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La nueva Ley de Extranjería vulnera derechos fundamentales

El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería española entró en vigor ayer con una importante reforma que dificultará la llegada de nuevos inmigrantes y endurecerá las condiciones de los residentes. Estas restricciones se aplicarán argumentando que los flujos migratorios deben adecuarse a las “necesidades del mercado laboral”.
El nuevo reglamento endurece algunos criterios para la reagrupación familiar de los inmigrantes.

Este texto apuntala las medidas de la nueva Ley de Extranjería, aprobada en 2009, que los colectivos de inmigrantes calificaron de injusta por recortar derechos fundamentales de las personas.

Medio centenar de organizaciones entre ONG’s, sindicatos, asociaciones y colectivos sociales agrupados en la Red por el Derecho a Tener Derechos suscribieron un manifiesto para expresar su “rechazo frontal” al reglamento, al considerar que generará “inseguridad jurídica” y provocará la “vulneración de derechos”.

En España residen casi cinco millones de inmigrantes, el 12% de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 21,3% en todo el país, entre los extranjeros supera el 30%, según las últimas cifras el Instituto Nacional de Estadística.

La nueva Ley de Extranjería permitirá que una persona indocumentada permaneza hasta 60 días encarcelada en los llamados Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE’s), catalogados por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos como los “Guantánamos españoles”.

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad de trabajar, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

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