas nos involucremos en la defensa de aquello que creemos justo", es decir, la denuncia de "la criminalización, persecución, detención, retención y posible expulsión por medio de las redadas de personas por perfil racial: de aquellas personas que han venido de lejos para, si lo desean, quedarse"
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