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“Que nos dejen de utilizar los políticos”

 | EL PAÍS | -

Siete años después, la inmigración sigue sufriendo discriminaciones propias de otros tiempos en España. “En mi caso, por mujer, inmigrante y joven”, dice Miriam. “Entonces [en 2004] solo te querían para el servicio doméstico o para el cuidado de mayores o niños, ni siquiera como dependienta o cajera. Pero había trabajo”, recuerda.

Llegó con 24 años, ahora tiene 31. Estudió en su país la carrera de Educación Parvularia (Educación Infantil) y conoció allí a su marido en una ONG. Ya en España, trabajó los primeros seis meses cuidando a mayores. Han pasado dos legislaturas y todavía no le han homologado el título universitario. Es más, tardaron casi cinco años en responderle que le faltaban unos créditos (horas lectivas y de estudio) para hacerlo.

“La mayoría de la gente nos ve como un grupo que no viene preparado. Y no es así. Hay una parte de profesionales, desde profesores a contadores, auditores o veterinarios. Aunque cuando necesitan un empleo trabajan de lo que sea. Y hay mucha gente que viene con un proyecto migratorio familiar, como el mío, o formativo”.

“Yo pido que no se nos criminalice”, prosigue, “no venimos ni a saquear ni a quitar puestos de trabajo a nadie. Y valoramos mucho el Estado de bienestar que hay en España, el derecho a la sanidad y la educación universal, no porque abusemos de ella, como se dice otras veces, sino porque desde nuestros países lo veíamos como una quimera y al llegar aquí y ver que es posible una conquista así te das cuenta de las cosas que puede conseguir un país”.

Conoce la situación laboral de los inmigrantes de primera mano. Tras colocarse de administrativa, desde hace cinco años trabaja como orientadora laboral de inmigrantes en una asociación. Durante las dos legislaturas de Zapatero han cambiado algo las cosas, asegura. “Antes [con la anterior legislación] la reagrupación familiar no permitía trabajar a los que venían a vivir con sus familiares. Ahora sí se puede cuando se hace la reagrupación desde el país de origen. Era un problema”, afirma. “También fue relevante la regularización que se hizo en 2005, era necesaria y se notó mucho porque entonces aún había trabajo”. ¿De qué? “Sobre todo en el sector servicios, de cajeras, limpieza, en la construcción y en el servicio doméstico”.

Pero empezó a aflorar la crisis. “A mediados de 2008 dejó de haber ofertas. A muchos contratados, sus empresas les redujeron la jornada o les pedían que trabajaran la completa pagándoles media, para ahorrarse la seguridad social. Se paró el empleo en la construcción y detrás cayeron los demás, en servicios y en el servicio doméstico, porque las familias no podían pagarlo. Empezó a haber más abusos: se ofrecían 500 euros a las internas, sin vacaciones ni medias pagas extras”. La situación no ha cambiado.

Miriam cree que “el Gobierno sí ha intentado potenciar las políticas sociales”. “La Ley de Dependencia, por ejemplo, es vital, si hubiera recursos para aplicarla bien se descargaría a las familias y se crearía empleo”. ¿Sus expectativas con el nuevo Gobierno? “Que los políticos dejen de utilizar a la inmigración, pero no solo en campaña, cada vez que les viene bien a unos o a otros”. “Creo que los verdaderos culpables de la crisis”, prosigue, “son los bancos”. “Además se les financia y al final se sigue el juego a los mercados. Y luego no hay dinero para otras cosas, como la dependencia. Por eso la gente está tan desilusionada, tan decepcionada”, concluye. ¿Los inmigrantes? “No, todo el mundo en general”.

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