El Gobierno aprueba por decreto ley el plan para regularizar el empleo sumergido

El medio social

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes por decreto ley el plan del Gobierno contra el empleo sumergido que concede a los empresarios un plazo de tres meses, a partir de su entrada en vigor, para que regularicen de forma voluntaria a los trabajadores que no estén dados de alta.

Una vez que concluya el periodo de gracia, el próximo 31 de julio, la Inspección de Trabajo tiene previsto realizar entre 250.000 y 265.000 actuaciones con el objetivo de aflorar el empleo sumergido y las sanciones se "endurecerán significativamente" respecto a las actuales, según ha explicado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
"Desde el primer día"

La regularización se llevará a cabo "desde el primer día", ha añadido, "no miramos al pasado pero no habrá amnistía" para las empresas que, de hecho, pueden ser castigadas hasta el 1 de agosto con las sanciones previstas a día de hoy y, en el caso de ser multadas después, tendrían que pagar lo que adeuden a la Seguridad Social. Los derechos, según el ministro, sí se reconocerán "a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta".

En cuanto a las sanciones dispuestas, el incremento de las cuantías es evidente:

- En el caso de que los empresarios que no tengan afiliados a sus trabajadores a la Seguridad Social, las multas serán cinco veces superiores a lo estipulado ahora: las penalizaciones mínimas suben de los 626 euros a los 6.200 euros; las máximas, de los 3.126 euros hasta los 10.000 euros.

- En el caso de compatibilización de prestaciones de desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social o el empleo a beneficiarios de prestaciones del sistema que sean incompatibles con el trabajo, las multas mínimas se incrementan desde los 6.251 euros a los 187.000, y las máximas, de los 10.000 euros a los 187.000 euros.
Aplicación "relativamente sencilla"

La aplicación del decreto, según ha explicado el ministro, "persigue la regularización y control del empleo sumergido y es relativamente sencilla". Así, ha dicho, "es una medida más pensada para recuperar en el futuro más trabajadores que cotizan, más empresas que tienen el conjunto de su actividad emergida y, sobre todo, pensada mirando al futuro".

La economía sumergida en el empleo genera cerca de 82.000 millones de euros, cifra cercana al 8% del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha). Las comunidades autónomas donde más se concentra son Cataluña, Madrid, y Andalucía, mientras que las que menos tienen son La Rioja, Cantabria y Extremadura.
Régimen agrario

Por otro lado, el ministro Gómez ha explicado, dentro de las medidas adoptadas por el Consejo, las claves del proyecto de ley mediante el que se integra a todos los trabajadores por cuenta ajena en el régimen agrario en el régimen general de la Seguridad Social. "Ya no cotizarán por una base tarifada", ha asegurado, "sino en función de su salario real", y de esa forma sus futuras prestaciones se corresponderán con ese salario percibido.

Además, el Consejo ha aprobado en primera lectura, para su remisión al consejo Económico y Social, un anteproyecto de ley que regula la inspección de Trabajo y de Seguridad Social que se adaptará a la realidad de las comunidades autónomas.

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